Recientemente el Consejo de Mi­nistros ha aprobado el Plan Na­cional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en adelante PNI+D, que dirigirá los destinos del I+D de nuestro país en los próximos cuatro años.

El PNI+D surge como desarrollo de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, más conocida como Ley de la Ciencia, aprobada en 1986. Como es natural, el Plan tiene las virtudes y adolece de las carencias de la Ley.

Se ha dicho, y se ha dicho bien, que la virtud fundamental de la Ley de la Cien­cia ha sido la de proporcionar un marco legal moderno a los distintos actores invo­lucrados en la aventura de la Ciencia y la Tecnología. Con este Plan, las Universida­des, los Organismos Públicos de Investi­gación (OPIS) y las Empresas tendrán, por primera vez en la historia de este país, la oportunidad de conocer con cua­tro años de antelación las líneas priorita­rias de I+D, los recursos destinados y los mecanismos para acceder a éstos. Un gran logro sin duda, pues quizás podamos empezar a hablar de una política cohe­rente de I+D con unos objetivos, aunque confusos y de corto plazo, y unos medios, aunque limitados, para cumplirlos.

En los países tecnológicamente más avanzados, la política de I+D forma parte de un grupo de políticas estratégicas, como Defensa, Exterior y Educación. Son por definición políticas de largo plazo, que exigen un consenso nacional básico sobre unas líneas maestras de actuación. Sólo la tenacidad, por encima de mudan­za de gobierno y protagonismos persona­les, asegura el éxito.

En este sentido, el PNI+D tiene la mo­destia y trascendencia de los primeros pasos. Esperemos que sirva de experien­cia piloto y laboratorio de ensayo para abordar metas más ambiciosas.