LA LOT, A DISCUSIÓN
El proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, heredero
de la frustrada LOC, está siendo discutido desde hace varios meses en el
Parlamento. Por su importancia y trascendencia para el futuro económico y
tecnológico español, TELOS ha solicitado a tres expertos sus opiniones sobre el
texto aprobado por el Gobierno. Desde perspectivas muy distintas, el proyecto
de LOT es analizado, defendido y criticado.
JAVIER NADAL ARIÑO
Entre las políticas encaminadas a crear las condiciones que faciliten
el crecimiento económico y la adaptación del sistema productivo al nuevo
entorno internacional y a la nueva división internacional del trabajo, cobran
especial importancia aquellas actuaciones que aceleran la introducción y
difusión de las llamadas tecnologías de la información en el tejido social y
productivo de un país. El papel central que estas tecnologías van a jugar
(están jugando ya) en las sociedades avanzadas ha sido ampliamente asumido y lo
que hace unos años era exclusivamente un debate teórico entre utopías positivas
y negativas de los apocalípticos y los integrados se ha ido enriqueciendo a
medida que los futuribles tecnológicos se van apoderando de la vida cotidiana.
Es precisamente la menos nueva de estas tecnologías, y tal vez por
ello, la que en estos momentos está en el punto de mira de los políticos de
todos los países de nuestro entorno, no como elemento de debate teórico sino
como objeto de reforma o, al menos, de reconsideración de su papel y de su
incidencia en el proceso difusor de las nuevas tecnologías de la información.
Me refiero a las telecomunicaciones, cuyo valor estratégico se pone en
evidencia con sólo considerar que la participación del sector (industria más
servicios) en el P.I.B. pasará del actual 3% al 10%, a final de este siglo, en
los países de la C. E. E., o que las inversiones anuales en infraestructura de
telecomunicaciones se acerca a los 200.000 millones de pesetas en España y que
en el conjunto de la Comunidad Europea se alcanzaron los 2,3 billones de
pesetas el año 1984.
En este contexto hay que situar la iniciativa del Gobierno español al
elaborar y proponer a las Cortes el Proyecto de Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones.
Algunas voces se han alzado para congratularse por la llegada de ésta
iniciativa legislativa, aunque añadiendo que "más vale tarde que
nunca", significando con ello un presunto retraso innecesario. Permítaseme
discrepar. Por el contrario, creo que esta iniciativa se ha producido en el
momento adecuado e, incluso, ganando algún terreno a nuestros países vecinos
que están deshojando margaritas que nosotros tenemos ya resueltas.
En efecto, sabido es que el modelo de referencia por el que funcionan
las telecomunicaciones de Europa es el PTT, que engloba tanto las funciones
reguladoras como las de gestión de los servicios. También es sabido que en
todos estos países (al menos en los comunitarios) se está produciendo un debate
que puede asegurarse desembocará en un proceso de adaptación jalonado por las
siguientes etapas:
- Separar las funciones reguladoras y ordenadoras de la gestión y
explotación de los servicios.
- Separar la gestión postal de la gestión de los servicios de
telecomunicación.
‑ Agilizar la gestión y explotación de estos últimos
convirtiendo a la entidad encargada de estas tareas en una empresa pública o
semipública o en una entidad administrativa dotada de la flexibilidad propia de
una empresa y desvinculada de los Presupuestos Generales.
‑ Liberalizar la adquisición de los equipos terminales y la
prestación de los llamados Servicios de Valor Añadido, al tiempo que se
mantiene una situación de monopolio sobre la red (para evitar inversiones
duplicadas) y sobre algunos servicios que se consideran prioritarios tanto pata
garantizar una cobertura nacional como porque éstos generan del 80 al 90% de
todos los ingresos actuales de las entidades gestoras.
Cada una de estas etapas implica problemas de ajuste más o menos
complejos que impiden actuar con celeridad y que, por el contrario, exigen
establecer calendarios de varios años para generar los efectos positivos que
absorban los posibles inconvenientes.
