Radio pública‑radio privada: las reglas del juego

 

ALFONSO CAVALLÉ

 

España es un caso peculiar en la radiodifusión de nuestro hemis­ferio. Mientras en América del Sur y del Norte la radiodifusión es histó­ricamente y en la actualidad, casi total y exclusivamente privada, en Europa ha sido pública y sólo en la última década ha irrumpido con fuerza la radiodifusión privada. Sin embargo, la radio nace pri­vada en 1924 y sólo doce años más tarde comienza a emitir la radio pública, conviviendo las dos desde entonces con­formando lo que se ha dado en denomi­nar el modelo español de radio, sobre el que se han vertido unánimes elogios por expertos de todos los países.

Este modelo de convivencia ha expe­rimentado en los últimos tiempos una profunda transformación que afecta al statu quo preexistente.

 

La transformación ha consistido en un considerable aumento de la oferta ra­diofónica pública en los niveles autonó­mico y municipal no justificada en la ma­yoría de casos en términos de audien­cia, ni tampoco desde la consideración de que esté atendiendo a una demanda realmente sentida.

Ese dimensionamiento excesivo de la oferta de radio pública en términos cuantitativos se construye, además, sobre un esquema de financiación que tiene efec­tos perversos sobre los radiodifusores privados y sobre las mismas emisoras públicas que ven desnaturalizada su ra­zón de ser y su función.

En efecto, la doble financiación de las emisoras públicas autonómicas y muni­cipales a través de los presupuestos pú­blicos y de la venta de publicidad, su­pone un caso de competencia desleal, que perjudica seriamente a las emiso­ras privadas que sólo tienen la publici­dad como única y exclusiva fuente de recursos para financiar su actividad.

Esa competencia desleal produce, en­tre otras cosas, una marcada distorsión en el mercado publicitario, ya que la radio pública, al no depender sólo de sus ingresos publicitarios, puede vender, y de hecho lo hace, con unos pre­cios muy por debajo de los mínimos que puedan aplicar las radios privadas.

En bien de todos, de la limpia y leal competencia, y en beneficio de la clari­dad y de la coherencia con las funciones y objetivos que a cada tipo de radio compete, las emisoras publicas autonó­micas y municipales deberán seguir el ejemplo de Radio Nacional de España, la radio pública estatal, que abandonó la doble financiación y, a través de un contrato‑programa sólo se financia con los recursos públicos. Si, en su día, se utilizó como argumento para justificar la doble financiación de autonómicas y municipales el que su hermana mayor, Radio Nacional de España, sí la tenía, ahora también debería jugar ese argu­mento para lo contrario.

La clara separación de la financiación incidiría en los contenidos programáticos y en el carácter de los dos tipos de emisores, con vocaciones claramente distintas. Se diferenciaría así la radiodi­fusión de servicio público, que debe ser sólo la que tiene tal titularidad, de la radiodifusión comercial, de titularidad privada y carácter comercial, poniendo fin a la concepción que nuestra legisla­ción tiene de toda la radio como servi­cio público esencial, que quedaría sólo para la radio pública, mientras que la radio privada debería tener la conside­ración de actividad privada de interés público.

Para todo ello, la modificación que se anuncia de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones podría ser una bue­na oportunidad.