Supuestos y paradojas de la comunicación social en Venezuela
Nelson González Leal ©
Venezuela
La ética es un elemento básico
para el desarrollo de la naturaleza humana en su relación con el medio social,
en tanto determina la estructura moral del medio y la manera en que el
individuo acuerda con éste las relaciones de intercambio. En este marco, y
merced a la influencia sociopolítica que el manejo de la información implica
para el correcto desenvolvimiento de estas relaciones de intercambio, el grado
de eticidad comunicacional al que responden los principales vehículos de
permuta informativa de la sociedad venezolana, los mal llamados Medios de
Comunicación Social –a quienes prefiero denominar con una categoría mucho más
acorde con su naturaleza política, económica y mercantil, que es, al fin y al
cabo la que los determina: Medios de Entretenimiento Masivo (MEM)- nos sitúa
frente al problema de establecer los criterios de una necesaria correspondencia
entre la ética de la comunicación y el ethos social.
Y como resulta imposible eludir
que lo que debería ser un proceso integral de comunicación -societario, en
esencia[1][1]- se encuentra hoy en Venezuela
circunscrito al simple enfoque informativo, considero que se impone la
necesaria y pertinente revisión de los conceptos que los llamados Medios de
Comunicación Social venezolanos tienen de las diferentes categorías
comunicacionales, así como del tratamiento que le otorgan frente al público, en
función del campo de intereses que manejan como empresa y a la determinante
aplicabilidad de su lógica comercial.
Para nadie es un secreto que por cada una de las
categorías comunicacionales básicas existen conceptos específicos de la
naturaleza del proceso que resulta necesario considerar, en función del nuevo
enfoque sociopolítico que en Venezuela se le está dando al problema
comunicacional y mediático: tornar a la ética de la comunicación en un
instrumento de control informativo.
Esta consideración tiene su base
en una inquietud concreta: llegar al por qué de la avasallante fragilidad
conceptual y de la escasa capacidad para establecer diáfanas categorías que
imperan en el oficio periodístico, es un asunto de vital urgencia para la
profesión misma y, en general, para toda la sociedad venezolana, si es que no
queremos vernos envueltos –y sin posibilidad de retorno- en la mediatizante
cultura de la acriticidad. Esta cultura –denominada cooltura por algunas
transnacionales del entretenimiento mediático- depende del poder sociocultural
e ideológico abarcado por un pragmatismo utilitario que impulsa a dejar a un
lado la necesidad de saber con propiedad, armonía, exactitud y justicia lo que
el hombre es y cómo lo que es va determinando lo que lo rodea.
En este sentido, resulta
válido exigir que sea aquella frase escrita por Jhon dos Passos en su novela
Paralelo 42 la que guíe a los periodistas en su labor profesional, más que
cualquiera de las deontologías contemporáneas, pues en ella se sitúan los
términos de la labor periodística en su justo rango y a favor total del
periodista como profesional capaz y cabalmente comprometido con su labor
intelectual y crítica, que es, al fin y al cabo, lo que todo verdadero
comunicador hace: “el anhelo de todo periodista era desentrañar el significado
exacto de todo cambio operado en la realidad” (DOSS PASSOS, John. Paralelo 42.
Editorial Bruguera. Barcelona, España, 1981. Pág. 317).
Ahora bien, debe recordarse
que Dos Passos definía esta labor como un anhelo. Esa función de develador de
significados era –según el escritor estadounidense- la aspiración más alta de
la voluntad periodística. Acá es necesario agregar que el periodista debe
esforzarse por lograr un desentrañamiento no sólo exacto, sino justo y
responsable. Y, para favor de esa armónica correspondencia entre ética de la
comunicación y ethos social, debería ser esta la función propia del periodista,
algo más loable que la mera búsqueda, preparación y redacción de noticias, o
que la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de
entrevistas, reportajes y demás trabajos periodísticos, según reza en la ley de
ejercicio de la profesión en nuestro país (Ley de Ejercicio del Periodismo.
