|
La implantación generalizada de la E.S.O. y la observación de la realidad educativa en nuestro país nos abre la puerta a un debate del que nunca pudimos ocuparnos anteriormente: ¿la vindicación del derecho a la educación como derecho individual y colectivo lleva aparejada automáticamente la vindicación del deber de asistir a la escuela durante diez años al menos?
El establecimiento en España de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años, sin tener prevista esta ampliación en condiciones profesional y técnicamente aceptables y de forma cívica, está produciendo efectos contrarios a lo que cabía esperar y sobre todo, a lo que todas las personas implicadas y comprometidas con una educación pública de calidad y generalizada, proponíamos. En realidad se ha puesto en marcha el derecho a través de un deber y eso es en sí mismo una contradicción cuando menos.
Los presupuestos y bases filosóficas de la LOGSE planteaban precisamente el deber por parte de los poderes públicos, para que se pudiera obtener la extensión de este derecho y que toda la población infantil y juvenil pudiera disfrutarlo, consiguiendo así un salto cualitativo e histórico en el acceso a medios de formación, cualificación y cultura. Pero por la falta de previsión, la improvisación de sistemas correctivos y la carencia de financiación nos vemos en este momento en situaciones que no hubiéramos imaginado, sobre todo quienes deseábamos una reforma integral de la enseñanza y pretendíamos la extensión universal del derecho como un bien individual y social.
|
Sugerencias y problemas
