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Reformar la reforma
 

Pocos sectores y servicios en nuestro país han sufrido una reconversión tan radical y tan silenciada como la educación. La LOGSE modificaba de forma radical el sistema educativo que tenía una estructura procedente de la Ley General de Educación del 1970, por tanto preconstitucional (socialmente desubicada) y claramente mejorable. Se tomaron decisiones y se aplicaron modelos pedagógicos después de un largo proceso de debate entre los agentes que intervenían en el ámbito educativo. Se consultó a expertos que justificaron una nueva estructura y una nueva nomenclatura para justificar el cambio. La aplicación de la LOGSE progresiva a partir de 1990 ha significado un cambio en el perfil del profesional y ha coincidido con una transformación del medio social. La función social que se le exigía a los centros educativos ha variado sustancialmente, la imagen social del docente, recolocación de los profesionales, redimensionando el volumen de los centros, el descenso de la natalidad y su efecto en la matrícula. La motivación para el esfuerzo de adecuación de todos los maestros y profesores a la nueva situación ha sido nula. En el ámbito de la enseñanza pública ha coincidido con años de congelación salarial y pérdida de poder adquisitivo desde el punto de vista remunerativo y con la pérdida de la estabilidad con las supresiones de plazas y desplazamientos forzosos. La opinión publicada, la presión de los medios de comunicación en general (atendiendo a sus pertinentes intereses político-económicos) han suscitado periódicamente diversas polémicas estériles como la enseñanza de la religión, la conveniencia de los preservativos en los institutos, la jornada y calendario escolar, etc... Han sido cortinas de humo, de importancia social aparente pero que no afectaban fundamentalmente al día a día en las aulas. Sin un análisis razonado y asumido por la sociedad sobre el funcionamiento de un servicio social básico los docentes hemos transformado los métodos, el lenguaje, los requisitos, las funciones y hasta el entorno físico donde realizar las actividades de enseñanza y aprendizaje. La administración educativa en general, sujeta a la caducidad de la acción política, ha respondido a los estímulos que se le planteaban con soluciones “ad hoc”, a veces peregrinas y volubles, otras medidas consensuadas con los sindicatos han ido en la línea de homogeneizar en lo posible el marco laboral de la escuela pública y la escuela privada. Subsiste una situación no resuelta de interinidades y provisionalidad, un sistema de selección obsoleto. Cuando menos, los tentáculos de la corrupción no han hecho presa en la formación reglada en cuanto a institución escolar o académica. Con la intención de tener una dirección de los centros docentes profundamente democrática se ha abandonado la tendencia de otros paises europeos de profesionalizar la función directiva, con el resultado conocido de un porcentaje superior al 65% de los centros donde se ha de designar directamente por falta de candidatos voluntarios. Y después del esfuerzo realizado y no reconocido, atendiendo a valores ineludibles cómo el de la calidad de la educación, nos dejan en nuestras manos de nuevo el problema a resolver: reformar la reforma.
 
 
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