Artículo 3°. Capítulo I: De la profesión ).
(Como ven, estoy firmemente convencido de que el periodista debe dejar de ser
la simple extensión del grabador, del procesador de palabras o de la cámara
fotográfica, en que lo ha convertido la urgencia de intereses impuesta por el
poder empresarial de los MEM).
Todo esto se relaciona con las
ya suficientemente manipuladas, confusas y fragilizadas categorías de la
libertad de comunicación: la libertad de expresión, la de información y la de
prensa, y con la aclaración de los ámbitos y niveles en que estas se aplican;
porque para entender el juego de intereses presente en la realidad
comunicacional venezolana basta con advertir la manera tan irresponsablemente
indiferenciada como son empleados estos términos tanto por periodistas, como
por directores y dueños de Medios.
Algunos
supuestos, y también las paradojas
Dentro de este marco y sólo
con la simple intención de motivar una reflexión mayor, creo pertinente
establecer los siguientes supuestos:
1.- El periodista venezolano
cumple una función básicamente reproductora de contenidos noticiosos, sin mayor
autonomía que la que el Medio le permite para discernir sobre éstos. Es decir,
se encuentra sometido por el rol técnico: recabar la información y elaborar o
construir la noticia a partir de ésta, lo que significa un proceso mecánico, o
simplemente técnico, donde la aplicabilidad del intelecto y/o de la capacidad
de análisis e interpretación continúan ausentes. Esta condición obedece al
principio de acriticidad impuesto por la lógica empresarial de los llamados
Medios de Comunicación Social; siendo que, para favor de un cabal desarrollo
profesional, así como para garantizar la fehaciencia informativa y el esquema
dialéctico de la comunicación, el periodista debería realizar el análisis y la
interpretación con el objetivo de aproximarse a la verdad del hecho en concreto
y a la proyección de sus posibles consecuencias, apegado a un criterio de
equidad y justicia social, sin juzgar elemento alguno del acontecimiento2.
2.- En la profesión el imperio deontológico determina
el criterio de justicia social desde una perspectiva jurídica privada.
El escritor y político
nicaragüense Tomás Borge dice, en su célebre testimonio sobre el proceso
revolucionario de Nicaragua, titulado La paciente impaciencia (BORGE, Tomás. La
paciente impaciencia. Ediciones Casa de Las Américas. La Habana, Cuba, 1989.
Pág. 58), que entre los efectos de la Segunda Guerra Mundial está
el de haber puesto de moda las palabras democracia y libertad, y yo me atrevo a
agregar que la de comunicación. De igual manera sucede que la comunicación en
Venezuela fue objeto de una circunstancia política bastante moderna: la
potenciación de normativas particulares, gremiales o internas, con tendencia al
igualitarismo categorial y al establecimiento de cotos lindados por privilegios
especialísimos3.
Venezuela, por razones que no
viene al caso analizar en este trabajo, entró tarde bajo esta estela, pero se
ajustó con premura al rango en que los vencedores de aquel conflicto situaron
los términos de libertad, democracia, comunicación y Medios. Todos, bajo la
égida del nuevo interés globalizador, comenzaron a tomar cuerpo en un sistema
de relación bastante aberrado y aberrante que constituyó a los llamados Medios
de Comunicación Social –empezando por la prensa escrita- en el mecanismo más
eficaz para controlar el proceso comunicacional, es decir, la libertad y la
democracia, mediante la acumulación de poder económico (bajo una estricta
lógica comercial) y la potestad de establecer la normativa del proceso mismo,
de su funcionamiento y de sus condiciones.
El origen de esta situación es
–como lo señala José María Desantes Guanter en su libro La función de informar
(DESANTES GUANTER, José María.
