La crisis de las televisiones públi­cas ha estallado antes del verano. Los números rojos de RTVE en

1990 y las pérdidas aún más fuertes previstas para 1991, las llamadas de au­xilio de sus directivos ‑subvenciones, créditos o pago de servicios públicos­- han ido acompañadas por una amplia difusión de las pérdidas de las televisio­nes públicas ‑,utonómicas. Menos se han aireado las pérdidas de las televi­siones privadas, todas ellas, por su­ puesto, oficialmente «menores de las

previstas». Insistentemente se habla sin embargo de crisis del sistema televisivo inaugurado hace un año y no solamente del subsector de la televisión pública.



Desde hace años hemos podido oír perfectamente a los altos directivos de RTVE proclamar en congresos naciona­les e internacionales su triunfalismo in­conmovible ante el futuro de la televi­sión pública central. Y, como el Tribunal de Cuentas nos ha venido a recordar ahora en sus informes sobre los manda­tos de Calviño y Pilar Miró, esta miopía iba acompañada de un considerable descontrol contable y un notable despil­farro de recursos. Pero sería demasiado fácil acusar tan sólo a los responsables directos de RTVE de la actual crisis.

Si el sistema iniciado hace un año muestra su incapacidad práctica en tan breve plazo es porque no ha existido, con sus notas básicas de coherencia y equilibrio, más que en los propósitos del legislador. O más aún, porque el au­téntico sistema se comenzó a fraguar mucho antes y al margen de las previsiones legislativas que parecieron diseñarlo.