EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA

LA LOT, A DISCUSIÓN

 

El proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, heredero de la frustrada LOC, está siendo discutido desde hace varios meses en el Parlamento. Por su importancia y trascendencia para el futuro económico y tecnológico español, TELOS ha solicitado a tres expertos sus opiniones sobre el texto aprobado por el Gobierno. Desde perspectivas muy distintas, el proyecto de LOT es analizado, defendido y criticado.

 

La LOT: una ley necesaria

 

JAVIER NADAL ARIÑO

 

Entre las políticas encaminadas a crear las condiciones que faciliten el crecimiento económico y la adaptación del sistema productivo al nuevo entorno internacional y a la nueva división internacional del trabajo, cobran especial importancia aquellas actuaciones que aceleran la introducción y difusión de las llamadas tecnologías de la información en el tejido social y productivo de un país. El papel central que estas tecnologías van a jugar (están jugando ya) en las sociedades avanzadas ha sido ampliamente asumido y lo que hace unos años era exclusivamente un debate teórico entre utopías positivas y negativas de los apocalípticos y los integrados se ha ido enriqueciendo a medida que los futuribles tecnológicos se van apoderando de la vida cotidiana.

Es precisamente la menos nueva de estas tecnologías, y tal vez por ello, la que en estos momentos está en el punto de mira de los políticos de todos los países de nuestro entorno, no como elemento de debate teórico sino como objeto de reforma o, al menos, de reconsideración de su papel y de su incidencia en el proceso difusor de las nuevas tecnologías de la información. Me refiero a las telecomunicaciones, cuyo valor estratégico se pone en evidencia con sólo considerar que la participación del sector (industria más servicios) en el P.I.B. pasará del actual 3% al 10%, a final de este siglo, en los países de la C. E. E., o que las inversiones anuales en infraestructura de telecomunicaciones se acerca a los 200.000 millones de pesetas en España y que en el conjunto de la Comunidad Europea se alcanzaron los 2,3 billones de pesetas el año 1984.

En este contexto hay que situar la iniciativa del Gobierno español al elaborar y proponer a las Cortes el Proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

Algunas voces se han alzado para congratularse por la llegada de ésta iniciativa legislativa, aunque añadiendo que "más vale tarde que nunca", significando con ello un presunto retraso innecesario. Permítaseme discrepar. Por el contrario, creo que esta iniciativa se ha producido en el momento adecuado e, incluso, ganando algún terreno a nuestros países vecinos que están deshojando margaritas que nosotros tenemos ya resueltas.

En efecto, sabido es que el modelo de referencia por el que funcionan las telecomunicaciones de Europa es el PTT, que engloba tanto las funciones reguladoras como las de gestión de los servicios. También es sabido que en todos estos países (al menos en los comunitarios) se está produciendo un debate que puede asegurarse desembocará en un proceso de adaptación jalonado por las siguientes etapas:

- Separar las funciones reguladoras y ordenadoras de la gestión y explotación de los servicios.

- Separar la gestión postal de la gestión de los servicios de telecomunicación.

‑ Agilizar la gestión y explotación de estos últimos convirtiendo a la entidad encargada de estas tareas en una empresa pública o semipública o en una entidad administrativa dotada de la flexibilidad propia de una empresa y desvinculada de los Presupuestos Generales.

‑ Liberalizar la adquisición de los equipos terminales y la prestación de los llamados Servicios de Valor Añadido, al tiempo que se mantiene una situación de monopolio sobre la red (para evitar inversiones duplicadas) y sobre algunos servicios que se consideran prioritarios tanto pata garantizar una cobertura nacional como porque éstos generan del 80 al 90% de todos los ingresos actuales de las entidades gestoras.

Cada una de estas etapas implica problemas de ajuste más o menos complejos que impiden actuar con celeridad y que, por el contrario, exigen establecer calendarios de varios años para generar los efectos positivos que absorban los posibles inconvenientes.

