La irrupción, cada día más profunda, de los ordenadores y la telemática en la vida española hace imprescindible, y urgente, una ley de Protección de Datos. Es un imperativo de mera seguridad jurídica, pero también un mandato constitucional y un compromiso internacional. Existe un ya casi viejo anteproyecto de cuyo contenido se da cuenta en este articulo. Pero, ni en el mejor de los casos, este proyecto alcanzaría a cubrir las necesidades legislativas creadas por la informática.
En términos generales la norma jurídica, en su promulgación, suele ir por detrás de los hechos que pretende regular. Esto plantea un vacío jurídico ante el cual el legislador se ve en la necesidad de aplicar normas vigentes que en muchos casos no se ajustan o son inadecuadas al problema que se pretende solucionar y de otra parte tanto la persona física como jurídica puede ver menoscabados sus derechos. En el caso de las nuevas tecnologías y sus campos de aplicación, esa ausencia de normativa que regule su correcta utilización hace que el ciudadano tome conciencia de la indefensión que puede producirse en el caso de que las mismas vulneren alguno de sus derechos. De otra parte, el ritmo acelerado con que en las nuevas tecnologías se producen cambios profundos que amplían el abanico de sus campos de aplicación, puede llegar a producir que una norma jurídica en el momento de ser publicada no sirva ya para regular unos hechos que los propios cambios tecnológicos han dejado obsoletos.
Es cierto que una norma jurídica es algo vivo y dinámico; dinamicidad que debe ponerse aún más de manifiesto cuando se trata de normalizar los aspectos jurídicos de los distintos campos de aplicación de las nuevas tecnologías.
Pero la necesidad de un marco jurídico adecuado en el que puedan desarrollarse conforme a norma, los distintos aspectos que las nuevas tecnologías plantean, es algo que viene preocupando en todos los países. Esto ha hecho que aparezcan normas jurídicas para regular aquellas situaciones que las nuevas tecnologías generan. A estos planteamientos no son ajenos la informática y las telecomunicaciones sobre los que vamos a plantear algunos ejemplos de vacío jurídico que existen actualmente.
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