editorial
La situación
actual de nuestras escuelas es cada día que pasa más lamentable, y sólo muy de
vez en cuando se hace mención en los grandes medios de comunicación. Las causas
de dicho deterioro hay que situarlas, en principio en la falta de sensibilidad
de las autoridades educativas que gobiernan las diferentes administraciones del
Estado Español.
Pero son
mucho los aspectos que podríamos analizar, veamos brevemente los que nos
parecen que necesitan urgente atención: La igualdad de oportunidades, que las
leyes y el sentido común protegen, y la comprensividad de los conocimientos y
tareas que habitualmente se desarrollan en las aulas, las cuales, desde la
puesta en marcha de la LOGSE, incorporan el concepto de integración
y diversidad suponen la aceptación de cada alumno/a con sus características
personales, sociales y psíquicas. Pero para que esto sea posible es necesario
no sólo un principio ideológico o un reconocimiento legislativo, es
imprescindible poner los medios adecuados para hacerlos realidad.
Así mismo se
les reconoce a las escuelas y a sus equipos educativos/Consejos escolares el
derecho al desarrollo de Planes y Proyectos que convierten la escuela en
centro de desarrollo cultural, abriéndola al entorno socio‑cultural y
natural en donde está inmersa, obligación, que entendemos tiene ante la
comunidad y la sociedad. El seguimiento y la dotación de recursos necesarios
no se ha puesto en marcha para hacerlo posible.
Por otro
lado, a las escuelas se están incorporando alumnos/as de diversa procedencia
cultural conviertiéndose los centros en lugares donde la diversidad cultural
se aprecia en mayor grado. Sin embargo, a pesar de que las leyes reconocen la
igualdad de oportunidades, la integración y diversidad de alumnos/as, la no
discriminación del alumnado, la compensación de desigualdades manifiestas, la
aplicación del concepto tan amplio de comprensividad, los medios económicos,
personales y materiales aún no se han puesto en funcionamiento o lo que es lo mismo:
carecemos de ellos. Son las bases, ejes o principios en los que todos estamos
de acuerdo, pero que los poderes siguen sin garantizar, convirtiendo los
presupuestos para educación en tacañería anual.
La Formación
del Profesorado basado en las necesidades, en la investigación desde los
propios centros y compartiendo experiencias con otros docentes aún sigue
estando en el punto de mira para todas las asociaciones de profesorado y en el
debe de la Administración.
La atención
a la diversidad reclamada por los poderes públicos y refrendada en la LOGSE
desde el 90 sigue en la sala de espera de las medidas que hay que aplicar de
forma urgente.
Todo ello
necesita que el Ministerio de Educación, y las Consejerías de las distintas
comunidades sean sensibles y consideren a la Educación como un servicio social
prioritario dentro de sus planes de acción. Ello significa, incrementar las
dotaciones económicas a los centros para que estos puedan llevar a cabo
actividades culturales y educativas encaminadas a la integración y disfrute
cultural de todo el alumnado, sin que las familias tengan que asumir dicho
gasto; dotar de materiales curriculares para uso del alumnado: libros de texto,
bibliotecas de aulas, videos, cd‑rom, audios, diapositivas,
transparencias, aula de ordenadores y otros materiales específicos que mediante
proyectos de innovación pudieran poner en práctica los equipos educativos de
cada centro, incentivando la innovación y la investigación del profesorado;
dotación del profesorado necesario para intervenir educativamente en los
centros: hoy aún no está garantizada que el alumnado esté asistido por el
profesorado que necesita ya que en caso de enfermedad, la sustitución no se
hace automáticamente, sino que la administración, en muchas ocasiones, puede
esperar hasta un mes mientras los centros tienen que administrar las medidas
para atender al alumnado. Y, finalmente, señalar que difícilmente se puede
atender con garantías y efectividad la integración de alumnos/as, la
diversidad del alumnado y el desarrollo de la comprensividad con la ratio
actual, 30 alumnos/as en el aula, y un solo profesor/a: disminuir la ratio y
aumentar el número de profesores/as adscritos a los centros en la situación
actual se hace urgente.
Proclamar la
Gratuidad y Obligatoriedad de la Educación en España no debe ser solamente un
acuerdo, ha de ser también, para los poderes públicos, una obligación que
habría que empezar a cumplir poniendo en marcha las medidas que acabamos de
nombrar.