Si comparamos la situación española de partida y la que diseña la LOT con estas cuatro fases, podernos concluir fácilmente que tenemos una gran ventaja comparativa. Sólo debemos actuar sobre la primera y la última, mientras que las dos intermedias las tenemos prácticamente resueltas desde hace 60 años. Esta es nuestra fuerza. Si la sociedad, y sobre todo la iniciativa, responden a los estímulos dinamizadores que la LOT pone en juego, dentro de unos años podremos disponer de un potente sector de telecomunicaciones que podrá competir y sacar ventajas de su experiencia cuando se cree el ''mercado interior" comunitario en el año 92. La tesis resumida es esta: mientras la mayoría de nuestros socios comunitarios tratan de resolver las etapas más conflictivas del proceso, nosotros podemos centrarnos desde este momento en la cuarta y última. Sin embargo no hay que minimizar la magnitud de la tarea que, a pesar de todo, queda por hacer.

Para mayor facilidad de presentación y análisis de las grandes líneas que se abren en el proceso post‑LOT y, aun a riesgo de simplificar en exceso, me limitaré a tres aspectos clave. La Red, Los Servicios y Los Terminales.

 

LA RED

 

La red de telecomunicaciones es posiblemente la infraestructura social que más atención demandará en los próximos años, y ello, al menos, por dos razones. el volumen ingente de recursos que tendrán que destinarse a la misma y su carácter de sistema vital para la circulación de la información, lo que es tanto como decir la circulación de una mercancía estratégica. Disponer de buenas comunicaciones es ya imprescindible en el sistema productivo como la energía eléctrica lo ha sido hasta ahora.

Si cada nuevo servicio que pueda generarse instalara su propia infraestructura se llegaría a una situación tan absurda e irrealizable como admitir que cada empresa de transportes construyese sus propias carreteras. El modelo de desarrollo que se adopte para la red transciende los aspectos meramente técnicos y económicos para caer de lleno en lo político. La asignación de prioridades y la elección de coberturas y tecnologías en un sector sensible como este es un problema político que debe ser resuelto por el Gobierno como depositario de la confianza de los ciudadanos para llevar adelante un determinado modelo de sociedad. Por esta razón, el Plan Nacional de Telecomunicaciones que la LOT define se configura como un importante instrumento de plasmación de la voluntad política.

Este Plan deberá tender a la unificación de las redes actuales en una infraestructura única con el horizonte de la RDSI, pero simultáneamente tendrá que completar las actuales carencias existentes en los servicios tradicionales (en particular el teléfono) para hacerlos accesibles a todos los ciudadanos. El empeño no es fácil y exigirá movilizar grandes recursos en inversiones, no siempre rentables, junto a otros cuyos períodos de maduración son largos.

La importancia económica y estratégica de esta red hace necesario que su gestión quede en la órbita del monopolio tanto por razones de economía de escala como por razones tecnológicas. Así por ejemplo, la ausencia de estándares comunes entre diferentes fabricantes. Los equipas informáticos sólo pueden salvarse por la interposición con estándares apropiados en la red.

 

LOS SERVICIOS

 

En este campo la LOT se propone tres objetivos fundamentales:

‑ Definir los Servicios que por su importancia social deben ser gestionados en monopolio para garantizar su cobertura nacional y su calidad de prestación (Servicios Finales).

‑ Ofrecer servicios suficientes en calidad y cantidad que sirvan de soporte para otros servicios diferentes de los Finales (Servicios Portadores), con unas puertas de acceso totalmente definidas desde el punto de vista técnico.

‑ Facilitar la aparición de un nuevo sector económico el de los Servicios de Valor Añadido que utilizando la red pública a través de Servicios Finales o Portadores ofrezcan nuevas soluciones para el tratamiento de información a distancia, o de otro tipo, desde una base de libre competencia.

No es ningún secreto que este último punto es uno de los más novedosos de la LOT y uno de los que mayores beneficios deberá generar al conjunto de la sociedad. Una vez creado el marco de actuación para que esta actividad se genere con libertad, corresponderá a la iniciativa del sector de servicios informáticos esfor zarse para ofrecer los servicios que la so ciedad demande.

 

LOS TERMINALES

 

El tema que seguramente ha suscita mayor polémica es el de la liberalizad de los equipos terminales. Aquí, sin duda, se cruzan los intereses de todos los agentes sociales implicados en las telecomunicaciones desde los usuarios hasta la Compañía Telefónica pasando por la dustria productora y los sindicatos. Todos ellos tienen algo o mucho que ganar en el proceso, aunque evidentemente existen riesgos.

