Prebendarismo Y Faccionalismo En La
Institucionlización Del Conocimiento:
El caso de la Investigación y la
Docencia Argentinas (1989-2003)

Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET

Citation: Saguier, E. R. (2004, febrero 4). Prebendarismo Y Faccionalismo En La Institucionlización Del Conocimiento: El caso de la Investigación y la Docencia Argentinas (1989-2003). Education Policy Analysis Archives, 12(6). Retrieved [Date] from http://epaa.asu.edu/epaa/v12n6/.

Resumen (Nota 1)</A
El estudio de los mecanismos concentradores de poder académico que inveteradamente operan obstruyendo y boicoteando las demandas individuales y colectivas para producir conocimiento crítico, y que imponen redes hechas de múltiples y combinados nudos o trabas (patronazgos, clientelismos, carrerismos, caudillismos, amiguismos y reciprocidades negativas etnocéntricas, sectarias, y nepóticas), requiere desentrañar sus orígenes históricos indagando en diversos fenómenos tales como la colonialidad del poder,la triple disociación del poder y el saber, la ciencia y la investigación, y la investigación y la docencia; la sumisión en la estratificación geopolítica y sociotecnológica del conocimiento, el conocimiento institucionalizado excluyente; la fragmentación o segmentación disciplinar (en especialidades), el fraccionamiento de los poderes académicos, la conversión de los conocimientos en oficios artesanales, ocupaciones rentables y profesiones liberales, y otras manifestaciones convergentes como la endogamia, el sectarismo, el prebendarismo, el patrimonialismo, la corrupción y las crisis sociales, políticas y económicas, a saber: golpes de estado, genocidios indígenas, dictaduras militares, legados coloniales e imperiales, y guerras civiles, nacionales y mundiales. Para ello nos abocaremos a una múltiple aproximación histórica y paradigmática en los campos de las filosofías, psicologías y sociologías de la ciencia y de la educación; de las antropologías simbólica, jurídica y corporativa; de las ciencias de la comunicación y la educación; y de los Estudios Culturales; a una multiplicidad de procesos de: a) diversificación del conocimiento; b) brechas cronológicas (generacionales) y geográficas (entre metrópolis académicas y periferias científicas); c) modernización de la ciencia y la educación; d) centralización educativa y sus impactos geográficamente diferenciales; e) segregación de la promoción educativa; y f) formación de las redes virtuales locales y nacionales y sus conexiones con la red global. También nos abocaremos a los flujos del aparato científico-educativo; al monopolio de las estructuras de control simbólico; a su desagregación en segmentos o agencias, y sus componentes míticos, simbólicos, litúrgicos y jurídicos; y a la distinción entre la descentralización y/o privatización del aprendizaje y la docencia y la descentralización y/o privatización de la investigación científica. Asimismo, nos referiremos a la relación del conocimiento con la estructura productiva y el poder político, a las deformaciones en las políticas filantrópicas, de mecenazgo y subvención a la investigación científica, a los modelos de innovación tecnológica lineales, espiralados y reticulares, al divorcio de la docencia respecto de la acreditación de la docencia, y a la diferenciación de las tareas ejecutivas o administrativas de las tareas normativas, evaluadoras y divulgadoras.

Abstract
The study of the centralizing mechanisms of academic power that very often work to obstruct and boycott individual and collective demands to produce critical knowledge, as well as impose circuits or networks made of multiple and combined knots (clientelism, nepotism, careerism and ethnocentric, sectarian and nepotic reciprocities), must necessarily go to their historical origins, analyzing several phenomena such as the coloniality of power, the subordination to a geopolitical and socio-technological stratification of knowledge, the fragmentation of knowledge processes, and other phenomena like endogamy, sectarianism, corruption and social, economic and political crises. Also, we are going to study the centripetal forces of decentralization, privatization or education federalism and their academic demands, the role of confidentiality in the formation of networks in academic and scientific environments, as well as their noxious effects in the practice of academic freedoms, the dissociations of power from knowledge and research from teaching, the distinction of teaching decentralization from research decentralization, the segregated education circuits, the intensity of the market of human capital and the quality of the levels of excellence of social and cultural capital, in the knowledge society. Also, we are going to refer to deformations in philanthropic politics and subsidies to scientific research, to models of technological innovation, the origin and development of the triadic partition of academic power or the tri-functional academic model, and the evaluation functions such as accreditation, extension, transference, counseling, programming and planning.

 

I. Introducción

En este análisis, prolongación de uno más extenso, nos abocaremos a la triple disociación del poder y el saber, de la ciencia y la investigación, y de la investigación y la docencia; a la producción, distribución y consumo de conocimiento; a una múltiple aproximación histórica y paradigmática en diferentes campos del saber (filosofías, psicologías y sociologías de las ciencias y de la educación, antropologías simbólica, jurídica y corporativa, ciencias de la comunicación y la educación, y estudios culturales); a la formación de redes científico-educativas locales y nacionales y a sus conexiones con la red global; y a múltiples procesos o mecanismos. (Nota 2) Estos procesos se redujeron a casi una decena de mecanismos: a) legados (herencias), persistencias (o susbsistencias) y secuelas o derivaciones culturales pre-coloniales, coloniales y neo-coloniales; b) brechas cronológicas (generacionales) y geográficas (entre metrópolis académicas y periferias científicas); c) estratificación geopolítica del conocimiento (entre países centrales que producen ciencia y países periféricos que consumen conocimiento); d) estratificación sociotecnológica del conocimiento (entre países centrales en la etapa digital o audiovisual y países periféricos en la etapa libresca); e) centralización educativa (modernización tardía y globalización postergada), y sus impactos geográficamente diferenciados; f) segregación de la promoción educativa; g) divorcio de la docencia respecto de la acreditación de la docencia; y h) divorcio de las virtudes científicas, éticas y estéticas. (Nota 3)

También nos abocaremos al estudio de los mecanismos del aparato científico-educativo: a) fuerzas, flujos y segmentaridades (lineales, circulares y moleculares); b) fuerzas territorializadoras, codificadoras, desterritorializadoras y descodificadoras; c) fuerzas monopólicas de las estructuras de control simbólico (científico-educativas); d) fuerzas centrípetas, privatizadoras, segregadoras, descentralizadoras, jivarizadoras o de válvula de escape del federalismo educativo y de las comunidades provinciales y sus demandas académicas (como factores compensadores y de contención social contra los procesos de desindustrialización y vaciamiento); e) distinción entre la descentralización y/o privatización del aprendizaje y la docencia y la descentralización y/o privatización de la investigación científica; y f) desagregación institucional en segmentos o agencias reguladoras, reparadoras, reproductoras, difusoras y configuradoras; y a sus componentes míticos, litúrgicos, idolátricos y jurídicos (Deleuze, Winkler y Gershberg, Drache, Kalmbach, Fleischhacker, Knudsen, Vessuri, Schwartzman, Quandt). (Nota 4)

Asimismo, nos hemos de referir a los procesos de fraccionamiento y concentración del poder académico, a los sistemas o modelos monádicos, diádicos y triádicos de poder académico; y a las fuerzas o flujos de interferencia y superposición entre las funciones ejecutivas, normativas o consultivas y evaluadoras. Entre las funciones concentradoras nos vamos a referir a la gestación de redes hechas de nudos o trabas (patronazgos, clientelismos, carrerismos, caudillismos, amiguismos y reciprocidades negativas etnocéntricas, nepóticas y sectarias); y a sus nocivos efectos para generar pensamiento crítico, procesos creativos y rupturas epistemológicas, revoluciones científicas o acontecimientos, en el posmoderno sentido que le brinda Badiou (1999), para el dinamismo del mercado de capital humano (conocimientos explícitos adquiridos), y para la calidad del capital social (solidaridad, voluntariado, asociacionismo, interaccionismo), y la excelencia del capital cultural (integrado por virtudes artísticas y científicas: racionalidad, secularidad, interdisciplinaridad, institucionalidad, comunicabilidad, conectividad, sinergia o interactividad) y su resultante acumulación, expresadas en forma de instituciones (teatros, universidades, editoriales, laboratorios, galerías de arte, archivos, etc.). También nos referiremos a los flujos o fuerzas resultantes de deformaciones y condicionamientos en las políticas de mecenazgo y subvención a la investigación científica, o filantropía corporativa. (Nota 5) Asimismo nos volcaremos a la relación del conocimiento con la estructura productiva y el poder político; a los modelos de innovación tecnológica (lineales, espiralados y reticulares); y a la diferenciación de las tareas o funciones ejecutivas o administrativas (investigación propiamente dicha) de las tareas normativas o consultivas (reglamentaciones, ordenanzas, programaciones y planificaciones), evaluadoras (subsidios, becas, premios, incentivos, contrataciones de asesoría y consultoría), divulgadoras (de extensión) y adaptadoras (transferencia tecnológica). (Nota 6)

En ese sentido, partimos de la premisa que al contar las sociedades con la circulación (producción, distribución, consumo) y legitimación de valores materiales y simbólicos --estos últimos manifestados en masas, flujos y segmentos culturales, responsables de generar y circular saberes y capital humano-- son capaces de generar cuadros intelectuales y de concebir los mecanismos mentales y pedagógicos para agregar valor a la cultura individual y colectiva y para motorizar las vías de cambio y movilidad sociales. (Nota 7)

Con esos propósitos, los procesos culturales creativos, constituídos por la síntesis de las políticas científicas, humanísticas, económicas, urbanizadoras, socializadoras, y burocráticas, requirieron discutir los paradojal e irónicamente contradictorios procesos de fraccionamiento y concentración del poder académico y sus secuelas en la calidad, excelencia, democratización y cientifización del conocimiento, así como el colonialismo interno, las rivalidades nacionales e inter-imperiales en la investigación científica, la asimetría disciplinar y moral en el desarrollo de la investigación y la cultura, la dicotomía entre la alta y la baja cultura, y la disociación entre las virtudes científicas, éticas y estéticas. (Nota 8)

La segmentación, diversificación e hibridación del conocimiento, su vinculación con las políticas científicas y educativas, y su impacto en el equilibrio geopolítico y sociotecnológico del conocimiento indujeron a reflexionar acerca de: a) la desnaturalización y marginación de los sáberes vernáculos respecto de las humanidades, y de las humanidades respecto de las ciencias duras primero y de las ciencias sociales más luego; b) la estructura de centro-periferia y su expansión, contracción, fragmentación y restablecimiento; c) los conceptos de colonialismo interno, dependencia o sumisión científico-tecnológica, y fuerzas académicas destructivas; d) la noción de brecha cronológica o espacio de tiempo inter-generacional; y e) las nociones de transferencia tecnológica, y anemia informativa (Peset, Prebisch, Vessuri, Cueto, Brunner y Barrios, Soley, Minsky, Fitzpatrick, Dotti, Nancy, J. Friedman, Traweek, Grosfoguel). (Nota 9) Las temáticas del colonialismo, el nacionalismo, el imperialismo, y la estratificación geopolítica y sociotecnológica de la investigación científica y su periodización cíclica demandó deliberar acerca del impacto de las políticas de institucionalización, secularización, racionalización, autonomización, modernización y globalización tardías de la ciencia, las humanidades, la cultura y los sistemas educativos y científicos, así como sobre las políticas de corporativización, patrimonialización, regionalización y desecularización (Hegel, Durkheim, Myers, Ohmae, Hayles, J. Friedman, Ortiz). (Nota 10) Y el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico-social requirió reflexionar sobre conceptos tales como: a) la promoción de los capitales humano, social y cultural; b) los procesos de profesionalización y cientifización de la docencia; c) los procesos de industrialización, desindustrialización y reindustrialización; d) las investigaciones de punta; f) la importación y exportación de tecnologías; y e) la subcalificación o sobrecalificación en la incorporación al mercado ocupacional (Bourdieu, Kreimer, De Asua, Falleti, Filmus, Bast y Harmer, Dewey, Toffler, Avila, Castells y Hall, Tiramonti y Suasnábar, Bledstein, Virilio, Radhakrishnan). (Nota 11)

Asimismo, el fraccionamiento del poder académico y su impacto en la excelencia del conocimiento demandó debatir acerca de: a) las rivalidades entre modelos universitarios, pedagógicos y científicos (docencia individual o personalizada versus docencia uniformizada; pedagogías visibles e invisibles, currículos ocultos y explícitos); b) los modelos trilaterales de poder académico (trifuncionales y tripartitos); c) los dispositivos académicos ejecutivos, normativos o consultivos y evaluadores; d) los mecanismos legal-jurídicos de calificación, intercambio y acreditación; e) los mecanismos de privatización o jivarización (voucher y escuelas charter); f) la devaluación de las credenciales académicas internas y la sobrevaloración de los postgrados externos; g) el poder de la jerarquía disciplinar compuesta por los profesores regulares (concursados) y los organismos intermedios (colegios profesionales); y h) la influencia de las instituciones políticas, jurídicas y sociales, tales como los partidos políticos, los tribunales, y las comunidades locales, regionales, nacionales, continentales y globales (Ponce, Gramsci, Althusser, B. Bernstein, Atcon, Freire, Tragtenberg, Cueto, Vessuri, Hayles, Radhakrishnan, Freidson, Lo, Rozitchner). (Nota 12)

Por el contrario, la triple disociación entre el poder y el saber, entre la ciencia y la investigación, y entre la investigación y la docencia, y los mecanismos concentradores del poder académico, alimentados por las persistencias y las secuelas coloniales y neo-coloniales, que inveteradamente han operado obstruyendo y boicoteando las demandas individuales y colectivas para producir conocimiento crítico humanístico y científico, han generado complejas manifestaciones patológicas (desorientaciones, desviaciones, frustraciones y crisis vocacionales; dogmatismos; ideologismos; academicismos; cientificismos; tecnocratismos; metodologismos; vanalización o macdonalización de los planes y programas de estudios; deformaciones profesionales o profesionalismos; deserciones); y han impuesto redes hechas de múltiples y combinados nudos o trabas (patronazgos, clientelismos, caudillismos, amiguismos, carrerismos o burocratismos competitivos y reciprocidades negativas etnocéntricas, sectarias, y nepóticas), requirieron desentrañar sus orígenes históricos indagando en un complicado y contradictorio fenómeno e instrumentando las ciencias filosóficas, políticas, antropológicas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas. Con la implementación de estas diversas disciplinas científicas logramos circunscribir un fenómeno particular compuesto por dicha triple disociación, y gran parte de las disciplinas consultadas concuerdan en corroborar que la triple disociación es un producto de previas estructuras culturales, a saber: el imperialismo cultural, la sumisión en la estratificación geopolítica y sociotecnológica del conocimiento y su cíclica y contradictoria recepción en los países periféricos; la progresiva fragmentación, segmentación o especialización del conocimiento y de las disciplinas y profesiones científicas; el conocimiento institucionalizado excluyente; el fraccionamiento de los poderes académicos, la conversión de los conocimientos en ocupaciones rentables y en profesiones liberales; y otras patologías convergentes como la endogamia, el prebendarismo, el patrimonialismo, el elitismo, la corrupción y las crisis sociales, políticas y económicas (golpes de estado, dictaduras militares, legados coloniales e imperiales, y guerras civiles, nacionales y mundiales). (Nota 13) Dicho contradictorio fenómeno centrípeto y centrífugo y su impacto en la democratización y excelencia del aparato científico-educativo demandó a su vez reflexionar acerca de: a) la transparencia del sistema científico; b) la autonomización del pensamiento crítico; y c) la dinamización del conocimiento (Popper, Kuhn, Gruber, Dotti).

La transparencia del sistema científico-educativo y el grado de confidencialidad de las evaluaciones y dictámenes de jurados y pares y su impacto en la democratización de dicho sistema requirieron discutir a su vez: a) la construcción de redes locales y nacionales, docentes y científicas, públicas y privadas que debiliten las culturas escalafonarias y corporativas; b) las conexiones con la red global (Becker, Coleman, Putnam, Bourdieu, Fukuyama); c) la intensidad y los vicios del mercado educativo (exclusión, deserción y éxodo de cerebros y suplantaciones fraudulentas), d) los modelos de innovación tecnológica lineales, espiralados y reticulares (Triángulo de Sábato, Triple Hélice de Leyderdorff, redes innovadoras de von Hippel); e) los criterios para la distribución de los recursos y para la conformación de los comités editoriales y las promociones académicas institucionales; f) los métodos del pluralismo jurídico y del análisis situacional; y g) el análisis de las fuentes histórico-documentales tales como las acreditaciones, los juicios de pares, las visitas e informes, las mediaciones, y los sumarios o penalizaciones académicas (Tragtenberg, Gruber, Gardner, Gluckman, Greenhouse, Van Velsen, Csikszentmihalyi, Becher, Viale y Ghiglione, Rozitchner). (Nota 14)

La autonomización del pensamiento crítico y su impacto en la ciencia normal (dogmas o canones establecidos) y la intelectualidad tradicional demandó evaluar a su vez: a) la correspondencia entre el trabajo teórico y el trabajo empírico o antagonismo entre ciencia e investigación; b) la estratificación geopolítica de la investigación científica; c) la especialización cientificista o Jaula de Hierro de Weber (antropologismos, sociologismos, economicismos, psicologismos, geograficismos, arqueologismos, esteticismos); d) el tecnicismo metodológico y profesionalista (cuantitativismos, geometricismos, juridicismos); e) la flexibilidad o velocidad de circulación de la agenda científica individual y colectiva; f) la transdisciplinariedad e hibridación y su relación con la multiplicidad funcional del intelecto; g) los requisitos de bilingüalidad y postgrados externos; h) los instrumentos del mecenazgo y de la filantropía corporativa (Banco Mundial y fundaciones nacionales y fundaciones extranjeras); i) la vocación y sinergia interculturales (fertilidad o interactividad cruzada transdisciplinar que desmantele los colonialismos internos y afirme los saberes desde la diferencia colonial interna); y j) la capacidad de gestación de discípulos o de heredabilidad académica (Weber, Kuhn, Klein, Kline, Castells, Töth, Azevedo, Dotti, Fornet-Betancourt, Mignolo). (Nota 15)

Y finalmente, la dinamización del conocimiento expresado en la tecnificación de la divulgación y difusión del saber (o presión de las nuevas culturas librescas primero y audiovisuales, digitales y electrónicas contemporáneamente) --con el agregado de su impacto en la excelencia académica, la democratización política y la movilidad social-- requirieron polemizar acerca de: a) la irreversibilidad de las nuevas tecnologías informáticas; b) la informatización de las estructuras universitarias; c) la incomunicación y la censura electrónicas globales; d) la educación a distancia y el aprendizaje y la docencia virtual u online; e) el desarrollo de los conocimientos de punta; f) los flujos informativos, la acumulación de datos y la sobrecarga o asfixia informativa; g) el dinamismo del intelectual mediático, del periodismo científico y de los foros de discusión electrónica; y h) la sustitución de la excelencia académica y las infraestructuras "blandas" por la publicidad multimediática, los programas de radio y TV de cable y las infraestructuras "duras" (McLuhan, Negroponte, Kerckhove, Arboleda, Tiffin y Rajasingham, Schwartzman, Chartier, Quandt, Krill, Shenk, Giunta, Joyanes, Dotti, Martín-Barbero, Kroker). (Nota 16)

De forma tal que las universidades y los organismos académicos, como epicentros de las investigaciones científicas y como territorios o espacios de lucha y conflicto donde se dirimen relaciones de fuerzas y recursos simbólicos antagónicos deben contar para evitar la gestación de mecanismos concentradores (facciosos) con la colaboración del poder político y la sociedad civil a escalas nacional, continental y global. (Nota 17) Todos ellos deben estar conscientes que sirven diferentes funciones con códigos y territorialidades distintas, que si bien no pueden ni deben confundirse, se conectan entre sí, y en muchos casos se superponen y solapan (Leydesdorff, Etzkowitz). Ciertamente estas numerosas teorías y autores sugieren muchas más hipótesis e interrogantes de las que el corpus histórico aquí reunido está en condiciones de responder, pero como balance de estas lecturas y reflexiones hemos propuesto centrar el análisis en el arsenal conceptual provisto por los Estudios Culturales y sostener que en la presente era del conocimiento el objetivo político debe poner el eje en los flujos que permitan la gestación de una ciencia independiente y nómade así como de una red virtual; impidan la formación de mecanismos facciosos; y sirvan a un aprendizaje, una docencia y una investigación híbrida o transdisciplinar, personalizada y no uniforme de valores simbólicos (verdades y virtudes). Como prerequisitos indispensables en la preparación de un clima innovador y una ciencia independiente y nómade, propensa para la creación de un circuito o red de flujos y una sinergia intercultural, las funciones ejecutivas, normativas o consultivas y evaluadoras del poder académico deben mantener una mutua autonomía y soberanía. (Nota 18) Esta división de funciones, que no se da en la esfera de la producción de bienes materiales, tendría sus orígenes más allá de la concepción tripartita del poder republicano inherente al constitucionalismo moderno, pues remontaría sus antecedentes simbólicos al esquema trifuncional de la sociedad estamental medieval (clero, nobleza, estado llano), y más remotamente aún a la tripartición antigua indoeuropea (sacerdotes, guerreros y pastores). (Nota 19) La principal función de los segmentos o agencias de control simbólico superior, tales como la universidades, debe ser entonces la producción de valores originales y genuinos, integrado por verdades y virtudes científicas, éticas y estéticas, así como de capital humano, verdaderas fuentes de valor agregado y de cambio y movilidad sociales, y con el sólo propósito de participar en el desarrollo del conocimiento y muy supletoriamente con las funciones divulgadoras y adaptadoras de extensión y transferencia tecnológica.

Por ende, la responsabilidad y misión de la universidad debe ser --tal como lo señala Searle (2000)-- esencialmente la de promotora del proceso creativo de la cultura y la ciencia aspirando a las áreas más avanzadas de la investigación, y nunca puede ser la de promover la producción de una investigación subordinada a programas científicos de metrópolis imperiales, de servir supuestamente a las comunidades locales, y/o de producir mercancías en la forma de bienes o servicios (consultorías o asesorías), pues ello significaría abdicar de una orientación emancipadora básicamente intelectual para someterse a servidumbres eminentemente vernáculas, corporativo-mercantiles, o imperiales que corromperían y acentuarían aún mas los mecanismos concentradores del poder académico. (Nota 20) Cualquier actividad que no sea académica y/o cultural, por mas filantrópica o altruista con que ésta se pretenda maquillar, atenta contra los fines de áquellas, al poner el eje fundamental de las instituciones universitarias y científicas en actividades divulgadoras o de servicio a la comunidad (extensión), o en actividades consultoras y adaptadoras (transferencia tecnológica), que no son las que substancialmente agregan valor genuino y generan el cambio y la movilidad sociales, y que debieran ser en todo caso una responsabilidad subsidiaria, o más bien responsabilidades exclusivas de agencias estatales extra-universitarias e institutos administrativos específicos donde dichos programas de servicio, extensión y transferencia tecnológica habrían sido aparentemente fructíferos. (Nota 21) Así como la justicia sólo debe hablar a través de sus fallos, las instituciones universitarias y científicas sólo pueden y deben hablar a través de la producción de conocimiento genuino y del capital humano producido, es decir de la graduación y/o promoción de sus propios integrantes.

Y por tener las instituciones educativas, tales como las universidades, objetivos puramente culturales, científicos y docentes, la preeminencia de dichos programas de servicio a la comunidad, consultoría y transferencia tecnológica --en sociedad con el empresariado privado-- irían en perjuicio directo de la formación de una ciencia nómade y una red virtual, de una docencia e investigación transdisciplinar, y en menoscabo de las funciones de agregación de valor y de movilización social.

II. Periodización o deconstrucción genealógica

Es en este espacio académico donde ha de tener lugar la desigual inserción de teorías, eventos y acontecimientos que irán en su auge y decadencia constituyendo el sistema de redes facciosas o Gulag académico que a continuación describimos. El Gulag académico --colonizado por las políticas partidista y empresarial, en un principio meramente burocrática, pero progresivamente facciosa de las universidades nacionales y privadas y del sistema científico-- es de muy vieja data, pero en este preciso trabajo nos hemos de reducir a sus dos (2) últimos períodos o ciclos: a) la crisis del sistema científico-educativo de Bienestar y modernización neo-conservadora (1989-1999), y b) el continuismo, fracaso, colapso y transición (1999-2003). Cada uno de estos dos períodos es introducido con un breve diagnóstico histórico acerca de los contextos internacional y local, para luego extenderse a los detalles de las persistencias y sumisiones acontecidas, ejemplificados en las políticas culturales científicas, humanísticas, socializadoras y burocráticas.

II 1. Crisis del sistema científico-educativo de Bienestar y modernización neo-conservadora (1989-1999).

A comienzos de la era post-industrial y de apogeo del capital financiero, en los estertores de un Estado de Bienestar (por otro lado bastante maltrecho) y en pleno post-modernismo y emergencia de integrismos y fundamentalismos étnicos y religiosos, con la progresiva disolución del estado-nación, el colapso del Socialismo Real, el fin de la Guerra Fría, el auge de la Perestroika y el Glasnost, un nuevo orden mundial (Consenso de Washington), la liquidación de la UNESCO a favor del Banco Mundial, y una nueva división internacional del trabajo intelectual o estratificación geopolítica del conocimiento, y desatada en Argentina la hiperinflación y los saqueos de 1989; se entraron a adoptar sistemáticamente (a imagen y semejanza del Reaganismo y el Thatcherismo) políticas claudicantes, disociadoras, segregacionistas y corruptoras, de mixto cuño, neo-liberal y neo-conservador; manifestadas en estrategias decisionistas en materia educativa, científica, diplomática (Banco Mundial), militar (derogación del Servicio Militar Obligatorio), industrial armamentista (Cóndor II) y comunicacional (privatización de la telefonía y la televisión).

La imposición de estas sobrecodificaciones neo-conservadoras (privatizadoras) estuvieron estrechamente combinadas con una baja prioridad en innovación productiva debido a la alta concentración de recursos dedicada a la "política"; y con estrategias diplomáticas de "relaciones carnales", que se manifestaron en el boycott a los proyectos integracionistas del Cono Sur (Mercosur) y en la sujeción al nuevo orden internacional y sumisión a una estratificación geopolítica de la investigación científica. (Nota 22) Esta estratificación es hegemonizada por el imperialismo cultural de la super-potencia central, que monopoliza la producción de los conocimientos de punta en áreas estratégicamente sensibles, dejando a los países periféricos librados a un consumo forzoso del conocimiento importado. En Argentina, esta sumisión se materializó con el desmantelamiento de los proyectos de investigación nuclear, misilística y satelital y de transferencia tecnológica al Medio Oriente, programada por la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), en Falda del Carmen (Cóndor II). (Nota 23) Dichas estrategias diplomáticas se expresaron también en la sujeción al intervencionismo de organismos de crédito internacional, tales como el BID y el Banco Mundial, que agudizaron la dependencia con nuevas sobrecodificaciones, tales como la supeditación a sistemas legales externos a la jurisdicción argentina para el caso de conflictos judiciales, la ficticia segmentación binaria entre las fuerzas socializadas y las relaciones privatizadas en la producción del mismo, y la estratificación local y global de la producción, distribución y consumo del conocimiento. (Nota 24)

Con el correr de estos últimos veinte (20) años, frente al profundo descrédito de los aparatos político-partidarios, los operadores de comités y unidades básicas (pertenecientes al bipartidismo dominante) no encontraron mejor idea que colonizar las Universidades Nacionales y el sistema científico nacional para así poder legitimar su dominación, reclutar los cuadros con los cuales poder acentuar su poder, y perpetuar la sujeción a un statu-quo internacional. (Nota 25) Es a partir de la creciente crisis fiscal y de su consecuente terapia intensiva (implementación de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley no.23.548, de enero de 1988), el proceso de "modernización del estado" entró en una fase de anclaje monetario, paridad y atraso cambiarios, dominio y especulación financiera, mimetización mecánica de la legislación primermundista, desindustrialización económica, erosión de las fronteras entre las profesiones liberales y otras ocupaciones, y privatización y descentralización de las agencias difusoras de control simbólico, que se había iniciado ya tímidamente con la dictadura de Onganía (1966), en el Ministerio de Astigueta, y reiniciado durante el denominado Proceso (1976). (Nota 26) Si bien la transferencia tecnológica no era nueva en la historia argentina pues remonta su orígen a tiempos coloniales, por el mecanismo de "modernización del estado" se promulgó en 1990 la Ley 23.877, de Fomento y Transferencia Tecnológica, a imagen y semejanza mecánica y tardía de leyes norteamericanas, tales como la Bayh-Dole Act de 1980 (Public Law 96-517, patrocinada por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole), y el Acta de Transferencia Tecnológica Federal de 1986 (PL 99-502). (Nota 27) Esta noción legal de transferencia tecnológica, o de concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se operacionalizó en USA a través de las universidades y fue aparentemente exitosa en materia de producción de patentes universitarias, y aumento tanto del producto bruto como del empleo de mano de obra calificada. (Nota 28)

Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de remedar o mimetizar en 1995 (Ley de Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su traducción en Leyes y Decretos tendió --aún mas que en USA-- a privatizar la investigación pública y a sujetarla a una estratificación geopolítica del conocimiento, acentuando así la brecha científica que separa las metrópolis imperiales con los llamados países en desarrollo y con el Tercer Mundo, e imposible de cubrir sólo con una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), tal como hipócritamente lo perora el Banco Mundial. Esta estratificación opera no solo mediante los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales se hallan cada vez más arancelados en manos de grandes conglomerados privados multinacionales, y por ende cada vez más reservados y secretos para el acceso de las instituciones y universidades de los países periféricos, sino también mediante las autorestricciones impuestas por el Consenso de Washington (1989), tales como aconteció con las investigaciones misilísticas y satelitales desarrolladas en Falda del Carmen, Córdoba (Cóndor II). (Nota 29)

Asimismo, esta Ley presupuso como en USA la descodificación de antiguas concepciones acerca del conocimiento, la investigación y la educación superior, así como de sus relaciones con el poder político y la industria, que nunca fueron públicamente debatidas. (Nota 30) Todo conocimiento --ya sea descubrimiento, invención o interpretación-- debía de acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción de la propiedad intelectual, que en las universidades consistía en compartir la propiedad de las mismas en forma común o colegiada y abierta. (Nota 31) Por el contrario, a partir de estas Leyes y Decretos dichos conocimientos innovadores deben devenir propiedad individual, susceptibles de ser registrados, patentados y comercializados, es decir capaces de ser comprados y vendidos y por ende concesionados al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior, debía dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión independiente, y debía constituirse en una suerte de corporación capitalista moderna. (Nota 32)

La noción de descentralización educativa presupuso también todo un simulacro, y una nueva codificación del aprendizaje, la educación y la pedagogía. La educación debía superar la concepción de una macro-empresa cultural colectiva a escala nacional, y por el contrario debía devenir en múltiples micro-empresas a escala provincial, e incluso comunal. El mecanismo descentralizador --impulsado por elementos intelectuales reclutados mayoritariamente en FLACSO-- comenzó por transferir los servicios educativos que dependían del Ministerio de Cultura y Educación y del Consejo Nacional de Educación Técnica, sin la consiguiente transferencia de partida monetaria alguna. (Nota 33) Luego se dictó la Ley Federal de Educación (n.24.195), sancionada el 14 de abril de 1993, mediante la cual se incrementa el poder de los ministros provinciales en el CFCyE, al extremo de convertirse éste en un órgano confederal mas que federal, viejo proyecto que habían acariciado antes el Ministro José M. Astigueta, durante la anterior dictadura de Onganía; y el Ministro Llerena Amadeo durante la posterior dictadura de Videla. (Nota 34)

En cuanto al sistema de agencias de control simbólico configurador, con la deflación generalizada y la paridad y anclaje cambiarios producidos por el Régimen de Convertibilidad (1990), los investigadores que antes se refugiaban en centros de investigación privados (dotados con financiación externa), perdieron el auspicio de dichos fondos y por ello reforzaron sus afanes de poder al seno de las instituciones educativas oficiales. En el aparato del estado, las nuevas autoridades políticas del gobierno Menemista (Cavallo) designaron al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) primero al Dr. Raúl Matera y luego al Lic. Domingo Liotta, y al frente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a Bernabé Quartino y después al Dr Florencio Aceñolaza. Luego ridiculizaron públicamente a la planta de Investigadores del CONICET con expresiones agraviantes, "...mandándolos a lavar los platos", y finalmente territorializaron nuevas instituciones y organismos y codificaron nuevas leyes destinadas a controlar y disciplinar a dichos investigadores bajo improntas políticas conservadoras. En cuanto a instituciones de investigación, luego de cancelar los proyectos nucleares del INVAP (controlado por la CNEA), y de disolver en 1991 la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), la cual venía desarrollando el mísil Cóndor II (en colaboración o transferencia tecnológica con Egipto e Irak), se creó en dicho año la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y en 1994 se subordinó al Régimen de Control de Tecnología Misilística (MTCR). (Nota 35) En materia puramente educativa y universitaria, se creó la Junta de Planeamiento Universitario (JPU) en 1990, y tres años después, en 1993, se promulgó la Ley Federal de Educación (1993), seguida por la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), luego denominada Secretaría de Educación Superior (SES). (Nota 36) Para este último cargo fue electo el Lic. Juan Carlos del Bello, compelido a cumplir --como luego veremos-- con los dictados del Banco Mundial y subsidiariamente con los caprichos presidenciales. Desde esta Secretaría se bosquejó en primera instancia, a fines de 1993, un Plan de Incentivos Docentes, mediante el Decreto 2427/93, consistente en promover la figura del docente-investigador, remunerado con un plus salarial pagadero en tres (3) cuotas anuales fijadas de acuerdo a una categorización en cuatro (4) niveles, y luego un Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES), ambos acordados con el Banco Mundial (BM), institución que desde el Consenso de Washington está usurpando funciones propias de la UNESCO. (Nota 37)

El acuerdo con dicho Banco consistió en multiplicar el número de agencias de control simbólico, auspiciando nuevas desterritorializaciones en el seno del sistema científico-docente, que venían a multiplicar la complejidad institucional de las primeras disociaciones que habían ensayado Houssay y Dell´Oro Maini, durante el gobierno de la Revolución Libertadora (1955-58), concibiendo en la educación superior nuevas instituciones, tales como nuevos mecanismos evaluativos y acreditativos, y en el sistema científico, nuevas instituciones e instancias evaluadoras y configuradoras, tanto de subsidios a la investigación, de convenios de transferencia tecnológica, de unidades de vinculación tecnológica (UVT), como de planificación científica. (Nota 38) En el marco del mencionado Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES), el Banco Mundial fomentó una media docena de organismos, tales como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Unidad de Implementación del Programa (PIU), la Comisión para la Acreditación de Postgrados (CAP), el Sistema de Información Universitaria (SIU), y el Comité Internacional de Seguimiento (CIS). (Nota 39) Mientras el CIS fue presidido en sus comienzos por el Dr. Patricio Garrahan, en la CAP las funciones de vocal ejecutivo fueron asignadas al Lic. Carlos Alberto Marquis. A propósito de estas innovaciones, Vessuri (1997) nos recuerda que cada institución académica debiera estar excusada de evaluar la calidad de su propia investigación pues esta función debería pertenecer a canales institucionalizados de la comunidad científica nacional e internacional. (Nota 40)

Con respecto al FOMEC, si bien cada universidad solicitaba el subsidio voluntariamente, aquél venía a invadir la esfera propia del poder legislador del Parlamento, responsable de asignar las partidas presupuestarias correspondientes, so pretexto de que sus fondos provenían de un préstamo externo. El FOMEC venía también a reeditar las funciones de la CAFADE (organismo fundado en tiempos de Frondizi y la Revolución Cubana para administrar los recursos del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico provistos por la Administración de Cooperación Internacional de USA o Alianza para el Progreso), y a superponerse y competir con las indelegables funciones promotoras del CONICET y el FONTAR (SECYT). (Nota 41) Poseía un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y contaba con diversos Comités de Pares por disciplinas, que aprovecharon la ocasión cual si fuera un botín de guerra. (Nota 42) .Y estaba destinado a promover casi medio millar de proyectos repartidos entre casi medio centenar de universidades, a un costo de 273 millones de dólares, de los cuales 164 millones de dólares fueron provistos por el Banco Mundial, y el restante por el Tesoro Nacional, a título de contraparte o contraprestación. Pese a ser el FOMEC un órgano efímero, para Castro (2002) significó "...no sólo una innovación en los modos de asignación del financiamiento público sino una diversificación de los actores receptores y ejecutores de este financiamiento". (Nota 43) Sin embargo, esa supuesta diversificación no habría garantizado la mejora de la calidad educativa, y por el contrario significó --según Vommaro (2000)-- la flexibilización de estructuras curriculares, el acortamiento de carreras, y la creación de ciclos destinados a trasladar los contenidos que estaban en el grado hacia el nivel de posgrados, los cuales a su vez estaban convenientemente arancelados. (Nota 44) También el Banco Mundial acordó fortalecer las competencias de los ministerios de educación provinciales, para mejorar la calidad y la eficiencia de la educación secundaria y ampliar sus instalaciones para atender mejor las necesidades de los estudiantes secundarios, a un costo total de $110,4 millones. (Nota 45)

Al compás de la capitulación política que significó el Pacto de Olivos (1994), con las victoriosas políticas de filantropía inversora y estratificación geopolítica y sociotecnológica del conocimiento y la investigación científicas impulsadas por el Banco Mundial (BM), y el seguidismo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dos años después de haberse codificado el sistema de los Incentivos Docentes (ID), se acentuó una ofensiva político-académica de tintes neo-liberales en los medios universitarios y científicos. Con la promulgación de la Ley de Educación Superior (no.24.521, de 1995), se prescribieron cláusulas reterritorializadoras referidas a nuevas instituciones, tales como la de crear la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) --a imágen y semejanza de la Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) de Brasil, y del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) de España-- la de reconocer al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como órgano de consulta obligada en la toma de decisiones del sistema universitario, y la de crear organismos geográficamente estratificados, tales como los Consejos de Planificación Regionales de la Educación Superior (CPRES) (art. 10). (Nota 46)a> En el nivel terciario, y propiciado por los lineamientos de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, se creó el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) sobre la base de las escuelas e institutos que impartían enseñanza artística, tales como la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional y el Profesorado de Danzas.