Si comparamos la situación española de partida y la que diseña la LOT
con estas cuatro fases, podernos concluir fácilmente que tenemos una gran
ventaja comparativa. Sólo debemos actuar sobre la primera y la última, mientras
que las dos intermedias las tenemos prácticamente resueltas desde hace 60 años.
Esta es nuestra fuerza. Si la sociedad, y sobre todo la iniciativa, responden a
los estímulos dinamizadores que la LOT pone en juego, dentro de unos años
podremos disponer de un potente sector de telecomunicaciones que podrá competir
y sacar ventajas de su experiencia cuando se cree el ''mercado interior"
comunitario en el año 92. La tesis resumida es esta: mientras la mayoría de
nuestros socios comunitarios tratan de resolver las etapas más conflictivas del
proceso, nosotros podemos centrarnos desde este momento en la cuarta y última.
Sin embargo no hay que minimizar la magnitud de la tarea que, a pesar de todo,
queda por hacer.
Para mayor facilidad de presentación y análisis de las grandes líneas
que se abren en el proceso post‑LOT y, aun a riesgo de simplificar en
exceso, me limitaré a tres aspectos clave. La Red, Los Servicios y Los
Terminales.
LA RED
La red de telecomunicaciones es posiblemente la infraestructura social
que más atención demandará en los próximos años, y ello, al menos, por dos
razones. el volumen ingente de recursos que tendrán que destinarse a la misma y
su carácter de sistema vital para la circulación de la información, lo que es
tanto como decir la circulación de una mercancía estratégica. Disponer de
buenas comunicaciones es ya imprescindible en el sistema productivo como la energía
eléctrica lo ha sido hasta ahora.
Si cada nuevo servicio que pueda generarse instalara su propia
infraestructura se llegaría a una situación tan absurda e irrealizable como
admitir que cada empresa de transportes construyese sus propias carreteras. El
modelo de desarrollo que se adopte para la red transciende los aspectos
meramente técnicos y económicos para caer de lleno en lo político. La
asignación de prioridades y la elección de coberturas y tecnologías en un
sector sensible como este es un problema político que debe ser resuelto por el
Gobierno como depositario de la confianza de los ciudadanos para llevar
adelante un determinado modelo de sociedad. Por esta razón, el Plan Nacional de
Telecomunicaciones que la LOT define se configura como un importante
instrumento de plasmación de la voluntad política.
Este Plan deberá tender a la unificación de las redes actuales en una
infraestructura única con el horizonte de la RDSI, pero simultáneamente tendrá
que completar las actuales carencias existentes en los servicios tradicionales
(en particular el teléfono) para hacerlos accesibles a todos los ciudadanos. El
empeño no es fácil y exigirá movilizar grandes recursos en inversiones, no
siempre rentables, junto a otros cuyos períodos de maduración son largos.
La importancia económica y estratégica de esta red hace necesario que
su gestión quede en la órbita del monopolio tanto por razones de economía de
escala como por razones tecnológicas. Así por ejemplo, la ausencia de
estándares comunes entre diferentes fabricantes. Los equipas informáticos sólo
pueden salvarse por la interposición con estándares apropiados en la red.
LOS SERVICIOS
En este campo la LOT se propone tres objetivos fundamentales:
‑ Definir los Servicios que por su importancia social deben ser
gestionados en monopolio para garantizar su cobertura nacional y su calidad de
prestación (Servicios Finales).
‑ Ofrecer servicios suficientes en calidad y cantidad que sirvan
de soporte para otros servicios diferentes de los Finales (Servicios
Portadores), con unas puertas de acceso totalmente definidas desde el punto de
vista técnico.
‑ Facilitar la aparición de un nuevo sector económico el de los
Servicios de Valor Añadido que utilizando la red pública a través de Servicios
Finales o Portadores ofrezcan nuevas soluciones para el tratamiento de
información a distancia, o de otro tipo, desde una base de libre competencia.
