Resulta comúnmente admitido que las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación han sido siempre tensas. Desde la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV, el estado ha intentado controlar por diversos procedimientos la difusión de toda publicación que pudiera poner en cuestión la gestión de los asuntos públicos. A veces con medidas especialmente duras, como el edicto publicado por Francisco I de Francia en 1535, que establecía la pena de horca para los que imprimiesen cualquier texto sin licencia (Fernández Alonso, 1998: 15).