La experiencia de lo ocurrido en países demuestra que la liberalización genera un crecimiento espectacular del mercado, una oferta más variada al usuario y libera un importante volumen de recursos de inversión (en España de 50 a 60.000 millones de pesetas anuales), que pueden destinarse a incrementar otras partidas de la infraestructura como transmisión o conmutación. Que este crecimiento sea en beneficio de la industria del país depende exclusivamente de la capacidad de las partes interesadas en fijar los ritmos y adaptar sus estructuras de funcionamiento a la nueva situación junto a una adecuada política de N + H.

Finalmente, no quiero terminar esta presentación de la LOT sin hacer una breve referencia a otros dos instrumentos muy importantes cuya influencia será decisiva en el devenir de nuestras telecomunicaciones: el nuevo contrato con la Compañía Telefónica cuyas líneas maestran están ya definidas en la Ley y que establecen las funciones que aquélla debe asumir en la gestión de los servicios que se le encomienden y la creación del Consejo Asesor que viene a cubrir un hueco como lugar de encuentro y debate de todos los aspectos de las telecomunicaciones en el que participen todos aquellos que tengan algo que decir al respecto.

 

Demasiada liberalización

 

Julián Perea

 

En la iniciativa tomada por el Gobierno de enviar un proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones hay que destacar que, por primera vez, hay un intento de ordenar lo que será sin duda unos de los pilares fundamentales sobre la que se asentará la sociedad del futuro.

Todos aquellos que de una forma u otra tenemos relación con las telecomunicaciones pedíamos que los poderes del Estado trataran de mediar en una actividad que ha estado y se encuentra aún bajo la tutela de una empresa. Nada hasta ahora se había hecho en España en telecomunicaciones sin contar con Telefónica. Es lógico que el Estado trate de tomar medidas para por un lado regular y por otro establecer unos objetivos que por mandato constitucional le son propios.

Todos los sectores interesados en el devenir de las telecomunicaciones en nuestro país eran conscientes de esta necesidad. Sin embargo, el empeño a juicio de muchos era una obra de por sí extremadamente dificultosa, no en vano las telecomunicaciones se encuentran en clara expansión y su asociación con la informática permitirá que en un futuro cercano desempeñe un apartado muy importante en la actividad económica.

Ciertamente, las expectativas sobre la ordenación son tan dispares como los objetivos que cada cual pretende conseguir. Por supuesto no puede haber convergencia en los criterios empleados por los fabricantes de equipos de telecomunicación nacionales, los grandes usuarios del sector negocio, Telefónica, los usuarios domésticos, la administración, los fabricantes transnacionales y por último el de los trabajadores afectados y sus sindicatos.

La LOT,  a decir de sus redactores, nace con vocación integradora y esto es como cuadrar el círculo dada la beligerancia sobre el tema. No es posible integrar intereses tan dispares. Desde nuestra óptica como Sindicato, en la ley deben quedar claros unos objetivos globales que hagan de las telecomunicaciones un sector dinámico en nuestro país; pero que inexcusablemente ha de perseguir un marcado acento social dado el nivel de desarrollo imperante en diversas regiones, contemplando a su vez lo logrado por los trabajadores del sector y el mantenimiento del empleo.

A la vista del proyecto enviado a las Cortes, el primer planteamiento que cabe hacerse es hasta qué punto el Estado asume el papel que a nuestros juicio debe tener. Si algo caracteriza a la LOT, ya nos hemos referido anteriormente a esto, es ser centro de diversos intereses, lugar de encuentro de múltiples apetencias que entran en contradicción, dado el grado de intereses económicos en juego. De este modo las incursiones han sido constantes con presiones en orden a conseguir un marco legislativo favorable. Véanse, si no, los sucesivos anteproyectos y las variaciones que han tenido en función, la mayoría de las veces, de opiniones que se vertían en los medios especializados, contémplense las diversas enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios y su coincidencia con las peticiones realizadas por los sectores industriales afectados.

