El proyecto de ley socialista sobre Televisión Privada ‑hoy en trámite par­lamentario‑ obliga a un doble análisis: el de sus antecedentes referidos a la políti­ca general en que se enmarca y el propio de la literalidad material de la ley.

Como ya se ha observado, muchos go­biernos, particularmente europeos, han demostrado en la última década una es­casa agilidad para acomodar los viejos conceptos de monopolio y “estatalismo” a la nueva realidad de dinamismo tecnoló­gico, iniciativa social y creación de espacios supranacionales a los que decidida­mente se orienta el futuro de lo audiovi­sual. El reto era particularmente serio en nuestro país, donde a una distancia espe­cial de esos horizontes se unía la necesa­ria transición liberalizadora de medios y políticas encorsetados por el dirigismo del régimen autoritario precedente. La cuestión, que fue obviamente desatendida por los gobiernos de centroderecha ante­riores, ha ido jalonando desordenada­mente las dos legislaturas socialistas. Y ello porque el Gobierno se ha decidido por actuaciones parciales ‑que le asegu­raban un intervencionismo nunca oculta­do‑, frente al necesario debate global que dirimiera las estrategias nacionales para los medios de comunicación en la perspectiva del año 2000.

En ese clima se han sucedido leyes que afectaron a la enajenación de medios escritos anteriormente públicos, otras de ayudas a la prensa, las relativas a los has­ta hoy estancados terceros canales y las actuales de ordenación de las telecomu­nicaciones y de televisiones privadas que nos ocupa. Añádase a ello una calculada indefinición sobre cuestiones tan capita­les como la opción sobre el satélite y la futura expansión y gestión de la red te­rrestre, para completar un mapa de con­fusión legislativa y política cuyo único be­neficiario es el propio Gobierno.