Asimismo, la Ley de Educación Superior codificó cláusulas transitorias que establecían la obligatoriedad de integrar los órganos colegiados de gobierno universitario adecuando las plantas docentes con profesores que debían ser concursados en un porcentaje no inferior al 70% de los respectivos claustros. (Nota 47) Merced a un fallo de un juez de primera instancia la UBA logró una suerte de excepción en el cumplimiento de la Ley de Educación, que ordenaba el concurso de los profesores interinos y la consecuente ampliación del padrón electoral docente. Una vez que las cláusulas transitorias de dicha Ley cumplieron el plazo de los seis (6) meses sin que se cumpliera con lo estipulado, el gobierno Menemista reeditó --mediante diversas leyes y decretos de necesidad y urgencia y eventualmente a través de la CONEAU-- las experiencias reterritorializadoras de la Revolución Libertadora (1955-58), del Onganiato (1966-70) y del Lanussismo (Plan Taquini). Esta reedición estimuló en los conurbanos y las provincias la fundación de media docena de nuevas universidades públicas, y la nacionalización de otras tantas, que hasta ese momento eran universidades provinciales, que denominaremos Nuevas Universidades del Conurbano (NUC), con la particularidad de contar entre sus prioridades la prestación de servicios a la comunidad, y presentarse como supuestamente "innovadoras" frente a las otras universidades más antiguas, con el marcado propósito político de desplazar la hegemonía del Shuberofismo (tendencia político-universitaria liderada por el Lic. Oscar Shuberof, dirigente del Radicalismo) del seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). (Nota 48) Cabe aclarar que en la aprobación legislativa de las mismas no hubo oposición alguna. (Nota 49) La CONEAU tiene --con su crucial rol certificador-- la función de evaluar y acreditar numerosas universidades, públicas y privadas, confesionales y laicas, asi como carreras y programas de maestría y doctorado, mediante muy cuestionables criterios de selección de expertos y pares evaluadores así como de criterios de evaluación, confidencialidad y acreditación. (Nota 50)

Debido al nuevo descrédito de la universidad pública y a la expansión de procesos de suburbanización, la territorialización de nuevas agencias difusoras de control simbólico (universidades) se extendió al ámbito privado, en donde las universidades privadas no confesionales (se autorizaron 17 nuevas universidades privadas), en su lucha por la hegemonía académica, prevalecieron sobre las confesionales por estar mas y mejor vinculadas con el medio académico internacional, y por ende en mejores condiciones de servir al nuevo y lucrativo negocio consistente en la diáspora o drenaje de cerebros, amén del drenaje mental diagnosticado por Fals Borda. (Nota 51) Como es sabido, en la era del conocimiento la competencia por los recursos humanos de alta calificación se extendió a escala global. La infraestructura educativa de los países centrales se ha desarrollado a tal extremo que la oferta de espacios de aprendizaje se ha expandido al compás de una creciente demanda. (Nota 52) El afamado Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), sin consultar a su entonces Director Dr. Roberto Cortés Conde engendró en 1991 la Universidad que lleva el mismo nombre que el Instituto, y se lanzó a la captura de una relevante porción de dicho mercado. (Nota 53) Esta epidemia privatizadora alcanzó a las mismas instituciones de las confesiones religiosas no cristianas (Universidad Maimónides-UM) y a las cristianas no católicas (Universidad Adventista del Plata-UAP). El propio Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, conocido bajo las siglas ISEDET, ubicado en el barrio capitalino de Flores, se desprendió de parte de su tradicional inmueble, dando lugar a la denominada Universidad de Flores (UF). Entre las universidades privadas confesionales no cristianas había sido autorizada la Universidad Hebrea Argentina BAR ILAN (UHABI), sita en el barrio del Once, que con el impacto de la crisis del Tequila y la quiebra del Banco Patricios se vio obligada a cerrar sus puertas. (Nota 54) Según unos, dicha Universidad era propiedad de Rubén Beraja, y según otros a partir de 1999 lo fue de Sergio Spolski (socio de Luis Cetrá y del periodista Daniel Hadad en el matutino BAE). (Nota 55) La expansión de nuevas universidades privadas confesionales, de signo ultramontano, que no se practicaba desde 1974, tuvo lugar pese a la consolidación de las tendencias de reforma o aggiornamento religioso. Si bien las políticas desecularizadoras tomaron un nuevo y más radical impulso, éstas no se debieron como en la Europa Oriental y el Lejano Oriente, a una resistencia activa contra regímenes ateos, si no que fue el resultado de progresivas tomas de conciencia religiosa. (Nota 56) Y en cuanto a las instituciones científicas privadas no universitarias, también se registró un intenso proceso de fragmentación. (Nota 57)

En cuanto a la Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica, la inescrupulosidad de quienes reglamentaron dicha Ley, mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó a estimular la corrupción y las prácticas perversas otorgando incentivos promocionales a personas jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos así como a personas físicas exoneradas de la Administración Pública. Estas circunstancias-- que si bien son reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de 1995-- no son en ella debidamente detalladas y documentadas, ni siquiera en apéndices. Por ello, cuando en 1995 se concretan las perspectivas de lograr un préstamo del BID y del Banco Mundial para las universidades, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vió precisado a elaborar en un nuevo Decreto, el no. 1331/95, modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo personal gerenciador capaz de llevarlas a cabo inescrupulosamente. En este aparente nuevo Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para codificar su verdadero caballo de Troya, consistente en una institución plagiada de la legislación Norteamericana (Bayh-Dole Act de 1980), que establece en su art.1o, inc.a, que "...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas Universidades Nacionales". A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba taimadamente en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentivaba a las mismas Universidades Nacionales para que constituyan "...personas jurídicas de derecho público o privado", o participen en dichas personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877".

Otro año más tarde, en 1996, y en el marco de la Reforma del Estado-II, secuela de la última reforma constitucional (1994), se creó por Decreto No. 1273/96, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, el Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC), integrado por la mayoría de los ministros. Como parte de esta Reforma se reestructuró el Ministerio de Cultura y Educación, por el cual la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT) se transformó en el organismo codificador de la política científica y tecnológica, incluída la función de elaborar el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología (PNPCT). (Nota 58) En este nuevo esquema se designó en la SECYT al Lic. Juan Carlos del Bello, y al frente del CONICET al Dr. Enrico Stefani, profesor en la Universidad de California. Este último duró en su gestión apenas nueve (9) meses (Mayo de 1997--Marzo de 1998), revelando en su pública renuncia los mecanismos mediante los cuales el poder político, representado por el Secretario del Bello, faltaba a los principios de la confidencialidad y la división de funciones, avasallando reiteradamente a la Junta de Calificaciones, órgano máximo del CONICET, y responsable de elevar al Directorio los dictámenes de las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera. (Nota 59) Del Bello pensó que eligiendo a un científico prestigioso en los ámbitos internacionales, y que hacía décadas que no residía en el país podría controlar mejor un organismo cuyas autoridades lo observaban con profunda desconfianza y aprehensión. (Nota 60) Sin embargo, la elección le jugó una mala pasada, pues el Dr. Stefani no se prestó a la maniobra y buscó desplegar una estrategia propia, y al decir de Deleuze, una línea de fuga o fuerza independiente de los dictados de la SECYT. (Nota 61) Cabe agregar, que en su solitaria y angustiosa pero digna despedida del CONICET, el Dr. Stefani se vió privado, mediante mecanismos típicamente fascistas, de poder convocar a una conferencia de prensa. (Nota 62)

Posteriormente, del Bello hizo designar al frente del CONICET al Ing. Armando Bertranou, quien pretendió infructuosamente desterritorializar sus Centros Regionales. (Nota 63) La oposición a la descentralización de la investigación científica corrobora lo afirmado por Vessuri (1997) acerca de que una estrategia es decentralizar la docencia superior pero muy otra la de descentralizar la investigación. Para Vessuri (1997), el problema de la penuria científica "...no se resuelve multiplicando instituciones que ´imiten` la investigación, haciendo trabajo de calidad inferior o redundante y dispersando los escasos recursos públicos". (Nota 64) Esto no quiere decir que en la era digital en que se eliminó la "distancia" Vessuri se oponga a la descentralización geográfica de la investigación pero sí que se opone a la diversificación de recursos valiosos que es preciso concentrar para invertir en aquellos costosos insumos informáticos que necesariamente se deben importar para usufructo de todos los científicos.

También del Bello hizo un culto del "protagonismo privado" y del paradójico apotegma del "divide y reinarás", pues atomizando el tejido territorial del aparato científico-estatal pudo controlar mejor el mismo. Esta atomización consistió en multiplicar y superponer --por Decreto 1660/96-- agencias y organismos paralelos al CONICET, tal como la denominada Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), destinado a aplicar el régimen de la Ley No. 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (1990). (Nota 65) La ANPCYT, a cargo de un Directorio de nueve (9) miembros, entró a controlar la asignación de los fondos para convenios de vinculación tecnológica, mediante el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), antes dependiente del Ministerio de Economía, así como la distribución de subsidios para investigación (dirigido sólo a grupos de investigadores y mediante un complejo soft) a través del Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT). Este contralor en la asignación de fondos fué atribuído al argumento de que el CONICET no podía ser juez y parte interesada, otorgando subsidios a sus propios integrantes, confirmándose así implícitamente las denuncias de Stefani. En la práctica, a diferencia del CONICET, este nuevo organismo carecía de control democrático alguno y venía a competir con el CONICET en su rol evaluador y a despojarlo de los recursos del Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC). Al igual que en la CONEAU y en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBACYT), la ANPCYT y el FONTAR confeccionaron un Registro de Expertos del cual se desinsaculan los evaluadores confidenciales de cada proyecto.

Pese a estos novedosos mecanismos evaluadores, el sistema de desterritorialización descentralizadora universitaria y científica se degradó al extremo de convertirse en un simulacro o más bien una parodia, pues fomentó los intereses particularistas y generó una descapitalización social y cultural, con mayores niveles de corrupción y desigualdad entre los investigadores, profesores y alumnos y también entre las jurisdicciones provinciales y municipales, ya bastante golpeadas por los procesos de desindustrialización y de globalización. En sólo la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se formularon casi un centenar de denuncias de corrupción, como venta de materias, adulteración de títulos y hasta la sustitución de personas en exámenes escritos. (Nota 66) Y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1998, el escándalo de los exámenes fraudulentos de los hijos del Jefe de Gobierno y futuro Presidente Fernando de la Rúa provocaron sumarios administrativos que merced a negociaciones extrajudiciales no alcanzaron la instancia procesal. (Nota 67) Este proceso degradador y descapitalizador se extendió a la SECYT y al Directorio del CONICET, donde en 1997 se reabrió la autorización para la prestación de múltiples asesorías y/o consultorías, así como para transferir tecnología y prestar servicios a terceros.

Finalmente, todas estas diversas y diferenciadas actividades de certificación, evaluación y promoción, entraron sospechosa y crecientemente a vincularse entre sí, culminando dos años más tarde, en 1998, con la formulación desde la propia SECYT del denominado Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Técnica 1998-2000 (PNPCT), destinado a legitimar los procesos de descentralización universitaria y científica, o, lo que es lo mismo, a legitimar a numerosos institutos universitarios, nacidos muchos de ellos de la presión de intereses meramente localistas y/o partidarios. (Nota 68) Para la formulación de estos planes, la SECYT creó el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), órgano destinado a definir, articular e instrumentar políticas conjuntas con los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo está orientado esencialmente a proponer a la SECYT las áreas temáticas prioritarias a ser consideradas por el Plan Plurianual.

II 2. Continuismo, fracaso, colapso y transición (1999-2003)

En medio de un auge desestabilizador e insurreccional, y no conformes con la desterritorialización descentralizadora o desnacionalizadora de las agencias de control simbólico, derivadas a instancias jurisdiccionales subalternas como las provincias y las comunas, los intereses neo-liberales y neo-conservadores impusieron en el continente Sudamericano planes anti-insurreccionales como el denominado Plan Colombia, y en Argentina políticas de continuismo económico y educativo netamente economicistas (blindaje y megacanje) y privatizadoras. Así como a fines del siglo XIX las políticas secularizadoras discutieron la separación de la iglesia y el estado, a comienzos de este milenio la Alianza gobernante imprimió desde el Ministerio de Educación de la Nación --encabezado primero por el Dr. Juan José Llach y luego por el Dr. Hugo Juri-- la neta separación de la educación respecto del aparato del estado, a través de los mecanismos indirectos de concesión de créditos o certificados fiscales (el voucher y las escuelas charter), y el "impuesto a los padres de los alumnos pudientes", fruto de ideas que eran tributarias del pensamiento economicista de Friedrich von Hayek y de las teorías mercado-centristas de Milton Friedman, y que venían aparentemente a resolver las asimetrías y contradicciones gestadas entre una educación pública provista y asignada por el estado y una educación privada orientada por el dictado de la oferta y la demanda del mercado. (Nota 69)

Pero como era políticamente imposible privatizar la educación y la investigación públicas o estatizar la educación y la investigación privadas, estas nuevas políticas neo-institucionalistas y neo-conservadoras vendrían a perseguir un punto de fuga que resolviera esa falsa dicotomía. Falsa dicotomía, por cuanto la verdadera contradicción en esta era global y pos-moderna no reside en la segmentación binaria entre la educación pública y la privada, sino en la más flexible segmentación circular que se dá entre una educación que se brinda en las metrópolis imperiales y aquella otra que se presta en la periferia mundial. Por ello, quienes reniegan de las virtudes del voucher y las escuelas charter sostienen no sin razón que estas instituciones vinieron en realidad a actuar como flujo socavador del arsenal de principios de control simbólico correspondientes al estado liberal, a saber: la separación de la iglesia y el estado, la educación pública, gratuita, universal y obligatoria (Ley 1420) y la Reforma Universitaria, que tienen tanto a la institución universitaria como a la escuela laica como verdaderos motores pilares del cambio y la movilidad sociales. (Nota 70) Más aún, la brecha cultural existente entre la generación críada en una cultura letrada o libresca y aquella otra generación posterior criada en una cultura audiovisual o digital es abismal y pareciera no existir programa alguno que intente eliminar esta brecha. Y la proporción de publicaciones periódicas y no periódicas de orígen local y fruto de la creatividad e investigación locales disminuyó notoriamente con relación a las publicaciones distribuídas por editoriales hispanas traducidas del mundo europeo y anglosajón.

Con el gobierno de la Alianza en el año del milenio (2000), y conjuntamente con los intentos de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de adaptar el voucher y las escuelas charter en la educación primaria, vino en la educación superior y en el sistema científico el ensayo reformista mas conocido como Plan Caputo o Kaput, apoyado por el Ministerio de Juan José Llach, y su Secretario de Educación Superior Juan Carlos Gottifredi (exmiembro del Directorio del CONICET durante el Proceso). Este ensayo reformista intentó vanamente revertir la disociación de la investigación y la docencia (que había iniciado Houssay con la fundación del CONICET en 1958), mediante un inconsulto e improvisado desplazamiento forzoso de los Investigadores de Carrera hacia las Universidades. Sin embargo, este proyecto fue rechazado de plano por cuanto las Universidades están cuestionadas por sus crecientes deformaciones corporativas y oligárquicas, que restringen o limitan los concursos a un limitado número de docentes confabulados. Incorporar los Investigadores del CONICET a las Universidades en calidad de docentes interinos sin concurso alguno y sujetos a contrataciones anuales renovables equivaldría lisa y llanamente a una muerte anunciada. También fracasó dicho proyecto por obra y gracia de una fractura interna (renuncia de Pablo Jacovkis a la Presidencia del CONICET), una resistencia activa y masiva y una oposición virtual o electrónica. (Nota 71) Por el decreto 20/99 se cambió el nombre de la SECYT por el de SeTCIP (Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva), se la puso bajo la autoridad directa del PEN, y se disolvió el GACTEC y sus funciones fueron absorbidas por la SeTCIP, bajo cuya jurisdicción quedó la CNEA, el CONICET, la ANPCYT y el ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear).

Cuando los golpes de estado dejaron de operar en la contención de las demandas del movimiento estudiantil entraron a operar mecanismos corruptores contaminando las estructuras universitarias y estudiantiles. En efecto, la degradación, corrupción y descapitalización educativa, la subordinación científica y la brecha generacional experimentada durante el gobierno Menemista se acentuó durante el gobierno de la Alianza, con prácticas fraudulentas masivas tales como la quiebra de la industria editorial local, la expedición de reintegros fiscales con motivo de inversiones ficticias, la adulteración de las becas estudiantiles, la mercantilización de la burocracia estudiantil (e.g.: usufructo de planes sociales, comercialización de bebidas y apuntes, subsidios dados por los Decanatos para repartir las denominadas becas de apuntes), la concesión de cargos educativos vitalicios (profesores plenarios), el cobro de jubilaciones de privilegio por parte de intelectuales progresistas, y la fabricación de juicios usurarios contra fundaciones filantrópicas (e.g.: contra la Fundación Favaloro, que provocó el suicidio de su creador, el Dr. René Favaloro). (Nota 72 En Mendoza, el Ing. Eduardo Fabre, Subsecretario de Promoción Económica y Tecnológica, verificó el cumplimiento de las plantaciones comprometidas según el régimen de promoción para proyectos forestales en beneficio de quien es su socio en una estación de servicio, el Vicegobernador Juan González Gaviola, cuñado del excandidato presidencial José Octavio Bordón. (Nota 73) La condición de profesor plenario, con todas sus concomitancias vitalicias, fue debatido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a fines del 2001, dejando un amargo sabor. (Nota 74) Y en cuanto a la adulteración de las becas estudiantiles, como en el gobierno de la provincia de Buenos Aires (Ruckauf) la ayuda económica dada a los estudiantes secundarios hijos de familias de escasos recursos consistió en otorgar cien pesos ($100) mensuales (se acordaron 150 mil becas, ante un total de trescientos mil solicitudes), se sospechó que algunos colegios habrían incentivado la adulteración de los datos por parte de los padres para que sus hijos accedieran a las becas, y de esta manera retener la matrícula paga. El Director General de Cultura y Educación José Octavio Bordón sostuvo que "...se castigará a quienes mintieron en las declaraciones juradas para obtener el beneficio y se lo vamos a sacar. Si una escuela privada hizo forzar una declaración para financiarse sera llevada a la Justicia". (Nota 75) Por el contrario, en este período se emprendió la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y el frustrado proyecto de portal electrónico Educ-ar, destinado a agregar valor a la docencia, motorizado por el mecenazgo tradicional o filantropía institucional del empresario Martin Varsavski, y que estaba integrado por un terceto de "hijos", compuesto por el hijo del Presidente, el hijo del Ministro Llach, y el hijo del excandidato presidencial José Octavio Bordón. (Nota 76)

Al año siguiente de 2001, mediante el decreto 250/01 la SeTCIP pasó a depender del Ministerio de Educación, y las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del parlamento nacional, y desconfiando de la capacidad legitimadora de la anterior legislación Menemista, bajo el influjo de la entonces Secretaria de Ciencia y Técnica Dra. Adriana Puiggrós y del Presidente del CONICET Lic. Andrés Carrasco, se aprobó la denominada Ley Marco 25.467, o Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, inspirada en un proyecto previo del Senador por Jujuy Dr. Humberto Elías Salum (UCR). (Nota 77) Esta Ley Marco, en sus artículos 3º. y 10º. inc. d) incluye a las Universidades Nacionales en un supuesto Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también violaría sus autonomías garantizadas por la Constitución Nacional. (Nota 78) Cabe señalar que las gestiones de la Lic. Puiggrós y del Lic. Carrasco no sólo no indagaron en las corrupciones heredadas, sino que incorporaron en calidad de Asesor al propio autor de los desaguisados denunciados, el Lic. Juan Carlos del Bello. Siguiendo la tradición de gobiernos anteriores (Aramburu, Lanusse, Perón, Menem), se ha anunciado recientemente la erección por decreto de nuevas universidades, localizadas en Junín (Pcia. de Buenos Aires), y Chilecito (La Rioja). (Nota 79) Últimamente, las universidades privadas se han coaligado y fundaron un organismo paralelo a la CONEAU, denominado Fundación Argentina para la Evaluación y Acreditación Universitaria (FAPEYAU).

Recientemente, luego del colapso político-económico, el vaciamiento bancario y la insurrección popular operada en Diciembre de 2001 --que puso fin a una larga década de simulación y corrupción gobernada con el piloto automático de una paridad cambiaria ficticia-- y cuando irónicamente el Banco Mundial proyecta cubrir la brecha científica existente entre el centro y la periferia del mundo mediante una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), las autoridades del CONICET venían boicoteando sistemáticamente la inserción en portales o redes electrónicas globales que proveen acceso a externalidades y activos de la modernidad-mundo que no están accesibles dentro de las fronteras de nuestro estado-nación, y que pertenecen a grandes conglomerados del gran capital transnacional cada vez mas cartelizados y globalizados. (Nota 80) Más aún, las autoridades del CONICET se venían agraviando por no poder financiar las publicaciones y los viáticos de sus investigadores para poder asistir a congresos científicos internacionales. (Nota 81) Sin embargo, los Investigadores de dicho organismo denunciaron a través de la Lista de Discusión Pol-Cien que el daño más cruel que se les puede infligir en la presente sociedad del conocimiento, no es la falta de publicación de sus obras (que debiera ser exclusiva responsabilidad de editores públicos o privados, nacionales o extranjeros), o la incomunicación física --viajes mediante-- con el resto del mundo, sino esencialmente la incomunicación electrónica a la cual se ven constantemente sometidos, que ensancha permanentemente la brecha científico-tecnológica entre las metrópolis científicas y los centros periféricos. (Nota 82)

Esta incomunicación o censura electrónica, que viene padeciendo el cuerpo de Investigadores de Carrera y los Institutos del CONICET, es una de las causales del creciente distanciamiento con los centros de excelencia mundiales, y uno de los motivos de su actual atraso, mediocridad y ausencia de flexibilidad en su agenda científica. (Nota 83) Dicho Directorio del CONICET habría venido boicoteando sistemática y ostensiblemente la subscripción a los portales o Bases de Datos de publicaciones periódicas, existentes online. (Nota 84) Este boicot ha sido en beneficio de onerosos y superfluos viáticos y gastos de mantenimiento de ciertos Institutos cuyo rendimiento y relevancia académica y científica dista mucho de ser permisible y/o tolerable. (Nota 85) Como respuesta a estas reiteradas denuncias, recientemente la SECYT anunció la creación --con la colaboración de la Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), del Brasil-- de un portal de publicaciones periódicas titulado Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que ofrecería acceso por Internet a centenares de revistas. (Nota 86)

Todo ello ha llevado a numerosos científicos y educacionistas a replantearse el viejo modelo lineal o triángulo de Sábato, o el patrón de vinculaciones tecnológicas espaciales y espiraladas, que captura relaciones recíprocas múltiples (entre instancias públicas, privadas y académicas, a diferentes etapas de la capitalización del conocimiento) para formar la denominada Triple Hélice, de Leydesdorff y Etzkowitz, rescatando la necesidad de ampliarlos y rediscutirlos, incorporándoles nuevos actores y agencias. (Nota 87) Esta incorporación de nuevos actores, agencias y políticas bien podría inducir o forzar la mutación de identidades y objetivos institucionales, al extremo de reterritorializarse en las denominadas universidades empresariales o corporativas, o practicar el pasaje desde la investigación básica o pura hacia la investigación aplicada, o el llamado capitalismo académico. (Nota 88) Las políticas de filantropía corporativa y las estrategias fiscales que promueven el mecenazgo mediante donaciones y créditos impositivos tendría mucho que ver con la apropiación privada del mundo académico por parte del poder corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas la estratificación geopolítica y sociotecnológica de la investigación científica. (Nota 89) En el caso argentino, la mutación forzosa de la identidad de la Fundación Campomar fue exigida a cambio de donaciones sustanciales por parte de un ex empresario petrolero ligado al Opus Dei (Pérez Companc). (Nota 90) También las empresas Zeltek S.R.L. (gerenciada por el Lic. M. Daelli), y Labofrant (dirigida por el actual Presidente de CAPROFAC Dr. Juan Torres), habrían logrado colonizar a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), usufructuando las instalaciones y recursos humanos de dicha Universidad bajo el paraguas de una legislación inconstitucional. Asimismo, los Institutos de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química o INTEC (dirigido por el Dr. Alberto Enrique Cassano), y el Instituto de Tecnología Biológica (Intebio, dirigido por el Dr. Alberto Marcipar), pertenecientes a dicha Universidad, fabricarían fármacos cuya invención procede de patentes externas. (Nota 91) Últimamente, por Decreto de necesidad y urgencia No. 2508/02, y con manifiesto disgusto de los Colegios Profesionales, se ha dispuesto que en las contrataciones de asesorías o consultorías, la Administración Pública Nacional otorgue trato preferencial a las Universidades Nacionales. (Nota 92)

De forma parecida cabría opinar acerca de la misma UBA, donde en el ocaso del Shuberofismo se alcanzó el colmo de la corrupción cuando se ofendió a la miseria y se alimentó la crónica policial al usurpar desde los estratos del poder académico los recursos que el estado nacional adjudica a la población desocupada y marginada. (Nota 93) En cuanto a las universidades privadas, en la práctica no existe marco regulatorio alguno, pues la CONEAU se ha convertido en pasto de lobbies y camarillas. Recientemente, en la inauguración de la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), en Bariloche, acreditada por la CONEAU, su Rector Fr. Aníbal Fosbery homenajeó al exjerarca y criminal de guerra nazi Erich Priebke. (Nota 94) También se podría opinar acerca de los planes liquidacionistas del Movimiento RECREAR del excandidato presidencial Ricardo López Murphy (calcados del Plan Caputo) o acerca de la actual gestión universitaria de Guillermo Jaim Etcheverry en la UBA, que se ha reducido a un gatopardo continuismo posmoderno, pues salvo la reciente decisión de combatir las incompatibilidades de quienes ejercen cargos ejecutivos simultáneamente con cargos deliberativos, no ha encarado una verdadera democratización de la educación superior (extensión de los concursos a los profesores interinos o de lo contrario otorgarle poder de voto en los Consejos Directivos), ni ha modificado el Estatuto Universitario imponiendo la elección directa del Rector, Decanos y Consejeros Superiores; ni ha racionalizado el gasto presupuestario (que registra increíbles partidas para órganos meramente normativos o consultivos como el Consejo Superior), limitándose a perpetuar las estructuras corporativas y facciosas que su predecesor había cristalizado. (Nota 95)

Recientemente, debido a esta falta de respuesta de las nuevas autoridades universitarias, y en medio de un estado de excepción a escala global y de una dictadura terrorista imperial expresada en el Proyecto por un Nuevo Siglo Norteamericano (PNAC), producto de un golpe de estado a los organismos internacionales (ONU), la emergencia de nuevos sectores sociales marginados, caracterizados como piqueteros y cartoneros, nuevos flujos estudiantiles provenientes de la Facultad de Ciencias Sociales tomaron el edificio del Rectorado, reclamando reivindicaciones mínimas (un inmueble único para su Facultad, el respeto al nuevo régimen representativo adoptado y el sobreseimiento de los estudiantes procesados). El nuevo régimen representativo igualitario de "un ciudadano un voto" que los estudiantes exigían estaría alimentado por el rotundo fracaso del régimen de concursos y de la representación tripartita desigual en los Consejos Directivos, así como dirigido a la búsqueda de una justicia popular educativa, de alternativas al neo-liberalismo, y de nuevas síntesis teóricas, producto de viejas y nuevas teorías tales como la teoría de la personalidad y el aprendizaje de Vygotsky, la teoría de la concientización de Freire, el constructivismo pedagógico de Bernstein y Apple, la antropología corporativa de Suchman, la multiplicidad funcional del intelecto y la educación personalizada o centrada en el individuo de Gruber, Gardner y Csikszentmihalyi, las tesis sobre las líneas de fuga y la segmentaridad de los flujos moleculares de Deleuze, la justicia popular revolucionaria de Fitzpatrick, y la transmodernidad en los Estudios Culturales de Dussel y Mignolo. (Nota 96)

III. Fraccionamiento y centralización del poder académico y científico (1990-2003)

A continuación de este racconto histórico de las persistencias, sumisiones y rupturas del sistema cultural y científico-educativo argentino hemos de detallar el desempeño de las funciones de control simbólico y jurídico (curricula, pedagogía y evaluación), que se dieron en el transcurso de las políticas académicas y científicas a partir de los inicios de la década del 90. En efecto, so pretexto de una necesaria modernización del aparato del estado, desde los propios aparatos burocráticos, públicos y privados, se fue imponiendo una división del trabajo en la producción de valores simbólicos y jurídicos (académicos y científicos), que habiendo disociado la investigación y la docencia en tiempos de Houssay (1956-69), venía ahora a disociar primero la docencia de la acreditación de la docencia (CONEAU), y más luego las funciones administrativas o ejecutivas (Presidencia y dirección de los Institutos del CONICET) de las funciones evaluadoras o promotoras de la investigación (subsidios en la ANPCYT).