El proyecto, que es objeto de acusaciones desde ámbitos liberales y conservadores como excesivamente intervencionista, contiene, desde nuestra posición, demasiados aspectos liberalizadores. Conviene recordar que la Administración procede a liberalizar desde terminales hasta redes pasando por los servicios de valor añadido, claro está que depende de quien realice la lectura y de las presunciones que hagan sobre actuaciones futuras, vía decretos y reglamentos. Esta diferente interpretación radica en el carácter abierto del proyecto y su ambigüedad calculada; consiguientemente nadie queda contento con su redacción actual y es evidente que el abanico de posibilidade que contempla es lo suficientemente amplio para que mediante decretos y reglamentos pueda darse un cambio radical las telecomunicaciones en nuestro país. Creemos que en sus parámetros fundamentales hay una clara configuración liberalizadora. Lo que podrán hacer decretos y demás normas será profundizar aún más en el contenido desregulador de la ley pero no iniciar una marcha atrás en la dinámica impuesta por la norma legal.

Hecha esta precisión conviene destacar otro punto que nos merece la atención:uno de los objetivos del proyecto, y como tal figura en la exposición de motivos, es posibilitar un mayor desarrollo tecnológico. Cabe preguntarnos hasta qué punto en un país con desarrollo económico de tipo medio y notablemente atrasado en la vertiente social de las telecomunicaciones la libre competencia potencie el avance tecnológico: creemos, por el contrario, que una apertura de mercado indiscriminado tal como se propone afectará gravemente a la industria nacional y mucho nos tememos que sin un período de transmisión adecuado y claramente definido (que debería arbitrar los poderes públicos, no sólo ante los productos extraeuropeos sino también ante los comunitarios) tendríamos como consecuencia una mayor dependencia en tecnología y en productos.

Por eso abogamos en la línea de un progreso tecnológico adecuado a las necesidades reales del país, y que no signifique una merma en los recursos destinados a establecer un desarrollo equilibrado de los servicios públicos. España, y esto es evidente, se encuentra a la cola de los países europeos en implantación telefónica, con regiones cuyos niveles de densidad son inferiores a los países del llamado tercer mundo. Habrá que insistir en el origen de la dinámica liberalizadora. Han sido los países desarrollados caracterizados por un mercado interno saturado y en que los sectores denominados productivos tenían una especial fuerza en los que se han generado las suficientes presiones por estos últimos para que los costes de los servicios de telecomunicación fuesen rebajados. En casi un axioma ya que la raíz de este movimiento radica única y exclusvamente en un interés puramente especulativo, que acaban pagando los usuarios de bajo poder adquisitivo,más que un hipotético desarrollo tecnológico que en última instancia en España no tendría unas características que enriqueciesen la innovación y producción nacional.

Muy ligado a lo tratado anteriormente es como se contempla el tema tarifario en el proyecto. La experiencia reciente de la evolución tarifaria nos indica de modo nítido el camino seguido. Hemos visto cómo las tarifas propias del sector negocios, es decir, las llamadas interurbanas e internacionales, permanecen estacionarias mientras que la de carácter social experimentan subidas constantes. Esto nos hace pensar en que habrá más dificultades en el futuro para una consideración social del teléfono: éste será proporcionalmente más caro para los pequeños usuarios, llegando a poner en peligro la extensión del servicio en la medida necesaria a otras zonas del país. Hay además un riesgo adicional: la Administración, hoy por hoy, no puede asegurar que no haya una pérdida de tráfico telefónico de las redes públicas. Diversos usuarios tratarán, ya que se les da facilidades para ello, de escapar de estas redes en busca de mejores precios. Entramos pues en una dinámica que no tiene un final medido, sobre todo por la posibilidad de apertura de redes privadas de carácter local y redes privadas especiales que el proyecto contempla.

En otro orden de cosas, en concreto el impacto laboral de la nueva ley, cuando se promulge, y teniendo por referencia las continuas llamadas a la libre competencia en el articulado, el futuro no se presenta muy halagüeño para los trabajadores. Las consecuencias serán importantes, ya que, si se procede a una liberalización rápida de las importaciones de equipos de telecomunicación indudablemente la industria nacional del sector quedará afectada. Es más, aunque esta liberalización sea gradual, va a ser muy difícil que se pueda hacer frente a los productos procedentes de Extremo Oriente y esto muy a pesar de las disposiciones que sobre homologación se dicten y de las sanciones que se arbitren, puesto que el Ministerio será incapaz de ejercer las funciones inspectoras con la eficacia que la ley le atribuye.

Por lo que respecta a las disposiciones sobre la libertad de conexión de los terminales y su libre adquisición hay que decir que casi un tercio de la actual plantilla de Telefónica se dedica a estos menesteres. La consecuencia más directa será que estos trabajadores, en función del ritmo que se adopte, verán seriamente alterado su status tanto en los aspectos cuantitativos, cualitativos y de condiciones de trabajo.