No es ningún secreto que este último punto es uno de los más novedosos
de la LOT y uno de los que mayores beneficios deberá generar al conjunto de la
sociedad. Una vez creado el marco de actuación para que esta actividad se
genere con libertad, corresponderá a la iniciativa del sector de servicios
informáticos esfor zarse para ofrecer los servicios que la so ciedad demande.
LOS TERMINALES
El tema que seguramente ha suscita mayor polémica es el de la
liberalizad de los equipos terminales. Aquí, sin duda, se cruzan los intereses
de todos los agentes sociales implicados en las telecomunicaciones desde los
usuarios hasta la Compañía Telefónica pasando por la dustria productora y los
sindicatos. Todos ellos tienen algo o mucho que ganar en el proceso, aunque
evidentemente existen riesgos.
La experiencia de lo ocurrido en países demuestra que la
liberalización genera un crecimiento espectacular del mercado, una oferta más
variada al usuario y libera un importante volumen de recursos de inversión (en
España de 50 a 60.000 millones de pesetas anuales), que pueden destinarse a
incrementar otras partidas de la infraestructura como transmisión o conmutación.
Que este crecimiento sea en beneficio de la industria del país depende
exclusivamente de la capacidad de las partes interesadas en fijar los ritmos y
adaptar sus estructuras de funcionamiento a la nueva situación junto a una
adecuada política de N + H.
Finalmente, no quiero terminar esta presentación de la LOT sin hacer
una breve referencia a otros dos instrumentos muy importantes cuya influencia
será decisiva en el devenir de nuestras telecomunicaciones: el nuevo contrato
con la Compañía Telefónica cuyas líneas maestran están ya definidas en la Ley y
que establecen las funciones que aquélla debe asumir en la gestión de los
servicios que se le encomienden y la creación del Consejo Asesor que viene a
cubrir un hueco como lugar de encuentro y debate de todos los aspectos de las
telecomunicaciones en el que participen todos aquellos que tengan algo que
decir al respecto.
Julián Perea
En la iniciativa tomada por el Gobierno de enviar un proyecto de Ley
de Ordenación de las Telecomunicaciones hay que destacar que, por primera vez,
hay un intento de ordenar lo que será sin duda unos de los pilares
fundamentales sobre la que se asentará la sociedad del futuro.
Todos aquellos que de una forma u otra tenemos relación con las
telecomunicaciones pedíamos que los poderes del Estado trataran de mediar en
una actividad que ha estado y se encuentra aún bajo la tutela de una empresa.
Nada hasta ahora se había hecho en España en telecomunicaciones sin contar con
Telefónica. Es lógico que el Estado trate de tomar medidas para por un lado
regular y por otro establecer unos objetivos que por mandato constitucional le
son propios.
Todos los sectores interesados en el devenir de las telecomunicaciones
en nuestro país eran conscientes de esta necesidad. Sin embargo, el empeño a
juicio de muchos era una obra de por sí extremadamente dificultosa, no en vano
las telecomunicaciones se encuentran en clara expansión y su asociación con la
informática permitirá que en un futuro cercano desempeñe un apartado muy
importante en la actividad económica.
Ciertamente, las expectativas sobre la ordenación son tan dispares
como los objetivos que cada cual pretende conseguir. Por supuesto no puede
haber convergencia en los criterios empleados por los fabricantes de equipos de
telecomunicación nacionales, los grandes usuarios del sector negocio,
Telefónica, los usuarios domésticos, la administración, los fabricantes
transnacionales y por último el de los trabajadores afectados y sus sindicatos.
La LOT, a decir de sus redactores,
nace con vocación integradora y esto es como cuadrar el círculo dada la
beligerancia sobre el tema. No es posible integrar intereses tan dispares.
Desde nuestra óptica como Sindicato, en la ley deben quedar claros unos
objetivos globales que hagan de las telecomunicaciones un sector dinámico en
nuestro país; pero que inexcusablemente ha de perseguir un marcado acento
social dado el nivel de desarrollo imperante en diversas regiones, contemplando
a su vez lo logrado por los trabajadores del sector y el mantenimiento del
empleo.