En el accionar de las instituciones educativas y científicas son claves los aparatos simbólicos y jurídicos, que dramatizan el mapa emocional, mitológico, idolátrico, legal y reglamentario de dichas instituciones. En la tarea de legitimar los saberes y poderes de las instituciones científicas y educativas es fundamental tener en cuenta que si bien existen pluralidad de formas regulatorias correspondientes a las diversas instituciones que entre ellas interactúan todo el sistema científico-educativo es regido por el sistema jurídico de un estado moderno centralizado. Y en la tarea de optimizar o maximizar el capital simbólico de una institución el nombre o razón social es de una naturaleza estratégica a los efectos de potenciar su poder diferencial, fundado ya no en la calidad tangible del producto sino en su calidad intangible o marca registrada y en su correspondiente asociación con un nombre, ídolo o logo-imagen. (Nota 97) En el caso de la Fundación Campomar, la mutación forzosa de identidad fue orquestada a partir de un operativo de ingeniería financiera consistente en optimizar o maximizar el capital simbólico de la Fundación a los solos efectos de incrementar su potencial publicitario y crediticio. (Nota 98) Y en el caso de la Universidad de Lanús, en su afán por afirmar su identidad política, sus pabellones llevan los sugestivos nombres de marca ideológica, tales como Scalabrini Ortiz, Manzi, Jauretche y Puiggrós.

Amén de los símbolos, como las marcas o patentes, se dan también ritos o rituales e ídolos que afirman la identidad corporativa. En el caso de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), se practica una suerte de disciplinamiento o tutela patriarcal con rituales de vasallaje, al conminar periódicamente a su personal docente a escuchar sumisamente las pastorales de su Rector, asi como a participar coactivamente de la denominada "Fiesta de la Familia" cada 21 de Noviembre en su Rancho Taxco, bajo apercibimiento que al ausente se le descontará el día. (Nota 99) Y en el caso de la Universidad de Belgrano (UB), la ceremonia de graduación se cumple en medio de complejos rituales, donde sus máximas autoridades imitan la indumentaria de rigor de los países centrales, capa y birrete incluídos.

A diferencia de los reparticiones oficiales cuyo único organismo evaluador se reduce al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), adscripto al Sistema Nacional de Profesión Administrativa (SINAPA), todas las instituciones de control simbólico, tanto el CONICET, como la CONEAU, el ANPCYT, el FOMEC y las Universidades Nacionales soninstituciones de naturaleza fundamentalmente triádica, con simultáneas funciones ejecutivas o administrativas (pedagógicas), normativas (curriculares) y evaluadoras, las cuales deben ser diferenciadas y profundamente respetadas en su individualidad e independencia. Así como las funciones específicamente evaluadoras deben ser honradas en su confidencialidad y libertad académica, las funciones normativas o curriculares deben ser respetadas en su independencia y libre deliberación. Las funciones evaluadoras se fueron separando o disociando en una bifurcación de funciones certificadoras y calificadoras. A su vez, las funciones calificadoras se fueron fraccionando en una tripartición de tareas que consistieron en la concesión de subsidios de investigación, convenios de transferencia tecnológica y contratos de asesoría y consultoría. Y la función normativa por excelencia se redujo a la función planificadora del aprendizaje, la docencia y la investigación.

No obstante esta compleja división de funciones y tareas burocráticas, que seguía el paradójico dictum del "divide y reinarás", los lobbies entrelazaron una facciosa red y un promíscuo contubernio entre estos diferentes fragmentos del poder simbólico, jurídico y político; así como entre las distintas instancias evaluadoras de los organismos científico-educativos: los Comités de Pares de la ANPCYT y de la CONEAU, la Junta de Calificaciones y las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera del CONICET, las Coordinaciones de Áreas y comités de pares del FOMEC, la Comisión para la Acreditación de Postgrados (CAP), las Comisiones Interdisciplinarias de Contratos de Asesoría y Consultoría del CONICET, la Comisión de Evaluación de Unidades Ejecutoras del CONICET, las Comisiones Asesoras de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, y los Consejos de Planificación Regionales de la Educación Superior (CPRES). (Nota 100)

III a. Redes certificadoras o de evaluación y acreditación educativa (CONEAU)

Las funciones de control simbólico y jurídico, de naturaleza acreditadora o certificadora, con contenidos evaluatorios, antiguamente libradas a las esporádicas facultades ejecutivas de los poderes administradores provinciales y nacionales se concentraron primero, en 1990, en la Junta de Planeamiento Universitario (JPU) y luego, tres años después, en 1993, en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). A partir del Pacto de Olivos (1994) y de la Ley de Educación Superior (1995), toda la responsabilidad de la ofensiva contra una endeble y debilitada concepción republicana o trifuncional de la universidad, como columna vertebral de un estado-nación promotor del cambio social, que era la Universidad Reformista, lamentable y falsamente representadas por el Shuberofismo en Buenos Aires y el Delichismo en Córdoba, se centró en las labores de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Educativa (CONEAU). (Nota 101)

Este organismo, cuya existencia fue sugerida por el Banco Mundial, creado por la Ley de Educación Superior No. 24.521, y promulgado en 1995, recayó sin embargo en poder de una red clientelar y prebendaria entrañablemente ligada al Senado, en especial al Senador Eduardo Menem, y encabezada por el Licenciado Ernesto Fernando Villanueva. Esta poderosa red comenzó a vincularse con los representantes del Pacto de Olivos, como el Dr. Adolfo Stubrin (marido de la Diputada Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología Lic. Lilia Puig de Stubrin), y la decena de miembros de su órgano colegiado (designados por el PEN a propuesta de diversos organismos públicos), para terminar incluyendo en sus filas en el interregno Duhaldista al mismísimo exSecretario de la SECYT Lic. Juan Carlos Del Bello y a Jorge Federico Mikkelsen Loth Aragonés, sobrino carnal de Nina Aragonés de Juárez, la mujer del exGobernador de Santiago del Estero y actual Gobernadora.

Estos funcionarios se habrían complicado con la omisión de la debida división de funciones y poderes en los ámbitos del sistema de control simbólico y jurídico así como con una tergiversación de las funciones evaluadoras, al no haber intentado combatir la desviación en que se encuentran nuevas instituciones universitarias, que pueden ser calificadas entre dogmáticas y mostrencas o instituciones-chatarra. (Nota 102) Gran parte de estas nuevas universidades, al igual que las inauguradas bajo la Revolución Libertadora, el Onganiato, el Lanussismo (Plan Taquini) y el Isabelismo, así como los nuevos Consejos científicos provinciales, (Nota 103) serían "chatarra" por exhibir en su oferta docente una correspondencia directa con las necesidades económicas del mercado, expresada en una curricula ligada con carreras cortas de supuesta rápida inserción en el mercado ocupacional y en los espacios estatales, tales como hotelería, jardinería, diplomacia, turismo, yoga, enfermería, periodismo e indumentaria, pero que esconden una tecnologización de los oficios o Macdonalización de los estudios, fiel reflejo de los mecanismos degradadores de la ciencia instalados en nuestras universidades. (Nota 104) También serían "mostrencas" por responder a limitados intereses locales o comarcales (regionales, provinciales y municipales), por hacer eje exclusivo en el aprendizaje y la docencia con total despreocupación por la investigación científica, por estar sus planteles docentes viciados con títulos de nivel terciario, por carecer de capital cultural y de toda vinculación raigal con las antiguas instituciones nacionales, y por no ser reconocidos como centros de excelencia y de respeto a la división o partición de funciones y poderes, múltiple razón por la cual sus egresados quedarían eventualmente enajenados de los mercados de recursos humanos calificados, antesala de crisis, tribalizaciones y fragmentaciones intestinas. (Nota 105)

Los integrantes de las comisiones asesoras y de los comités de pares de la CONEAU, de acuerdo con las normativas incluídas en su página web, son designados por su Directorio y son escogidos por especialidad y región entre los candidatos de su Banco o Registro de Expertos, confeccionado a partir de consultas con universidades, asociaciones científicas, colegios profesionales y otros organismos técnicos pertinentes. Sus opiniones y recomendaciones son debidamente fundamentadas, mediante el apoyo de un equipo permanente y utilizando criterios y procedimientos aprobados por la misma CONEAU, las cuales constituyen la base de sus resoluciones administrativas. Sin embargo, de la lectura de las normativas y procedimientos normativos en vigor, y de su implementación, queda claro que en esta materia hay "hijos y entenados" o una suerte de discriminación institucionalizada. Tampoco queda claro como se resuelve la grave tensión entre la necesidad de la sociedad de contar con evidencias relevantes y transparentes y la necesidad de proteger la confidencialidad de la información evaluatoria, tal como la que se refiere a la selección de las universidades y asociaciones científicas y profesionales a las que se consulta para confeccionar el Registro de Expertos, así como cuales son las autoridades que eligen --de entre el menú ofrecido por dicho Registro-- al experto que habrá de efectuar la evaluación correspondiente a cada caso en particular. (Nota 106)

Es decir, el Directorio de la CONEAU no habría hecho respetar la plataforma central de la Ley 24.521, en lo que hace a las libertades académicas y la igualdad ante la ley, y habría traicionado el verdadero sentir de la descentralización universitaria al no respetar la independencia de sus órganos evaluadores, la planificación y puesta en práctica de políticas y estrategias tendientes a transparentar el nivel de los criterios de selección de los expertos y pares elegidos para evaluar las instituciones solicitantes, asi como los criterios de evaluación mediante los cuales se mide y califica las investigaciones, el aprendizaje y la docencia, entre ellos la transparencia informativa, la representatividad político-académica del alumnado, la comunicación electrónica y la calidad intelectual y moral de las normativas y los recursos técnicos y humanos. Finalmente, cabe preguntarse entonces ¿que garantiza que los miembros del Directorio de la CONEAU no interfieran en los dictámenes de los pares evaluadores de dicho organismo? ¿qué es lo que los diferenciaría políticamente a los expertos y pares evaluadores de la CONEAU con los elegidos por la ANPCYT, el UBACYT, o la Junta de Calificaciones y las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera y las Comisiones Evaluadoras de Unidades Ejecutoras del CONICET?

III a 1. Redes de certificación de universidades públicas.

En cuanto a la creciente descentralización de las funciones de control simbólico (aprendizaje y docencia universitarias), operadas en ambas presidencias de Menem, gran parte de su expansión se debe atribuir esencialmente a los intereses locales por tratar de contener el creciente desempleo en las franjas juveniles, operando así como una verdadero punto de fuga o válvula de escape que retarde el ingreso de los mismos al mercado de trabajo, así como también a las mayores ansias de movilidad social de los jóvenes del conurbano respecto de los de la Capital. (Nota 107) También se debe atribuir esta expansión al interés corporativo y partidario por emular al Shuberofismo, al Delichismo y a los Freddy Boys (por el exMinistro Federico Storani), quienes por sus redes de clientelismo y reciprocidad prebendarias y la concepción de coto de caza practicada en diversas universidades públicas bajo su control (UBA, UNLP, UNC, UNLu y UNMdP), provocaron la consiguiente envidia y admiración en las conducciones provinciales justicialistas, acostumbradas a una concepción de botín de guerra.

Ello no quiere decir que en estas nuevas universidades nacionales provincializadas el proceder fuera a ser distinto, sino que vino a ser una reproducción ampliada de su espejo, donde estas universidades "mostrencas" pasaron a ser simples rehenes de las burocracias partidarias provinciales. Es preciso advertir que la correlación que aquí se dá de numerosos detentadores de cargos políticos diversos no necesariamente indica la existencia de ilícitos. Los caudillos territoriales del interior argentino fueron en estos tiempos, los Sapag en Neuquen, los Saadi en Catamarca, los Rodríguez Sáa en San Luis, los Juárez en Santiago del Estero, los Insfrán en Formosa, y los Menem en La Rioja. Es decir, que sobre los estrechos vínculos sostenidos entre la Universidad Nacional del Comahue y el Sapagismo, entre la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y el Saadismo, entre la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y el Adolfismo (Rodríguez Sáa), entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el Juarizmo, entre la Universidad Nacional de Formosa (UNF) y el Insfranismo, o entre la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y el Menemismo, pueden utilizarse argumentos críticos semejantes respecto del Shuberofismo. (Nota 108)

Pero esta descentralización del control simbólico (aprendizaje y docencia universitarias), ahora facilitada y legitimada por la CONEAU, no hubiera sido posible de no haber existido esos estrechos vínculos arriba mencionados y una red de patronazgo, clientelismo, amiguismo y reciprocidad prebendaria y facciosa que se habría extendido por todo el interior del país haciendo uso y abuso de su capacidad de pillaje y depredación. En la UNSL, la Secretaría de Extensión Universitaria, que es la que está en contacto con el resto de la provincia, está dirigida por el Lic. Daniel Alfredo Rodríguez Sáa, pariente del exGobernador y exPresidente Adolfo Rodríguez Sáa. En la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), su actual Rectora Ana Pechén de D´Angelo fué patrocinada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), del Sapagismo, habiendo sido acusada por el movimiento estudiantil de haber ejercido en 1975 la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Sur, durante el represivo rectorado de Remus Tetu. (Nota 109) Recientemente, luego de arduas negociaciones, las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) fueron juzgadas y absueltas por la Comisión de Presupuesto del Senado Nacional por el uso y abuso que hizo de fondos del CONICET. En la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se dió un caso muy parecido, primero con fondos de la UNESCO, por cuanto su Decano de Humanidades, el Lic. Mario Rabey, designado en abril de 1998, fue depositario de ingentes fondos del proyecto "Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad", para lo cual se lo designó titular de la Comisión de Gestión Interinstitucional. Rabey habría incurrido en "mal manejo" de los fondos de la UNESCO y de los fondos que tiene la facultad, y conjuntamente con el Rector Daniel González, de los fondos de la universidad en general. (Nota 110) Más luego, el Consejo Directivo de su Facultad de Humanidades denunció por ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que el Rectorado de la UNJu ha realizado inversiones ilegales de hasta medio millón de dólares en empresas de inversión. (Nota 111) En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas (1993-1995) Ing. Civ. Rubén Héctor Giustinian, se recicló como Diputado Nacional, en representación del Socialismo Popular y por consiguiente de la entonces Alianza; y el Decano de Odontología y luego Rector por casi una década (1986-1994) Dr. Juan Carlos Millet se recicló primero como Diputado Provincial entre 1995 y 1999, para luego devenir Diputado Nacional por la UCR. En la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la Secretaría de Extensión Universitaria, con cargo docente pero en funciones no docentes durante casi veinte (20) años, María Nilda Soda, se recicló primero como concejal de la ciudad de Posadas, y luego como Diputada Nacional por la UCR o Alianza. Y en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), su Rector en 1992 Tulio Abel Del Bono devino luego Diputado Provincial por el Justicialismo.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuando el Ing. Raúl Pesack llegó como Rector normalizador de dicha institución, entre 1984 y 1989, introdujo en los claustros a su clientela comiteril, al extremo de designar al frente del Observatorio Astronómico al Sr. Cesar Augusto Mondinalli, quién a duras penas exhibía el título de bachiller y llegó a causar un profundo daño a esta venerable institución, que fuera otrora dirigida que por Johannes Hartmann (1920-1934) y visitada en 1925 nada menos que por Albert Einstein. (Nota 112) En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la Provincia del Chaco, mientras el Vicedecanato y luego la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas son ocupados por la Lic. Susana Paulina Gusinsky de Gelman, su marido Abraham Sergio Gelman opera desde sus cargos políticos, primero como Ministro de Gobierno, luego como Secretario de Desarrollo Social, y finalmente como Diputado Provincial por la UCR. En esta última universidad, los jóvenes dirigentes de Franja Morada que manejan la política partidaria en la universidad, ni bien se reciben son contratados por el gobierno de la provincia en cargos que duplican las funciones de los cuadros burocráticos, pero con contratos profesionales.Y en otras muchas universidades estas políticas patrón-clientelares se practicaron en forma muy disimulada y soterrada, haciéndose extremadamente difícil probar los contubernios, pactos y nepotismos políticos por falta de transparencia y carencia de información.

Pero el proceso de descentralización del control simbólico (aprendizaje y docencia universitarias) con que se benefició a los conurbanos de las grandes megalópolis, golpeadas por la desindustrialización --generadas por las políticas neo-liberales y por el impacto globalizador de las nuevas tecnologías-- alcanzó ribetes propiamente grotescos a partir del Pacto de Olivos (1994) y mucho antes de que entrara a operar en ellas la CONEAU. (Nota 113) La dirección de las universidades se feudalizó territorialmente en ciertos y determinados cotos de caza y entró a funcionar como un simple botín a repartir, compuesto de "premios consuelos", para compensar o premiar a los cuadros político-partidarios que quedaban rezagados y/o relegados en las internas oficiales. Estas universidades cuentan, al decir de García de Fanelli (1997), con una mayor flexibilidad burocrática por ser más pequeñas y jóvenes y estar estructuradas en forma departamental. (Nota 114) Ellas brindan una oferta educativa diversificada según áreas de conocimiento, y según la extensión en el tiempo de sus planes y programas de estudios, contando por lo general su cuerpo docente con un plantel compuesto por graduados universitarios, con una dedicación horaria mayor, y sin pago alguno por antiguedad. (Nota 115) En muchos casos, diversas instituciones universitarias han incurrido en fraudes sistemáticos al superpoblar las cátedras con profesores de nivel terciario pero cuyos títulos no los habilitan para ocupar cátedras en el sistema universitario público. (Nota 116) Si bien todos estos rasgos son una condición necesaria para promover el desarrollo de investigaciones científicas, estos no son una condición suficiente, pues lo que es imprescindible es el espíritu crítico, y la cantidad y calidad de los fondos bibliográficos de sus respectivas bibliotecas. Como estos fondos son lamentables, la única forma de suplirlos y superarlos consiste en generar ciberbibliotecas aprovechando los servicios de los laboratorios informáticos, pues con los derechos de acceso a las grandes bases de datos del mundo y con los fondos digitalizados de otras bibliotecas es posible ofrecer un menu muy variado de opciones, para su selección por la demanda estudiantil y docente, para bajarlos de la red y/o para almacenarlos en soporte disco, CD-Rom y DVD. (Nota 117)

En estas universidades tampoco habría división tripartita de las funciones académicas que valgan, y sus conducciones estarían expuestas a los vaivenes políticos de cada comuna. Los caudillos territoriales del Gran Buenos Aires fueron en tiempos de la subasta de universidades, Alberto Pierri en Matanza, Eduardo Caamaño en Quilmes, Hugo Curto en Tres de Febrero, Manuel Quindimil en Lanús, Luis Ortega en General Sarmiento y Antonio Libonati en San Martín. En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), fundada en 1972 en los antiguos predios de la Chacra de Santa Catalina, el control lo ejerce actualmente en forma directa la esposa del actual Presidente, Chiche Duhalde, siendo su Jefe de Gabinete, Pedro Bautista Toma, hermano del exMinistro, Diputado y Jefe de la SIDE Lic. Miguel Ángel Toma. Esta universidad cuenta con mas de treinta mil (30.000) estudiantes y exhibe una moderna infraestructura física con una biblioteca de más de cincuenta mil (50.000) libros y un servicio de Internet al que cada alumno tiene un límite máximo de acceso gratuito de treinta (30) minutos diarios en las horas pico. En la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con sede principal en Tandil, fundada en 1973 con el patrocinio parlamentario del Senador Fernando de la Rua, el rectorado estuvo desde un principio en manos del Dr. Juan Carlos Pugliese (h), hijo del exPresidente de la Cámara de Diputados durante la Presidencia de Alfonsín.

Para que este proceso descentralizador operara fue imprescindible implementar estrategias de ingeniería inmobiliaria y jurídica. La ingeniería inmobiliaria fué posible mediante la usurpación de fábricas y talleres desguazados, y la ingeniería jurídica necesaria para eludir las leyes, reglamentaciones y circulares fiscales vigentes fue la figura o el eufemismo de la Fundación, hasta entonces utilizada solo por las universidades privadas, pero que a partir del 89 se implantó en las Universidades Nacionales de la Matanza, San Martín, La Rioja, Comahue y del Sur. En la Universidad Nacional de la Matanza (UNLM), creada en 1989, y ubicada en San Justo (localidad del oeste del conurbano, provincia de Buenos Aires), en las cuarenta (40) hectáreas de la antigua fábrica Daimler-Chrysler, está amparada por la Fundación Universidad de la Matanza (FUNLM). (Nota 118) Tras el éxodo de Daimler-Chrysler de la Argentina, a fines de la década del 80, la Volkswagen se hizo cargo de las instalaciones, y luego se asoció a la Ford a través de la empresa Autolatina. Como la producción se concentró en la Planta de Pacheco (Pcia.de Buenos Aires), perteneciente a la firma norteamericana, el predio de San Justo quedó abandonado a su suerte, acumulando cuarenta (40) millones de dólares en deudas impositivas y fiscales. Fue el Presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, quién en negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que actualmente se hallarían prescriptos, logró que mediante la figura de la condonación impositiva el estado renunciara a los créditos fiscales contra Autolatina, traspasando su predio de San Justo a una fundación que el presidía denominada Fundación Universidad de la Matanza (FULM). De manera tal que Pierri adquirió para su Fundación en cuatro (4) millones de pesos un inmueble que estaría valuado en cuarenta y ocho millones de dólares, es decir lo adquirió al diez (10) por ciento de su valor. Tiempo después, cedió el inmueble --en préstamo-- a la Universidad que él mismo controlaba. (Nota 119)

En dicha Universidad de la Matanza se reprodujo la política Shuberofista en su forma más grotesca, abrevando sus autoridades la política universitaria en los pasillos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación durante la Presidencia de Alberto Pierri. (Nota 120) Esta Universidad alberga más de veinte mil (20.000) estudiantes, y cuenta con un parque informático compuesto por catorce (14) laboratorios, con un servicio de Internet al que cada alumno tiene un límite máximo de acceso gratuito en las horas pico de sesenta (60) minutos diarios. La biblioteca funcionaba desde 1994 en un sótano reciclado que contaba con bombas extractoras, y con catorce mil (14.000) volúmenes, treinta (30) suscripciones a revistas, material multimedia y una intranet que comunicaba la biblioteca con dependencias de la universidad, en gran parte financiada con un subsidio del FOMEC del orden del medio millón de dólares. A fines del 2000, las continuas inundaciones, el desborde de las cloacas y las napas freáticas y el sellado de las bombas extractoras (para no pagar un plus que les exigía Aguas Argentinas), inutilizaron la biblioteca --la cual debió trasladarse a una pequeña sala-- arruinando el 20 % de los libros y causando pérdidas por un monto casualmente similar al subsidio que supuestamente se había obtenido del FOMEC. (Nota 121) Sin embargo, en la actual página web de la Universidad, no se relata lo que acabamos de detallar, y a la Biblioteca se la describe tal como había sido antes del anegamiento. Habiendo pasado ya un par de años desde el desastre freático, nada se ha hecho para reconstruir la Biblioteca. (Nota 122)

Pero también se registraron enjuagues con Fundaciones en otras universidades del conurbano. En la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con sede en Villa Ballester (al norte del conurbano de Buenos Aires), y ubicada en los antiguos predios del INTI y del Liceo Militar Gral. San Martín, fué fundada a instancias del Diputado Nacional y exIntendente Escribano Antonio Libonati en julio de 1990. (Nota 123) Esta universidad creció bajo el paraguas de la Fundación Universidad de San Martín (FUNSAM), que también fuera fundada por Libonati, y se halla apuntalada por el Senador Luis Barrionuevo, por el exIntendente y exMinistro del Gobernador Duhalde en la Provincia Diputado Carlos Brown, y por la exDiputada y actual Ministra Graciela Caamaño de Barrionuevo, siendo su Secretario de Ciencia y Técnica en 1994, el físico Pablo Fontdevila, quién devino luego Diputado Nacional por el PJ de Tucumán y vocal en su Comisión de Ciencia y Técnica. (Nota 124) Mediante la figura de la condonación impositiva Barrionuevo y Libonati obtuvieron para su Fundación la propiedad de varios inmuebles en San Martín. (Nota 125) En su momento, a mediados de los 90, la UNSAM celebró una alianza con el CEDES (donde estaba Marcelo Cavarozzi) y la fundida Fundación Banco Patricios (donde se hallaban José "Pepe" Nun y Enrique Tandeter), y recepcionó los alumnos de la quebrada Universidad Hebrea Argentina BAR ILAN (UHABI), propiedad de Rubén Beraja y/o de Sergio Spolski. Con posterioridad, desarrolló maestrías con doble titulación con universidades extranjeras, tales como la Georgetown University y la Universidad Autónoma de Madrid; y con el apoyo del Ministro de la Producción de la Provincia Carlos Brown, formalizó el denominado Polo Tecnológico Constituyentes (PTC), consistente en convenios firmados con el INTI, la CNEA y el CITEFA, y con el confesado propósito de emular al Silicon Valley (California). (Nota 126)

En la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), ubicada en Bernal (localidad del sur del conurbano, en la provincia de Buenos Aires), las estrategias inmobiliarias fueron muy semejantes a los de las Universidades de Matanza y San Martín, pues fue fundada en 1989, e iniciada por el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Eduardo Caamaño, entonces Intendente de Quilmes (1988-1991), en las seis (6) manzanas de la fábrica La Papelera Argentina, que fuera propiedad de Celulosa Argentina. Por medio de una ley tributaria de duración efímera que condonaba deudas fiscales, el City Bank --que detentaba las acciones de Celulosa-- cedió a la Universidad de Quilmes el predio de Bernal valuado en una cifra sideral. De esa forma venal la Universidad de Quilmes se habría apoderado del inmueble, quedando su gestión en manos del Ing. Julio Manuel Villar, antiguo exiliado en España, exfuncionario del CONICET en tiempos del Alfonsinismo y exmiembro del Directorio del CONICET durante la gestión del Ing. Bertranou, en la segunda Presidencia de Menem. (Nota 127)

En la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), con sedes en Caseros (localidad ubicada en el oeste del conurbano, en la provincia de Buenos Aires), en el predio de la exfábrica francesa de ropa deportiva Elles, y en Los Aromos, Palomar, y con un alumnado que ronda los cuatro mil (4000) estudiantes, debe su existencia al cacique local Hugo Curto y ha desarrollado hasta el presente diez (10) carreras de grado, cuatro (4) programas de complemento curricular y seis (6) maestrías. Su actual Rector Aníbal Yazbeck Jozami se había desempeñado, en la primer presidencia de Menem como Interventor de la Junta Nacional de Granos (liquidador o mas bien desguazador de sus plantas de silos), luego editor de la costosísima revista Archivos del Presente (Fundación Foro del Sur), y en la segunda presidencia como miembro del Consejo Directivo del FOMEC (1995-97), Director del Banco Ciudad y Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (1999). En el staff de dicha Universidad se destaca el Instituto de Cooperación para el Desarrollo de la Educación (ICODE), cuyo actual Director es el Lic. Norberto Fernández Lamarra. Este Director se había desempeñado en tiempos de Onganía en la Secretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires con Emilio Mignone, y en tiempos de Menem en el Senado Nacional junto al Senador Eduardo Menem (1984 a 1996), y luego en la CONEAU entre 1996 y el 2000, habiendo sido sumariado conjuntamente con el Lic. Ernesto Villanueva por desempeñar simultáneamente dos cargos y percibir dos salarios del estado en violación de los regímenes de incompatibilidades y de retiro voluntario. (Nota 128)

En la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), fundada en 1995, en Valentín Alsina, Partido de Lanús, al sur del conurbano, en terrenos de los exTalleres Ferroviarios de Remedios de Escalada (antigua Quinta de Zavaleta), el alumnado ronda los quince mil (15.000) estudiantes, la biblioteca posee sólo seis mil (6000) volumenes, y el servicio de Internet tiene en las horas pico un acceso gratuito de sólo treinta (30) minutos diarios. Su existencia se debe en gran parte a su cacique local Manuel Quindimil, y su Rectora la Lic. Ana María Jaramillo sólo puede exhibir en su curriculum haber sido mujer del finado Senador Nacional Eduardo Vaca (PJ). (Nota 129) La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), fundada en 1993, por Pedro Domecq, exRector del Comahue (1973-74), tiene un alumnado que ronda los diez mil (10.000) estudiantes, y una biblioteca de apenas dos mil (2000) volúmenes. Fue creada a instancias del finado Intendente de Gral. Sarmiento Luis Ortega, y su Secretario de Gobierno José de Luca, posteriormente procesado y condenado. Su entonces Rector José Luis Coraggio, ex Director del CEUR y exilado sucesivamente en México, Nicaragua y Ecuador, se hallaba estrechamente ligado con la Secretaría de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de los gobernadores Duhalde y Ruckauf. En el presente, las relaciones con el actual Intendente Coronel Aldo Rico serían de una mutua indiferencia. Debe destacarse que en contraste con otras universidades del conurbano, y a pesar de la pobreza de su Biblioteca, la UNGS viene dando un fuerte énfasis a la investigación, pues su estructura se apoya en Institutos de Investigación, y el ingreso a la docencia es concursado con requisitos de proyectos de investigación. (Nota 130) Finalmente, la particularidad de algunas Universidades Nacionales son sus muy aceitadas relaciones públicas, pues han sabido instalar, en pleno microcentro de Buenos Aires, sedes anexas o representaciones desde donde sobre-exhiben multimediáticamente sus respectivas gestiones académicas. (Nota 131)

La pregunta de rigor sería entónces, ¿cuántos ejemplos mas de estos vínculos y deficits se podrán detectar si se pudiera extender una investigación semejante a todo el país? Digo si se pudiera, porque la información que brindan las páginas web del congreso nacional, de las legislaturas provinciales y de muchas universidades nacionales es francamente desalentadora. Ellas ocultan, salvo extrañas excepciones, los curriculum vitae de nuestros legisladores, profesores y autoridades universitarias, y los mecanismos de concurso y jurados con que se reparten las cátedras. No obstante estos deficits, los mismos proveen profusas imágenes fotográficas, cual si este narcisismo gráfico pudiera sustituir la información biográfica profesional.

Podemos concluir que el sistema de descentralización de la docencia universitaria iniciado con la Revolución Libertadora, en 1955, y continuado por el Lanussismo (1971-73) y el Menemismo (1989-1996) se fue degradando y descapitalizando progresivamente al fomentar los intereses y sentimientos particularistas, heridos con la desindustrialización y la globalización, y al generar crecientes niveles de incomunicación y desigualdad entre los mismos docentes, entre las propias jurisdicciones provinciales, y hasta entre las mismas jurisdicciones comunales. Excepción a esta degradación e incomunicación serían sólo aquellos centros universitarios que le otorgaron primacía a la investigación científica por sobre la mera docencia. Finalmente, el deficit más notorio de la CONEAU es la carencia de un órgano calificador que periódicamente ranquée las carreras, programas, doctorados, maestrías y páginas web que se imparten y difunden en el país, a la usanza de lo practicado en USA.

III a 2. Redes de certificación de universidades privadas.

En cuanto al creciente proceso de descentralización del control simbólico (universidades) operado mediante certificación de instituciones privadas, gran parte del mérito de su expansión se debe atribuir a la corrupción, discriminación, incomunicación, clientelismo y otras prácticas de reciprocidad facciosa instaladas en las universidades nacionales. Ello tampoco quiere decir que en las universidades privadas las políticas sean distintas, o que de ellas pueda resultar alguna mejora, pues compiten en el mercado educativo por la oferta y demanda de servicios educativos, y de esa manera generan nuevas y más peligrosas divisiones entre el alumnado fundadas solo en fronteras socio-económicas. (Nota 132)

La epidemia privatizadora y endeudadora vino a alterar las estructuras institucionalizadas, alentando reterritorializaciones tales como la metamorfosis de organismos de ciencia en institutos educativos. Esta metamorfosis tuvo lugar en medio de un mercado educativo pletórico de patentes de corso, suplantaciones docentes fraudulentas, superposiciones de todo tipo y desproporcionado hincapié en infraestructuras "duras". (Nota 133) Esta último hincapié, en desmedro de las infraestructuras "blandas", habrían llevado a estas instituciones a un grado de inmovilismo casi-terminal. La Compañía de Jesús, que administraba la Universidad del Salvador (USAL), otorgó en 1975 a un conjunto de laicos una suerte de franquicia, dejando librada la Universidad a la suerte de un voraz mercado educativo. Frente a su creciente endeudamiento con el Banco Mundial, a través de la International Finance Corporation (IFC), que alcanza al orden de los veinte (20) millones de dólares, invertido exclusivamente en lo que se denomina infraestructuras "duras", se ensayó cobrar a sus estudiantes en el 2001 una cuota extraordinaria. Si no fuera por la activa resistencia de su alumnado --que se opuso a dicho cobro en vísperas de los exámenes de fin de año (2001)-- y las denuncias ante la Dirección de Defensa del Consumidor, la USAL habría logrado su propósito. (Nota 134) El afamado Instituto Torcuato Di Tella engendró en 1991 la Universidad que lleva el mismo nombre que el Instituto, y se lanzó a la captura de una relevante porción de dicho mercado. (Nota 135) En pocos años esta Universidad desarrolló seis (6) carreras de grado y trece (13) programas de postgrado, emplea medio centenar de profesores de tiempo completo. (Nota 136) Finalmente, esta epidemia privatizadora alcanzó a las mismas instituciones de las confesiones religiosas no cristianas (Universidad Maimónides-UM) y a las cristianas no católicas (Universidad Adventista del Plata-UAP). El propio Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, conocido bajo las siglas ISEDET, ubicado en el barrio capitalino de Flores, se desprendió de parte de su tradicional inmueble, dando lugar a la denominada Universidad de Flores (UF), surgida del Instituto Privado de Psicología Médica (IPPEM), con una subsede en Cipolletti (Río Negro), y en manos de un médico psiquiatra de nombre Roberto Kertesz.

