Es España un espacio de comuni­cación coherente? O mejor, ¿puede fá­cilmente ser pensada España como un espacio de comunicación único para los ciudadanos españoles? ¿Y hasta qué punto ofrece un modelo de articulación comunicativa válido para los distintos pueblos, lenguas y culturas del Estado?

Muy probablemente, estamos asis­tiendo a uno de los momentos más de­cisivos en la historia de la definición y autocomprensión de España, tras una etapa límite en todos los sentidos, como fue el franquismo. El régimen franquis­ta fue consciente de la importancia cru­cial de los nuevos fenómenos comuni­cativos de masas y por ello no ahorró recursos para forzar al máximo el siem­pre anhelado, y nunca conseguido del todo, «espacio español» de comunica­ción. Lo que consiguió la dictadura fran­quista fue, al menos, desarticular pro­fundamente los espacios culturales, lin­güísticos y comunicativos de las comu­nidades históricas no castellanas del Es­tado.

Ahora, tras una década ya larga de democracia constitucional, ¿podemos afirmar que sigue adelante la consoli­dación del «espacio español» de comu­nicación?

Una cierta retórica oficial parece abo­nar la hipótesis de que, en efecto, se es­tán produciendo dos fenómenos para­lelos y complementarios, como serían: por un lado, la consolidación democrá­tica de España como espacio de comu­nicación unitario y fundamental para to­dos los pueblos y ciudadanos del Esta­do; y por otro, la reconstrucción de «es­pacios regionales» de comunicación, dignos de cierta «protección», de acuer­do con el sentir de algunos preceptos contenidos en la Constitución de 1978.

La realidad de las cosas, al menos vis­tas desde la periferia del Estado, dista mucho de ser tan plana. Más bien pa­rece todo lo contrario. Es decir, ni se es­tá en vías de conseguir un «espacio es­pañol» de comunicación coherente y su­ficientemente arraigado ni tampoco pa­rece que los distintos «espacios regio­nales» tengan expectativas claras de reafirmación de su diferencia.

Lo único que a estas alturas puede afirmarse con cierta razón es la situa­ción de crisis, más o menos latente, con­fesada por unos pocos y silenciada por la mayoría, resultante del modelo de ar­ticulación del sistema de comunicación social vigente en el Estado español. Un modelo, o anti‑modelo, que está resultando, cuando menos, obsoleto ante las perspectivas de evolución de Europa. Un modelo, en realidad, poco democrá­tico por cuanto atenta contra los dere­chos de las lenguas, culturas y colecti­vidades no mayoritarias del Estado.