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Es España un espacio de comunicación coherente? O mejor, ¿puede fácilmente ser pensada España como un espacio de comunicación único para los ciudadanos españoles? ¿Y hasta qué punto ofrece un modelo de articulación comunicativa válido para los distintos pueblos, lenguas y culturas del Estado?
Muy probablemente, estamos asistiendo a uno de los momentos más decisivos en la historia de la definición y autocomprensión de España, tras una etapa límite en todos los sentidos, como fue el franquismo. El régimen franquista fue consciente de la importancia crucial de los nuevos fenómenos comunicativos de masas y por ello no ahorró recursos para forzar al máximo el siempre anhelado, y nunca conseguido del todo, «espacio español» de comunicación. Lo que consiguió la dictadura franquista fue, al menos, desarticular profundamente los espacios culturales, lingüísticos y comunicativos de las comunidades históricas no castellanas del Estado.
Ahora, tras una década ya larga de democracia constitucional, ¿podemos afirmar que sigue adelante la consolidación del «espacio español» de comunicación?
Una cierta retórica oficial parece abonar la hipótesis de que, en efecto, se están produciendo dos fenómenos paralelos y complementarios, como serían: por un lado, la consolidación democrática de España como espacio de comunicación unitario y fundamental para todos los pueblos y ciudadanos del Estado; y por otro, la reconstrucción de «espacios regionales» de comunicación, dignos de cierta «protección», de acuerdo con el sentir de algunos preceptos contenidos en la Constitución de 1978.
La realidad de las cosas, al menos vistas desde la periferia del Estado, dista mucho de ser tan plana. Más bien parece todo lo contrario. Es decir, ni se está en vías de conseguir un «espacio español» de comunicación coherente y suficientemente arraigado ni tampoco parece que los distintos «espacios regionales» tengan expectativas claras de reafirmación de su diferencia.
Lo único que a estas alturas puede afirmarse con cierta razón es la situación de crisis, más o menos latente, confesada por unos pocos y silenciada por la mayoría, resultante del modelo de articulación del sistema de comunicación social vigente en el Estado español. Un modelo, o anti‑modelo, que está resultando, cuando menos, obsoleto ante las perspectivas de evolución de Europa. Un modelo, en realidad, poco democrático por cuanto atenta contra los derechos de las lenguas, culturas y colectividades no mayoritarias del Estado.
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