Las estrategias de subsistencia meramente política también pertenece al patrimonio de las instituciones educativas cuando sus autoridades son funcionarios políticos o son íntimamente afines a funcionarios públicos. (Nota 137) También lo son cuando las nuevas instituciones nacen como filiales de antiguas instituciones anteriormente acreditadas. (Nota 138) Lamentablemente, en las Resoluciones de acreditación de la CONEAU, publicadas en su página web, no consta la identidad del experto que participó en la evaluación respectiva. Si el motivo de esta ausencia son los requisitos de confidencialidad no se entiende entonces porqué no lo fue así en el caso de la Universidad de Mendoza (U.M.), donde sí aparece la identidad de los evaluadores. (Nota 139)

Asimismo, en el caso particular de la Universidad FASTA, fundada por el Fraile Aníbal Fosbery OP, en 1962, su autorización provisoria Ministerial se obtuvo durante la primer presidencia de Menem, en 1991, tiempos en los cuales el Dr. Raúl Matera regía la SECYT y Bernabé Quartino el CONICET. (Nota 140) Esta institución, ubicada en Mar del Plata, inicialmente denominada Universidad de la Ciudad, con una subsede en Bariloche, fue promovida por la Asociación Civil FASTA o "Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino", institución laical perteneciente a la Orden Dominica argentina. La Universidad FASTA habría contado con el privilegio extralegal de haberle sido aprobados en 1991 los planes de estudio, sin ser examinados por el Ministerio, con el argumento de haber sido el fruto de un convenio previo firmado con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), lo cual le sirvió nueve años más tarde para que la CONEAU le aprobara los Informes de Evaluación, pese a los notorios contenidos cerrilmente sectarios y dogmáticos impartidos en dicha Universidad, que violan abiertamente el art.33 de la Ley 24.521, consagrados a defender "...las libertades académicas y la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación". A su vez, a la subsede de Bariloche le fueron tambien convalidados los planes de estudio por ser el fruto de un convenio firmado con la Asociación Cultural Germano Argentina (ACGA), la cual era propietaria del Instituto Primo Capraro, escuela alemana existente en Bariloche desde 1907. También se dio una fuerte complicidad de ciertas universidades privadas con regímenes políticos no dictatoriales, tales como el de la Universidad de San Andrés (UdeSA) con la gestión del Ministro de Economía Domingo Cavallo. (Nota 141)

Existen también instituciones universitarias privadas cuyos vínculos estratégicos con el mundo de las finanzas son extremadamente estrechos. En Buenos Aires, la Universidad de San Andrés (UdeSA), fundada en 1988, debe su más reciente expansión al mecenazgo de Francisco de Narváez e hijos, expropietario de Casa Tía (vendida al Grupo Exxel) y conspícuo Menemista. El caso de la Universidad del Centro Macroeconómico Argentino (CEMA), fué el fruto conjunto del exPresidente del Banco Central Pedro Pou, el exSubsecretario de Economía Carlos A. Rodríguez, y el exJefe del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) Fernando de Santibáñez. La banca y las finanzas fundaron también la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), la Universidad de Ciencias Empresariales (UCES) y la Universidad Austral. (Nota 142) Y en Mendoza, la Universidad de Congreso (UC), que cuenta con dos mil (2000) alumnos y que factura en el orden de los tres (3) millones de pesos anuales, terminó siendo "salvada" de una inminente quiebra a fines de 1998 mediante una maniobra orquestada por un pool de industriales integrado por miembros del Consejo Empresario Mendocino (CEM). (Nota 143) Para esa maniobra integraron en la negociación a José Blas Made, un ex funcionario del Gobernador Arturo Lafalla, titular de la Fundación Universidad de Congreso (entidad que administra los recursos de la UC), pero no de la Fundación Postgrado de Congreso, presidida por Oscar Klier, que era la verdadera detentadora de la titularidad de la UC. (Nota 144) La “nueva” UC fue presentada ante la opinión pública mendocina el 22 de febrero del ‘99 en un acto al cual se prestaron la Ministro Susana Decibe, los gobernadores Arturo Lafalla y Adolfo Rodríguez Saá, y multitud de legisladores oficialistas. (Nota 145)

Por otro lado, existen universidades privadas que pretenden sustituir, como en las iglesias evangélicas, la debida excelencia de sus plantas docentes con la adquisición de ondas de radio y televisión de cable, que si bien exhiben un encomiable afán electrónico que podría ser afín con una eventual planificación de la educación online, y de una nueva forma hipertextual de lectura, carecen por el contrario del más mínimo interés humanístico, pues sus bibliotecas dan profunda pena. Estos casos parecerían ser los de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), sita en la provincia de Corrientes; y la Universidad Católica de Salta (UCS), ambas con sus radios FM; y la Universidad de Belgrano (UB), sita en Buenos Aires, con su televisión de cable y su flamante negocio inmobiliario y de autoadjudicación de obras y servicios, cuyo Rector y propietario Avelino Porto, alcanzó a desempeñarse como Ministro de Acción Social de la primera Presidencia de Menem. (Nota 146) Existen también universidades privadas que para eludir las leyes y reglamentaciones vigentes acuden no solo a las Fundaciones sino a estrategias de intercambio privados, suerte de joint ventures (empresas solidarias). (Nota 147)

Asimismo, existen universidades que se aproximan mas a la estrategia de la empresa familiar, cuyo ejemplo paradigmático es el caso de la UAI. Esta aparenta estar controlada por un solo y numeroso grupo familiar, constituído por el Rector Dr. Edgardo De Vincenzi, y sus hijos el Vice-Rector de Gestión Dr. Marcelo De Vincenzi, el Gerente General Lic. Rodolfo De Vincenzi, la Directora del Campus Centro Lic. Ana De Vincenzi, y la Secretaria Pedagógica del Rectorado Lic. Hebe María Zemborain de De Vincenzi. Como prueba de la irresponsabilidad con que esta universidad ha venido asumiendo sus funciones se reveló que --pese al soberbio despliegue cibernético y debido a las prácticas delictivas de un subordinado infiel-- la Subsede Rosario de la UAI carecía de la documentación académica más elemental necesaria para respaldar los datos del sistema informático (legajos de alumnos, libros de actas de exámenes finales, actas volantes de exámenes, etc.). (Nota 148) También en Mendoza, existe el caso de la Universidad de Mendoza (U.M.), propiedad de la familia Puliafito, entre cuyos miembros se alcanzan a contar cerca de media docena, casi todos ambientalistas, meteorólogos, y expertos en contaminación y medicina climática, y también una profesora de ciencias jurídicas. Parece que su padre, Salvador Puliafito fué el alma mater y su Rector, quien la fundara en 1959 y que falleciera en un accidente en 1994. Y quien lo reemplaza desde entonces, el Dr. Juan Carlos Menghini, profesor de Derecho Romano, exhibe en su extraño curriculum con el encabezamiento de "trabajos de investigación realizados" siete (7) artículos o ensayos con sus respectivos títulos, de los que no consta donde fueron publicados ni su extensión y paginado. Ultimamente, el Vice-Rector de Gestión Dr. Marcelo De Vincenzi ha sido designado Evaluador externo en la propia CONEAU. (Nota 149)

Por otro lado, ciertas universidades se originaron como empresas educativas comenzando en el ciclo secundario, es decir persiguiendo una estrategia de integración vertical. La UAI se inició en 1995 a imágen y semejanza de la Universidad Kennedy (UK), desde el ciclo secundario, contando para ello con numerosas filiales y veinte mil (20.000) alumnos en diversas sedes y colegios desplegados en tres distritos del país. La UAI, tal como las universidades públicas del conurbano, es de las universidades que creen que los laboratorios de informática sustituyen a las bibliotecas, pues apenas si compran libros, exponiéndose a caer en la gestación de una generación de graduados intelectualmente dependientes del hipertexto. Los laboratorios de informática habrían servido holgadamente para producir las bibliotecas librescas que no poseen mediante el uso inteligente y masivo de su equipo de impresoras. Sin embargo nada han hecho al respecto. Si bien la UAI está equipada con más de treinta (30) laboratorios de Informática multimedia, está lamentablemente desprovista del software correspondiente a revistas electrónicas aranceladas. También la educación a distancia, o universidad virtual, se ha convertido en el non plus ultra del negocio universitario, practicado tanto por universidades privadas como públicas. En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, su Universidad virtual dice poseer veinte mil (20.000) alumnos puramente virtuales, inscriptos y conectados a Internet desde todos los rincones de Argentina, pero según otras versiones todo esto sería el producto de una simulación a los efectos de reclutar incautos. (Nota 150) En cuanto a la investigación científica en universidades privadas, Barsky (2001) ha tratado el tema holgadamente. (Nota 151)

Finalmente, existen también universidades privadas que persiguen una estrategia de integración horizontal, pues su desideratum consiste en extenderse territorialmente, contando algunas de ellas con una vital sede en la capital del país. Esta superposición de la oferta académica, sin que se garantice la calidad necesaria y la concertación regional, motivó que la misma CONEAU en una declaración fechada en Buenos Aires, el 2 de junio de 1998, sobre la "Creación de subsedes Universitarias", expresara su preocupación por "...la creación por parte de universidades, tanto estatales como privadas, de subsedes o carreras --denominadas a veces "extensiones áulicas"-- en lugares alejados de su zona natural de actividad". Un primer relevamiento, sin duda incompleto, permitió a la CONEAU advertir "...no menos de veinte casos de este tipo, todos ellos de carácter presencial y consistentes en la mayoría de los casos en carreras de derecho, medicina y economía. Resulta igualmente llamativo que varias de dichas subsedes se encuentren próximas a instituciones nacionales o privadas consolidadas, con cuya anuencia no cuentan. Tampoco consta que se haya obtenido la conformidad de los distintos organismos nacionales o regionales que agrupan a las instituciones universitarias. Ello está dando lugar a un panorama anárquico que debilita la calidad del sistema de educación superior por la insuficiencia en dichas subsedes del plantel académico, de la infraestructura física y bibliográfica y de otros servicios esenciales para el aprendizaje. Esas extensiones áulicas conspiran también con frecuencia contra los objetivos fundacionales y la necesaria unidad de gestión y formación de las instituciones universitarias." La selección de una sede capitalina también obedecería a los solos efectos mediáticos, pues de esa forma pueden sobre-representar exitosamente sus actividades. (Nota 152)

Esta estrategia horizontal también se extiende a escala global, por cuanto varias universidades han privilegiado sus contactos extra-territoriales. En pocos años la Universidad Torcuato Di Tella lleva firmados medio centenar de convenios de intercambio con cuarenta y tres (43) universidades de una veintena de países. (Nota 153) En la misma estrategia se encuentra embarcada la Universidad de San Andrés. Y también multitud de departamentos y cátedras de universidades nacionales, cuyos profesores alientan --no sin razón-- a sus graduados más prometedores y bilingües a que coronen sus carreras académicas con doctorados en el extranjero. Pero esta estrategia de promoción educativa segregada también se expresa en forma inversa, por ejemplo en las representaciones locales de grandes universidades de los países centrales, tales como los casos de las Universidades de Bolonia y Nueva York, recientemente radicadas en Buenos Aires. Para la fundación de estas filiales no habría cortapisa ni planificación o control internacional alguno, y eventualmente mediante diversos mecanismos como el franchising podrían producir un dumping de títulos y credenciales académicas en menoscabo de las instituciones locales o nacionales. (Nota 154)

En estos casos de las universidades privadas, la pregunta de rigor sería ¿hasta cuándo van a ser exceptuadas del cumplimiento del art.33 de la Ley 24.521 que ampara "...las libertades académicas, la igualdad de oportunidades y la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación"? ¿hasta cuándo habrá que esperar para que se prescriba la obligatoriedad de publicitar las vacantes docentes y respetar la independencia de los órganos evaluatorios? Finalmente, podemos concluir que el sistema de descentralización universitaria privada y promoción educativa segregada reiniciado con el art.28, dictado por el Ministro Atilio Dell´Oro Maini en 1956, y la Ley de Enseñanza Privada, promulgada por Frondizi en 1959, se fué también progresivamente degradando al generar crecientes niveles de desigualdad entre el alumnado, de superposición entre las instituciones educativas, y de falta de transparencia en la conformación de los claustros docentes. Más aún, una triple horca caudina se cerniría tanto sobre las universidades públicas como sobre las privadas, pues sus programas de maestría y doctorado estarían bajo la evaluación periódica de la CONEAU, sus subsidiados proyectos de investigación bajo la evaluación de la ANPCYT, y sus institutos de investigación que estuvieren bajo convenios con el CONICET estarían supeditados a la evaluación periódica de las Comisiones Asesoras de Unidades Ejecutoras del CONICET.

III b. Redes evaluadoras de subsidios, contratos y convenios de transferencia.

El otorgamiento de subsidios y contratos de asesoría son funciones de control simbólico de naturaleza eminentemente evaluadora.Estas funciones de autorización de contratos de asesoría y consultoría quedaron en manos del Directorio del CONICET, órgano responsable de sus autorizaciones, ad-referendum de los dictámenes de una denominada y cuasi-fantasmal Comisión Interdisciplinaria. Y las funciones que corresponden a las transferencias tecnológicas, que originariamente fueron patrimonio del Directorio del CONICET, son funciones eminentemente tercerizadoras y fueron acaparadas por la ANPCYT. Entre las Comisiones Evaluadoras se destacan también el Consejo Consultivo del GACTEC (12 científicos y 12 empresarios innovadores), el Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la Innovación, la Comisión de Gestión Interinstitucional, y las Comisiones Evaluadoras del Programa de Consejerías Tecnológicas y el Programa de Crédito Fiscal del FONTAR, del Premio "Nuevas Ingenierías", y de las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT), de Certificación de Calificaciones, y de Subsidios para Reuniones Científicas. Los Jurados en ellas designados muchas veces se enciman al extremo de constituir un entramado muy difícil de desarmar. (Nota 155)

III b.1. Redes calificadoras de subsidios de investigación (ANPCYT).

Específicamente, las evaluaciones de becas y subsidios en el CONICET estuvieron siempre estatutariamente libradas a los dictámenes fundados de sus Comisiones Asesoras y a las resoluciones de su Junta de Calificaciones, las cuales eran casi siempre hechas suyas por el Directorio de este organismo. Para el exPresidente Stefani, según nos recuerda en las consideraciones de su renuncia, el CONICET es una institución de control simbólico de naturaleza dual, con simultáneas funciones ejecutivas y evaluadoras, que deben ser diferenciadas y respetadas en su individualidad, independencia y confidencialidad, pues el Directorio del CONICET, por ser según él un órgano puramente ejecutivo o administrativo, no podía ni debía interferir en decisiones netamente evaluadoras y por consiguiente confidenciales como las de la Junta de Calificaciones. (Nota 156) Sin embargo, tal como lo enuncié al comienzo de este escrito, estimo que en realidad, estas instituciones como el CONICET, son instituciones de naturaleza triádica, donde en efecto la Junta y las Comisiones cumplen un rol evaluador o calificador, mientras que el Directorio debería cumplir esencialmente una función exclusivamente normativa, y la Presidencia del CONICET así como los Directores de Institutos una labor eminentemente ejecutiva.

Como consecuencia directa de estas discusiones entre la Presidencia de Stefani y el Directorio de entonces, así como de los planes filantrópicos del Banco Mundial, desde la Secretaría de Políticas Universitarias se entró a cavilar la separación de las tareas evaluadoras o promotoras de las actividades meramente ejecutivas o administrativas, función para lo cual el PEN asignó a la persona del Lic. Juan Carlos del Bello. Desde esta Secretaría se bosquejó primero, a fines de 1993, un Plan de Incentivos para los docentes universitarios, mediante el Decreto 2427/93, que dio lugar a la figura del docente-investigador (supuestamente para borrar la división engendrada por Houssay al fundar el CONICET); luego un Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES); y finalmente la denominada Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), todas ellas acordadas con las autoridades del Banco Mundial. (Nota 157)

El acuerdo con dicho Banco --cuyos mentores intelectuales habrían sido Donald R. Winkler y Guillermo Perry-- consistió en pretender elevar la excelencia de las instituciones universitarias, creando un organismo denominado Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC), que intentaba fomentar y capitalizar culturalmente las unidades académicas (universidades, facultades, departamentos), los planes de estudios, programas de investigación, evaluaciones y aprovisionamientos de bibliotecas y subscripciones de revistas y la construcción de infraestructuras físicas. (Nota 158) Aunque Del Bello se apresuró a negarlo, en la práctica este organismo --que contaba con un Consejo Directivo y con Coordinadores de Áreas que cumplían funciones evaluadoras-- venía a superponer y duplicar tareas y a competir ventajosa y deslealmente con las funciones promotoras y calificadoras de las Comisiones Asesoras y Evaluadoras del CONICET. (Nota 159) A juzgar por un documento hecho público en la Lista de Discusión electrónica Pol-cien por el biólogo Luis A. Quesada-Allúe los fondos del FOMEC "...no representaban un aporte genuino que crece con el tiempo, si no un préstamo que incrementaba la deuda externa del país. Los fondos eran asignados por instancias ajenas a las Universidades, con criterios que omitían la discusión académica abierta e ignoraban los reales intereses de las universidades. El programa FOMEC, como los denominados "incentivos-docentes", que habían inaugurado la figura del docente-investigador, avasallaban la autonomía Universitaria, torciendo las voluntades y los proyectos de las diferentes unidades académicas. El FOMEC vulneró así el principio de igualdad ante la ley al avalar e implementar diferencias de criterios entre disciplinas, entre universidades e incluso intra-universitariamente". Y el FOMEC vulneraba también la soberanía o territorialidad jurídica nacional ya que la Dirección de Políticas Universitarias aceptó, para dirimir los eventuales conflictos, la jurisdicción de tribunales extranjeros. (Nota 160)

Como desde el Ministerio de Economía el Dr. Domingo Cavallo había prohibido en 1993 los aumentos salariales salvo que lo fueran por productividad, Del Bello entró a financiar a cuenta de los fondos del Banco Mundial el sistema de "incentivos docentes", destinado primero a seducir a una amplia franja del espectro universitario que no practicaba investigación alguna, engendrando la figura del docente-investigador, y por el contrario perjudicar a los verdaderos investigadores que pertenecían tanto al CONICET como a la Universidad, y más luego a segregarla, es decir a generar mecanismos discriminatorios que terminaron por concentrar el beneficio en muy pocas manos. (Nota 161) Para su implantación se argumentó que dicho sistema venía a paliar el deterioro salarial mediante sobresueldos discriminatoriamente escalonados y sin cubrir la antigüedad y los servicios sociales, pero en realidad destinado a corromper una elite político-universitaria, a la cual no lograba conquistar por otros medios. En su primer año de implementación (1995), este sistema requirió que los beneficiados se autocategorizaran, incluidos los ayudantes y auxiliares así como los ad-honorem, luego al segundo año se excluyeron a los auxiliares docentes, y al tercer año (1997) mediante un reglamento interno se limitó el beneficio sólo a los profesores titulares concursados, es decir a los denominados profesores regulares. Algo muy semejante a lo que había ocurrido en la UBA con la distribución de subsidios y premios por parte de UBACYT.

Un año más tarde, en 1996, el Lic. Juan Carlos del Bello desplazó de la SECYT al Dr. Domingo Liotta y del CONICET al Dr. Florencio Aceñolaza. Una vez que estuvo a cargo de la Secretaría quedó ligado estrechamente a la Secretaría General de la Presidencia (Alberto Kohan) y a la Jefatura de Gabinete, de la cual dependía, designó al frente del CONICET al Dr. Enrico Stefani y concertó en 1996 con gran disgusto de este último la creación de la denominada Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). (Nota 162) La ANPCYT --que a diferencia del Directorio del CONICET, parte de cuyos miembros son elegidos por los Investigadores-- carecía de control democrático alguno y sus autoridades eran el fruto de las decisiones políticas de la SECYT. (Nota 163) Sin embargo, y pese a su orígen puramente político, esta ANPCYT venía a cumplir un rol evaluador o promotor --semejante al rol practicado en las Comisiones Asesoras del CONICET, de UBACYT y del FOMEC-- distribuyendo los subsidios para Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), dirigidos a promover la interacción entre instituciones de investigación y sectores productivos, y los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), no sujetos a condiciones de confidencialidad comercial, ambos correspondientes al Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y al Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT). Para criterio de Stefani, esta ANPCYT venía --al igual que el FOMEC-- a superponerse o duplicarse con las funciones evaluadoras de las Comisiones Asesoras del CONICET. (Nota 164)

Inmediatamente de asumir la Secretaría de la SECYT, Del Bello designó como Director del FONTAR a su propia esposa, la Ing. Química Marta Edith Borda de Del Bello --quien se hallaba en dicho organismo concursada por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) desde 1995-- y luego la designó representante del CONICET ante el BID. Stefani ejemplifica en su renuncia al CONICET las injerencias del titular de la SECYT: En una oportunidad, confiesa Stefani "...me llega la invitacion a una reunion del BID pero después me entero que, en representación del CONICET, ya se habia designado a Marta Borda, directora del FONTAR. Del Bello sabia que no me convencían los proyectos con el BID así que designaron quien representaría al CONICET y yo fui el ultimo en enterarme". (Nota 165) Al igual que en la CONEAU, en UBACYT y en el CONICET (Junta de Calificaciones y Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera y Comisiones Evaluadoras de Unidades Ejecutoras), en el ANPCYT se tramó la formación de un Banco o Registro de Expertos. Pero en este particular caso, Del Bello se habría visto forzado a concertar, como consecuencia del descrédito cosechado por los reveladores términos de la renuncia de Stefani, una alianza con los desafectos del Shuberofismo en la UBA, integrado por las huestes del Caputismo, nucleadas en el área de las ciencias sociales, recompensándolos con cargos en el Comité de Pares del FOMEC y en dicho Banco de Expertos. De este Banco de Datos se entresacaba o desinsaculaba al evaluador de cada proyecto, siendo aparentemente imposible conocer la identidad del experto que efectuaba la evaluación correspondiente a cada proyecto presentado debido a la denominada "confidencialidad". Sin embargo, si tal como lo reveló Stefani, el Secretario del Bello interfería en las decisiones de las Comisiones Asesoras y la Junta de Calificaciones, ¿que podía hacer pensar que Del Bello no intervendría en las decisiones de los Comités de Pares de la ANPCYT? Asimismo, ¿si tal como también reveló Stefani, los Directores de las Unidades Ejecutoras del CONICET presionaban --quebrando la confidencialidad-- a las Comisiones Asesoras, a la Junta de Calificaciones y al Directorio del mismo, para lograr promover a sus subalternos, que podía hacer pensar que estos mismos mecanismos extorsivos no serían adoptados por esos mismos integrantes para lograr de la ANPCYT la concesión de subsidios de investigación? (Nota 166) Por ello, se debe presumir que desde sus inicios la ANPCYT habría estado implicada en las mismas actividades ilegítimas atribuídas a la CONEAU y al UBACYT, incluídas la desinformación y el favoritismo, como lo atestigüa la restrictiva y discriminatoria distribución de subsidios (PID y PICT) procedentes de los fondos arriba mencionados, así como a las actividades ilegales ocurridas en el CONICET denunciadas por el Dr. Stefani. (Nota 167) Finalmente, cabría también preguntarse, al igual que me preguntaba cuando me refería a la CONEAU ¿qué es lo que diferenciaría políticamente a los expertos y pares evaluadores de la SECYT y la ANPCYT, con los elegidos por la CONEAU, el UBACYT y el CONICET?

Por otro lado, la SECYT estaría actualmente desinformando a sus integrantes y a la opinión pública, pues habría eliminado de sus páginas web multitud de archivos con información legislativa, regulatoria y financiera, con los listados de los subsidiados, y con las Resoluciones administrativas anteriores a 1998, que eventualmente comprometerían a sus respectivas autoridades y beneficiarios. (Nota 168) Otra forma de conocer el Mandarinato o "Nomenklatura" es consultar la lista de premiados con "Subsidios de emergencia para grupos consolidados de investigación en ciencias y humanidades" de la Fundación Antorchas, y "cruzarla" con las listas de agraciados con subsidios de la ANPCYT, del FOMEC, y de "contratos" autorizados por el Conicet 1998-1999. (Nota 169) Y otra manera mas, es ver la lista de "pares" evaluadores de la Agencia, y "cruzar" esa lista con los agraciados con U$S 50.000 por parte de la misma Agencia, en los años 1999-2000.

Como prueba de los desaguisados orquestados por este organismo, basta con mencionar al Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnologías de la Producción (CICYTTP), sito en Diamante (Entre Ríos), así como al Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de Anillaco, La Rioja (CRILAR), inaugurado en marzo de 1998, el cual provocó un escándalo con motivo de: a) los concursos cerrados celebrados para cubrir sus vacantes; b) los ingentes gastos incurridos para su construcción (U$S 52 millones de dólares); y c) los mecanismos político-partidarios implementados para su inauguración. (Nota 170) Las desavenencias entre la dirección del CONICET y el gobierno menemista al momento de la inauguración del CRILAR culminaron con la renuncia del titular del organismo, el investigador Enrico Stefani. En efecto, a escasos días de la inauguración del Centro Tecnológico de Anillaco, el entonces presidente del CONICET, Dr. Stefani, renunció denunciando haber recibido "presiones políticas" por parte del Gobierno, dejando su lugar al Ing. Armando Bertranou. (Nota 171) Stefani también habría salido al cruce de supuestas presiones por parte de Juan Carlos Del Bello. Según Stefani, en conversaciones directas o en el Directorio, le "recomendaron" que al Centro Riojano ingresaran ciertos profesionales (Pablo Aceñolaza) que no estaban en condiciones de hacerlo, por tener categorías inferiores a las requeridas por la Junta de Calificaciones. (Nota 172)

Pero pese a todos estos flujos negativos el CONICET guardó siempre el monopolio de aquellas funciones de control simbólico de naturaleza evaluativa, correspondiente a la Carrera de Investigadores, tales como el otorgamiento de becas de iniciación y de perfeccionamiento, tanto internas como externas. Si hemos de creer al Investigador Rolando Quirós, las Comisiones Asesoras del CONICET, que también despachan Informes y resuelven pedidos de ascenso, ingreso y promoción --que elevan para su aprobación o rechazo a la Junta de Calificaciones-- están constituídas por un remedo de integrantes designados tanto durante el Proceso, como durante el Alfonsinismo y el Menemismo. Estas Comisiones Asesoras, según lo detalló Quirós en diversos mails de Pol-Cien, mediante "...un simple cálculo tal como: cinco (5) Comisiones = diez (10) miembros por Comisión = cincuenta (50) miembros de comisiones; cinco (5) subcomisiones por comisión = 5 x 10 x 5 = 250 miembros de subcomisiones nos da la suma de trescientos (300) miembros (aproximadamente) de comisiones y subcomisiones. Suponiendo que yo te doy y vos me dás un becario cada dos años, un centenar y medio (150) de becas ya están repartidas por el sólo hecho de "pertenecer". Si le agregamos un 20 % de ricos y famosos (Estadísticas no publicadas de la SCyT de la UBA) tenemos un total de ciento ochenta (180) becas otorgadas por año desde el "vamos". Alguien como Enrico Stefani agregaría que logias, trenzas, mafias y grillas no funcionan en el vacío y propondrían agregar algunas becas mas a repartir entre los subalternos de los Directores de las Unidades Ejecutoras, así como entre socios, correlegionarios, amigos y, porque no, algún familiar. ¿podríamos cerrar en doscientas (200) becas amañadas a la perversa lógica de la corrupción institucional del CONICET? ¿cuantas becas de doctorado (ex iniciación y perfeccionamiento) otorgó el CONICET este año? Me atrevo a adivinar que no muchas mas de doscientas (200)". (Nota 173)

En suma, la gestión de del Bello al frente de la SECYT vino a engendrar dos (2) nuevos organismos públicos, el FOMEC y la ANPCYT, que se superponían abiertamente con las funciones evaluadoras de las Comisiones Evaluadoras del CONICET. Estos nuevos organismos, al cual debemos sumar la CONEAU, son al igual que el CONICET instituciones de naturaleza triádica, con funciones ejecutivas, normativas o consultivas y evaluadoras, las cuales deben ser también diferenciadas y respetadas en su individualidad e independencia, y en lo que se refiere específicamente a las funciones evaluadoras debe ser respetada la confidencialidad, al igual que se la honra en los ámbitos judiciales.

III b 2. Redes de transferencia tecnológica (ANPCYT).

Entre las funciones de control simbólico y jurídico se destacan como claves las denominadas transferencias tecnológicas. Estas funciones no eran nuevas por cuanto remontan su orígen a la época colonial, cuando la industria minera logró su desarrollo merced a la transferencia tecnológica practicada desde España. Pero la reciente y moderna noción de transferencia tecnológica, como momento crucial en la tendencia hacia la corporativización de las universidades, y como eufemismo para la noción de cesión de la investigación pública a los intereses privados, se inició en USA como forma de superar al Japón en la carrera tecnológica, y tuvo su orígen conceptual en la aprobación por el Congreso Norteamericano en 1980 de algunas enmiendas a la Ley de Patentes, conocida como el Acta o Ley de Bayh-Dole. (Nota 174) Pero en Argentina, las contrataciones de transferencia tecnológica son de orígen más reciente y se fundaron en la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, Ley 23.877 de 1990, y la Ley de Educación Superior de 1995, cuyas cláusulas pertinentes sí habrían tenido su verdadero orígen en la Bayh-Dole Act de 1980.

Estas contrataciones se iniciaron una vez que comenzaron las actividades de la ANPCYT (1996), con la firma de numerosas leyes, decretos reglamentarios, ordenanzas y resoluciones administrativas, entre ellas el Anexo II del Reglamento de Beneficios Promocionales (RBP), decretado por Resolución SECYT No. 194/97 del 21 de septiembre de 1997. (Nota 175) Este Anexo II especificó una calificación certificadora que pudiera operar como una suerte de credencial, denominada Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), que tiene la virtud de evidenciar capacidad para promover y organizar programas, actividades y vínculos interinstitucionales orientados a la innovación y modernización tecnológica, y destinada a habilitar y recalificar empresas y entidades públicas y privadas a los efectos de que puedan acceder a subsidios y préstamos oficiales y a créditos fiscales.

Estas UVT están sujetas a la aprobación de una Comisión Evaluadora de UVT, pero hasta el día de hoy se desconoce la nómina de sus integrantes. Por otro lado, la labor certificadora de esta Comisión se asemeja mucho a la labor de filtro o colada desplegada por la CONEAU en materia de habilitación de universidades y planes de estudio. Amén de las UVT habilitadas con anterioridad, sólo entre 1998 y 2001 se habrían aprobado casi un centenar de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT). Estas declaraciones de habilitación permitieron al Directorio del FONTAR (administrador de los fondos del BID), y a los Coordinadores del FONCYT, ambos organismos dependientes a su vez de la ANPCYT, y este a su vez de la SECYT, practicar una redoblada criba de los aspirantes y distribuir así sólo doscientas (200) subvenciones y préstamos, correspondientes a los Programas de Modernización Tecnológica (PMT) y de Consejerías Tecnológicas (PCT), financiados con fondos del presupuesto y de un préstamo de ciento cuarenta millones (U$S 140.000.000) de dólares del BID y Subsidios BID N° 802/OC-AR, de U$S 190 millones; y del BID AR-0171, de U$S 280 millones, los mismos que el exPresidente del CONICET Dr. Enrico Stefani sospechaba pero que no había alcanzado a impugnar.

Estas subvenciones y préstamos --distribuídos para Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), que son aquellos dirigidos a promover la interacción entre instituciones de investigación y sectores productivos, y para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), es decir aquellos no sujetos a condiciones de confidencialidad comercial-- vinieron en realidad a beneficiar a un número muy exiguo de empresas privadas, que persiguen fines de lucro y están interesadas en mejorar su competitividad, y no a la infraestructura física de instituciones oficiales o privadas que prestan servicios públicos. Para conocer cuáles son estos montos y porcentajes ha sido preciso explorar el sitio electrónico de la ANPCYT, en cuya base figuran ordenadas en forma cronológica una multitud heterogénea de Resoluciones administrativas. Esas Resoluciones se volcaban al otorgamiento de subsidios y préstamos, a la aprobación de evaluaciones técnicas y elevación de solicitudes de financiamiento al Banco Nación, al otorgamiento, prórroga y desestimación de certificados de calificación y a la aprobación de Tablas de Amortización de los beneficios otorgados. Una vez desagregados en forma alfabética fué posible desglosar los préstamos y subsidios de las entidades que pertenecen al ámbito privado de aquellos otros que pertenecen al ámbito público. Es así que detectamos, para el período 1998-2001, sobre un total de U$S 42.566.418 millones de dólares, distribuídos en forma de subsidios y préstamos, U$S 16.253.349 o el 38% del total, asignados a setenta (70) entidades de interés público y sin fines de lucro, a razón de un promedio de U$S 232.179 cada una; y U$S 26.625.069 millones otorgados a un centenar (101) de entidades privadas, o el 62% del total, a razón de un promedio de U$S 266.250 cada una. (Nota 176) Lamentablemente, para el período 1996-1998, en que supuestamente se distribuyeron los U$S 100 millones de dólares faltantes, correspondientes a los U$S 140 millones prestados por el BID, la documentación brindada electrónicamente por la ANPCYT, en forma de Resoluciones administrativas, oculta dicho detalle.

Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia y modernización tecnológica, habrían devenido en flujos y prácticas inductoras y forzadas que habrían violentado la autonomía de la ciencia respecto del poder de las fundaciones, los patrocinadores privados y los organismos públicos, y habrían sido así corruptoras de una nutrida planta de investigadores, empresarios y funcionarios. Para lograr sus objetivos, ciertas autoridades de organismos públicos utilizaron créditos fiscales para comprar a los desafectos. Ese pareciera ser el caso de la Fundación Campomar, la cual a los efectos de obtener un crédito del FONTAR, su Presidente Israel David Algranati tuvo que celebrar durante la gestión Delbellista (1998) un convenio con una empresa industrial privada denominada Vilmax S.A por U$S 1.400.000, sin que se cumplieran los requisitos de la Ley de Contabilidad que establece licitaciones públicas y/o concurso de precios. (Nota 177) El socio empresario, en este caso la empresa Vilmax S.A., según expresiones del Dr. Algranati, les fue impuesto por las autoridades del FONTAR. Estas expresiones son negadas por su exVicepresidente Dr. Luis A. Quesada, quien atribuye el orígen del Convenio a la iniciativa del investigador Dr. Tomás A. Santa Coloma. Esta empresa Vilmax S.A. pertenece al ramo de la química industrial de colorantes orgánicos sintéticos y posee filiales en Brasil y Hong Kong, y es la segunda productora de toda América, incluído USA. (Nota 178)

Finalmente, el favoritismo político en la distribución de recursos públicos, otorgado entre funcionarios, puede ser caracterizado como asociación ilícita. Tal sería el caso del crédito dado por el FONTAR a la empresa Hueque SRL por la suma de U$S 277.962, para ser aplicado al proyecto sobre "...la esquila del guanaco en vivo", aparentemente brindado al marido de la Ministra de Educación Susana Beatriz Decibe. (Nota 179) Asimismo, la utilización de fondos públicos para el clientelismo político por parte de aquellos funcionarios que están lanzados a la carrera política electoral es también uno de las infortunios más nocivos del régimen democrático, y uno de los que mas ha logrado preservar su impunidad. Sugestivamente, entre las empresas beneficiadas con préstamos del FONTAR figuran al menos cuatro (4) firmas radicadas en la provincia de Río Negro, localidad de orígen del entonces Secretario de Ciencia y Técnica Lic. Juan Carlos del Bello, y el espacio político donde recientemente este mismo funcionario disputó infructuosamente la candidatura a Gobernador de la Provincia (derrotado por otro candidato que también detentó un cargo público con partidas secretas, el exDiputado Soria). Las empresas radicadas en Río Negro y sospechosamente beneficiadas con préstamos del FONTAR fueron Castiglione, Pes y Cía., en U$S 75.000; la Cabaña Micó, de Roberto Milohanich y Susana Cornaglia, en U$S 76.991; Truchas Alicurá SRL, en U$S 163.850; y Cooperativa Eléctrica Bariloche, en U$S 1.580.619. (Nota 180)

Las subvenciones del FONTAR se otorgaron en diferentes categorías, es decir como préstamos de reintegro contingente (Línea 1 del FONTAR para casos de alto riesgo tecnológico), de devolución obligatoria (Línea 3 del FONTAR para proyectos de bajo riesgo tecnológico), de préstamos no reintegrables (Línea 4 del FONTAR, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas), y como simples subsidios, distribuidos por el FONCYT, a entidades sin fines de lucro. En este corto período estudiado, los préstamos de reintegro contingente que alcanzamos a detectar sumaron veintidós (22) casos que montaron la cantidad de U$S 8.858.748 millones de dólares. Varios de estos proyectos presentan en su contenido motivaciones sospechosas y muy desproporcionadas en sus montos. Entre ellos se encuentra el brindado a la empresa CRIOLLO SA por U$S 115.835, para desarrollar "...una máquina envasadora para producir café"; y el otorgado a E. Bolo Bolaño de U$S 132.374, para el "...rancheo de yacarés en la provincia de Chaco". (Nota 181)

Los préstamos no reintegrables alcanzaron veintitrés (23) casos que ascendieron a la suma de U$S 1.853.884. Entre ellos hallamos el caso de la Hilandería CAPEN SA, a la cual se le otorgó U$S 43.000, para desarrollar "...una prueba piloto de arreo y esquila experimental del guanaco". (Nota 182) Los préstamos de devolución obligatoria fueron cincuentaidos (52) casos que montaron la suma de U$S 15.496.765. Y los subsidios otorgados a empresas --en carácter de UVT habilitadas-- fueron casi un centenar (96) de casos, que ascendieron a la suma de U$S 2.854.240, en el marco de la Ley 23.877 y del Programa de Consejerías Tecnológicas (PCT), cuyos beneficiarios fueron supuestamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellos se destacan los otorgados para el desarrollo de "...un prototipo experimental de vehículo eléctrico híbrido (VEH)", por U$S 737.450; y a la Universidad de Lomas de Zamora por $19.350, para ser aplicado a la ejecución de un CD Rom "...sobre Juan Moreira". Hubo también veintinueve (29) casos de entidades cuya información no registra en la fuente documental el tipo de crédito recibido, que montan la suma de U$S 13.502.781 millones de dólares. También registramos en el año 1999, cuatro (4) subsidios otorgados a la Fundación Innova-T, que integraba el entonces Presidente del CONICET Ing. Armando Bertranou, por un total de U$S 40.000. (Nota 183) Finalmente, no obstante la existencia de algunas declaraciones de "finalización exitosa" de los proyectos financiados, nada dice la fuente documental acerca de los reembolsos de aquellas operaciones crediticias otorgadas en calidad de créditos de reintegro obligatorio.

Entre las entidades sin fines de lucro, subsidiadas en su carácter de UVT habilitadas, en el período 1998-2001, el record lo lleva la Fundación para la Interacción de los Sistemas Productivos, Educativos, Científicos y Tecnológicos (FUNPRECIT), dirigida por el Dr. Horacio Ernesto Bosch, la cual recibió la cantidad de diecisiete (17) subsidios por un total de U$S 751.301. La original particularidad de esta Fundación, cuya página web está desactivada, es que aparentemente con dichos subsidios instituyó un par de premios titulados Premio Consagración a la Promoción de la Innovación Tecnológica y Premio Consagración a la Empresa Industrial en Innovación Tecnológica, mediante los cuales resultaron premiados entre otros el Foro Argentino de Biotecnología (FAB) y el Laboratorio Bio Sidus S.A.. (Nota 184) Le sigue en el ranking el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, el cual recibió once (11) subsidios por un total de U$S 207.356. En tercer lugar tenemos a la Asociación de Vivienda Económica (AVE), la cual recibió nueve (9) subsidios por la suma de U$S 180.000, para la producción y montaje de estructuras de vivienda UMA en diferentes localidades de las provincias del Chaco, Corrientes y Santa Fé. Y en cuarto lugar se destaca la Fundación Universidad Nacional de Rosario (FUNR), la cual recibió ocho (8) subsidios por un total de U$S 138.087.

Indudablemente, estas operaciones ameritan una investigación que dé a luz los resultados técnicos y científicos producidos en materia de impacto y transferencia tecnológica, semejante a la pionera investigación que en la década del 80 emprendió en el CONICET el Lic. Carlos Abeledo, y que dio lugar a sumarios administrativos que derivaron en la pérdida de personería jurídica por parte de aquellos Institutos que incurrieron en irregularidades y fraudes a la administración pública, todo lo cual fue dado a conocer en una afamada publicación. (Nota 185) Eventualmente, los hechos aquí relatados ameritan también una denuncia ante la Oficina Anti-Corrupción, única institución pública en condiciones materiales, personales y técnicas para afrontar una investigación de esta naturaleza.

Con el pretexto de tener que salvar la brecha existente entre la sociedad y la ciencia se malversó la noción de transferencia, implementando una versión neo-corporativa de la misma, consistente en una estructura vertical orientada desde arriba hacia abajo, lo que habría inhibido en la investigación la necesaria sinergia intercultural y fertilización cruzada así como desnaturalizado totalmente la función y los fines de la universidad. La Ley Nacional 23.877, de Fomento y Transferencia Tecnológica, proyectada por el Diputado Nacional Jorge Rodríguez (La Pampa), aunque redactada por el físico Conrado González, fue aprobada entre bambalinas, sin debate alguno, y bajo el terror económico generado por la hiperinflación de 1989, y promulgada recién el 28 de septiembre de 1990. (Nota 186) Las sucesivas reglamentaciones de dicha Ley, en 1992 y 1995, pusieron a las Universidades Nacionales a merced de una red de funcionarios aventureros interesados en bastardearlas y lucrar con las mismas. En otras palabras, el estado nacional, que crónicamente se había desinteresado de la suerte de las Universidades Nacionales, limitándose a fundarlas como fruto de negociaciones políticas y a dejarlas libradas a la buena de Dios, súbitamente cuando se encontró con los fondos del Banco Mundial se entró a interesar por ellas, para lo cual ideó este último Decreto reglamentario, que vino a acicatear o extorsionar a las Universidades Nacionales para que se corrompieran, o mas bien se prostituyeran, con la cuasi certeza de que por ser autónomas y autárquicas estarían más cubiertas de la persecución de la justicia. No obstante este preciso Decreto, también se dictaron otros Decretos mas y Ordenanzas específicas para incentivar la adopción de la transferencia tecnológica, que dieron nacimiento --a posteriori del Pacto de Olivos (1994)-- a nuevas instituciones tales como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), el Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y con cuyos respectivos Comités de Pares pudieron luego incurrir sin sobresalto alguno en reiterados prevaricatos e irregularidades de toda laya. (Nota 187)

Pero el rol tercerizador o de prestación de servicios a terceros por parte de las instituciones públicas educativas habría venido a poner en riesgo la autonomía y la vida académica de los claustros docentes, al desviarlos de sus funciones específicas que son las de enseñar e investigar, y los habría empujado a subordinarse a los intereses territoriales o localistas, a los beneficios corporativos de compañías multinacionales y a batirse en campañas publicitarias, pujas redistributivas e injustas desigualdades en el reparto de lo recaudado por la venta de dichos servicios, tal como actualmente viene ocurriendo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y que recientemente ha provocado la renuncia de su Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Eduardo Dvorkin, quien además se desempeñaba como Director del Centro de Investigación Industrial de Techint. (Nota 188)

En el caso paradigmático de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), las funciones de extensión universitaria a través de los proyectos de Extensión de Interés Social y Programa Universidad-Municipios y Comunas, y la denominada transferencia tecnológica mediante la prestación de servicios a terceros, a través del Centro para la Transferencia de los Resultados de Investigación (CETRI), se habrían logrado sostener y apoyar merced a la formación de una red político-clientelar con listas políticas y candidaturas afines a dichas gestiones universitarias. (Nota 189) En dicha Universidad del Litoral (UNL), las empresas Zeltek S.R.L. (gerenciada por el Lic. M. Daelli), y Labofrant (dirigida por el actual Presidente de CAPROFAC Dr. Juan Torres), asi como los Institutos de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química o INTEC (dirigido por el Dr. Alberto Enrique Cassano), y el Instituto de Tecnología Biológica (INTEBIO, dirigido por Alberto Marcipa), que fueron "incubadas" en dicha Universidad, fabricarían fármacos cuya invención procede de patentes externas pero que se comercializarían aquí en aparente beneficio de los proveedores de la industria farmacéutica, tales como Genargen y Laboratorio Pablo Cassara, usufructuando las instalaciones y recursos humanos de dicha Universidad bajo el paraguas de la inconstitucional legislación arriba detallada.

En el marco de esta legislación inconstitucional, Zeltek S.R.L. facturó en el ciclo lectivo 2001 un total de dos millones trescientos noventa mil novecientos diecinueve pesos con 35 centavos ($ 2.390.919,35) en concepto de Servicios a Terceros. (Nota 190) En el caso del INTEC, sito también en la provincia de Santa Fé, se trata de un equipo de investigación encabezado por el Dr. A. Cassano, al cual pertenecería el actual Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación Ing. Químico Julio A. Luna. No obstante los datos proporcionados en la página web, las autoridades de dicha Universidad Nacional del Litoral (UNL) no han informado o han ocultado información a la opinión pública de cuáles habrían sido las regulaciones y los porcentajes con que lo facturado fue distribuido entre la Universidad y los equipos docentes que brindaron estos servicios a terceros. Es sugerente recordar que el Dr. Cassano, formó parte de una red altamente cuestionada conjuntamente con Angel Molero, Roberto Brie, Patricio Randle, Alvaro Gimeno y Juan Llerena Amadeo pues durante el Proceso fueron los aportantes al PROMEC, programa apoyado por el CONICET-SENOC, el cual se destacaba por practicar usos y costumbres semejantes a las que hoy venimos a cuestionar. (Nota 191)

Es decir, mediante disfrazados artilugios legales, eventualmente concebidos con los propósitos de burlar a la opinión pública, sortear la crítica y resistencia del periodismo científico y del movimiento estudiantil, y eludir el brazo de la justicia, las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación habrían convalidado la violación de la autonomía universitaria, así como los derechos y garantías vinculadas con el ejercicio de las actividades de evaluar, dictaminar, enseñar, aprender y estar informado, y habrían venido a feudalizar o provincializar y a legalizar la privatización de espacios públicos indelegables e intransferibles, tales como las Universidades Nacionales, sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico, corporativo y financiero. Cabe entonces señalar la increíble capacidad existente en nuestro país para metamorfosear innovaciones jurídico-institucionales progresistas, elaboradas en las metrópolis centrales (Barcelona, Milán, Silicon Valley, Munich, Tsukuba [Japón], Taedok [Corea]), y bastardearlas, transformándolas en instrumentos venales propicios para el negociado. A diferencia de instituciones importadas en el pasado decimonónico, como la codificación Napoleónica, la desamortización eclesiástica y el laicismo de Jules Ferry, prácticamente no existe innovación jurídica importada en los últimos tiempos, que no se haya transmutado en negociado o en una versión bastarda de las mismas. Instituciones como la acreditación, la transferencia tecnológica del Bayh-Dole Act, las practicas de la confidencialidad en las funciones evaluadoras, y la acreditación de instituciones y programas académicos, y otras como el voucher y la escuela charter, que en Argentina no alcanzaron a concretarse, tan utilizadas en el país del norte, son manipuladas en países como los nuestros de una manera soez y obscena, y habrían venido a feudalizar y a legalizar la privatización de espacios públicos indelegables e intransferibles, tales como las Universidades Nacionales, sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico, corporativo y financiero. (Nota 192)

Por esa y otras razones, las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue denunciada en septiembre de 2002 ante la Oficina Anticorrupción, pues las autoridades de dicha institución habrían cometido eventualmente los delitos de usurpación, administración fraudulenta, negociación incompatible con la función pública, malversación de recursos públicos, y violaciones de los deberes de funcionario público y de la autonomía universitaria al haber puesto las instalaciones y recursos técnicos y humanos de dicha Universidad al servicio de intereses privados y del mundo de los negocios mercantiles, asi como por dificultar con sus respectivos desempeños el cumplimiento de los objetivos y las misiones para las cuales fueron creadas dichas instituciones. (Nota 193)

Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido en prácticas que fueron desinformadoras de la opinión pública, corruptoras de las actividades legislativas y administrativas así como corruptora de una nutrida minoría de la planta de Investigadores del CONICET, y discriminatorias para con aquellos Investigadores que amén de la investigación ejercen complementariamente la docencia en establecimientos públicos.

III b. 3. Redes licenciatarias de contratos de asesoría y consultoría (CONICET).

Entre las funciones de control simbólico y jurídico de naturaleza evaluadora se destacan también las funciones específicamente autorizadoras o licenciatarias de contratos de asesoría y consultoría, las cuales se habrían venido desplegando en forma intermitente, informal y encubierta desde la dictadura de Onganía (1966), para reeditarse luego con la última restauración democrática (1983) de manera formal. El director del CONICET, Lic. Carlos Abeledo, en abierta violación del Estatuto, firmó el 10 de septiembre de 1987 la Resolución 1295/87, atribuyéndose la facultad de autorizar a sus Investigadores de planta la contratación de asesorías y/o consultorías por fuera de sus dedicaciones exclusivas.

Sin embargo, el Directorio del CONICET, en tiempos de Abeledo, tuvo en este preciso caso la precaución de establecer en el artículo 3º de dicha Resolución que las solicitudes de asesoría deberán ser evaluadas a través de una Comisión Interdisciplinaria "...la que dictaminará sobre la relevancia técnica y competencia disciplinaria del mismo". Pero con el correr de los años este inocente régimen de autorizaciones entró a corromperse al extremo de no cumplirse con los requisitos de dicho art. 3º. incurriéndose así, por acumulación múltiple de contratos, en actividades simplemente ilícitas, que por su misma naturaleza son delitos de tipo contínuo. Más aún, cabe la sospecha que con dichos múltiples y paralelos contratos de asesoría y/o consultoría se rendían Informes repetidos, o lo que es lo mismo, se vendía la misma mercancía. (Nota 194) En cuanto a la corrupción y la desigualdad instauradas en el CONICET, se comprobó que ha proliferado en su seno el flujo negativo de un voraz individualismo, por parte de quienes ocultaron a sus colegas sus eventuales actividades ilícitas e ilegítimas, y de un desenfrenado cinismo por parte de quienes niegan sus propias responsabilidades eventualmente dolosas. Hoy se evidencia como se genera una competencia desleal, entre los investigadores subvencionados por el estado, que no pagan impuestos ni invierten en capital de riesgo (equipos, etc etc.), y los profesionales independientes que son "corridos" con monotributos y otras trabas. Los investigadores cobran asesorías a precios irrisorios, sin facturar y sin siquiera dar cuenta al Conicet o a la respectiva Universidad. Peor aún, desempeñan las asesorías en horarios de trabajo aun cuando cobran sus dedicaciones exclusivas. Y aquellos que residen en zona categorizada como desfavorable cobran asimismo los correspondientes incentivos.

El Directorio del CONICET, sin mencionar la citada Resolución 1295/87, autorizó en 1999 a casi doscientos (200) Investigadores a blanquear múltiples contratos de asesoría o consultoría que concertaron por fuera de la dedicación exclusiva a que están obligados. En estas actividades ilícitas estaría implicado por encubrimiento el Directorio del CONICET, encabezado a partir del Pacto de Olivos (1994) por el Lic. Armando Bazán, verdadero mentor de esta facción de poder. Esta facción sería la vocera representativa de los institutos propios del CONICET, y constituida por la representación corporativa de la Unión Industrial y la Sociedad Rural y por los residuos del Materismo y el Liottismo, e integrada por los doctores Luis Beauge, Estéban Brignoli, Norberto Ras, y Juan Tirao, el Lic. Marcelo Gustavo Daelli (actualmente sustituido en el Directorio por el Rector de la Universidad del Litoral Ing. Mario Domingo Barletta), el actual Rector de la Universidad de Quilmes Ing. Julio Manuel Villar (que renunció estentóreamente en vísperas de las elecciones de 1999), y el actual Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación Ing. Julio Alberto Luna, bajo la Presidencia del Ing. Armando Bertranou, quien a su vez integraba paralelamente el Directorio de la Fundación Innova-T.

Pero mucho más grave aún que estos contratos de asesoría y/o consultoría oficialmente declarados en el CONICET, serían aquellos otros contratos no declarados así como los denominados contratos temporarios docentes, obtenidos privadamente por Investigadores del CONICET y docentes de universidades públicas, paralelamente a sus funciones oficiales, en establecimientos de índole privada y también de índole pública, tampoco declarados ante organismo alguno, vaciando o privatizando así el tiempo y el calendario oficial, y hasta los espacios e insumos oficiales, en provecho de otras instituciones privadas y públicas, que así se beneficiaron de recursos humanos calificados sin tener que invertir en ellos gastos en concepto de antigüedad, seguridad y previsión social, lo cual habría devenido en una defraudación masiva y colectiva, una verdadera asociación ilícita en perjuicio de las instituciones docentes oficiales. Todo esto habría ido en menoscabo de la inmensa mayoría de los colegas que por culpa de estas redes inescrupulosas y voraces no pueden alcanzar siquiera un salario de Dedicación semi-exclusiva, arrojados así al desempleo y la exclusión. Esto también habría ido en detrimento del mercado nacional de recursos humanos calificados, y porque no también continental, los cuales se hallarían por estas causales criminales y dolosas, totalmente corrompidos, congelados y oligopolizados, sin que hasta el presente ningun organismo administrativo (CONEAU, Secretaría de Educación Superior y Consejo Interuniversitario Nacional) o judicial (Fiscalias), así como nacional o internacional, hayan tomado cartas en este verdadero escándalo nacional e internacional, que tiene desde hace años inhibida, acorralada y boicoteada la investigacion científica y el aprendizaje y la docencia superior argentinas y latinoamericanas.

En cuanto a la dedicación exclusiva horaria a la que los Investigadores están obligados en el CONICET, en un momento pareció que existirían varias normas reservadas que flexibilizarían dicha imposición. El Lic. Marcelo Daelli, quien habría siempre oficiado en los medios científicos de lobbysta, en la respuesta que dió al Ing. Militar Antonio Ricardo Castro Lechtaler, en la Lista de Discusión Pol-Cien, el 18 de septiembre de 2002, reconoce que en el CONICET existen "...varias normas que flexibilizan la dedicación exclusiva" de sus Investigadores, aunque no las especifique ni figuren incorporadas en su Estatuto ni entre las normativas publicadas en su página Web. (Nota 195) Mas explícitamente aún, el Lic. Daelli menciona un decreto de la época de Matera que no detalla por su número, que permitiría "...a un investigador facturar asesorías a terceros cuando su realización ocurre fuera del lugar de trabajo y hasta el 20% de la dedicación en horas por año". En realidad, este Decreto, que el miembro del Directorio Lic. Daelli presumía provenir de la época de Matera, no sería otro que la Resolución No. 1295/87, firmada por el exPresidente del CONICET Carlos Abeledo, en abierta violación del Estatuto del CONICET.

Pero lo verdaderamente preocupante es que el directorial Lic. Daelli, (Nota 196) conjuntamente con el resto del Directorio del CONICET y las autoridades de la SECYT, incorporen en dicho organismo una nueva estratificación, no contemplada en sus Estatutos, y por tanto ilegal, afirmando que amén de aquellos doscientos (200) Investigadores que complementan sus tareas con asesorías y consultorías, los que suplementan sus ocupaciones sólo con la docencia deben necesariamente "....ganar menos que aquellos que con su actividad generan valor y puedan aportar al desarrollo económico". (Nota 197) El exmiembro del Directorio del CONICET Lic. Daelli, así como el Directorio del CONICET y las autoridades de la SECYT, habrían confundido la generación de valor comercial con la generación de valor científico. Al admitir la increíble tesis de que los Investigadores que ejercen la docencia "no generan valor", se habría engendrado la humillación por la cual los Investigadores-docentes deben ser considerados Investigadores de segunda, y por ende ser discriminados en sus ingresos por obra de un decreto, pero que en realidad fue obra de una resolución administrativa, la Resolución 1295/87, firmada por su entonces Presidente Lic. Carlos Abeledo, igualmente ilegal e inconstitucional.

Más aún, la Fundación Innova-T, integrada por varios exfuncionarios del CONICET (Armando Bertranou, Juan Carlos Olveira, Daniel Giaccone), estaría complicada por eventual complicidad en posibles actividades ilícitas desarrolladas en la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET, y la SECYT, al participar venalmente en la promoción de actividades de transferencia tecnológica de las Unidades Ejecutoras del CONICET, y en la administración de los Proyectos Científicos y Tecnológicos subvencionados por el propio CONICET y la ANPCYT, entre los años 1998 y 2001, facturando en concepto de servicios el 5% del total de cada subsidio, y el 20% en cada convenio de vinculación tecnológica. (Nota 198) Actualmente estas actividades estarían siendo desempeñadas por UBATEC S.A. (compañía de derecho privado para la transferencia de conocimientos tecnológicos y la promoción de emprendimientos de base tecnológica cuyos propietarios son la Universidad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria), presidida por el Dr. Alberto Boveris, exVicerector de la UBA en la gestión del Contador Shuberoff.

Todos estos manejos viciosos e ilegales ilustran sobremanera acerca de las cualidades éticas e intelectuales de estos burócratas, verdaderos mandarines o funcionarios de la Nomenklatura, que al estar acostumbrados a actuar impunemente, corrompen las conciencias, comercian privadamente con los bienes y servicios públicos y con los dictámenes evaluadores, intimidan e imponen la ley del silencio (omertá), e incluso pervierten mediante el lobby la misma gestación de leyes, decretos, reglamentaciones, ordenanzas y resoluciones administrativas (como ha ocurrido recientemente en el caso de las leyes bancarias con un lobbysta "todo terreno").

III c. Redes de poder planificador (CONEAU-CONICET).

Entre las funciones de control simbólico y jurídico de naturaleza normativa y/o curricular, la de acordar la iniciación de una institución o programa educativo alcanza la gravedad que en la antigüedad se otorgaba a los ritos de iniciación. Por un lado, si bien la actividad de docencia superior fue en un principio una tarea unificada y centralizada, no existió entonces planificación alguna. Con el correr del tiempo y de la legislación moderna se fueron abriendo nuevos y segregados cauces privados que aumentaron la naturaleza anárquica de esta actividad.

A esos efectos, en 1986 se reconoció al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como órgano de consulta obligada en la toma de decisiones del sistema universitario; y a fines de la década del 90, la Secretaría de Educación Superior creó en Argentina los Consejos de Planificación Regionales de la Educación Superior (CPRES) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). En julio de l997, en Catamarca, se produce el Acuerdo plenario del CPRES-NOA Nro. 42, que aprueba el documento de trabajo "Coordinación de apertura de nuevas sedes, subsedes, carreras y Programas en el Sistema de Educación Superior", a la vez que solicita a la Secretaría Técnica del CPRES, la distribución del mismo en todos los CPRES, a los efectos de aunar criterios y elaborar una metodología común para el tratamiento del tema. Y en el Acuerdo Plenario No. 25, del CPRES-COES (Región Centro-Oeste), se deplora la actitud de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de fundar la carrera de Abogacía en Villa Mercedes, San Luis.

Excepción de las instituciones universitarias de tipo enseñadero, que prevalecen en el conurbano bonaerense sin práctica de investigación científica, sin planificación alguna y con Bibliotecas cuyos contenidos generan conmiseración, serían algunas universidades tales como las de General Sarmiento, Quilmes, Tres de Febrero y San Martín, donde se imparten numerosas Maestrías. En la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) su Instituto del Conurbano viene desarrollando investigaciones directamente relacionadas con la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Y su Instituto de Ciencias también desarrolla algunas investigaciones vinculadas con los intereses comunales (Neufeld, Di Pace, Echarri). En la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) trae un listado de una decena de proyectos de investigación con muy breves resúmenes sobre sus contenidos. La Universidad Nacional de La Matanza (UNLM) trae un listado de proyectos de investigación sin explicitar sus resúmenes. En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) apenas si menciona que posee dos programas de investigación sin detallar ni sus integrantes ni sus proyectos. Y en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se han generado Maestrías para la gestión de diversos campos de la administración comunal. En su Instituto de Altos Estudios Sociales, con sede en Capital, se vienen desempeñando las Maestrías en Sociología de la Cultura, Ciencia Política, Antropología Social y Sociología Económica. Sin embargo, la UNSAM reconoce y justifica su relativa inferioridad académica enfatizando en su campaña de marketing que las Maestrías son "...sólo valiosas credenciales para aquellos que buscan seguir estudios doctorales", es decir reconoce que son el sebo o señuelo, o más bien el trampolín para una promoción doctoral a realizarse exclusivamente en el extranjero. En otras palabras, la UNSAM reconoce que hoy en día llevar a cabo estudios de doctorado es una tarea imposible. De esta forma, la UNSAM se suma al negocio del drenaje de cerebros, para el cual los contactos y las relaciones públicas de su staff de docentes son imprescindibles. (Nota 199)

Por otro lado, la actividad de investigación científica propiamente dicha fue en un principio en el Río de la Plata una tarea individual y esporádica cumplida por seres excepcionales, tales como en materia de investigación minera Cañete y Domínguez, con relación a la botánica y la zoología Félix de Azara y Dámaso de Larrañaga; y en materia paleontológica Francisco Javier Muñíz en tiempos de Rosas, y Germán Burmeister y Florentino Ameghino en la segunda mitad del siglo XIX. La investigación científica comienza a alcanzar un status institucional sólo con la fundación de los primeros institutos científicos, tales como la Academia de Ciencias de Córdoba en 1873 y el Instituto de Fisiología, a cargo de Bernardo Houssay, en 1919.

En la segunda mitad del siglo XX, con la denominada Revolución Libertadora se inauguraron numerosos organismos públicos promotores de ciencia y tecnología (CONICET, INTA, CONADE, CFI, INTI), a imágen y semejanza del modelo francés (CNRS). (Nota 200) A los pocos años, en 1968, durante la dictadura de Onganía, Jorge Sábato y Natalio Botana diseñaron el famoso Triángulo, consistente en una estructura lineal con tres vértices constituídos por el polo científico-técnico, el aparato productivo y el estado. (Nota 201) Recién a partir de la Reforma del Estado-II, encarada en la segunda presidencia de Menem, tuvo lugar el denominado Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Técnica, 1998-2000 (PNPCT), que pasó a ser responsabilidad ejecutiva de la SECYT. Para la formulación de este plan, la SECYT creó el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), órgano destinado a definir, articular e instrumentar políticas conjuntas con los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo está orientado esencialmente a proponer a la SECYT las áreas temáticas prioritarias a ser consideradas por el Plan Plurianual. Sin embargo, según el Dr. Stefani en su renuncia, este Plan no fue apropiadamente discutido por la comunidad científica, es decir no fue debatido ni siquiera a nivel del Directorio del CONICET. Que se sepa, tampoco el Directorio se manifestó ofendido por este deliberado solapamiento de su autoridad. En el acápite del Plan referido a las ciento diez (110) Unidades Ejecutoras existentes en el organigrama del CONICET, se confiesa que el orígen histórico de los Institutos de Investigación "...no obedeció a una estrategia única". (Nota 202) Cuando la política científica y educativa se la deja librada a la fuerza y el dinamismo de la demanda, como ser los intereses puramente regionales, localistas y hasta municipales, no es de extrañar entonces que no existiera una estrategia única. Según Vessuri (1997), la construcción de nuevos saberes ha tenido que ver mas con la oferta que con la demanda. (Nota 203)

Más aún, a renglón seguido, dicho Plan Plurianual reconoce que "...ciertos institutos con tradición propia fueron incorporados al sistema" de Unidades Ejecutoras del CONICET. (Nota 204) Pero tampoco en este preciso caso se especifican cuáles fueron los criterios utilizados en el pasado para dicha incorporación, salvo de que debían contar con una "tradición propia", sin importar en que consistían dichas tradiciones. Del mismo modo, dicho Plan Plurianual admite que "..ciertas cátedras universitarias que nuclearon una masa crítica de investigación con una estrategia común dieron orígen [en el pasado] a Unidades Ejecutoras". (Nota 205) Pero ni aun así en estos casos dicho Plan Plurianual brinda indicios ciertos de cuales fueron los criterios instrumentados para seleccionar las mencionadas cátedras, salvo la declamada "masa crítica" y la denominada "estrategia común". Aparentemente, para la SECYT y el Directorio del CONICET, no importó mucho explicitar que se entiende por "masa crítica" ni que se comprende por "estrategia común", salvo que por ellas se interprete la virtud de "amuchacharse" y "cerrar filas" alrededor de las mencionadas redes de clientelismo, amiguismo y reciprocidad prebendarias y facciosas.

