Diciembre de 1987 puede ser una fecha histórica para los ciudadanos espa­ñoles. Será significativa si en ella alcanza­mos al fin la plenitud de derechos y liber­tades que la Constitución nos reconoce. En el largo esfuerzo por lograr ser ciuda­danos aún quedan dos rabos por desollar: la libertad de expresión y el derecho de información. Y ni una ni otra resultan ple­nos en una sociedad moderna si el medio de información y de expresión de mayor repercusión y alcance, la Televisión, per­manece en régimen de monopolio y en situación de dependencia. Así que las cá­maras legislativas españolas y más aún el Gobierno del Estado tienen ante sí la oportunidad definitiva de que la larga, tortuosa y equívoca derrota de la Televi­sión Libre rinda al fin en buen puerto.

No es probable que ello ocurra, pero sí posible. El Proyecto de Ley de que se parte no facilita el optimismo. Más bien la reticencia y el desánimo. Es tan miope la mirada que sobre el fenómeno de la Te­levisión el Proyecto de Ley apunta, tan in­mediato y corto el punto de vista que adopta y tan limitado el vuelo que pro­yecta, que no sólo la realidad inminente e ineludible de mañana queda sin conside­ración, sino que la perentoria necesidad de hoy no encuentra satisfactoria solu­ción.