A la vista del proyecto enviado a las Cortes, el primer planteamiento
que cabe hacerse es hasta qué punto el Estado asume el papel que a nuestros
juicio debe tener. Si algo caracteriza a la LOT, ya nos hemos referido anteriormente
a esto, es ser centro de diversos intereses, lugar de encuentro de múltiples
apetencias que entran en contradicción, dado el grado de intereses económicos
en juego. De este modo las incursiones han sido constantes con presiones en
orden a conseguir un marco legislativo favorable. Véanse, si no, los sucesivos
anteproyectos y las variaciones que han tenido en función, la mayoría de las
veces, de opiniones que se vertían en los medios especializados, contémplense
las diversas enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios y su
coincidencia con las peticiones realizadas por los sectores industriales
afectados.
El proyecto, que es objeto de acusaciones desde ámbitos liberales y
conservadores como excesivamente intervencionista, contiene, desde nuestra posición,
demasiados aspectos liberalizadores. Conviene recordar que la Administración
procede a liberalizar desde terminales hasta redes pasando por los servicios de
valor añadido, claro está que depende de quien realice la lectura y de las
presunciones que hagan sobre actuaciones futuras, vía decretos y reglamentos.
Esta diferente interpretación radica en el carácter abierto del proyecto y su
ambigüedad calculada; consiguientemente nadie queda contento con su redacción
actual y es evidente que el abanico de posibilidade que contempla es lo
suficientemente amplio para que mediante decretos y reglamentos pueda darse un
cambio radical las telecomunicaciones en nuestro país. Creemos que en sus
parámetros fundamentales hay una clara configuración liberalizadora. Lo que
podrán hacer decretos y demás normas será profundizar aún más en el contenido
desregulador de la ley pero no iniciar una marcha atrás en la dinámica impuesta
por la norma legal.
Hecha esta precisión conviene destacar otro punto que nos merece la atención:uno
de los objetivos del proyecto, y como tal figura en la exposición de motivos,
es posibilitar un mayor desarrollo tecnológico. Cabe preguntarnos hasta qué
punto en un país con desarrollo económico de tipo medio y notablemente atrasado
en la vertiente social de las telecomunicaciones la libre competencia potencie
el avance tecnológico: creemos, por el contrario, que una apertura de mercado
indiscriminado tal como se propone afectará gravemente a la industria nacional
y mucho nos tememos que sin un período de transmisión adecuado y claramente
definido (que debería arbitrar los poderes públicos, no sólo ante los productos
extraeuropeos sino también ante los comunitarios) tendríamos como consecuencia
una mayor dependencia en tecnología y en productos.
Por eso abogamos en la línea de un progreso tecnológico adecuado a las
necesidades reales del país, y que no signifique una merma en los recursos
destinados a establecer un desarrollo equilibrado de los servicios públicos.
España, y esto es evidente, se encuentra a la cola de los países europeos en
implantación telefónica, con regiones cuyos niveles de densidad son inferiores
a los países del llamado tercer mundo. Habrá que insistir en el origen de la
dinámica liberalizadora. Han sido los países desarrollados caracterizados por
un mercado interno saturado y en que los sectores denominados productivos
tenían una especial fuerza en los que se han generado las suficientes presiones
por estos últimos para que los costes de los servicios de telecomunicación fuesen
rebajados. En casi un axioma ya que la raíz de este movimiento radica única y
exclusvamente en un interés puramente especulativo, que acaban pagando los
usuarios de bajo poder adquisitivo,más que un hipotético desarrollo tecnológico
que en última instancia en España no tendría unas características que
enriqueciesen la innovación y producción nacional.