La función de informar. Ediciones Universidad de Navarra S. A. Pamplona,
España, 1976. Pp. 354)- un criterio político de tendencia liberal que
establece a la actividad informativa como potestad especial de instancias
privadas (en la vertiente jurídica estas instancias pueden ser
supraindividuales o no), para garantizar que se ejecute de manera libre. Es
decir, tanto el estudio del derecho a la información, como el establecimiento
de normativa al respecto del mismo –y por extensión de todo el proceso
comunicacional-, se aborda desde la perspectiva de los Medios y de sus
intereses, así como desde el interés gremial de los profesionales de la
comunicación social, y aun desde el interés privado del público, en lo que al
denominado derecho a réplica se refiere. Pero no desde la real perspectiva
pública de la información o del proceso comunicacional, que, entre otras cosas,
equivale al derecho del público a estar fehacientemente informado y a
participar interactivamente del proceso comunicacional.
Ahora bien, resulta clara la
consecuencia de este asunto: la normativa se erige como la única ley válida
para determinar el alcance del Medio, llegando, incluso, a regir sobre los
factores externos que podían determinar o advertir sobre el proceso, y algo
bastante más grave aún, con esto se le adjudicó al periodista la absoluta
potestad sobre un derecho universal y de libre uso por cualquier ciudadano en
su carácter de ser social, el de comunicar lo que se le antoje, con la única
restricción que impone la justa, sana, pacífica y equilibrada convivencia
comunitaria.
Pues bien, en el contexto del
presente análisis, se considera evidente que pocos periodistas, pocos de esos
profesionales de la comunicación social percibieron la trampa: con esto el
Medio, y el poder económico y político tras éste, garantizaban el dominio sobre
el desarrollo comunicacional, al subordinar la categoría comunicación a un
ejercicio profesional controlado por ellos.
Dentro de esta perspectiva
surge otro supuesto: el Medio es el gremio, pues es quien controla y determina
los alcances profesionales del periodista; es quien establece la medida del
poder de la profesión y quien ensalza o subyuga la ética profesional, de
acuerdo a sus muy particulares prioridades. Y, además, se ha constituido en la
única fuente capaz de proveer, desde el punto de vista de la práctica
profesional, elementos tan preciados como el conocimiento, la eticidad, la
epistemología y, algo bastante importante, la seguridad de subsistencia.
Bastante paradójico el asunto,
¿cierto? Pues bien, este manejo mediático cumple su objetivo: atonta, y ubica
al periodista dentro de dos paradojas modernas –ya definidas por Antoine
Compagnon-, el prestigio de lo nuevo, desde donde, para sostener lo nebuloso de
nuestra positiva modernidad, debe hablarse de lo nuevo (como culto, inclusive),
“pero cuidándose de no aportar nada nuevo” (COMPAGNON, Antoine. Las cinco paradojas
de la modernidad. Monte Ávila Editores. Caracas, Venezuela, 1991. Pág. 17), y
la otra paradoja, denominada feria de las ilusiones, que es consecuencia de la
degradación de la primera, preparada por la fabulosa precipitación del criterio
de renovación puesto también de moda –por cierto- desde la Segunda Guerra
Mundial, y que estableció el dominio de un mercado mediatizador de la calidad
del contenido conceptual y programático de las categorías libertad, democracia
y comunicación4.
La pregunta válida en este
caso es ¿Quién se percata del desvío de intereses que camina por la cuerda
floja de este circo? A casi nadie le atrae ya el estudio sistemático de la
comunicación como proceso, como sistema relacional, como mecanismo de
conformación de identidades políticas, sociales y comunitarias. Ahora lo
relevante es el estudio del Medio como fuente y su potestad sobre las
determinaciones del proceso: el Medio es el proceso mismo, en cuanto actúa como
generador de información5 y como
garante de la libre circulación de la información –a través de los organismos
destinados a cuidar la categoría de libertad de comunicar. Y se retorna así al
supuesto: el Medio es el gremio, es el bloque, es la prensa, es la ley.
