La conciencia sobre la necesidad de una auténtica evaluación tecnológica crece en el ámbito internacional y en la propia CEE. En España, los presupuestos muestran el escaso interés ofi­cial por los impactos tecnológicos y sus problemas sociales.

como reconoce Rob Coppock en su tesis doctoral ‑más tarde reconocida publica­ción‑ Social Constraints on Technological Progress (1984), no cabe ningún géne­ro de dudas de que algunas tecnologías presentan riesgos y que éstos son percibidos por la población como universa­les, inevitables y conceptualmente incontro­lables. Se podría decir que esta actitud, am­pliamente compartida, tiene que ver con los cambios en las concepciones sobre innova­ción tecnológica, producidos a raíz del desa­rrollo de lo que se conoce como nuevas tec­nologías (según la OCDE, 1988: tecnología de la información, biotecnología, tecnología de materiales, tecnología de espacio y tecnolo­gía nuclear). Éstas crearon la necesidad de valorar con parámetros concretos las impor­tantes consecuencias, limitaciones y riesgos que se estaban generando en las sociedades avanzadas, y muchas veces, de rebote, en las no avanzadas o en desarrollo. Las diversas transformaciones científicas, técnicas y pro­ductivas ocurridas a partir de la II Guerra Mundial, evidenciaron que la puesta en mar­cha de ciertas tecnologías requería, en caso de catástrofe, indemnizaciones monumenta­les de las que pocas empresas privadas po­dían hacerse cargo, y que además ciertas de­cisiones tomadas de «fronteras adentro» podían afectar gravemente a la Comunidad In­ternacional. Ejemplos como el de Seveso (Ita­lia), Three Mile Island (EEUU.), Bhopal (India) o el de Chernobyl (URSS), ilustran suficiente­mente esta afirmación.