Muy ligado a lo tratado anteriormente es como se contempla el tema
tarifario en el proyecto. La experiencia reciente de la evolución tarifaria nos
indica de modo nítido el camino seguido. Hemos visto cómo las tarifas propias
del sector negocios, es decir, las llamadas interurbanas e internacionales,
permanecen estacionarias mientras que la de carácter social experimentan
subidas constantes. Esto nos hace pensar en que habrá más dificultades en el
futuro para una consideración social del teléfono: éste será proporcionalmente
más caro para los pequeños usuarios, llegando a poner en peligro la extensión
del servicio en la medida necesaria a otras zonas del país. Hay además un
riesgo adicional: la Administración, hoy por hoy, no puede asegurar que no haya
una pérdida de tráfico telefónico de las redes públicas. Diversos usuarios
tratarán, ya que se les da facilidades para ello, de escapar de estas redes en
busca de mejores precios. Entramos pues en una dinámica que no tiene un final
medido, sobre todo por la posibilidad de apertura de redes privadas de carácter
local y redes privadas especiales que el proyecto contempla.
En otro orden de cosas, en concreto el impacto laboral de la nueva
ley, cuando se promulge, y teniendo por referencia las continuas llamadas a la
libre competencia en el articulado, el futuro no se presenta muy halagüeño para
los trabajadores. Las consecuencias serán importantes, ya que, si se procede a
una liberalización rápida de las importaciones de equipos de telecomunicación
indudablemente la industria nacional del sector quedará afectada. Es más,
aunque esta liberalización sea gradual, va a ser muy difícil que se pueda hacer
frente a los productos procedentes de Extremo Oriente y esto muy a pesar de las
disposiciones que sobre homologación se dicten y de las sanciones que se
arbitren, puesto que el Ministerio será incapaz de ejercer las funciones
inspectoras con la eficacia que la ley le atribuye.
Por lo que respecta a las disposiciones sobre la libertad de conexión
de los terminales y su libre adquisición hay que decir que casi un tercio de la
actual plantilla de Telefónica se dedica a estos menesteres. La consecuencia
más directa será que estos trabajadores, en función del ritmo que se adopte,
verán seriamente alterado su status tanto en los aspectos cuantitativos,
cualitativos y de condiciones de trabajo.
Dentro de lo limitado de esta exposición, concluimos en lo siguiente:
esta ley posibilitará desarrollos de nuevos servicios rentables en manos
privadas, nuevos servicios no rentables en manos públicas o del hasta ahora
monopolio; va a deteriorar los niveles y calidad del servicio público;
facilitará la entrada de empresas transnacionales, que de este modo obtendrán
grandes posibilidades de negocio sin crear puestos de trabajo; va a posibilitar
la proliferación de redes privadas, se perderá una cuota importante de mercado
del sector negocios; va a obligar a las empresas nacionales de equipos de telecomunicación
a ajustar sus precios con graves implicaciones para su trabajadores, va afectar
seriamente a los trabajadores de la principal empresa del país y todo esto a
cambio de una hipotética dinamización tecnológica y económica del sector en una
dirección que nosotros no creemos adecuada.
El baudio constitucional
Luis Arroyo
En las sociedades modernas existe una tan fuerte interacción entre sus
componentes, que convierte a los medios de telecomunicación en auténtico
sistema nervioso de la colectividad. Telégrafo, teléfono, radio y televisión
han marcado talones importantes de nuestra historia reciente, pues con cada uno
de ellos surgieron otros modos de convivencia que a su vez generaron nuevas
pautas de comportamiento. La integración de la informática y las
telecomunicaciones, telemática, y la comunicación vía satélite están
configurando el escenario de fin de siglo en el que los actuales esquemas
Industriales económicos y jurídicos se ven incapaces para dar cauce a una
revolución tecnológica que está marcando los albores de la sociedad de la
información. La clasificación de las naciones entre países ricos y pobres se ha
quedado obsoleta, y ahora se habla ya de pueblos pobre o ricos en información.
La naturaleza y titularidad de los medios de comunicación que se pongan al
alcance del ciudadano harán. reales las libertades formales o condenarán a
éstas al terreno de la entelequia.
