Si tuviéramos que utilizar una única expresión para distinguir la retórica que envuelve y pretende legitimar a la nueva estructura curricular que la LOGSE plantea a los centros y a los docentes, no creo encontrar otra más pertinente y, a su vez, más contradictoria, que la de “burocracia flexible o participativa”.

Reconozco que al lector/a le pueda sorprender la conjunción de dos términos que sensu stricto son antagónicos. Una burocracia, tal como la perfiló M. Weber, es esen­cialmente un sistema objetivo de gestión y administración, en donde existe una clara división de competencias y responsabilidades según una línea jerárquica y de autoridad, regida por “normas impersonales”. En un sistema burocrtico, no hay lugar para la participación, sino para el acatamiento. Los miembros de las instituciones burocráticas no son ciudadanos, sino súbditos que conocen los procedimientos, que los acatan y actúan en conformidad con los mismos.

En este sentido, repito, puede resultar, efectivamente contradictorio que entendida así la burocracia la unamos a la participación (o a la flexibilidad). Ser súbdito implica acatar la ley, la orden o la norma; participar lleva implícito aceptar la responsabilidad y asumir el derecho de interpretar la norma, establecer nuevas normas, e incluso legiti­mar políticas concretas por las que quienes participan deciden organizar su interrela­ción. La participación supone democracia, es decir, el reconocimiento de la ciudadanía, y el poder de los ciudadanos para decidir sobre su presente y su futuro.

¿A qué viene entonces dicha conexión? A qué se debe este aparente absurdo? La respuesta requiere ejemplos, pero también algunas matizaciones. Empezaré por estas últimas, para exponer luego los ejemplos.