Sobre
conceptos y confusiones
Resulta clara la confusión
conceptual en frases que, para referirse a una misma categoría, emplean
términos de distinta significación: no es lo mismo hablar de libertad de
expresión, que de libertad de prensa, aunque los peligros de una puedan ser los
mismos para la otra. La libertad de expresión –permítaseme aquí el atrevimiento
categorial- es un derecho natural y universal consagrado por la naturaleza
misma de la democracia y soportado jurídicamente en cada Carta Magna y en las
distintas declaraciones sobre los derechos universales del hombre (Declaración
Universal de Derechos del Hombre, artículo 19, refrendado y precisado en 1976
por el artículo paralelo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos). Este derecho se ubica, universalmente, por encima de cualquier deontología,
como por sobre cualquier política interna o código normativo gremial. Es del
disfrute absoluto de todo ciudadano o persona que habite sobre la tierra,
porque es un derecho de uso y no de propiedad (Es decir, natural y no positivo,
aunque pretenda ser o pueda estar reglamentado). En su letra se establece,
además, como correlato, la prerrogativa del empleo de cualquier medio para
ejercer la facultad de comunicar.
La libertad de prensa se
aplica, como derecho universal, en dos direcciones: 1ra.- En cuanto
al uso del Medio por el Medio mismo y 2da.- En cuanto al uso del
Medio por el ciudadano común. Por la primera vía circula el dominio del Medio
sobre el uso y sistematización de la información, de acuerdo a su política
editorial y a los criterios comunes de fehaciencia, pluralidad y justicia. Por
la segunda, se mueve el derecho del ciudadano a exponer, a través del Medio,
sus criterios, opiniones, o réplicas a una información considerada como dañina
por no fehaciente, tergiversada, etc. Ahora bien, como derecho natural, la
libertad de prensa asiste a la propiedad más que al uso, y he allí una de las
ventajas del Medio. Naturalmente, la libertad de prensa se aplica y beneficia
al Medio mismo, en cuanto es éste quien tiene la potestad sobre la recolección,
sistematización y circulación del contenido periodístico, materia con la cual
se nutre.
Se tiene pues que, en medio de estas dos libertades
se encuentra la garantía a la libre circulación de la información, que, como
claramente expresa su denominación, no es otra cosa sino el flujo incondicional
de los contenidos informativos a través de los canales destinados para ello.
Ahora bien, este flujo informativo debe sistematizarse u organizarse bajo los
criterios de fehaciencia, pluralidad y justicia que la libertad de expresión y
la de prensa reclaman y deben garantizar; además, por supuesto, de las
determinaciones de la política editorial y de los criterios propiamente
técnicos aplicados al manejo de la información.
Debo señalar, en consecuencia, que quien encuentra
discordante hablar de flujo incondicional y de sistematización determinada como
parte de un mismo proceso ignora la condición dialéctica de todo desarrollo
comunicacional, y quien lo sostiene como tesis, para justificar algunas
mediáticas patentes de corso, además de ignorar deliberadamente la condición
señalada, obvia el hecho de que independencia crítica y discursiva no es igual
a anarquía legal, ni mucho menos a privilegios de poder o a injusticia
distributiva.
En la misma línea elusiva, indicada en el párrafo
anterior, puede ubicarse la alarma ante la demanda de fehaciencia y de derecho
a réplica. Hay que entender que la comunicación no es ni atropellante ni
comulgante y que, como bien lo expresa el teólogo jesuita Jesús Aguirre,
tampoco debe ser tan simplona como para “dejarse briznar por cantos de
comunión” (AGUIRRE, ARANGUREN, SACRISTÁN y otros. Cristianos y marxistas: Los
problemas de un diálogo. Alianza Editorial. Madrid, España, 1969. Pág. 25).
Ello la torna peligrosa, resueltamente peligrosa, pero sólo para quien guarda
secretos. Además, ante un palmario desentrañamiento de la realidad –para no
utilizar el término veraz, que parece producir tanta urticaria a los modernos
comunicadores sociales- cualquier réplica resulta insustancial e insostenible.
