El artículo dieciocho de nuestra Constitución limita el uso de la informática para garantizar la intimidad de los ciudadanos. Los autores de la Carta Magna ya tenían claro en 1978 que la informática facilita la labor de meter la nariz en los asuntos privados de la gente. Internet, al igual que todas las redes de datos, simplifica la tarea de controlar, ordenar y clasificar los movimientos de sus usuarios. Una visita a la trastienda de la Red mostrará por dónde circula la información y quién tiene acceso a ella.