CONTINENTE Y CONTENIDO
Desde los albores de la telecomunicación se ha producido una tal
simbiosis entre el medro y su aplicación, que ha condicionado en gran medida la
legislación de estos servicios. Cuando apareció el teléfono, su introducción
llegó a verse frenada en algunos países por las administraciones telegráficas,
y aunque la entrada de la nueva tecnología llegara a producirse, ello no impidió que se desarrollaran dos redes
paralelas, una para telégrafos y otra para teléfonos. En este sentido cabe
recordar que entre Europa y Norteamérica se detectaron sustanciales diferencias
entre los papeles desempeñados por la telegrafía, y mientras en el viejo
continente se mantuvo la primacía del telegrama durante demasiado tiempo, los
norteamericanos supieron dar un mayor impulso a su sistema telefónico.
Con la aparición de la radio volvió a producirse un fenómeno de
análogas características, pues al ser ésta portadora de noticias de interés
general, los gobiernos trataron de controlarla, más en razón de sus contenidos
que de la tecnología empleada. La televisión corrió una suerte similar.
En esta simbiosis mensaje‑medio habría que buscar las causas
principales de que, en nuestro país, las competencias en materia de
telecomunicaciones hayan estado tan repartidas. Los avances tecnológicos han
dejado sin justificación alguna este tipo de concepciones, pues los nuevos
sistemas son polivalentes y sirven para cualquier tipo de comunicación
mensajes, voz, datos e imagen.
LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
La integración de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones
está desempeñando un importante papel en las sociedades modernas, aunque el
ciudadano aún no haya calibrado la trascenden era de este impacto. En realidad
no es nada nuevo que los medros de comunicación condicionen la estructuración
de las comunidades, los caminos, el ferrocarril y la electricidad hicieron
posible la aparición de organizaciones de tipo familiar, local, nacional e
internacional.
Todas las revoluciones tecnológicas han supuesto siempre cambios de
mayor o menor importancia en las sociedades que las alumbran. La informática no
es pues un caso aislado, pero tiene de singular que sus efectos son más
profundos y aceleran además cambios en las demás técnicas. En la medida en que
altere el tratamiento y la conservación de la información, modificará el
sistema nervioso de las organizaciones y de la sociedad entera.
Hasta hace bien poco, los ordenadores no habían desempeñado un papel
de relevancia en nuestras vidas, entre otras razones porque la informática era
cara esotérica y se circunscribía a un número restringido de empresas y
funciones Lo que se está imponiendo ahora es una informática de masas que
abarcará a toda la sociedad Esto ha sido posible por dos factores bien
conocidos En primer lugar, la microelectrónica ha permitido fabricar equipos
potentes de reducido tamaño bajo coste y fáciles de utilizar Por otra parte, la
telemática hace, posible la interconexión
de todos esos equipos entre sí y con los grandes centros de procesos.
Como ya apuntara hace un decenio el Informe NORA, la telemática, a
diferencia de la electricidad no transmite una corriente inerte, sino
información, es decir: vida, riqueza y poder, no se trata pues de una red más,
sino de aquella que va a transformar nuestro modelo cultural, los equilibrios
económicos y las relaciones de poder.
JUICIO DE INTENCIONES
En el preámbulo de la L0C aparecen con bastante claridad las razones
que aconsejan su entrada en vigor; los argumentos esgrimidos son lo
suficientemente contundentes como para que todo el mundo los acepte como
buenos. Pero como sucede tantas veces en política, el problema no radica tanto
en los qués sino en los cómos ¿En el articulado de la LOC el camino más idóneo
para alcanzar aquellos objetivos, o puede redactarse otro mejor? Las dudas
aumentan cuando, como sucede en la LOC, ciertos aspectos no se regulan, sino
que se deja al criterio de los organismos competentes su posterior legislación.
Ante situaciones como ésta no es
extraño que el ciudadano acabe por hacer un juicio sobre la intención final
del legislador.