Por ello, el temor ante estas demandas –del todo democráticas, por cierto- sólo
se explica por el riesgo al que someten a los detentores del privilegio
comunicacional. Sin duda, debe hacerse un esfuerzo para comprender lo
siguiente: en el proceso de comunicación son los Medios y sus dueños quienes
han introducido la injusticia, y en el marco de sus supuestas libertades sólo
se encuentra encarcelado el periodista, mientras que la sociedad se expone a
recibir un tratamiento bastante inarmónico y poco ético.
Una
conclusión objetiva
Por todo lo expuesto se plantea entonces el
problema como vigente y toda la relación categorial descrita hasta ahora lo
demuestra, así como establece la necesidad de abordarlo con criterio de equidad
y de justicia: ¿cuál es el trato real que le otorga a la ética de la
comunicación el principal vehículo de intercambio informativo de la sociedad
venezolana, a qué intereses responde y cómo determina esto su perfil social?
Por último, considero que resulta útil anotar un
aspecto que hasta el momento se ha mantenido al margen en este artículo, más
por razones de circunscripción del análisis a un ámbito específico y, por ello,
con mayor posibilidad de ser cubierto, que por cualquier otra causa: la
influencia sociopolítica que genera en la actualidad el manejo de la noticia se
articula con una modulación más expresiva en el campo del periodismo de
opinión, y aún cuando el presente trabajo se concentra en la labor del
periodista-reportero (tal como se refleja en el supuesto número 1), no se obvia
la responsabilidad de aquel ejercicio periodístico que, por su naturaleza
básica, posee mayor rango de oportunidades para dedicarse a “desentrañar el
significado exacto de todo cambio operado en la realidad”.
Claro está que lo anterior implica un nuevo
artículo donde se realice el examen de otro concepto básico para el desarrollo
comunicacional y, por ende, para el logro de la correspondencia entre ética de
la comunicación y ethos social: el de la objetividad periodística, que, como
resulta frecuente, podría ser manejado de manera taxativa como el mecanismo
idóneo para la debida instauración de la fehaciencia informativa. No obstante,
creo que, en atención a la simple naturaleza humana, al tratar el tema de la
objetividad periodística debe tomarse en cuenta aquella premisa de la filosofía
existencial que establece un límite humano para toda pretensión objetiva –sobre
todo en relación con el criterio de verdad-, puesto que ello
otorgaría un mayor alcance a la objetividad periodística al contemplarla como
un método que no desdice de la interpretación subjetiva (es decir, no
determinista), puesto que no siempre el hecho noticioso se produce por una simple
relación de causa y efecto. Y esto conlleva un
correlato: la objetividad periodística actúa como válvula reguladora del carácter ético del
Medio, y como ingenio propiciatorio de la fuerza que genere y detente la
opinión pública.
FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO DE LATINA EN
BIBLIOGRAFÍAS:
Nombre del autor, 2003; título del
texto, en Revista Latina de Comunicación Social, número 56, de julio-septiembre
de 2003, La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección telemática (URL):
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20035625leal.htm
Revista Latina de Comunicación Social
La Laguna (Tenerife) – julio-septiembre de 2003 - año 6º - número
56
D.L.: TF - 135 - 98 / ISSN: 1138 – 5820
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20035625leal.htm
1 Se
emplea el término societario en una aproximación a la idea del contrato social
como mecanismo de relación y desarrollo armónico del Estado y la sociedad, en
contraste con la noción capitalista de la propiedad privada de los medios de
producción y de la prestación de servicios, que incide en el desarrollo social
inarmónico. Es decir, en términos comunicacionales el carácter societario se
afianza en el proceso dialéctico, único capaz de garantizar la conformación de
una estructura comunicativa con relevantes niveles de equilibrio participativo.
