En Europa Occidental, los dirigentes políticos y los responsables de los medios de comunicación imaginan cada vez más el porvenir de la comunicación bajo el ré­gimen del liberalismo: más concretamen­te del liberalismo económico, que, gene­ralmente, no aparece como tal y se disi­mula detrás de "valores" más reconocidos como la libertad de creación o de difu­sión, o la satisfacción de las necesidades muy diversificadas de las diferentes cate­gorías de públicos. Desde hace poco tiempo, se ha abierto pues camino un punto de vista, según el cual en adelante es la sociedad la que se da a sí misma los medios que desea y no ya el Estado quien los propone o los controla.

La rápida difusión de este nuevo pen­samiento está evidentemente en relación con unos fenómenos que afectan en di­versos grados a los países capitalistas del mundo occidental, y en particular con la desreglamentación de los sistemas de co­municación construidos después de la Se­gunda Guerra Mundial, para dar a los ca­pitales disponibles nuevas ocasiones de valorizarse en las redes, en las industrias de programas, y hasta en las industrias de materiales. El avance del liberalismo no es una conquista de la democracia o de la autonomía social: está en relación directa con la reestructuración del capital. Y en unas economías en crisis, ¿qué no se ha­ría para favorecer la formación de nuevos empleos? Los dirigentes están dispuestos a todas las iniciativas, incluso a abandonar de un día para otro los principios que re­gían campos sociales enteros, incluso también a lanzarse a arriesgadas empresas, con esperanzas de éxito ‑en términos comerciales‑ bastante reducidas.

A este respecto, la situación francesa es suficientemente ejemplar. Los partidos de derecha que, durante decenios habían controlado de cerca los medios audiovi­suales hasta el punto de hacer de ellos la "voz de Francia", y que habían bloqueado, al final de los años sesenta, el desarrollo de los nuevos medios, se han transforma­do en ardientes partidarios del liberalis­mo en lo audiovisual. Desde su victoria en las elecciones legislativas, en marzo de 1986, buscaban aplicar su nuevo progra­ma en un terreno en el que los gobiernos socialistas en el poder en la presente le­gislatura no habían dado pruebas de un gran control y habían acumulado las con­cesiones a los grupos informativos y finan­cieros. El proyecto de ley liberal es ahora conocido y debería ser adoptado al final de un debate parlamentario largo y ani­mado, en el curso del verano de 1986.