También reconoce el Plan Plurianual que ciertas "áreas geográficas" o ciertas "disciplinas determinadas" fueron seleccionadas dentro de "...una política activa de promoción del CONICET", sin aclarar siquiera cuáles fueron los criterios implementados para esta selección geográfico-territorial y esta discriminación disciplinar. En otras palabras, la SECYT y el Directorio del CONICET reconocen tácita o implícitamente que la creación de Institutos obedecieron en el pasado no a criterios pre-establecidos y racionales sino a criterios arbitrarios y ocasionales o caprichos post-factum, seguramente resultantes de las correlaciones de fuerzas político-académicas entre regiones geográficas y disciplinas científicas en pugna. Es decir, luego de fundado el CONICET en 1955, con el acervo de diversos institutos acumulados en varias universidades y creados en épocas muy anteriores, la SECYT y el Directorio del CONICET habrían alentado a las Universidades Nacionales de todo el país y a las diferentes disciplinas y subdisciplinas del arco científico a entrar en pujas canibalescas por el reconocimiento y el favoritismo político-académico, para lo cual obviamente los lobbies regionales de gobernadores, generales, obispos y senadores deben haber estado a la orden del día, en lugar de planificar un proyecto propio y centralizado. Más aún, el Dr. Enrico Stefani reveló en su pública renuncia a la dirección del CONICET que los Directores de estos Institutos, en su afán clientelístico por defender a sus subalternos se habían ido convirtiendo --violando la confidencialidad-- en "...gestores de grupos que ejercían presión sobre los dictámenes de las Comisiones Asesoras del CONICET". (Nota 206)

Una vez consolidado el proyecto de dominación neo-conservador, con la creación de la CONEAU (1995), de la ANPCYT (1996) y de las supuestas transferencias tecnológicas administradas por el FONTAR (1997), y una vez renunciado el Dr. Stefani (marzo de 1998), las autoridades Menemistas encaramadas en la SECYT, con la jefatura del Lic. Juan Carlos del Bello, entraron a manipular al Directorio del CONICET. Para ese entonces los miembros del Directorio más dóciles al Delbellismo estaban profundamente sumidos en el estupor y el desconcierto y atemorizados por las revelaciones que el exPresidente Stefani había dado a conocer con su renuncia. Este Directorio estuvo encabezado a partir del Pacto de Olivos (1994) por el Lic. Armando Bazán, vocero de los institutos propios del CONICET, y apuntalado con representaciones corporativas y con los residuos del Materismo y el Liottismo. Con este Directorio, la SECYT tramó planes estratégicos de más larga data, que incluían roles planificadores tales como la creación de unidades ejecutoras o institutos universitarios de ciencia e investigación. Esta planificación de unidades ejecutoras --que contradice abiertamente el exclusivo rol promotor o evaluador de la ciencia que Houssay asignaba al CONICET-- se hizo más descarada a partir de la renuncia del muy efímero como inclaudicable Presidente del CONICET Enrico Stefani (marzo de 1998).

Como resultante de esta puja salvaje y de estos facciosos lobbies políticos y económicos para la creación y calificación de Institutos, se habría venido orquestando en todo este largo periodo una profunda asimetría o desigualdad entre los saberes científicos con muy nocivas secuelas para el desarrollo de la ciencia en Argentina. Por ejemplo, mientras las ciencias exactas o duras merecieron la inmensa mayoría del apoyo institucional, las ciencias humanas fueron apenas consideradas, catorce (14) institutos sobre ciento diez (110) institutos, o apenas un 15 %. Entre las mismas ciencias exactas prevaleció una radical desigualdad. Mientras la química, la física, la matemática, la bioquímica, la medicina, la geología, la biología, la astronomía, y la botánica se hallan sobrerepresentadas, las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, la robótica y la astrofísica permanecen en el ostracismo. Aun en el caso de la biología, mientras las biologías genética, vegetal, celular y molecular se hallan sobrerepresentadas, la biología animal, la biofísica y la paleobiología brillan por su ausencia. Y entre las mismas ciencias humanas también se gestó una profunda discriminación, pues mientras la geografía, la historia, la antropología, la psiquiatría, la sociología y la psicología se hallan sobrerepresentadas, la ciencia política, las ciencias de la comunicación, la lingüística, la economía, la musicología y el psicoanálisis duermen el sueño de los justos. Y aun en ciertas humanidades como la historia, el énfasis es otorgado casi exclusivamente a las historias argentina y latinoamericana, con una total subestimación de las historias africana, asiática, europea y norteamericana, así como de la historia mundial. El cuadro que se ofrece en el CONICET es por demás insólito ¿cuál es la "masa crítica" y la "estrategia común" reunidas por el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU), con sede en Saavedra 15 de esta Capital? ¿cuál la "estrategia común" orquestada entre la filosofía medieval, la egiptología, la demografía y la geografía en este extraño como extravagante Instituto?

Eso sí, esta puja salvaje --encarnada en la acreditación de universidades y programas, concertación de contratos y subsidios, y creación de institutos-- se proyectó al seno mismo del Directorio y demás estructuras y niveles del CONICET y la SECYT, pues estos Institutos eran periódicamente calificados por una Comisión de Evaluación de Unidades Ejecutoras, a la que luego se adosaron listados de evaluadores por disciplina, y se seleccionaron ternas de evaluadores, a imágen y semejanza de las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera. Más luego, se redactaron auto-evaluaciones, se practicaron visitas y revisitas, y se recepcionaron Informes de visitadores o evaluadores. En lugar de poner los caballos por delante del carro se optó por el proceder inverso, es decir legislar primero arbitrariamente los Institutos a beneficiar y calificarlos luego mediante una compleja alquimia de comisiones, evaluaciones, confidencialidades, ternas, visitas e informes, donde sin duda debieron de haber intervenido en algunas de las instancias los consabidos lobbystas. ¿No debió haberse creado acaso primero una Comisión de Notables con las atribuciones necesarias para redactar un orden o escala de prelaciones científicas, luego un mapa de prioridades geográficas, y muy posteriormente una red de comisiones que los evaluara?

Finalmente, cabría también preguntarse, al igual que nos preguntábamos anteriormente cuando nos referíamos a la CONEAU y la SECYT ¿qué es lo que diferenciaría políticamente a los expertos y pares evaluadores de la Junta de Calificaciones, de las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera y de las Comisiones Evaluadoras de Unidades Ejecutoras del CONICET, con los elegidos por la CONEAU, la ANPCYT, y el UBACYT?

IV. Conclusión

Para concluir, el propósito que ha orientado este escrito ha sido intentar un balance de las sumisiones y rupturas del sistema cultural y científico-educativo argentino reciente; y construir un paradigma en estudios culturales híbrido o transdisciplinar que atraviese transversalmente los campos de las filosofías, psicologías y sociologías de la ciencia y la educación; de las antropologías simbólica, jurídica y corporativa; y de las ciencias de la comunicación y la educación; e incorporar como eje central de la agenda, a escala de máxima prioridad, la descodificación o superación de una estructura institucionalizada de dicho sistema de control simbólico y jurídico (científico-educativo), falsamente modernizado y descentralizado (disfrazado como pseudo-demanda democratizadora).

El objetivo ulterior de esta descodificación ha sido instalar el debate sobre la necesidad de fomentar un nuevo ciclo innovador transmoderno propenso a la creación de una ciencia independiente y nómade o circuito de intercambios y migraciones o desplazamientos intelectuales, y de una sinergia intercultural, imprescindibles para la recomposición de los procesos de fragmentación disciplinar, fraccionamiento académico y de disociación de las virtudes científicas, éticas y estéticas; e indispensables para la reindustrialización del país y la restauración de la productividad científica en áreas de punta o vanguardia. Esta sinergia supone una profunda y nomádica desterritorialización, es decir la puesta en práctica de múltiples y combinados procesos de democratización, descorporativización, desfeudalización, descolonización y desenclave o desencaje de las universidades e instituciones científicas públicas y privadas; que hoy se encuentran en cuanto a sus contenidos visceralmente dogmatizadas, elitizadas, dependentizadas y profesionalmente deformadas o tecnocratizadas; y en cuanto a su organización entrañablemente incomunicadas, prebendarizadas, fraccionadas y superpuestas (casi medio centenar de universidades públicas y otras tantas privadas). De esa forma se lograría una mejora sustantiva de los contenidos y calidades académicas y científicas de la educación y la investigación, incluídas prioritariamente las virtudes morales y las investigaciones de punta, en desmedro de aquellos items subalternos, privilegiados por una burocracia venal, populista y facciosa, que por su naturaleza formal, organizativa o financiera (aranceles) son items de menor relevancia y que no hacen a la cuestión central.

La puja ideológica, política y económica, para la cumplimentación jurídica y financiera de los modelos modernizantes de innovación tecnológica (Triángulo de Sábato, Triple Hélice neo-corporativa, y las redes innovadoras de von Hippel), y de poder académico tripartito (de funciones ejecutivas, normativas y evaluadoras), y para la consumación de las funciones normativas tales como la creación de institutos, y las evaluadoras como la calificación y certificación de universidades y programas académicos; la concesión de becas, subsidios de investigación y fondos de vinculación tecnológica; y la autorización de contratos de asesoría y consultoría; ha gestado en todo este largo período histórico un profundo y obsceno arsenal de estrategias facciosas. Dichas estrategias de patronazgo, clientelismo, amiguismo y reciprocidad prebendarias habrían afectado seriamente las virtudes morales y la independencia de estas funciones y poderes, así como lesionado las libertades académicas, de cátedra y de investigación, corrompido y esclerosado el mercado educativo, empobrecido el capital social y cultural, y afectado gravemente la posibilidad de gestar migraciones o nomadizaciones intelectuales, rupturas epistemológicas y revoluciones científicas. Este arsenal de estrategias venales y facciosas habrían obstaculizado la interacción, comunicabilidad y sinergia intercultural de una hiper-red académica así como la perspectiva de construir en el Río de la Plata un espacio científico de tecnología intensiva, o tecnópolis, semejante al del Silicon Valley, al del Parque Científico de Barcelona o al del Centro Fotónico del Politécnico de Milán, contaminando las gestiones científicas y universitarias, lo cual debería configurar el tipo penal de asociación ilícita, y su impunidad habría provocado muy nocivas secuelas para el desarrollo de la ciencia y la educación superior en Argentina, que necesariamente será preciso identificar, desarmar y revertir en forma urgente y perentoria. (Nota 207)

En suma, el mandarinato o nomenklatura dominante en las instituciones de control simbólico (universidades y organismos de ciencia argentinos), imperante en este último período de la ciencia argentina, no ha sabido ni ha podido anticiparse a los fenómenos de la globalización, que la afectaría en forma directa por la desleal competición que le inflige, ni aparentemente ha podido ni querido emular a las universidades y los polos científicos y tecnológicos de los países centrales jerarquizando su propia excelencia, y ofreciendo una alternativa propia a la creciente fragmentación del conocimiento y de las virtudes científicas, éticas y estéticas vigentes a escala global. Por el contrario, ese mandarinato y nomenklatura cómplices prefirieron degradar la excelencia académica, científica y ética continuando la reproducción de estrategias cerradas y profesionalizantes o carreristas y la sujeción a una estratificación geopolítica y sociotecnológica de la investigación científica planificada desde el Banco Mundial, e inaugurando mecanismos de imitación y sumisión corporativas que se materializaron estructuradas en instituciones incestuosamente vinculadas entre sí y en mega-cátedras magistrales que se alimentaron mediante concursos digitados y previamente acordados, es decir repartos cuasi-vitalicios de audiencia cautiva. Todo ello fué derivando en un cuadro de descapitalización social y cultural y de desolación y estrago moral y espiritual al ningunear, amedrentar y sembrar de impotencia a la intelectualidad crítica, canonizando falsos ídolos mediáticos, inundando y corrompiendo el mercado educativo, envileciendo diplomas y credenciales, privatizando la docencia y la investigación públicas mediante aranceles, contratos, transferencias y peajes, y sembrando los conurbanos con universidades sujetas a satrapías locales y desprovistas de las infraestructuras "blandas" imprescindibles para poder operar mínimamente. Toda la inteligencia acumulada en la nomenklatura universitaria argentina no ha sabido ni ha querido anticiparse a las deletéreas pinzas de la globalización y de la denominada "...reformulación del papel del Estado".

Es indudable entonces que este esquema faccioso y deformante debe cambiar radicalmente imponiéndose una suerte de justicia popular educativa, y que los concursos de cátedra que se han venido implementando han sido los mecanismos mediante los cuales se han filtrado los únicos profesores susceptibles de ser elegidos en los Consejos Directivos de las Facultades, esquema que se ha prestado a la corrupción y el fraude y que ha fracasado rotundamente, pues no ofrece garantía alguna de excelencia y democracia académicas.

Bibliografía

Abeledo, Carlos (1989): Informe sobre Investigaciones de Hechos Ocurridos en el CONICET, periodo 1976-1983 (Buenos Aires).

Alba P., David y Maritza Pinzón R. (1997): Reflexiones Metodológicas para abordar la dimensión cultural en el desarrollo local, ponencia presentada al VIII Congreso de Antropología en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Antropología.

Alberguchi, R. (1995): Ley Federal de Educación y transformación educativa (Buenos Aires: Ed. Troquel).

Altbach, Philip G. y Ulrich Teichler (2001): Internationalization and Exchanges in a Globalizaed University, Journal of Studies in International Education, v.5, n.1.

Balán, Jorge (1991): Cuéntame tu vida: Una biografía colectiva del psicoanálisis argentino (Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta).

Balán, Jorge (1993): Políticas de financiamiento y gobierno de las universidades nacionales bajo un régimen democrático: Argentina 1983-1992, en Autores Varios, Políticas comparadas de Educación Superior en América Latina (Santiago de Chile: FLACSO).

Banco Mundial (1995): La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. Banco Mundial, Washington, 1995.

Barcia, Hugo y Norberto Ivancich (1991): La Carpa de Ali Baba. El Grupo de los 8 contra la corrupción (Buenos Aires: Legasa).

Barcelona, Eduardo y Julio Villalonga (1992): Relaciones carnales, la verdadera historia de la construcción y destrucción del mísil Cóndor II (Buenos Aires: Planeta Espejo).

Barsky, Osvaldo (2001): La investigación en las universidades privadas argentinas, Universidad de Belgrano, Documento de Trabajo, n.70, documento preparado por pedido del Consejo de Rectores de Universidades Privadas para su discusión en el II Seminario sobre "La investigación en las Universidades Privadas", realizado en el Galpón de la Reforma, Ministerio de Cultura y Educación el 28 de Junio de 2001.

Barsky, Osvaldo; Ricardo Domínguez; e Inés Pousadela (2001): La Educación Superior en América Latina: entre el aislamiento insostenible y la apertura obligada, Universidad de Belgrano, Documento de Trabajo, n.71, presentado al Seminario "Opciones Estratégicas para la Reforma Académica y la Movilidad en América Latina, a pedido de Columbus-Asociación de Universidades de América Latina-Consejo de Rectores de Europa, Florianopolis, 24 al 26 de agosto de 2000.

Bast, Joseph L. y David Harmer (1997): The Libertarian Case for Vouchers and Some Observations on the Anti-Voucher Separationists, Cato Policy Analysis, n.269, March 12, 1997. http://www.cato.org/pubs/pas/pa-269es.html.

Becher, Tony (1991, 2001): Academic Tribes and Territories. Intelectual enquiry and the cultures of disciplines (England: The Society for Research into Higher Education [SRHE] and Open University Press; y su traducción al español: Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las culturas de las disciplinas (Barcelona: Gedisa).

Bello, Juan Carlos del (1998): Nuevas Políticas para Promover la Innovación Tecnológica en la Argentina, Documento preparado para la Mesa Redonda organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre ¨Difusión, Asimilación y Uso de la Tecnología en las Empresas¨, 9 y 10 de Febrero de 1998, Washington D.C..

Bonal, Xavier (2002): Plus ça change ... The World Bank Global Education Policy and the Post-Washington Consensus, International Studies in Sociology of Education, v.12, n.1.

Bour, Enrique (1993): La Descentralización de la Educación Superior, Documento de Trabajo No.38 (Buenos Aires: FIEL).

Bourdieu, Pierre (1993): Cosas dichas (Barcelona: Gedisa).

Candia, Alejandra (2002): La educación virtual ¿una alternativa a la educación tradicional. http://www.utdt.edu/eduforum/ensayo10.htm .

Cardelli, Jorge (1997): El Banco Mundial y la política educativa menemista, Revista Conectándonos, n.17, noviembre de 1997.

Castells, Manuel y Peter Hall (2001): Las Tecnópolis del Mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI (Madrid: Ed. Alianza).

Castro, Javier A. (2002): Fondos competitivos y cambio académico e institucional en las universidades públicas argentinas. El caso del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC).

Chiaramonte, José Carlos (1998): Entre la ciencia y la política el matrimonio es difícil. El manejo del CONICET es una muestra de cómo algunas decisiones políticas entrañan ´abusos de poder´, Clarín, Martes 7 de abril de 1998, p.19.

Chiroleu, Adriana: Osvaldo Iazzetta; Claudia Voras y Claudio Díaz (2001): La política universitaria argentina de los 90: Los alcances del concepto de autonomía, Education Policy Analysis Archives (EPAA), v.9, n.22, 12 de Junio de 2001.

Cicero, R. (1998): El fraude en la ciencia ¿que ocurre en México?, La Jornada, 23 de marzo de 1998.

Clark, Burton R. (1998): Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation (IAU Press/Pergamon).

Debenedetti, Diana (2002): Los Docentes de la Ciudad de Buenos Aires entre la Hiperinflación y la Convertibilidad (1988-1994), ponencia presentada en las XVIII Jornadas de Historia Económica, celebradas en Mendoza del 18 al 20 de septiembre de 2002.

Docampo, César (1993): Desarrollo de vectores espaciales y tecnología misilística en Argentina: El Condor II. Buenos Aires: Centro de Investigaciones Europeo Latinoamericanos, 1993. 71 p.: bibl. (Serie de documentos de trabajo, EURAL) (51);

Dotti, Jorge Eugenio (2001): Filosofía política y universidad: una aproximaciön, en Francisco Naishtat, et. al., comp., Filosofías de la Universidad y conflicto de racionalidades (Buenos Aires: Ed. Colihue), 33-42,

Drache, Daniel (1989): The deindustrialization of Canada and its implications for labour / by Daniel Drache. Published/Created: [Ottawa] : Canadian Centre for Policy Alternatives, [1989] Related Names: Canadian Centre for Policy Alternatives.

Durand, Gilbert (1981): Las estructuras antropológicas de lo imaginario (Madrid: Taurus);

Espínola, Blanca Rosa Humberto de (1993): El rol de las universidades regionales en el contexto del Mercosur: la educación superior del nordeste argentino y áreas de fronteras de países limítrofes. ( Rev. Parag. Sociol., 30:86, enero/abril 1993, p. 83-112, bibl., graphs, tables )

Etzkowitz, Henry (2002): The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation, Fourth International Triple Helix Conference, Copenhagen, November 2002.

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. A. (eds.) (1997) Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations (London: Pinter).

Ferreira Rubio, Delia y Matteo Goretti (1995): Gobernar la emergencia. Uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia (1989-1993), Agora. Cuadernos de Estudios Políticos, 3, 75-94.

Filmus, Daniel (1998): Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo (Buenos Aires: Ed. Troquel).

Fleischhacker, Jochen (1995): The impact of deindustrialization and unemployment on family formation and fertility in East Germany, Geographia Polonica (Polish Academy of Sciences), v.64, 117-136.

Foray, Dominique y Ali Kazancigil (1999): Science, Economics and Democracy: Selected Issues, World Conference on Science, UNESCO-ICSU (Budapest, Hungary), 26 June-1 July 1999.

Fornet-Betancourt, Raúl (2001): Transformación intercultural de la filosofía. Ejercicios teóricos y práticos de filosofía intercultural desde Latinoamérica en el contexto de la globalización (Palimpesto, Derechos humanos y desarrollo, 11). Bilbao, Desclée de Brouwer.

Fritz, Marshall (1996): Why we won't hush: A response to Bast & Harmer, Education Liberator, Vol. 2, No. 8, October 1996.

Gandin, Luis Armando y Michael W. Apple (2002): Thin versus Thick Democracy in Education: Porto Alegre and the creation of alternatives to neo-liberalism, International Studies in Sociology of Education, v.12, n.2;

García de Fanelli, Ana María (1994): Expansión de la Oferta Universitaria: Nuevas Instituciones, Nuevo Programa, ponencia presentada en el Seminario "Educación Secundaria y Universidad", realizado en el CEDES el 25 de agosto de 1994;

García de Fanelli, Ana María (1997): Las Nuevas Universidades del Conurbano Bonaerense: Misión, Demanda Externa y Construcción de un Mercado Académico, Documento CEDES/117, Área de Educación Superior;

Garrido Peña, Francisco (1999): Universidad y mafia: Una hipótesis sobre las actuales estructuras de poder de la universidad española; El Viejo Topo, Octubre de 1999, http://www.ucm.es/info/uepei/mafia.html;

Gatica Barros, Jaime. (1989): Deindustrialization in Chile / Jaime Gatica Barros. Published/Created: Boulder : Westview Press, 1989.

Gianella, Carlos Gerónimo (1999): Una Experiencia Singular: Polo Tecnológico Constituyentes, Revista de Escuela de Economía y Negocios, año I, n.3, diciembre de 1999;

Glazman Nowalski, Raquel (2000): Autonomía del conocimiento y evaluación (México: CEIICH-UNAM);

González, Jeff (2001): A Celebration of Public Education [Pennsylvania Alliance for Democracy (PAD); http://www.padnet.org/Celebration.html;

Guillaumin Tostado, Arturo (2000): Complejidad, Transdisciplina y Redes: Hacia la Construcción Colectiva de una Nueva Universidad (México: CEIICH-UNAM);

Hayles, N. Katherine (1993): La Evolución del Caos. El orden dentro del desorden en las ciencias contemporáneas (Barcelona: Gedisa),

Heller, Pablo (2000): Las escuelas voucher en Estados Unidos. El 'modelo' yanqui del clero-aliancista Llach Prensa Obrera (Semanario del Partido Obrero), n.653 - 27/1/2000; http://www.po.org.ar/po/po653/elmodelo.htm

Hippel, Eric von (2002): Horizontal innovation networks- by and for users, MIT Sloan School of Management Working Paper, No. 4366-02, June 2002;

Husband, W. B. (1998): Soviet Atheism and Russian Orthodox Strategies of Resistance, 1917-1932 JOURNAL OF MODERN HISTORY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS VOL 70; NUMBER 1 Pagination 74-107

Ibarra Colado, Eduardo (2001): La universidad en México hoy: gubernamentalidad y modernización (México: DGEP-UNAM/FCPyS-UNAM), n.16;

Jarausch, Konrad H. ed. (1983): The Transformation of Higher Learning, 1860-1930. Expansion, Diversification, Social Opening, and Professionalization in England, Germany, Russia and the United States (Chicago: University of Chicago Press);

Joyanes Aguilar, Luis (1997): Cibersociedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital (Madrid: McGraw Hill);

Kalmbach, Peter (1995): Wages Hikes, Unemployment and Deindustrialization: on Peculiarities in Eastern Germany's Transition, in Dallago, B. Pegoretti, G. ed. Integration and disintegration in European countries (Brookfield USA; Darmouth), 181-202;

Karadimos, Mark (2000): The Voucher Battle. Public Debate Over Privatized Education (e-mail: karadimosmd@mathguide.com) [October 13th, 2000];

Kessler, R. (1992): General Atomics, INVAP explore research reactor, nuclear ties, Nucleonics Week, April 2, 1992;

Knudsen, Daniel C. (1989?): Deindustrialization of the U.S. Midwest, 1965-1985 / Daniel C. Knudsen. Published/Created: Bloomington, IN (SPEA Bldg., Room 201, Indiana University, Bloomington 47405) : Regional Economic Development Institute, [1989?]

Knudson, Jerry W. (1997): Veil of silence: the Argentine press and the Dirty War, 1976-1983. (Latin American Perspectives, 24:6, Nov. 1997, p. 93-112, bibl.).

Krause, Elliott (1996): Death of the Guilds: Professions, States, and the Advances of Capitalism, 1930 to the Present (New Haven: Yale University Press);

Lander, Edgardo (2001): Los derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de la sociedad global del conocimiento, en Comentario Internacional (Universidad Andina Simón Bolívar), 79-88.

Lander, Edgardo (2001): ¿Conocimiento para qué? ¿conocimiento para quién? Reflexiones acerca de la geopolítica de los saberes hegemónicos, en Gentili, Pablo ed. (2001): Universidades na penumbra: neoliberalismo e restructuracao universitaria (Sao Paulo: Cortez Editora/CLACSO), 45-71.

Lavery, David (1993): Creative Work: On the Method of Howard Gruber, The Journal of Humanistic Psychology, 33.2, 101-121.

Lee, Barbara A. (1998): Peer Review Confidentiality: Is It Still Possible? (Wash., D.C.: National Association of Colleges and University Attorneys).

Leher, Roberto (2001): Proyectos y modelos de autonomía y privatización de las universidades públicas, en Gentili, Pablo ed. (2001): Universidades na penumbra: neoliberalismo e restructuracao universitaria (Sao Paulo: Cortez Editora/CLACSO), 151-187.

Leydesdorff, Loet (2002): The Measurement and Evaluation of Triple Helix Relations among Universities, Industries and Governments, Fourth International Triple Helix Conference, Copenhagen, November 2002.

Livingstone, D. W. y Peter H. Sawchuk (2000): Beyond Cultural Capital Theory: Hidden Dimensions of Working Class Learning, The Review of Education/Pedagogy/Cultural Studies, 22,2: 121-146.

Lo, Ming-chung M. (2003): Modernity and the Social Formation of Professions, en Julia Adams, Elizabeth Clemens y Ann Orloff, eds. Remaking Modernity: Politics, Processes and History in Sociology (Duke University Press).

Madani, Blanca (2000): New Report Links Syria to 1992 Bombing of Israeli Embassy in Argentina, Middle East Intelligence Bulletin, v.2, n.3, March 2000.

Martin, Reneee H. JD, R.N. (1999): New peer review confidentiality issues Physicians News Digest´Published December 1999; http://www.physiciansnews.com/law/1299.html

Maurich, Mario y Gabriela Liendo (1998): "¿Estilo decisionista de gobierno o estrategia decretista de gobierno? La Argentina de Alfonsín y Menem", en Eugenio Kvaternik, comp., Elementos para el análisis político. La Argentina y el Cono Sur en los '90 (Buenos Aires: Paidós-Universidad del Salvador), 371-394.

Mayer, Arno J. (1981, 1984): La persistencia del Antiguo Régimen. Europa hasta la Gran Guerra (Madrid: Alianza Ed.).

McCabe, Lester T. (2001): Globalization and Internationalization: The Impact on Education Abroad Programs, Journal of Studies in International Education, v.5, n.2.

McNamee, Stephen J. y Gary L. Fulkner (2001): The International Exchange Experience and the Social Construction Meaning, Journal of Studies in International Education, v.5, n.1.

Minsky, Leonard (2000): "Dead Souls: The Aftermath of Bayh-Dole," en White, Geoffry D. y Flannery C. Hauck ed., Campus Inc: Corporate Power in the Ivory Tower (Prometheus Books), pp. 95-105.

Mollis, Marcela (2001): La Universidad Argentina en tránsito. Ensayo para jóvenes y no tan jóvenes (Mexico: FCE).

Moore, Sally Falk (2001): Certainties undone: fifty turbulent years of legal anthropology, 1949-1999, The Journal of the Royal Anthropological Institute, 7:95-116.

Moreno, Prudenciano (2001): Escenarios para la educación en el contexto de la globalización y la postmodernidad, Aportes: Revista de la Facultad de Economía-BUAP, año VI, n.16, 107-122.

Mowery, Daniel C.; Richard R. Nelson; y Bhaven N. Sampat et. al. (2000): The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole act of 1980, Research Policy, v.30, n.1, 99-119.

Mulkay, M. (1974): Conceptual displacements and migration in science, Science Studies, 4, 205-234.

Naishtat, Francisco; Ana María García Raggio y Susana Villavicencio (2001): La Universidad Hoy: Crisis de Esa Buena Idea´, en Francisco Naishtat, et. al., comp., Filosofías de la Universidad y conflicto de racionalidades (Buenos Aires: Ed. Colihue), 19-32;

Nancy, Jean-Luc (2000): La Comunidad Inoperante (Santiago de Chile: LOM Ediciones).

Noble, David (1984): Science for Sale, in Thought and Action: The NEA Journal of Higher Education, Fall 1984, 25-39.

Nochteff, Hugo (2002): ¿Existe una política de ciencia y tecnología en la Argentina? Un enfoque desde la economía política, Desarrollo Económico, v.41, n.164, 555-578.

Núñez, Sergio y Julio Orione (1993): Disparen contra la Ciencia. De Sarmiento a Menem, nacimiento y destrucción del proyecto científico argentino (Buenos Aires: Espasa Hoy).

Ortiz, Renato (1998): Otro Territorio (Santafé de Bogotá, Colombia: Convenio Andrés Bello).

Otero, Daniel (1997): El Entorno. La trama íntima del duhaldismo (Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano/ Galerna).

Parrish, Debra M. (2002): U.S. Legal Principles and Confidentiality of the Peer Review Process, JAMA, v.287, n.21, June 5th, 2002; http://jama.ama-assn.org/issues/v287n21/ffull/jsc10323.html

Paviglianiti, N. (1991): Neo-conservadurismo y educación, un debate silenciado en la Argentina del 90 (Buenos Aires: Libros del Quirquincho).

Pérez Rocha, Manuel (2000): Evaluación de la Universidad (México: CEIICH-UNAM).

Pfeffer, J. y G. R. Salancik (1978): The external control of organizations: A resource dependence perspective (NY: Harper and Row).

Plonski, Guilherme Ary (2000). S&T Innovation and Cooperation in Latin America, S&T Innovation and Cooperation, n.1, 99-107.

Plotkin, Mariano (2003): Freud en las pampas (Buenos Aires: Editorial Sudamericana).

Quirós, Rolando (2000): CONICET/Jubileo/Becas/Comisiones/Ciencia Destilada, publicado en Pol-Cien, saturday, October 26, 2002 1:32 AM.

Rodríguez Gómez, Roberto (1994). "La modernización de la educación superior en perspectiva", en Roberto Rodríguez Gómez y Hugo Casanova Cardiel (coords.), Universidad contemporánea. Racionalidad política y vinculación social, México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Miguel Ángel Porrúa, págs. 171-197.

Rodríguez Gómez, Roberto (1995). "Evolución reciente de la matrícula universitaria. Datos y reflexiones", en Humberto Muñoz García y Roberto Rodríguez Gómez (coords.), Escenarios para la universidad contemporánea, México, Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM, págs. 33-54.

Rosenzvaig, Eduardo (2000): Los libros que secuestró Bussi, Clarín digital, domingo 1 de octubre de 2000.

Rozitchner, León (2003): La universidad neoliberal, Página 12 (Buenos Aires), Martes 15 de abril de 2003, p.18.

Sabaté, Alberto Federico (1989): Determinaciones contemporáneas y análisis histórico de la cuestión regional en América Latina, en José Luis Coraggio, Alberto Federico Sabaté y Oscar Colman, editores, La Cuestión Regional en América Latina (Quito: Ed. Ciudad), 187-240;

Saitta, Sylvia (1998): Regueros de Tinta. El diario Crítica en la década de 1920 (Buenos Aires: Sudamericana).

Salvatore, Ricardo D. (1994): Para Complicar la Historia Económica. Reflexiones en torno de la obra de Albert O. Hirschman, Desarrollo Económico, v.34, n.135, 437-452.

Santoro, Daniel (1998): Venta de Armas: Hombres del Gobierno (Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta).

Savage, John E. (2002): The Role of Tenure in Higher Education; http://www.cs.brown.edu/people/jes/papers/tenure.html

Schriewer, Jurgen (1996): Sistema mundial y redes de interrelación: la internacionalización de la educación y el papel de la investigación comparada, en M. Pereira, et. al. Comp. Globalización y descentralización de los sistemas educativos (Barcelona: De Pomares-Corredor).

Schugurensky, Daniel (1998): La Reestructuración de la Educación Superior en la Era de la Globalización ¿Hacia un Modelo Heterónomo?, en Alcántara, Armando; Ricardo Pozas y Carlos A. Torres, coord. Educación, Democracia y Desarrollo en el Fin de Siglo (México: Siglo XXI), 118-149.

Searle, John R. (2000): La misión de la universidad: ¿descubrimiento intelectual o transformación social?, Talón de Aquiles (Santiago de Chile: Universidad UNIACC), n.8, invierno de 2000.

Secretaría de Ciencia y Tecnología (1996): Bases para la discusión de una política de ciencia y tecnología (Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación).

Sklair, Leslie (2000) The Transnational Capitalist Class, Oxford: Blackwell.

Slaughter, Sheila y Larry L. Leslie (1997): Academic Capitalism: Politics, Policies & the Entrepreneurial University (Baltimore: The Johns Hopkins University Press).

Smulovitz, Catalina (1988): Oposición y Gobierno: los años de Frondizi (Buenos Aires: CEAL/BPA, n.213-214).

Soley, Lawrence C. (1995): Leasing the Ivory Tower: The Corporate Takeover of Academia (Boston: South End Press).

Stefani, Enrico (1998): Informe a la Sociedad Argentina [sobre su renuncia a la Presidencia del CONICET].

Steiner, Natalio (1999): La crisis en Bar Ilan. Hay que Salvar la Universidad, Comunidades. Periódico Judío Independiente, n.247, 19-11-99.

Suchman, Lucy (2002): ´Anthropology as ´Brand´: Reflections on Corporate Anthropology´, published by the Department of Sociology, Lancaster University, at http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc0581s.html

Tomusk, Voldemar (2002): The Rise of the Transnational Capitalist Class and World Bank 'Aid' for Higher Education, International Studies in Sociology of Education, v.12, n.3.

Tragtenberg, Maurício (2002): A Delinqüência Acadêmica* Revista Mensal - Ano II - Número 14 - Julho de 2002 - http://www.espacoacademico.com.br/14mtrag1990.htm.

Traweek, Sharon (1998): Cuando Eliza Doolittle estudia a ´enry ´iggins, en Stanley Aronowitz, et. al., Tecnociencia y cibercultura. La interrelación entre cultura, tecnología y ciencia (Barcelona: Paidós), 55-74.