2 Acá
hay que tomar en cuenta lo siguiente: se habla de función reproductora y no transmisora
porque quien transmite la noticia, al final del proceso informativo, es el
Medio y no el periodista, quien sólo ejerce la labor de estructurador del hecho
en noticia, o lo que es lo mismo, reproduce en estilo noticioso los elementos
que constituyen el acontecimiento. Ahora bien, el manejo de la información
forma parte de un proceso global comunicativo, dentro del cual la elaboración y
transmisión de la noticia constituye un primer paso, que debe estar
complementado por la interpretación sustancial del acontecimiento, como segundo
paso, y por la generación de una opinión pública, como tercero. La
estructuración y transmisión de la noticia es, en consecuencia, un engranaje
del proceso comunicativo y no el fin del mismo. En este sentido, cada engranaje,
por sus características técnicas y éticas, se constituye a sí mismo en un
proceso complejo donde el profesional de la noticia (periodista o comunicador
social) desarrolla un rol fundamental, y resulta justo y saludable exigir, para
el normal avance de la comunicación social, el equilibrio total –en técnica, en
ética y en contenido- de cada uno de estos engranajes.
3 No
debe olvidarse que entre otros de los efectos producidos tras la Segunda Guerra
Mundial, además del evidente cambio en el orden geopolítico y
económico internacional, se cuenta el de la intervención del Estado en la
conformación de nuevos poderes supraindividuales y determinantes de la razón
sociopolítica del mismo -sobre todo de aquellos Estados nacionales que salieron
vencedores en el conflicto y que ya habían consumido una experiencia previa,
como la de la Primera Guerra Mundial-. Uno de estos nuevos poderes es el de la
Comunicación Social, o el de un sector informativo que ya había dado muestras
de su gran alcance social y de su posibilidad de convertirse en un efectivo
mecanismo de creación y modificación de la opinión pública. En consecuencia,
los Estados nacionales comienzan a participar del poder mediático,
estableciéndose como dueños de Medios y promulgando normas para el control de los
mismos, mientras la expansión económica que comienza a lograrse con el nuevo
orden económico internacional a partir de 1950, impulsa el desarrollo del
negocio informativo (a medida que avanza el siglo se desarrolla también el
periodismo en la radio y la televisión) y favorece las estrategias monopólicas
de los Medios de Información privados. Paralela a las situaciones de
participación e intervención estatal y de monopolismo privado en el negocio
mediático, se desarrolla toda una praxis comunicacional que va originando
(entre Medios de calidad o de élite que cultivan la objetividad informativa y
Medios de Comunicación de Masas cuya función primordial –aunque no lo exprese
así su objetivo formal- se ubica en el entretenimiento), tanto un cuerpo
teórico en torno al fenómeno comunicacional mediático, como una legislación
positiva en torno a su conformación como poder y al desarrollo de los Medios,
sus intereses y sus responsabilidades. Es en este marco que surge, hacia 1956,
la denominada Teoría de la Responsabilidad Social de la Prensa, impulsada por
la experiencia que tuvieron de los Medios como servidores públicos, tanto los
Estados nacionales, como las sociedades civiles participantes en la Segunda
Guerra Mundial.
4
Dentro de este sendero paradojal parecen ubicarse
también las instancias responsables de velar por el eficaz desenvolvimiento de
las categorías de la libertad de comunicación, quienes parecen participar
–intereses mediante- como maromeros en esta feria. Aquí se hace referencia
específica a los directivos del Bloque de Prensa Venezolano, quienes, a
propósito de la discusión generada sobre el establecimiento constitucional de
las categorías de veracidad en la información y de derecho a réplica,
emitieron, en entrevista pública (PANORAMA, en su edición del día miércoles 29
de septiembre. Pág. 1-14), las siguientes frases: “Nosotros consideramos que la
libertad de expresión debe ser libre y punto”. “Yo considero que la libertad de
prensa en este momento está amenazada”. “Nos oponemos al derecho a la réplica y
al defensor del usuario que consideramos es sumamente grave, porque va a ser la
especie (sic) de censor de los periodistas, además de que quieren vigilar el
trabajo diario de los periódicos”.
5 Cabe
decir “noticias-información”, según el criterio expresado
por la profesora Gloria Cuenca, en su libro Ética
para periodistas. 2da Edición. Editorial Kinesis, Caracas, 1995.