Es público y notorio cómo en los últimos años se ha incrementado progresivamente la implantación de diferentes servicios de telecomunicaciones y de diversos medios de comunicación social, tanto en cantidad como en calidad. Es obvio, y por tanto a nadie se le oculta, la introducción de múltiples adelantos técnicos que han mejorado sensiblemente las emisiones de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia o en televisión, entre otros muchos ejemplos que podrían ser citados. De alguna manera esta es la tendencia claramente imperante en estos momentos en todos aquellos países desarrollados industrialmente y que se concreta en la masiva utilización de las telecomunicaciones en general, y de las radiocomunicaciones en particular, mediante el establecimiento de nuevas redes altamente tecnificadas y la ampliación de las ya existentes.

Por lo que se refiere a la radiocomunicación, el medio de transmisión de los distintos servicios se efectúa a través del espectro radioeléctrico, un bien de uso común susceptible, como cualquier otro, de ser contaminado si no es correctamente utilizado, y que, siendo escaso y limitado en su uso, cualquier utilización incompleta o parcial supone un grave desperdicio del mismo.

Tradicionalmente en España ha habido un desinterés generalizado por parte de los poderes públicos en asumir convenientemente las facultades que le corresponden en materia de ordenación y control técnico del "tráfico" a través del espectro radioeléctrico, mientras, por otro lado, este tráfico se ha visto incrementado considerablemente con el paso del tiempo.

Pues bien, en función de estas sucintas consideraciones de origen, es fácil deducir la imperiosa necesidad de abordar, de manera rigurosa, un proyecto por el que se dote a los órganos competentes de la Administración de los medios técnicos y humanos, necesarios para ejercer las facultades antes citadas.