Trindade, Hélgio (2001): Las metáforas de la crisis: de la ´universidad en ruinas´ a las ´universidades en la penumbra´ en América Latina, en Gentili, Pablo ed. (2001): Universidades na penumbra: neoliberalismo e restructuracao universitaria (Sao Paulo: Cortez Editora/CLACSO), 13-43,

Tung, C.-C (1997): Deindustrialization and the Decline of the Labor Movement in Taiwan Industry of free China Council for Economic Planning and Development, v.87, n.6, 49-66.

Usui, Mikoto (1983): International transfer of industrial technology: an appraisal of the Japanese performances in Latin American NICS. (Latin American Studies [Univ. of Tsukuba, Japan] 6, 1983, p. 123-151, bibl., tables).

Veiras, Nora (2002): Las Finanzas enclenques de Educ.ar, Página 12, Lunes 11 de noviembre de 2002, p.12.

Vessuri, Hebe M. C. (1997): Investigación y desarrollo en la Universidad Latinoamericana, Revista Mexicana de Sociología, v.59, n.3, 131-160.

Viale, Riccardo y Beatrice Ghiglione (1998): The Triple Helix model: a tool for the study of european regional socio-economic systems, The IPTS Report, 29.

Villavicencio, Susana y Patrice Vermeren (2001): El Estado y la universidad: de una orilla a otra del Atlántico, en Francisco Naishtat, et. al., comp., Filosofías de la Universidad y conflicto de racionalidades (Buenos Aires: Ed. Colihue), 171-186.

Vommaro, Pablo A. (2000): Reforma y ajuste en la Universidad Argentina: el caso de la Universidad de Buenos Aires, Agrupación José Carlos Mariátegui (C.E.U.P.).

Vries, Wietse de (2000): Buscando la Brújula: Las Políticas para la Educación Superior en los 90 (México: CEIICH-UNAM).

Waisbord, Silvio (2000): Watchdog Journalism in South America: News Accountability and Democracy (New York: Columbia University Press).

Waisbord, Silvio (2001): Status of media in Argentina, Uruguay and Paraguay. http://www.scils.rutgers.edu/~waisbord/ENCYCLOP.html.

Wasserman, Stanley y Katherine Faust (1994): Social Network Analysis. Methods and applications (New York: Cambridge University Press)

White, Geoffry D. y Flannery C. Hauck ed. (2000): Campus Inc: Corporate Power in the Ivory Tower (Prometheus Books).

Winkler, Donald R. (1994): La Educación Superior en America Latina. Cuestiones sobre Eficiencia y Equidad. Documentos para discusión del Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Washington, D.C.: Banco Mundial, julio de 1994.

Winkler, Donald R. y Alec Ian Gershberg (2000): Education Decentralization in Latin America: The Effects on the Quality of Schooling (Wash., DC: The World Bank, Latin America and the Caribbean Regional Office).

Wionczek, Miguel S. (1986): Industrialization, foreign capital and technology transfer: the Mexican experience, 1930-1985. ( Dev. Change, 17:2, April 1986, p. 283-302 )

Yannuzzi, Maria de los Angeles (1995): La modernización conservadora. El peronismo de los 90 (Rosario: Ed. Fundacion Ross)

 

Notas

1.      Gran parte de este trabajo se debe a la colaboración de Beatriz García, al gesto del Dr. Enrico Stefani de facilitarme el texto completo de su renuncia a la Presidencia del CONICET, así como a numerosos miembros de la Lista de Discusión Pol-Cien, cuya identidad me reservo a efectos de no generarles daño personal alguno por lo aquí expresado.

2.      ver Persistencias, Sumisiones y Rupturas en la Estratificación Geopolítica del Conocimiento. El caso de la Cultura, la Investigación y la Docencia Rioplatenses (1600-2003), manuscrito inédito del autor actualmente en evaluación

3.      Sobre la descentralización de la educacion superior, ver Bour, 1993. Sobre la clase capitalista transnacional, ver Sklair, 2000. Para la reestructuración de la educación superior en la era de la globalización, ver Schugurensky, 1998. Sobre la internacionalización de la educación y el papel de la investigación comparada, ver Schriewer, 1996. Sobre la red electrónica para el estudio y diseño de una nueva universidad en México (REDNU), ver Guillaumin Tostado, 2000. Sobre la modernización de la educación superior, ver Rodríguez Gómez, 1994. Sobre los derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de la sociedad global del conocimiento, ver Lander, 2001.

4.      Sobre fuerzas territorializadoras, reterritorializadors y desterritorializadoras, ver Ortiz, 1998, 37.

5.      Sobre la apropiación del mundo académico por parte del poder corporativo, ver White y Hauck, 2000. Sobre el caso del contrato de Novartes, Inc. con la Universidad de California en Berkeley, por 25 millones de dólares en una planta de biología microbiana, ver Soley, 1995.

6.      Sobre redes histórico-sociales, ver Wasserman y Faust, 1994.Sobre el Triángulo de Sábato, ver Sábato y Botana, 1968. Sobre redes innovadoras, ver Hippel, 2002. Para los nocivos efectos de la Ley Bayh-Dole sobre transferecnia tecnológica de 1980, ver Soley, 1995; White y Hauck, 2000 y Minsky, 2000.

7.      Sobre la misión de la universidad como descubrimiento intelectual o como transformación social, ver Searle, 2000.

8.      Sobre la modernidad-mundo y los nuevos referentes para la construcción de las identidades colectivas, ver Ortiz, 1996 y 1998, 43-67, 144 y 182. Sobre la fragmentación del conocimiento y de las disciplinas, ver Ortiz, 1998, 144. Sobre la necesidad de un nuevo paradigma educativo en el contexto de la globalización y la postmodernidad, ver Moreno, 2001. Sobre la persistencia o supervivencia del Antiguo Régimen hasta la Gran Guerra, ver Mayer, 1981, 1984.

9.      Sobre la noción de espacio de tiempo, ver Nancy, 2000, 171-174.

10. Sobre la noción de autonomía en von Hayek como razón última de la universidad, determinada por el mercado, ver Leher, 2001. Sobre el colonialismo científico, ver Traweek, 1998.

11. Sobre la transformación de la educación superior y la profesionalización en Inglaterra, Alemania, Rusia y los Estados Unidos, 1860-1930, ver Jarausch, 1983.

12. Sobre la jerarquía disciplinar, ver Hayles, 1993, 38; y Becher, 2001, 185-192. Sobre la universidad neoliberal en Argentina, ver Rozitchner, 2003.

13. Sobre la modernidad y la formación social de las profesiones, ver Lo, 2003.

14. ver Garrido Peña, 1999, http://www.ucm.es/info/uepei/mafia.html; Tragtenberg, 2002; Leyderdorff, 2002; y Etzkowitz, 2002. Sobre los juicios de pares, ver Becher, 2001, 88-93. Para un racconto de la antropología jurídica en el siglo XX, y los casos judiciales en la obra de Gluckman, ver Moore, 2001. Los concursos de oposición y antecedentes (institución de orígen napoleónico) en las universidades nacionales son convocados por los Consejos Directivos de las Facultades con cuentagotas, y solo para beneficiar a aquellos profesores que previamente acuerdan la continuidad del grupo hegemónico. Esto es así por cuanto estatutariamente sólo los profesores concursados, es decir los regulares, son susceptibles de ser elegidos en los claustros docentes de los Consejos Directivos. Los profesores contratados, interinos, ad honorem o jubilados carecen de todo poder (Rozitchner, 2003). A diferencia de la equivalente institución anglosajona denominada tenure, los méritos de los concursados son evaluados por jurados en sólo los dos o tres días que dura el concurso. La tenure por el contrario es una instancia burocrático-educativa --que en USA es considerada el baluarte de las libertades académicas-- a la que acceden aquellos profesores que aceptan ser sometidos durante el ejercicio de su docencia a un riguroso exámen probatorio que dura entre tres y siete años. No obstante ello, hasta la misma tenure está siendo hoy puesta en tela de juicio y reemplazada por contratos quinquenales. (ver Savage, 2002).

15. Sobre migración intelectual, ver Mulkay, 1974; y Becher, 2001, 156-159. Sobre los supuestos filosóficos del diálogo intercultural, ver Fornet-Betancourt, 2000b. Sobre reflexiones metodológicas para abordar la dimensión cultural en el desarrollo local, ver Alba P., y Pinzón R., 1997.

16. Ver Dotti, 2001, 39. Sobre la educación virtual ¿una alternativa a la educación tradicional, verCandia, 2002. Sobre los retos sociales ante un nuevo mundo digital, ver Joyanes Aguilar, 1997. Sobre el conocimiento de punta como coto de caza de los países centrales, ver Lander, 2001.

17. ver Bourdieu, 1993, citado en Naishtat et. al., 2001, 21.

18. Para Castells y Hall, por medio innovador debe entenderse "...el sistema de estructuras sociales, institucionales, organizativas, económicas y territoriales que crean las condiciones para una generación contínua de sinergias y su inversión en un proceso de producción que se origina a partir de esta capacidad sinérgica, tanto para las unidades de producción que son parte de este medio innovador como para el medio en su conjunto (Castells y Hall, 2001, 30).

19. ver Durand, 1981, 50.

20. ver Vessuri, 1997, 144.

21. en Argentina organismos tales como el INTA, el INTI, la CNEA, el IFONA, el INA, el INIDEP, o la CONAE. Sobre la transferencia internacional de tecnología industrial, el caso de la performance japonesa en América Latina, ver Usui, 1983. Sobre la industrialización, el capital foráneo y la transferencia tecnológica, la experiencia mexicana, 1930-1985, ver Wionczek, 1986.

22. Sobre la innovación productiva en tiempos del Menemismo, ver Nochteff, 2002.Sobre el rol de las universidades regionales en el contexto del Mercosur: la educación superior del nordeste argentino y áreas de fronteras de países limítrofes, ver Espínola, 1993.

23. ver Barcelona y Villalonga, 1992; Santoro, 1998; y Madani, 2000. Sobre la tecnologia misilística en Argentina (el Cóndor II), ver Docampo, 1993.

24. ver Trindade, 2001; y Leher, 2001. Sobre la corrupción del Menemismo en Argentina, ver Barcia e Ivancich, 1991. Sobre el regreso de la caza de brujas (con Carlos Cavotti y Bernabe Quartino) en la SECYT y el CONICET (Argentina), ver Núñez y Orione, 1993. Sobre el neo-conservadurismo y la crisis de la educación en la Argentina del 90, ver Paviglianiti, 1991; y Filmus, 1996. Sobre los medios de comunicación masiva en Argentina, ver Waisbord, 2000 y 2001. Sobre el impacto del último pensamiento de Hirschmann en los medios académicos, ver Salvatore, 1994. Sobre el decisionismo schmittiano menemista ver el rol cumplido por los exministros y secretarios de estado Roberto Dromi, Rodolfo Barra, Jorge Castro, Eduardo Menem y Carlos Corach, en Dotti, 2000, 813 y 857. Sobre la modernización conservadora del peronismo de los 90, ver Yannuzzi, 1995.

25. El "Programa de Alfabetización Informática" de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) funcionó durante noviembre y diciembre del año pasado (2000) en bibliotecas populares del Gran Buenos Aires, y estuvo a cargo de la agrupación Franja Morada.

26. Sobre la agonía y muerte de los valores corporativos de la colegialidad en los gremios profesionales, ver Krause, 1996. Sobre desempleo y desindustrialización en la transición de Alemania Oriental, ver Kalmbach, 1995. Sobre el impacto de la desindustrialización y el desempleo en la formación de la familia y la fertilidad en Alemania Oriental, ver Fleischhacker, 1995. Sobre desindustrialización y la declinación del movimiento sindical en Taiwan, ver Tung (1997). El post-industrialismo puede confrontar estudios como el de Drache (1989) sobre la desindustrialización de Canadá y sus implicaciones laborales; el de Knudsen (1989?) sobre la desindustrialización del Medio Oeste Norteamericano, 1965-1985; y el de Gatica (1989) sobre la desindustrialización en Chile.

27. La Ley 23.877 tuvo un orígen oculto y vergonzante, pues se habria fundado en la aprobación en 1980 por el Congreso Norteamericano de algunas enmiendas a la Ley de Patentes, conocida como el Acta o Ley de Bayh-Dole (Noble, 1984; y Minsky, 2000). Esta Ley 23.877 es también muy semejante a la Ley Básica de Ciencia y Tecnología en Colombia, así como a los Programas de Apoyo a la Competitividad Industrial y a la Calidad y Productividad en Brasil (Vessuri, 1997, 153). El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las instituciones oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a dicha misma Ley a "...establecer y/o contratar unidades de vinculación [entes no estatales constituídos para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios".

28. Para una estimación de los efectos cuantitativos positivos de la Bayh-Dole Act en USA, ver Mowery, Nelson y Sampat, 2000.

29. ver Barcelona y Villalonga, 1992; Santoro, 1998; y Madani, 2000.

30. Para una estimación de los efectos cualitativos negativos de la Bayh-Dole Act en USA, ver Soley, 1995; White y Hauck, 2000; y Foray y Kazancigil, 1999.

31. Sobre los derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de la sociedad global del conocimiento, ver Lander, 2001.

32. ver Minsky, 2000.

33. que consistían en casi cuatro mil (4000) escuelas y cien mil (100.000) docentes (Ley 24.049 del 6 de diciembre de 1991). Junto con las escuelas se transfirieron hospitales y programas alimentarios y asistenciales para la minoridad.

34. Sobre los docentes de la Ciudad de Buenos Aires entre la Hiperinflación y la Convertibilidad (1988-1994), ver Debenedetti, 2002. Sobre la Ley Federal de Educación y la transformación educativa en Argentina, ver Alberguchi, 1995. Sobre la descentralización educativa en América Latina, ver Winkler y Gershberg, 2000.

35. ver Kessler, 1992; Barcelona y Villalonga, 1992; Santoro, 1998; y Clarín, 3 de diciembre de 1994.

36. El Lic. Juan Carlos del Bello, es un personaje de mixto y sucesivo devenir Camporista, Caputista, Cavallista, de la Ruista y Duhaldista pues en 1973 se inició militando en la Universidad del Comahue, y cuando volvio del exilio en Costa Rica estuvo afiliado al CISEA (1984-89), luego en la primer Presidencia de Menem estuvo ligado a la Subsecretaría de Estudios Económicos, junto a Domingo Cavallo (1991-93), más tarde, en 1993 en la Secretaría de Políticas Universitarias (1993-96), más luego a partir de 1996 en la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT), luego con de la Rúa fue asesor de la Secretaria de Ciencia y Técnica Adriana Puiggrós, y a partir del 2002 integró el Directorio de la CONEAU.

37. Sobre la emergencia de una clase capitalista transnacional y la "ayuda" del Banco Mundial a la educación superior, ver Tomusk, 2002. Sobre las políticas educativas globales, el Banco Mundial y la era Post-Consenso de Washington, ver Bonal, 2002.

38. ver Winkler, 1994; Banco Mundial, 1995; y Pares, 2002

39. ver Vommaro, 2000. Sobre el Banco Mundial y la política educativa menemista, ver Cardelli, 1997.

40. ver Vessuri, 1977, 146.

41. Sobre la política universitaria argentina de los 90 y los alcances del concepto de autonomía universitaria, ver Chiroleu, Iazzetta, Voras y Díaz, 2001. En México, se constituyó el Fondo de Modernización de la Educación Superior (FOMES).

42. En el caso del Comité de Historia y Geografía, estaba constituído por los profesores Enrique Tandeter, Fernando Devoto, Carlos Reboratti (marido de Hilda Sábato), Eduardo Míguez, y Elena Chiozza, siendo los tres primeros integrantes de una faccion academica conocida como el Guariglismo, por su lider el filósofo Osvaldo Guariglia, los cuales en el pasado Alfonsinista (1983-89) se beneficiaron con los subsidios de UBACYT y los Premios Bernardo Houssay.En su primera convocatoria, dicho Comité del FOMEC aprobó los proyectos presentados precisamente por Tandeter, Reboratti y Devoto, con lo cual habrían incurrido en una suerte de prevaricato académico, pues sus integrantes habrían sido simultáneamente jueces y partes interesadas (ver Vommaro, 2000).

43. ver Castro, 2002, 16.

44. ver Vommaro, 2000.

45. ver Banco Mundial, 1995.

46. Sobre la CONEAU, ver Mollis, 2001, 23-24. Firmaron la Ley el Ministro de Cultura y Educación Ing. Jorge Alberto Rodríguez, el Secretario de Programación y Evaluación Educativa Lic. Susana Beatriz Decibe, el Secretario de Políticas Universitarias, Dr . Juan Carlos Del Bello, y el Secretario de Coordinación Universitaria Dr. Eduardo Roque Mundet. En México, se constituyó la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA). Sobre los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior o CIEES en México, ver Vries, 2000. Para la evaluación de la universidad en México, ver Pérez Rocha, 2000; y Glazman Nowalski, 2000.

47. arts. 51, 78 y 80 de la Ley 24.521 de Educación Superior.

48. Se crean las universidades de Formosa, Quilmes, Tres de Febrero, Gral. Sarmiento, y San Martín; y se nacionalizan las Universidades de La Rioja, Villa María, Lanús y Patagonia Austral. Sobre el uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia en el primer Menemismo (1989-1993), ver Ferreira Rubio y Goretti, 1995. Sobre el estilo decisionista de gobierno o estrategia decretista de gobierno en la Argentina de Alfonsín y de Menem, ver Maurich y Liendo, 1998.

49. ver García de Fanelli, 1997, 18.

50. Sobre la CONEAU, ver Barsky, Domínguez y Pousadela, 2001. Llama la atención que en este último trabajo de investigación el Prof. Barsky no haya aclarado que en su oportunidad había trabajado en la CONEAU. Esta aclaración es éticamente procedente y necesaria por existir un conflicto de intereses que el lector no precabido debe conocer. Sobre la confidencialidad en las evaluaciones de pares; ver Lee, 1998; Martin, 1999, http://www.physiciansnews.com/law/1299.html; y Parrish, 2002; http://jama.ama-assn.org/issues/v287n21/ffull/jsc10323.html

51. Sobre las universidades privadas durante el Proceso, ver Plotkin, 2003, 332. Sobre la internacionalización de la educación y el papel de la investigación comparada, ver Schriewer, 1996. Sobre el impacto de la globalización en los programas educativos en el extranjero, ver McCabe, 2001.

52. Sobre la internacionalización y el intercambio en una universidad globalizada, ver Altbach y Teichler, 2001. Sobre la experiencia del intercambio estudiantil a escala internacional, ver McNamee y Faulkner, 2001.

53. ver Mollis, 2001, 89-102.

54. Su sede, ubicada en Perón 2933, ahora es la sede central del Rectorado de la Universidad CAECE.

55. sobre la crisis en la Universidad Bar Ilan, ver Steiner, 1999;

56. Sobre el ateismo soviético y las estrategias de resistencia de la Iglesia Ortodoxa, 1917-1932, ver Husband (1998).

57. En enero de 1992 tuvo su partida de nacimiento la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL), bajo la inspiración de Jacques-Alain Miller, el yerno de Lacan, integrada a la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y en 1998, se abrió el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (Ce.D.In.C.I.).

58. Las personas que se prestaron a colaborar con el Lic. Juan Carlos del Bello al inicio de su gestión en la Secretaría de Ciencia y Técnica con sus opiniones personales fueron F. Aceñolaza, M. Albornoz, J. C. Agulla, A. J. Arvía, V. Barros, D. R. Bes, H. Ciapuscio, F. Cirio, D. Chudnovsky, J. M. Dellacha, R. Guber, R. López Murphy, J. Luna, J. Mazza, R. Pichel, J. A. Salfity, A.Stoppani, R. Ugalde, C.F.Varotto, J. Villar y R. J. Williams. El trabajo se dividió en seis (6) comisiones, a saber: Diagnóstico, Estrategia, Políticas, Programación y Reingeniería Institucional, Promoción Científica, Promoción Tecnológica, Evaluación y Reglas de Juego, prologadas por una introducción firmada por el Coordinador General Dr. Mario A. J. Mariscotti, quien en la misma confiesa paladinamente "...el elemento de arbitrariedad que ha tenido la integración de las comisiones". En esa arbitrariedad confesada por Mariscotti, la Comisión I de Diagnóstico estuvo coordinada por Mario Albornoz. La Comisión II de Estrategia, coordinada por Conrado Varotto e integrada entre otros por Enrique Belocopitow (Campomar), Alberto Boberis (UBATEC), Alberto Cassano, Alicia Fernández Cirelli (UBACYT), Julio Luna y Julio César Neffa. La Comisión III de Promoción Científica, coordinada por Patricio Garrahan e integrada entre otros por Francisco Delich, Daniel Filmus y Ricardo López Murphy. La Comisión IV de Promoción Tecnológica, coordinada por Daniel Chudnovsky e integrada entre otros por Marta Borda de del Bello, Marcelo Daelli, Juan Carlos Gottifredi, y Jorge Mazza (VILMAX SA). La Comisión V de Evaluación, coordinada por Juan Carlos Agulla e integrada por Alberto Cassano, Ana María Pechen de D´Angelo y Enrique Tandeter. Y la Comisión VI de Reglas de Juego, coordinada por Daniel Bes, e integrada entre otros por Jorge Balán, Andrés Carrasco, José Carlos Chiaramonte, Rebeca Guber, Alberto Kornblihtt y Ernesto Villanueva (Secretaria de Ciencia y Técnica, 1996, 10-19):

59. Stefani responde el Informe Del Bello, EDUCYT, 30 de abril de 1998; La Nación Line, Jueves 19 de marzo de 1998; y Chiaramonte, 1998;

60. ver nota de Ricardo Ojeda, Beatriz García y Eduardo M. Zarantonello en Los Andes, Sábado 13 de Junio de 1998, p.10.

61. ver Declaración del Foro de Sociedades Científicas Argentinas frente a la posible remoción del Presidente del CONICET, en Boletín Electrónico de la Asociación Física Argentina, marzo de 1998, año 6, n.42;

62. La operación de censura del hasta entonces Presidente del CONICET habría sido orquestada por la Secretaria del organismo Lic. Isabel MacDonald, actual Gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico.

63. tales como el Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fé (CERIDE), el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Mendoza (CRICYT), el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), el Centro de Referencias para Lactobacilos (CERELA) de Tucumán, el Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca (CRIBBAB), y la Academia de Ciencias de Córdoba. Para Ricardo Ojeda, Investigador del CRICYT "...Hoy coexiste dentro del Centro de Investigaciones (CRICYT), la Fundación CRICYT. La pérdida de los límites de lo público y privado llegó al punto de registrar el mismo nombre de una Unidad (Centro Regional) del CONICET para la FUNDACIÓN. Alertamos en su momento de lo delicado y la necesidad de transparentar entre la MISION del Centro de Investigaciones, su infraestructura y servicios a la comunidad científica y sociedad, y los "negocios" privados. Porque se trata esencialmente de una fundación no académica. Hoy todo esta mezclado, pagamos para acceder a datos climaticos que llegan al centro; pagamos para que nos hagan los posters para presentaciones a congresos con toda la infraestructura del ESTADO, pagamos alquiler para usar las salas construidas para uso (seminarios, conferencias y cursos ) de la comunidad científica; alquilamos los departmantos que construyo el CONICET para uso de investigadores y becarios visitantes y mas caros que un buen hotel!!! ...El proyecto de descentralización de los Centros de Investigaciones para eliminar la CARGA del ESTADO y hacer mas EFICIENTE la transferencia a la SOCIEDAD (pensamiento del ultimo presidente menemista del CONICET, A Bertranou)" (Mensaje de Ricardo Ojeda en Pol-Cien, martes 3 de Diciembre de 2002).

64. ver Vessuri, 1997, 141.

65. Sobre las nuevas políticas para promover la innovación tecnológica en Argentina y el necesario "protagonismo privado", ver del Bello, 1998.

66. Por ello se creó en Córdoba en agosto de 1997 una Comisión Investigadora y la figura del Ombudsman. La comisión Investigadora remitió los casos a la Justicia Federal, mecanismo que utilizaría el Defensor de la Comunidad Universitaria. Ver Declaración de Córdoba: Nuevamente ante la falsificación de títulos profesionales (La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, reunida en la ciudad de San Rafael (Mdza.), el 4 de abril de 1997);

67. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Dr. Andrés J. D´Alessio pidió al juez Alberto Baños --a cargo de la causa sobre las escuchas ilegales en la casa del jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rua-- que envíe a las autoridades universitarias una copia de las grabaciones presentadas por el denunciante Dr. Juan Carlos Iglesias. Las personas involucradas en las escuchas habrían sido citadas a declarar en la Facultad, para determinar si Antonio y Fernando de la Rúa (h) obtuvieron favores de docentes en algunas de las materias cursadas. De comprobarse las supuestas irregularidades, a los profesores les podría tocar un juicio académico mientras que a los alumnos les podría caber una suspensión de acuerdo al régimen disciplinario aprobado en 1988 por el Consejo Superior. Sin embargo, nada de esto aconteció, pues el sumario fué cajoneado y el Dr. Héctor Silva, profesor de Derecho Civil, uno de los involucrados, fué finalmente premiado con un cargo diplomático en la Embajada Argentina en Bogotá. http://www.fcen.uba.ar/prensa/educyt/1998/ed42a.htm.

68. Sobre la presión académica en América Latina, ver Avila, 1997.

69. Para la interpretación libertaria del voucher, ver Bast y Harmer, 1997. Para un prudente analisis del voucher, ver Dewey, 1997. Según el MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE IZQUIERDA "...Hoy el neoliberalismo emprende un nuevo ataque contra la educación pública y la soberanía de nuestro pueblo. La flamante Comisión Juri compuesta por grandes "notables" e ideólogos de la privatización de la educación superior como Avelino Porto, decano de la Universidad de Belgrano y funcionario de la dictadura y del menemismo, comienzan a difundir distintos proyectos de Reforma para las universidades. La propuesta de la Comisión Juri del "impuesto a los padres de los alumnos pudientes" es solo una muestra de lo reaccionario y regresivo del pensamiento de nuestro gobierno. La idea de que estos padres que ganan más de 2.000 pesos paguen el dos por ciento de sus ingresos en concepto de impuesto a la educación pública es reaccionario porque desentiende al Estado de su rol constitucional de asegurar la igualdad de posibilidades a toda la población. Pero es además regresivo porque estos padres ya pagan ese impuesto al pagar ganancias. Estarían pagando un doble impuesto cuando todos sabemos que el dinero que falta en educación es el que se destina a subsidiar la educación privada, el que evaden en impuestos las grandes empresas trasnacionales, el que reciben en subsidios, el que se roba a los trabajadores, el que se llevan del país, y es sobre todo el que se destina al pago puntual de la deuda externa. Además, una vez creado el marco legal y legitimadas este tipo de prácticas de financiamiento, el impuesto se extenderá primero a quienes ganan más de 1.000, luego de 500 y luego a todos".

70. ver Gonzalez, 2001. Para una respuesta crítica a Bast & Harmer, ver Fritz, 1996; y Karadimos, 2000. Sobre las escuelas voucher en Estados Unidos y el 'modelo' yanqui del clero-aliancista en Argentina, ver Heller, 2000.

71. Para todos los documentos aparecidos para combatir el Plan Caputo, ver http://www.fcen.uba.ar/prensa/noticias/documentos/kaput/indice.html En su gestión como Presidente del CONICET Pablo Jacovkis no substanció sumario alguno respecto a las denuncias formuladas por el anterior y efímero Presidente del CONICET Enrico Stefani.

72. Sobre el fraude académico o plagio practicado en México pero generalizado en todo el continente latinoamericano, consistente en la producción de artículos para publicación simultánea, excesivo número de autores para un sólo trabajo, y compilaciones de artículos producidos por docentes subalternos, ver Cicero, 1998 (citado en Ibarra-Colado, 2001).

73. El Sol On Line, viernes 30 de noviembre de 2001, p.4.

74. En esa oportunidad se debatía la condición de plenario de los profesores Osvaldo Guariglia y Beatriz Sarlo.

75. E D U C Y T, 8 de junio de 2000, Año 3, Nro. 120;

76. ver Veiras, 2002, 12.

77. publicada en el Boletin Oficial el 26 de septiembre de 2001.

78. La gestión de la Dra. Puiggros estuvo acompañada por una Comisión Asesora honoraria integrada entre otros por Nicolás Bazán, director del Neuro Science Centre of Excellence, Louisiana State University Health Science Center; Juan Carlos Del Bello, ex secretario de la Setcip, y Enrico Stefani, ex presidente del Conicet. Además la conformarán Ernesto Laclau, director del Centre for Theoretical Studies in the Humanities and the Social Sciences, Essex University, Gran Bretaña; Carlos Torres, de la Universidad de California; Jorge Katz, director de Cepal, Chile; Mario Albornóz, titular del Instituto de Investigaciones de Unqui; Carlos Abeledo, ex presidente del Conicet; Carlos Martínez Vidal, titular de la Asociación para el Desarrollo Tecnológico; Eduardo Dvorkin (Director del Centro de Investigación Industrial de Techint). También formarán parte de la Comisión Eduardo Charreau, director del Ingebi, y del Centro Argentino Brasilero de Biotecnología; Juan Carlos Portantiero, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Ruth Sautu, profesora titular de Metodología de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA; y Hugo Scolnik, docente titular del Departamento de Computación de Ciencias Exactas y Naturales.

79. La erección de la Universidad de Chilecito (UNChi), como un desprendimiento de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), obedecería a las pugnas políticas provinciales entre Carlos Menem y el Senador Nacional Jorge Yoma.

80. ver Ortiz, 1998, 180-182.

81. Carta de Noemí Girbal de Blacha, Miembro del Directorio del CONICET, Página 12, Carta de Lectores, julio 23 de 2002;

82. Respuesta de E. Saguier a N. Girbal, Pagina 12, Carta de Lectores, martes 6 de agosto de 2002;

83. Esta incomunicación también la padecen las Universidades nacionales pues ninguna esta equipada como para sostener conexiones de teleconferencia, ya sea de audioconferencia o de videoconferencia.

84. tales como J-Store, Pro-Quest, ERL, Carfax, Sage, Kluwer, Blackwell, II Mulino, Swets Backsets Service, Frank Cass, Chadwyck-Healy, Bell Howell y HAPI, entre otras muchas Bases que se ofrecen en la red.

85. También es justo decir, que tampoco las organizaciones académicas destinadas a defender los intereses de los científicos e intelectuales, tales como CLACSO, han hecho o dicho algo al respecto.

86. Lamentablemente, el servicio por el momento ofrecido se reduce a las revistas proveídas por Elsevier, un conglomerado multinacional de sitios electónicos, que se concentra en revistas correspondientes a las ciencias duras.

87. ver Plonski, 2000. Sobre el modelo de la Triple Hélice, ver Leydesdorff y Etzkowitz, 1998; y Viale y Ghiglione, 1998.

88. Sobre las universidades empresariales o el capitalismo académico, ver Clark, 1998; y Slaughter y Leslie, 1997. Para la teoría de la dependencia de los recursos, ver Pfeffer y Salancik, 1978, citado en Slaughter y Leslie, 1997.

89. Sobre la apropiación del mundo académico por parte del poder corporativo, ver Soley, 1995; y White y Hauck, 2000.

90. Todo ello habria sido realizado a espaldas de los investigadores de la Fundación, y el cambio de nombre fue efectivizado con una celeridad “sospechosa” por la Inspeccion General de Justicia: tuvo lugar en octubre de 2001, pero recien fue comunicado a los investigadores en abril de 2002. Cabe tambien destacar que dicho cambio fue resistido por la familia del Dr. Leloir y por supuesto por la familia Campomar, quien se ha expresado publica y reiteradamente al respecto. Por otro lado el empresario Pérez Companc fué acusado pública y recientemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de evasión impositiva en la venta de su petrolera

91. Estas patentes se comercializarían en Argentina en aparente beneficio de los proveedores de la industria farmacéutica, tales como Genargen y Laboratorio Pablo Cassara.

92. Página 12, Martes 1 de abril de 2003, p.9.

93. El "Programa de Alfabetización Informática" de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) funcionó durante noviembre y diciembre del 2000 en bibliotecas populares del Gran Buenos Aires, y fue usufructuado por la agrupación Franja Morada..

94. Página 12, Jueves 17 de abril de 2003, p.6.

95. ver Rozitchner, 2003.

96. ver la dimensón oculta del aprendizaje en la clase obrera, en Livingstone, 2000. Sobre el metodo de Gruber, ver Lavery, 1993. Sobre Porto Alegre y la creación de alternativas al neo-liberalismo en el plano educativo, ver Gandin y Apple, 2002.

97. ver Suchman, 2002.

98. La razón social "Campomar" fue desplazada en pos de la más seductora y taquillera titulada "Leloir", por el premio Nóbel de dicho apellido.

99. Como botón de muestra, ver el reportaje en Viarosario al Rector De La Universidad Abierta Interamericana Dr. Edgardo De Vincenzi; http://www.viarosario.com/reportajes/reportaje.asp?IdReportaje=29;< /a>

100.                    Entre los diferentes fragmentos del poder simbólico, jurídico y políticose encuentran las Comisiones.de Ciencia y Técnica de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, Consejos de Investigaciones de los gobiernos provinciales, Consejo Consultivo del GACTEC [12 científicos y 12 empresarios innovadores], Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la Innovación [integrado por organismos de ciencia y tecnologia, del agro y la industria, y por las universidades], el Comité de Selección para cargos con funciones ejecutivas o administrativas de la SECYT y de la Agencia; y la Comisión de Gestión Interinstitucional [que nuclea a los presidentes de instituciones públicas no universitarias de ciencia y tecnología]).

