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La crisis de las televisiones públicas ha estallado antes del verano. Los números rojos de RTVE en
1990 y las pérdidas aún más fuertes previstas para 1991, las llamadas de auxilio de sus directivos ‑subvenciones, créditos o pago de servicios públicos- han ido acompañadas por una amplia difusión de las pérdidas de las televisiones públicas ‑,utonómicas. Menos se han aireado las pérdidas de las televisiones privadas, todas ellas, por su puesto, oficialmente «menores de las
previstas». Insistentemente se habla sin embargo de crisis del sistema televisivo inaugurado hace un año y no solamente del subsector de la televisión pública.
Desde hace años hemos podido oír perfectamente a los altos directivos de RTVE proclamar en congresos nacionales e internacionales su triunfalismo inconmovible ante el futuro de la televisión pública central. Y, como el Tribunal de Cuentas nos ha venido a recordar ahora en sus informes sobre los mandatos de Calviño y Pilar Miró, esta miopía iba acompañada de un considerable descontrol contable y un notable despilfarro de recursos. Pero sería demasiado fácil acusar tan sólo a los responsables directos de RTVE de la actual crisis.
Si el sistema iniciado hace un año muestra su incapacidad práctica en tan breve plazo es porque no ha existido, con sus notas básicas de coherencia y equilibrio, más que en los propósitos del legislador. O más aún, porque el auténtico sistema se comenzó a fraguar mucho antes y al margen de las previsiones legislativas que parecieron diseñarlo.
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