Coordinar, regular impulsar y protege son algunas de las razones que
aconseja la promulgación de determinadas leyes en todos estos casos, la
sociedad suele sentirse tranquila pues la intención del nuevo instrumento legal
aparece clara. Pero ¿cuál es la reacción popular cuando el legislador hace un
excesivo hincapié en el control? En el caso de la LOC, si bien es cierto que
los planteamientos son correctos, no lo es menos que el articulado tiende a
asignar al Estado un papel omnipresente. Ante tal eventualidad habría que
recordar que el control estatal acaba por transformarse, a medio plazo, en
testigo oficial de la ineficacia social.
LIBERTAD DE COMUNICACIÓN
Nuestro futuro comunicante sólo será posible si tanto las redes
domésticas como las de área local, abiertas o públicas, se interconecten con la
calidad de servicio y variedad de opciones adecuadas. Si todas las parcelas de
nuestro quehacer diario van a estar afectadas por el movimiento de la
información, habrá que garantizar que individuos, empresas, organismos y
entidades puedan elegir libremente el tipo de comunicación que deseen darse.
Hasta fecha bien reciente, el equipamiento de abonado era suministrado
por las Administraciones, con el fin de garantizar la calidad del servicio y
proteger la infraestructura telefónica. Hoy en día, en algunos países ya se ha
procedido a liberalizar este mercado, permitiendo que el usuario adquiera sus
equipos a aquellos proveedores que los tengan homologados.
Las empresas primero, y los particulares un poco después, se enfrentan
con una serie de problemas para los que no están preparados. Pocas son las
organizaciones que cuentan con un responsable que integre la comunicación de
voz y datos. Como sucediera en la década de los sesenta, este vacío de cultura
tecnológica será llenado por las empresas consultoras. Estas organizaciones harán
las veces de arquitectos en el diseño de esas infraestructuras que aseguren un
adecuado movimiento de la información, el cual no será posible si a la hora de
implantar soluciones no se cuenta con una amplia gama de elección en cuanto a
proveedores de productos y servicios.
Si los ingenieros de caminos, canales y puertos pusieron los cimientos
del mundo industrial, los ingenieros telemáticos crearán la infraestructura de
la sociedad de la información.
LA LOC INCOMUNICADA
Las leyes y la tecnología no suelen ser temas por los que el ciudadano
se sienta particularmente atraído, de ahí el escaso interés popular despertado
por la LOC, al haber sido presentada como un conjunto de artículos que regulan
cuestiones técnicas o administrativas. Hay que intentar situar el debate en su
auténtica dimensión para que todos los estamentos sociales participen a través
de los cauces democráticos a su alcance.
En contra de lo que pudiera creerse, la LOC no es una ley sectorial
pues afecta a muchos aspectos de nuestra economía industria, y tendrá un
innegable impacto sobre el conjunto de la sociedad. En primer lugar hay que
tener en cuenta que los medios de telecomunicación son e vehículo por el que
circula la información y ésta es consustancial con el ejercicio de las libertades;
una sociedad mal informada no puede vivir en democracia. En otro orden de cosas
no debe olvidarse que la industria telemática a nivel mundial es ya la tercera
en importancia después de la del petróleo y el automóvil, para final de siglo
ocupará, sin lugar a dudas, la primera posición.
Sin apenas darnos cuenta estamos poniendo los cimientos de un nuevo
modelo de sociedad en el que la información desempeñará un papel similar, y aun
superior, al que jugaron los alimentos y las materias primas en las eras agrícola
e industrial. La LOC es un instrumento legal de primera magnitud que regulará
el sistema nervioso de la sociedad española de la información. La poca
sensibilidad manifestada por casi todos los medios de comunicación ante tan
trascendental pieza legislativa es una prueba más de nuestra original manera de
entender la democracia.
Mientras pueda afirmarse que nuestra Constitución consagra el
monopolio estatal de las telecomunicaciones, hablar de libertad de comunicación
es un puro contrasentido.