La definición del Audiovisual Público Integrado, lejos de ser una aportación teórica abstracta para uso y abuso de co­municólogos, es una de esas realizaciones prácticas al alcance de la mano de aque­llos que, teniendo en su mano los mecanismos políticos, estén realmente dotados de la voluntad también política de cons­truir un modelo fundamental para una so­ciedad democrática como la española.

Durante los últimos años hemos asistido a lo que, en mi opinión, es un perverso desplazamiento del debate sobre demo­cracia y pluralismo en los medios de comunicación. Se nos ha impuesto un terre­no claramente desviado: comunicación pública/comunicación privada. Acabada la transición (acabémosla de una vez, por favor) podemos ya ir sin pasar por inne­cesarios sonrojos a hablar de otras cosas; desde esa perspectiva, me permito des­pachar el asunto en pocas líneas: los me­dios privados no resuelven la democrati­zación ni resuelven el pluralismo, más bien se limitan a reforzar la posibilidad de opciones distintas, pero siempre suje­tas a intereses particulares.

Vayamos pues a lo que ahora me inte­resa destacar: ¿Se resuelve también de un plumazo la cuestión del pluralismo a través de la mera descentralización (televisiones autonómicas) y de una cierta manga ancha con las emisoras de radio municipales? El atento lector, al advertir el tono de la pregunta, adivinará que la respuesta es no. Razones: la democracia, los sistemas de participación, no se garantizan por sistemas estructurales, sino por mecanismos de ejercicio concretos y sometidos a control por los agentes socia­les.