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A partir del texto constitucional se dibujan los derechos de la personalidad que deben ser protegidos del uso indebido de la informática, especialmente frente al poder político y administrativo.
Una de las características que condiciona la realidad, el desarrollo y la evolución de la sociedad actual es el uso de la informática. Estamos ante una situación en que la técnica ha avanzado más que el Derecho, y por tanto la regulación jurídico‑formal del complejo mundo que supone la informática, la utilización de ordenadores o los distintos sistemas de procesos de datos, suele ir a remolque de la forma en que dichas técnicas van aplicándose. De ahí la necesidad de establecer formas de protección del individuo frente a los posibles abusos que pueda provocar la inadecuada utilización de esta inevitable técnica, fundamentalmente ante los efectos que en la vida privada podría causar una gran concentración de datos en poder de la Administración.
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Sugerencias y problemas
