Hace unos meses, un periódico de nuestro país se hacía eco de un estudio sociológico norteamericano en el que se evidenciaba que, aproximadamente, el 80 % de los padres de EEUU se manifestaban a favor de que se prohibiera, por ley, a los menores de edad salir de sus casas por la noche.

El proteger a los jóvenes es una aspiración natural en cualquier sociedad, No obstante, si reflexionamos un poco podemos descubrir que en este estudio de opi­nión subyace una actitud social y familiar lastimosa: Los padres, que están preocupados y asustados por el ambiente en el que se desenvuelven sus hijos e hijas, no toman (¿por comodidad) las decisiones que creen beneficiosas para su prole, y lo que no son capaces de lograr mediante el diálogo y las relaciones fluidas, quie­ren conseguirlo traspasando sus competencias y res­ponsabilidades a instancias administrativas.

Dicho más llana y crudamente, las familias y grupos sociales tienden, en las sociedades desarrolladas, a hacer “dejaciones” de sus obligaciones y trasladarlas a instituciones y a profesionales “solucionadores” de sus problemas o preocupaciones (incluso familiares y personales). Es curioso que sean, precisamente, las capas socioeconómicas medias altas las que más transfieren ese tipo de responsabilidades a instancias legislativo-políticas y profesionales, mientras, al mismo tiempo, defienden la disminución de los poderes y competencias del Estado en otros asuntos, especialmente, los econó­micos o de mercado. Es evidente que, a una gran parte de la sociedad postindustrial le preocupa más, en la práctica, su dinero y status que su prole. Este modo de sentir y actuar, relativamente generalizado en las llama­das sociedades “avanzadas”, produce determinados tipos de demandas al sistema educativo.