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La conciencia sobre la necesidad de una auténtica evaluación tecnológica crece en el ámbito internacional y en la propia CEE. En España, los presupuestos muestran el escaso interés oficial por los impactos tecnológicos y sus problemas sociales.
como reconoce Rob Coppock en su tesis doctoral ‑más tarde reconocida publicación‑ Social Constraints on Technological Progress (1984), no cabe ningún género de dudas de que algunas tecnologías presentan riesgos y que éstos son percibidos por la población como universales, inevitables y conceptualmente incontrolables. Se podría decir que esta actitud, ampliamente compartida, tiene que ver con los cambios en las concepciones sobre innovación tecnológica, producidos a raíz del desarrollo de lo que se conoce como nuevas tecnologías (según la OCDE, 1988: tecnología de la información, biotecnología, tecnología de materiales, tecnología de espacio y tecnología nuclear). Éstas crearon la necesidad de valorar con parámetros concretos las importantes consecuencias, limitaciones y riesgos que se estaban generando en las sociedades avanzadas, y muchas veces, de rebote, en las no avanzadas o en desarrollo. Las diversas transformaciones científicas, técnicas y productivas ocurridas a partir de la II Guerra Mundial, evidenciaron que la puesta en marcha de ciertas tecnologías requería, en caso de catástrofe, indemnizaciones monumentales de las que pocas empresas privadas podían hacerse cargo, y que además ciertas decisiones tomadas de «fronteras adentro» podían afectar gravemente a la Comunidad Internacional. Ejemplos como el de Seveso (Italia), Three Mile Island (EEUU.), Bhopal (India) o el de Chernobyl (URSS), ilustran suficientemente esta afirmación.
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Sugerencias y problemas
