Los servicios y profesionales que desempeñan funciones de asesoramiento externo se han ido extendiendo y diversificando en los sistemas educativos desarro­llados, pero su vinculación e incidencia en la mejora escolar sigue estando sometida a tensiones, debates y dificultades que están aun por resolver de un modo satisfac­torio. Unos esfuerzos se han encaminado a conocer los principios o factores clave desde los cuales se construyen buenas prácticas asesoras, otros, a reclamar con insistencia iniciativas de política y reforma que apostaran por fomentar su viabili­dad. Si se espera de ellos que puedan actuar como verdaderos facilitadores y formadores, es imprescindible acometer medidas que resuelvan demandas todavía no resueltas. Los problemas de fondo y sus potenciales soluciones hay que buscarlas en el hecho de que los elementos que componen un sistema de apoyo dependen de la estructura de poder político en la que están integrados, al igual que sucede respecto a centros escolares y profesorado con los que están llamados a vincularse. Pero, tristemente, las tendencias actuales en el contexto económico, político y edu­cativo que parecen inclinarse por la privatización de estos servicios hacen suponer que va a ser difícil materializar dichas prioridades y, en todo caso, abren un debate sobre sus repercusiones para centros escolares, profesores y alumnos de la educa­ción pública.