101.                    con oficinas en la Av. Santa Fé 1385, de esta Capital.

102.                    Para una crítica light de las universidades del conurbano, ver Mollis, 2001, 48.

103.                    como la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires (CIC), el Consejo de Investigaciones de la Provincia de Cordoba (CONICOR), el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y el Centro Regional de Investigacion y Desarrollo de Santa Fé (CERIDE).

104.                    ver Villavicencio y Vermeren, 2001, 182.

105.                    Es de destacar que cuando el Presidente del CONICET Ing. Armando Bertranou quiso convencer al Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Mendoza (CRICYT) de las virtudes de la descentralización, su propuesta fue rechazada por ochenta (80) investigadores que solicitaron no innovar (ver Ojeda, García y Seltzer, 1999; en Los Andes, Jueves 26 de agosto de 1999, p.3);

106.                    sobre la confidencialidad en los procedimientos de evaluación por pares; ver Lee, 1998; Martin, 1999, http://www.physiciansnews.com/law/1299.html; y Parrish, 2002. http://jama.ama-assn.org/issues/v287n21/ffull/jsc10323.html

107.                    ver García de Fanelli, 1997, 39.

108.                    ver Balán, 1993, 164.

109.                    El Ministro de Gobierno de la Provincia de Neuquén Jorge Gorosito manifestó su interes de "desembarcar" en la Universidad del Comahue (La Mañana del Sur, Lunes 21 de Octubre de 2002.

110.                    ver Jujuy al Dia, 17 de noviembre de 2001;

111.                    INVESTIRE, Fondos Comunes de Inversión (Expediente SIGEN No. 754/2002, y Expte FH 800 8950/02).

112.                    ver Vessuri, 1996, 459.

113.                    En su aprobación legislativa no hubo oposición alguna (García de Fanelli, 1997, 18).

114.                    ver García de Fanelli, 1997, 41.

115.                    ver García de Fanelli, 1994, 12 y 15; y García de Fanelli, 1997, 58.

116.                    Recientemente a la carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Entre Ríos le fue rechazado la acreditación por la CONEAU, por tener más del 90% del plantel docente poblado con profesores de nivel terciario.

117.                    En su excelente trabajo, García de Fanelli (1997) omite totalmente este crucial punto.

118.                    La Fundación esta presidida por Alberto Pierri, siendo su Vicepresidenta Olga Gargiulo de Pierri, su Secretario Enrique H. Picado, su Tesorero el Contador Público Joaquín S. Alvarez, y sus vocales Mario Gómez Ramos y el Dr. Juan Héctor Estrada. Este último es también el Secretario General de la Universidad, y fué antes Pro-Secretario de Coordinación Operativa y Pro-Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación;

119.                    Sobre la trama íntima del duhaldismo, ver Otero, 1997.

120.                    Asi, por ejemplo, el actual Vice-Rector de la Universidad de la Matanza Víctor René Nicoletti fué antes miembro de la CONEAU, en representación de la Cámara de Diputados cuando Pierri era Presidente de la Cámara; el actual Secretario General Juan Héctor Estrada fué antes Pro-Secretario de Coordinación Operativa y Pro-Secretario Parlamentario de dicha Cámara; el Secretario Académico Dr. Norberto Bruno fué antes Prosecretario Administrativo de dicha Cámara; el Secretario Legal y Técnico Dr. Marcos Cynowiec fué antes Director de la Asesoría Jurídica de dicha Cámara; el Secretario de Planeamiento y Control de Gestión Dr. Gustavo Alberto Castro fué antes Director de Asesoría Jurídica de dicha Cámara; y el Secretario de Posgrado Dr. Mario Enrique Burkun fue antes Coordinador de Relaciones Internacionales de la SECYT en tiempos de Domingo Liotta.

  1. EDUCYT, año 4, n.142, 28 de noviembre de 2000

122.                    Por otro lado, el inmenso playón cubierto existente es utilizado como lugar concentrador del parque automotor cada vez que las movilizaciones políticas del Justicialismo Pierrista lo requieren.

123.                    quien actualmente se hallaría judicialmente procesado a raíz de la construcción con Gerlach Campbell SA (especialista en construcciones bajo la operatoria de titulización de hipotecas) del auditorio y del gimnasio modelo del Liceo Militar General San Martín, así como de las contrataciones para el procesamiento de los residuos y el asfalto con las empresas de Victorio Américo Gualtieri.

124.                    Cabe aclarar que la Diputada Graciela Caamaño de Barrionuevo carece de relación de parentesco alguno con el Diputado Eduardo Caamaño

125.                    El inmueble de la Escuela de Ciencia y Tecnología en San Lorenzo 3391, la de Economía y Negocios en Caseros 2241, la de Humanidades en Yapeyú 2068, la Escuela de Postgrado en Belgrano 3563, el Rectorado en Congreso 554 y la Secretaría de Ciencia y Técnica en Ayacucho 2197.

126.                    Sobre el Polo Tecnológico Constituyentes, ver Gianella, 1999. Sobre las Tecnópolis del Mundo, ver Castells, y Hall, 2001. Detrás de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se encontraría, aparte del Senador Barrionuevo y Sergio Spolsky (socio de Luis Cetrá y del periodista Daniel Hadad en el matutino BAE), el mismísimo Grupo Vila, dueño del diario Uno de Mendoza y de La Capital de Rosario (aliados a los nunca tan ponderados exMinistro Jose Luis Manzano, el banquero Raul Moneta y el grupo anticastrista de Mas Canosa).

127.                    Cabe aclarar que el Diputado Eduardo Caamaño carece de relacion de parentesco alguno con la Diputada Graciela Caamaño de Barrionuevo.

128.                    Exp.Minist. de Justicia (MJyDH) 125.820/00 y Resol.Oficina Anticorrupción (OA/DPPT) No.67, del 14-VIII-2001;

129.                    Estas dos últimas universidades, la de Tres de Febrero y la de Lanús, experimentaron durante la presidencia de Duhalde un régimen preferencial, pues por un Decreto de Necesidad y Urgencia le fueron otorgados tres millones de pesos por fuera del presupuesto nacional en detrimento del resto de las universidades (Decreto de Necesidad y Urgencia No. 435/03 publicado en el Boletín Oficial del Lunes 3 de marzo de 2003).

130.                    ver García de Fanelli, 1997, 22 y 48.

131.                    Estas Universidades son la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Asimismo, poseen representación física en Buenos Aires las Universidades Nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Río Cuarto, Salta y San Juan.

132.                    La noción de mercado vendria a ser en si misma "...negatoria de todo espacio público, ya que, al ser el lugar donde los intereses privados se enfrentan, imposibilita la construcción de un interes común" (Yannuzzi, 1995, 78):

133.                    Por el contrario, las infraestructuras "blandas" hacen hincapié en capitales de riesgo e investigación y en consorcios de investigación y desarrollo (Castells y Hall, 2001, 203).

134.                    Amén de los costosos edificios para auditorio, biblioteca y restaurant, el crecido endeudamiento obedece a los ingentes gastos incurridos en el Campus de Pilar a los efectos de construir un lago artificial con una pista de 500 metros para la práctica del remo, canotaje y regatas.

135.                    ver Mollis, 2001, 89-102.

136.                    Cabe agregar que por fruto de un mecenazgo de doce (12) millones de dólares, para construir un campus, otorgado por el finado banquero Luis Otero Monsegur, la Fundación Di Tella estuvo a punto de perder el control de la Universidad a manos de un grupo encabezado por el exJefe de la SIDE Fernando de Santibañez y los hijos de dicho banquero.

137.                    Tal es el caso en Mendoza de la Universidad de Congreso (UC), que comenzó como un emprendimiento afín al Radicalismo, manejado por Oscar H. Klier, Presidente de la Fundación Postgrado de Congreso y el actual Ministro de Economía de la provincia de Mendoza Gabriel Fidel. En cuanto a la Universidad del Aconcagua, su Decano de Psicología es el Lic. Arturo Piraces, Director de Menores de la Provincia durante la gestión de los Gobernadores Lafalla e Iglesias. Respecto a la Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA), fundada en 1960 en Guaymallén (Mendoza), y centrada en Estudios Veterinarios, últimamente se ha multiplicado a otros campos del saber, merced a sus buenos contactos políticos. El Director de su Escuela de Gobierno es un Senador Provincial, llamado Alberto Montbrun, y varios de sus Decanos, como el de Farmacia de apellido Balaguer, el de Veterinarias de apellido Duarte y el de Ciencias Empresariales de apellido Guilhou son parientes directos de altos funcionarios del gobierno provincial. En cuanto al Instituto Universitario Gastón Dachary (IUGD), ubicado en Posadas, Misiones, especializado en carreras de ciencias económicas, inició su solicitud de autorización en febrero de 1995 por su entonces Presidente Ing. Luis E. Lichowsky, y fué aprobada por la CONEAU en sesiones del mes de octubre de 1997, cuando estaba dirigido por el Rector Ricardo Biazzi, quién había sido antes Rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Ministro de Educación de la Provincia de Misiones, y asesor parlamentario de los Senadores Nacionales Ramón Puerta y Julio César Humada, y que en la actualidad se desempeña como integrante del propio Directorio de la CONEAU.

138.                    En la misma Córdoba, la Universidad Blas Pascal (UBP), que había sido fundada en pleno Proceso (1980) por autoridades consentidas por el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, entró a funcionar entre 1987 y 1990 como un centro asociado a la Universidad Católica Santo Tomás de Aquino (UNSTA), de Tucumán, dirigida por Fr. Fosbery OP, y a partir de 1988 como asociado a un Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas de Buenos Aires, conocido como Universidad CAECE. En el caso de la Universidad Empresarial Siglo 21, ubicada en Río Cuarto, Córdoba, obtuvo de la CONEAU su autorización provisoria en 1997, cuando su actual Vicerector Académico Dr. Eduardo Roque Mundet, se desempeñaba como Subsecretario de Desarrollo para la Educación Superior de la Ministra Susana Decibe (en realidad comenzó a actuar en 1995). Y en el caso de la Universidad de Palermo (UP), su actual vicerectora es la Prof. Alicia Wigdorovitz de Camilloni, exSecretaria Académica de la UBA durante la larga gestión de Oscar Shuberof, quien acaba de ser rechazada como Presidenta de EUDEBA por el actual Rector Jaim Etcheverry.

139.                    En este particular caso actuaron como pares evaluadores los expertos Carlos Lista, Eduardo Crnko y Miguél Cangiano.

140.                    El rector de la Universidad Católica Santo Tomás de Aquino había sido Fray Aníbal Fosbery, hijo de padres irlandeses, y "...el segundo hombre en importancia después de Bussi durante la dictadura provinciana, su amigo y tal vez su confesor. Antes de dominico Fosbery era cadete en el Colegio Militar de la Nación. Durante la guerra de las Malvinas, las FF.AA. le confiaron un cheque de más de cien millones de dólares para comprar armas en el exterior" (Rosenzvaig, 2000).

141.                    En 1993 la Universidad de San Andrés (UdeSA) patrocinó un homenaje al Ministro Cavallo en la Fundación Navarro Viola, sita en la Av. Quintana, organizado por los profesores Roberto Cortés Conde y Samuel Amaral, con la presencia de Premios Nóbel como Robert Lucas y Franco Modigliani y profesores de la Universidad de Chicago. Consultada la Universidad y la Fundación por la fecha exacta de dicho evento ambas instituciones arguyeron no recordarlo ni guardar registro del mismo.

142.                    La Universidad Austral fue fruto de la filantropía del exbanquero Gregorio Pérez Companc, quien donó la suma de medio centenar de millones de dólares para el desarrollo del moderno centro médico de Pilar.

143.                    Enrique Pescarmona, Orlando Terranova, Jacques Mattas (vinculado con Raúl Moneta), Héctor López, Jorge Pérez Cuesta, Roberto Zaldívar, Carlos López y Daniel Vila, por hombres del entorno del banquero Raúl Moneta; y por Juan Carlos Mazzón, ex operador de los ex Ministros Carlos Corach y Alberto Flamarique

144.                    La Universidad como botín de guerra, Página 12, Domingo 4 de febrero de 2001;

145.                    Página 12, martes 29 de octubre de 2002, p.8.

146.                    su gestión apenas si duró un par de meses, y nunca aclaró públicamente que ocurrió para que se decidiera a renucniar a su altísimo cargo, al extremo de no incluirlo en su propio curriculum vitae publicado en la web.

147.                    Por ejemplo, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), con sede en Tucumán, por convenio con la Universidad Blas Pascal (UBP) se ha extendido hacia Córdoba, y por convenios con la Universidad FASTA, se ha extendido hasta Mar del Plata y Bariloche.

148.                    Expediente Nº 568/01 (diez cuerpos) del registro del Ministerio de Educación (Secretaría de Educación Superior);

149.                    La Razón, Jueves 20 de marzo de 2003.

150.                    Según Claudio Acuña, "...una de las ofertas académicas de la Universidad Nacional de Quilmes es su Universidad virtual, la que dice poseer 22000 alumnos puramente virtuales inscriptos conectados a la Internet desde todos los rincones de Argentina. En el campus que corresponde a estos alumnos puramente virtuales hay dos tableros de mensajes donde el administrador es el único que deja los suyos simulando ser la administración, los tutores, profesores y alumnos virtuales los que lo hacen. Esta actividad se lleva a cabo a fin de aparentar una intensa actividad académica dentro de la comunidad. Los alumnos inscriptos reciben, para su utilización, una cuenta de correo electrónico oficial, la que aparecerá a la par de las de sus compañeros en la página del campus virtual junto a un pequeño curriculum personal y fotografía, con el propósito de que todos puedan conocerse e interactuar. El administrador tiene el poder de utilizar todas las cuentas de correo electrónico de los miembros para emitir correspondencia como si fueran éstos los que lo hacen, simulando, así, una actividad social en ese fantasmagórico submundo académico. Los alumnos puramente virtuales que son verdaderos no llegan a la decena y su participación en la vida comunitaria es entre muy escasa y nula, estando, más bien, perdidos en el cyberespacio, pues no saben de que se trata éste. Ninguna persona real se ha recibido ni se va recibir alguna vez de algo en ese imaginario ambiente. Actualmente ni siquiera los alumnos semipresenciales de la Universidad virtual de Quilmes utilizan el campus que se diseñó para ellos en una forma equivalente a la de los imaginarios alumnos puramente virtuales. La única actividad que se registra en este segundo campus el la de algún profesor enviando correo electrónico, con archivos adjuntos que contienen el material de sus clases, a sus semipresenciales alumnos que nunca lo leerán, mientras que el administrador se encargará de simular el resto de la actividad social que debería tener esa académica comunidad virtual" (Claudio Acuña, La ficciòn de la Universidad Virtual de Quilmes, PuntoDoc, Miercoles Noviembre 27, 2002 2:57 pm, http://foros.puntodoc.com/viewtopic.php?t=214&sid=a9bede0a841cf 49b9f3c13ecc1c0624d

151.                    Sobre la investigación en las universidades privadas argentinas, ver Barsky, 2001;

152.                    En Salta, pagos del Gobernador Juan Carlos Romero, la Universidad Católica de Salta (UCS); y en Tucumán, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), compiten entre sí en proyectos expansionistas. La Católica de Salta se extendió a Buenos Aires y Villa María (Córdoba), buscando activamente extenderse también a la Provincia de Corrientes, y de esa forma cerrar un cuadrilátero territorial de poder académico. Y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), con sede en Tucumán, se ha venido extendiendo hacia Córdoba (por convenio con la Universidad Blas Pascal), y Mar del Plata y Bariloche (por convenios con la Universidad FASTA). La Universidad de la Cuencia del Plata (UCP) tiene su sede central en la ciudad de Corrientes con una extensión en Resistencia (Chaco) y tres (3) delegaciones regionales en Presidente Roque Sáenz Peña (Chaco), Formosa y Gobernador Virasoro (Corrientes). La Universidad Católica de La Plata se extendió a más de media docena de sedes, comenzando por su sede fundadora en La Plata, para luego proyectarse a Buenos Aires, Bernal, Hurlingham, San Martín, Rosario (Santa Fé) y Gualeguaychú (Entre Ríos). Asimismo, la Universidad Atlántida Argentina (UAA), ubicada en el litoral marítimo bonaerense, nació en 1995 a partir del apoyo de once (11) municipios regionales, extendiéndose desde su sede central en Mar de Ajó, hasta Dolores, General Madariaga, Pinamar y últimamente la misma ciudad de Mar del Plata, destacándose por ser un verdadero bochorno persa de títulos y exámenes, "sin aplazados ni escalafón". También, la Universidad Argentina John F. Kennedy (UK), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Universidad CAECE, y la Universidad del Salvador (USAL), originadas en el centro de Buenos Aires, se extendieron a los barrios de la capital y al interior de la provincia y el país. La Universidad Argentina John F. Kennedy (UK), fundada en 1964, alcanzó una docena de sedes en la Capital y luego se extendió al Gran Buenos Aires. La Universidad CAECE se extendió a Mar del Plata y San Isidro. La USAL se extendió a media docena de sedes (Pilar, San Miguel, Mercedes, Venado Tuerto, Posadas, Bahía Blanca y Corrientes). Y la UAI se extendió primero a los barrios capitalinos de Almagro y Belgrano, y más luego a Castelar (Pcia. de Bs. As.) y a Rosario (Santa Fé), formando parte del grupo Vanguardia Educativa (VANEDUC). Esta última es una entidad no confesional dedicada al asesoramiento educativo, que es miembro afiliado a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), y poseedora de un campo denominado Rancho Taxco, de 85 hectáreas, a treinta (30) kms. de Buenos Aires. Tambien se dá este proceso de expansión geográfica en algunas universidades públicas. La Universidad Nacional de Patagonia Austral (UNPA) cuenta con cuatro (4) sedes, pero repartidas en la misma provincia de su sede principal, entre Río Gallegos, Caleta Olivia, San Julián y Río Turbio.

153.                    Cabe agregar que por fruto de un mecenazgo de doce (12) millones de dólares, para construir un campus, otorgado por el finado banquero Luis Otero Monsegur, la Fundación Di Tella estuvo a punto de perder el control de la Universidad a manos de un grupo encabezado por el exJefe de la SIDE Fernando de Santibañez y los hijos de dicho banquero.

154.                    ver García de Fanelli, 1994, 8.

155.                    Por ejemplo, se ha dado el caso de Jurados que han actuado simultáneamente en dos y hasta tres Comisioens. En el caso del Jurado Carlos Martínez Vidal, perteneció a la Comisión de Consejeros Tecnológicos, de Crédito Fiscal y de Certificación de Calificaciones.

156.                    ver Stefani, 1998, p.4.

157.                    ver García de Fanelli, 1997, 52.

158.                    Para este propósito se contó con unos doscientos cuarenta (240) millones de dólares financiados a cinco (5) años, para promover casi medio millar de proyectos repartidos entre casi medio centenar de universidades y operacionalizado en cinco (5) consecutivas convocatorias anuales.

159.                    Entre los miembros activos del Consejo Directivo del FOMEC estuvieron Juan Carlos del Bello, Héctor Gertel, Mario Mariscotti, Roberto Williams, Orlando Aguirre, Eduardo Sánchez-Martínez, Mario Albornóz, Francisco Garcés, Ana Pechén D'Angelo, Martín Pineiro, y Aníbal Jozami. Como Coordinador Académico del FOMEC se desempeñó el Prof. Osvaldo Barsky. Entre los miembros de su Comité de Seguimiento estaban Carlos Marquis, Martín Piñero y Mario Mariscotti, y luego el Dr. Patricio Garrahan. Y entre los asesores del Ministerio de Educacion se encontraban los profesores Guillermo Dussel, y Luis Alberto Romero, asesorando este último sobre los Contenidos Básicos Comunes de la currícula.

160.                    Finalmente, en el curso del año 1996, y financiada por el FOMEC (Proyecto 370), se logró impulsar la evaluación externa de una unidad académica piloto, que resultó ser el Departamento de Historia de la UBA. Los integrantes de la Comisión Evaluadora externa fueron elegidos por el propio patrocinante de la Evaluación, el Jefe del Departamento de Historia Prof. Enrique Tandeter. La evaluación académica de dicha Comision comprometió el prestigio de las Universidades de Harvard (John Coatsworth), Berkeley (Tulio Halperín Donghi), París (Roger Chartier) y México (Angel Díaz Barriga), pues fueron profesores de dichas Universidades quienes integraron la Comisión Evaluadora, importados con viáticos pagados con fondos del FOMEC, e inmortalizados en un alegórico mural, todo lo cual derivó en el mes de Septiembre de 1996 --en oportunidad de darse a conocer el Informe de Evaluación (que no cuestionó el esquema de poder oligárquico vigente en los Departamentos y Facultades)-- en una repulsa estudiantil sin precedentes en la Facultad de Filosofía y Letras que puso en tela de juicio las conclusiones de la Encuesta levantada por el Departamento y las contradictorias aseveraciones de dicho Informe acerca del supuesto "...juicio global altamente positivo" del Departamento. Para precisar con más detenimiento las características de esta gravosa y repudiada Evaluación o auto-Evaluación, debemos señalar que ésta careció de legitimidad e imparcialidad, pues en su hermética programación se excluyó premeditadamente la forzosa consulta, discusión y decisión de los órganos deliberativos de la Facultad (Junta Departamental y Consejo Directivo), y en la composición de la Comisión Evaluadora externa se designaron profesores que guardaban con el patrocinante de la Evaluación y con los titulares de las cátedras evaluadas compromisos y reciprocidades que les impidieron la necesaria independencia para emitir juicios críticos, objetivos y neutrales. Para evitar elegir profesores que tuvieren relaciones de amistad profesional con los dirigentes de la unidad académica evaluada correspondía haber elaborado --previamente a la designación de los Evaluadores-- un padrón de historiadores prestigiosos del mundo, a partir de los cuales se desinsaculara la terna de jurados. Más aún, si el propósito perseguido con la Evaluación fue un eventual "rankeo" a escala local, nacional y eventualmente continental, para alentar la competitividad de un mercado de recursos humanos académicamente calificados, áquella debió haberse practicado en forma simultánea, coordinada e interdisciplinaria, en otras facultades y/o universidades del área local o nacional. Como consecuencia de este repudio dicho grupo profesoral fué emprendiendo una diáspora que llevó al Prof. Carlos Reboratti a la UNGS, a los profesores José E. Burucúa y Luis A. Romero a la Universidad Torcuato Di Tella, y al profesor Enrique Tandeter a la Universidad de San Martín y a la dirección del Archivo General de la Nación durante el gobierno Delarruista.

161.                    Sobre la política universitaria argentina de los 90 y los alcances del concepto de autonomía universitaria, ver Chiroleu, Iazzetta, Voras y Diaz, 2001;

162.                    finalmente el Lic. del Bello reapareció en la Presidencia de Duhalde como integrante de la CONEAU y director del INDEC, y last but not least, candidato a Gobernador por la provincia de Río Negro.

163.                    ver Stefani, 1998, p.5;

164.                    ver Stefani, 1998, p.5.

165.                    ver Stefani, 1998

166.                    Stefani responde el Informe Del Bello, EDUCYT, 30 de abril de 1998.

167.                    Hubo Investigadores a los cuales se les llegó a otorgar subsidios consecutivos de más de cien mil pesos o dólares (e.g.: tal seria el caso de los profesores y directores de institutos de la Universidad de Quilmes, Carlos Altamirano y Mario Albornóz).

168.                    mediante la Resolución No. 1458 del 10 de Octubre de 1995, la SECYT-CONICET decidió aprobar en beneficio del Grupo de Trabajo de Cultivos Celulares del Instituto de Tecnología Biológica (INTEBIO) de la Facultad de Bioqímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), íntimamente ligado al arriba mencionado Laboratorio de Cultivos Celulares (Zeltek SRL), el financiamiento del proyecto (PID No. PMT-SID 187), el único entre el medio centenar de beneficiados, y entre mas de medio millar de proyectos presentados, que alcanzó una subvención casi un millón de pesos ($774.957.-), destinados a completar el equipamiento de la unidad y a la compra de reactivos y la contratación de servicios para desarrollar las tareas.

169.                    Por ejemplo, en dicha Lista nos encontramos con el Dr. Luis Beaugé, miembro del Directorio del CONICET; el Dr. Alfredo Bolsi, miembro de las Comisiones Asesoras y la Junta de Calificaciones del CONICET; el Dr. Alberto Boveris, Director de UBATEC SA; el Dr. Pablo M. Jacovkis, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; y el Dr. José Carlos Chiaramonte, Director del Instituto de Historia Argentina "Emilio Ravignani".

170.                    Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de Anillaco, La Rioja (CRILAR), http://www.telenocheinvestiga.com/notas/25-10-00/clasico/r04.asp. Las solicitudes que dirigía el Director del CRILAR Dr. Mario Hunicken al CONICET iban dirigidas con copia a la Secretaría General de la Presidencia, como forma de presión (Stefani, 1998, 9):

171.                    Con respecto a las presiones recibidas de parte de la SECYT, a cargo de Juan Carlos Del Bello, y del Ministerio de Educacion, bajo la direccion de la Ministra Susana Decibe, Stefani mencionó una carta del secretario de la Presidencia menemista, Alberto Kohan, pidiéndole que le informe "...por qué un grupo de arquitectos de la Rioja se había quejado ante Menem por demoras en los pagos del Centro de Anillaco y por qué no se habían nombrado suficientes riojanos en ese lugar".

172.                    Ese fue el caso de Pablo Aceñolaza, hijo de Florencio Aceñolaza, presidente del Conicet antes de la gestión de Del Bello, que buscaba comenzar la carrera de investigador en el Centro de Diamante (Entre Ríos).

173.                    ver Quirós, 2002.

174.                    ver Noble, 1984; y Minsky, 2000.

175.                    Estas contrataciones se fundaron en el art. 1º. inc. a) del Decreto No. 1331/95, sustitutivo del Decreto No.508, ambos reglamentarios de la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, promulgada en 1990; el art.59, inc e), de la Ley 24.521 de Educación Superior, promulgada a comienzos de 1995; y el art.3º. y 10º., inc. d) de la Ley Marco 25.467, o Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en el Boletín Oficial el 26 de septiembre de 2001.

176.                    Resoluciones Administrativas de la ANPCYT.

177.                    Educyt, año I, n.43, del 11 de Junio de 1998, 2ª. Sección.

178.                    El Presidente de Vilmax S.A. Dr. Jorge Mazza integra el Comité Ejecutivo del Foro Argentino de Biotecnologia (FAB) conjuntamente con representantes de Bio Sidus S.A., Polychaco S.A., Bedson SA, Advanata Semillas, Gador SA, y Wiener Lab SA, y el dicho Foro tiene por sus vocales ordinarios a los representantes de Bayer Cropscience y Monsanto, los máximos protagonistas de la monoproducción y sojización del agro argentino. Este Foro fué a su vez premiado por una Fundación denominada FUNPRECIT, dirigida por el Dr. Horacio Ernesto Bosch, con fondos del mismo FONTAR.

179.                    Resolución del ANPCYT n.010, de Febrero de 1998.

180.                    Resoluciones del ANPCYT n.44 de Junio de 2001, n.140 de Diciembre de 1999, n.86 de Junio de 2000, y n.029 de marzo de 1999.

181.                    Resoluciones n.022 del 22 de abril de 1999; y n.002 del 12 de enero de 1999.

182.                    Resolución n.085 del 9 de septiembre de 1999.

183.                    Resoluciones n.043, 044, 045 y 046 del 30 de junio de 1999.

184.                    Entre los proyectos de la Fundación FUNPRECIT se encuentra el "...de cria intensiva para producir carne congelada de ranas", por U$S 171.623.

185.                    Este cuestionamiento judicial fue sobreseído por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, integrada por los Camaristas Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Raúl Vigliani.

186.                    El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las instituciones oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a dicha misma Ley a "...establecer y/o contratar unidades de vinculación [entes no estatales constituídos para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios".

187.                    En ese preciso sentido, la CONEAU dictó en 1998 la Ordenanza 002, por la cual en su artículo 4º. se establece que en sus Informes anuales las instituciones universitarias que buscan ser acreditadas deberán prioritariamente indicar si la institución dió inicio o no a las estrategias de producción y transferencia.

188.                    Javier Lorca (2002): "Fractura en Ingeniería", Página 12, viernes 20 de Septiembre de 2002, p.13,

189.                    Esa red litoraleña estaría encabezada por el exRector Arq. Hugo Guillermo Storero (acusado ante la Sindicatura General de la Nación [SIGEN] por los manejos de la Obra Social de la Radio Universidad, y actualmente Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación), ahora devenido Diputado Nacional, en representación de la Alianza, y estaría integrada por la exDirectora de la Facultad de Formación Docente en Ciencia, Lic. Lilia Puig de Stubrin, quien matrimonio mediante devino Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, en representación de la UCR; su propio marido el Diputado y actual Vice-Presidente de la CONEAU Dr. Adolfo Stubrin; y el actual Rector Ing. Mario Domingo Barletta. Y en esta red también se hallaría incurso el Lic. Julio Schneider, quien logró reciclarse en la función pública, pasando de la Secretaría de Coordinación del Rectorado a una Concejalía en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fé, en representación de la UCR.

190.                    Acerca de Zeltek S.R.L., Labofrant e INTEC; http://portal.ellitoral.com/index.php3/diarios/2001/04/07/educacion/EDUC-01.html
http://www.elcronistaregional.com/notas/2002/06/27/001262.htm
http://www.fbcb.unl.edu.ar/exten/intebio1.htm

191.                    ver Abeledo, 1989, pp.54-56.

192.                    sobre la confidencialidad en las evaluaciones de pares; ver Lee, 1998; Martin, 1999, http://www.physiciansnews.com/law/1299.html; y Parrish, 2002.

193.                    Eduardo R. Saguier s/denuncia ante la Oficina Anticorrupción, del 24 de septiembre de 2002, http://www.hipforums.com/viewthread.php3?FID=13&TID=64598; < /p>

194.                    al igual que se está comprobando con los contratos de consultoría concertados por el Lobbysta Carlos Bercún en el Ministerio de Economía, la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABA), el Banco Central, el City Bank y el Bloque de Diputados del Partido Justicialista (PJ).

195.                    respuesta del Lic. Marcelo Daelli al Ing. Mil. Antonio Ricardo Castro Lechtaler, del 18 de Septiembre de 2002 reproducida en la Lista de Discusión electrónica Pol-cien;

196.                    perteneció al Laboratorio de especialidades medicinales y biologicas BioSidus S.A., sito en el barrio de Pompeya de esta Capital, y llegó a integrar el Directorio del CONICET paralelamente a gerenciamientos en Zeltek S.R.L., e Innova-T, y que integra el grupo Buenos Aires de la empresa de lobby Perfil Tecnológico y Productivo de la Argentina (compuesta entre otros por Juan Carlos Bisio, Daniel Giaccone, Juan Carlos Olveira y Jorge Cassará),

197.                    respuesta del Lic. Marcelo Daelli al Ing. Mil. Antonio Ricardo Castro Lechtaler, del 18 de Septiembre de 2002, reproducida en la Lista de Discusión electrónica Pol-cien;

198.                    Innova-T se encuentra domiciliada en Montevideo 126, 4º piso, de esta Capital,

199.                    En el caso del Prof. Tandeter sus contactos han sido esencialmente los Profesores John Coatsworth, de Harvard; y Herbert Klein, de Columbia.

200.                    Sobre la creación de instituciones culturales en Argentina durante la denominada Revolución Libertadora (CONICET, INTA, INTI, CFI, CONEA), ver Smulovitz, 1988..

201.                    Sobre el triángulo de Sábato, ver Plonski, 2000, 99-100.

202.                    http://www.conicet.gov.ar/INSTITUCIONAL/plan_estrategico/plan/11.ph p;

203.                    ver Vessuri, 1997, 143.

204.                    http://www.conicet.gov.ar/INSTITUCIONAL/plan_estrategico/plan/11.ph p;

205.                    http://www.conicet.gov.ar/INSTITUCIONAL/plan_estrategico/plan/11.ph p;

206.                    Stefani responde el Informe Del Bello, EDUCYT, 30 de abril de 1998.

207.                    Por esas y otras razones, las autoridades de la CONEAU, la SECYT, la ANPCYT, el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y la Fundación Innova-T, fueron denunciados en septiembre de 2002 ante la Oficina Anticorrupción, pues las autoridades de todas estas instituciones habrían cometido eventualmente los delitos de asociación ilícita, usurpación, administración fraudulenta, negociación incompatible con la función pública, malversación de recursos públicos, y violaciones de los deberes de funcionario público y de la autonomía universitaria al haber puesto las instalaciones y recursos técnicos y humanos de las universidades y los organismos de ciencia al servicio de intereses privados y del mundo de los negocios mercantiles y corporativos, así como por dificultar con sus respectivos desempeños el cumplimiento de los objetivos y las misiones para las cuales fueron creadas dichas instituciones (Eduardo R. Saguier s/denuncia ante la Oficina Anticorrupción, del 24 de septiembre de 2002, http://www.hipforums.com/viewthread.php3?FID=13&TID=64598);