Dentro de lo limitado de esta exposición, concluimos en lo siguiente: esta ley posibilitará desarrollos de nuevos servicios rentables en manos privadas, nuevos servicios no rentables en manos públicas o del hasta ahora monopolio; va a deteriorar los niveles y calidad del servicio público; facilitará la entrada de empresas transnacionales, que de este modo obtendrán grandes posibilidades de negocio sin crear puestos de trabajo; va a posibilitar la proliferación de redes privadas, se perderá una cuota importante de mercado del sector negocios; va a obligar a las empresas nacionales de equipos de telecomunicación a ajustar sus precios con graves implicaciones para su trabajadores, va afectar seriamente a los trabajadores de la principal empresa del país y todo esto a cambio de una hipotética dinamización tecnológica y económica del sector en una dirección que nosotros no creemos adecuada.

 

El baudio constitucional

 

Luis Arroyo

 

En las sociedades modernas existe una tan fuerte interacción entre sus componentes, que convierte a los medios de telecomunicación en auténtico sistema nervioso de la colectividad. Telégrafo, teléfono, radio y televisión han marcado talones importantes de nuestra historia reciente, pues con cada uno de ellos surgieron otros modos de convivencia que a su vez generaron nuevas pautas de comportamiento. La integración de la informática y las telecomunicaciones, telemática, y la comunicación vía satélite están configurando el escenario de fin de siglo en el que los actuales esquemas Industriales económicos y jurídicos se ven incapaces para dar cauce a una revolución tecnológica que está marcando los albores de la sociedad de la información. La clasificación de las naciones entre países ricos y pobres se ha quedado obsoleta, y ahora se habla ya de pueblos pobre o ricos en información. La naturaleza y titularidad de los medios de comunicación que se pongan al alcance del ciudadano harán. reales las libertades formales o condenarán a éstas al terreno de la entelequia.

 

CONTINENTE Y CONTENIDO

 

Desde los albores de la telecomunicación se ha producido una tal simbiosis entre el medro y su aplicación, que ha condicionado en gran medida la legislación de estos servicios. Cuando apareció el teléfono, su introducción llegó a verse frenada en algunos países por las administraciones telegráficas, y aunque la entrada de la nueva tecnología llegara a producirse, ello no  impidió que se desarrollaran dos redes paralelas, una para telégrafos y otra para teléfonos. En este sentido cabe recordar que entre Europa y Norteamérica se detectaron sustanciales diferencias entre los papeles desempeñados por la telegrafía, y mientras en el viejo continente se mantuvo la primacía del telegrama durante demasiado tiempo, los norteamericanos supieron dar un mayor impulso a su sistema telefónico.

Con la aparición de la radio volvió a producirse un fenómeno de análogas características, pues al ser ésta portadora de noticias de interés general, los gobiernos trataron de controlarla, más en razón de sus contenidos que de la tecnología empleada. La televisión corrió una suerte similar.

En esta simbiosis mensaje‑medio habría que buscar las causas principales de que, en nuestro país, las competencias en materia de telecomunicaciones hayan estado tan repartidas. Los avances tecnológicos han dejado sin justificación alguna este tipo de concepciones, pues los nuevos sistemas son polivalentes y sirven para cualquier tipo de comunicación mensajes, voz, datos e imagen.

 

 

LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

 

La integración de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones está desempeñando un importante papel en las sociedades modernas, aunque el ciudadano aún no haya calibrado la trascenden era de este impacto. En realidad no es nada nuevo que los medros de comunicación condicionen la estructuración de las comunidades, los caminos, el ferrocarril y la electricidad hicieron posible la aparición de organizaciones de tipo familiar, local, nacional e internacional.

Todas las revoluciones tecnológicas han supuesto siempre cambios de mayor o menor importancia en las sociedades que las alumbran. La informática no es pues un caso aislado, pero tiene de singular que sus efectos son más profundos y aceleran además cambios en las demás técnicas. En la medida en que altere el tratamiento y la conservación de la información, modificará el sistema nervioso de las organizaciones y de la sociedad entera.

Hasta hace bien poco, los ordenadores no habían desempeñado un papel de relevancia en nuestras vidas, entre otras razones porque la informática era cara esotérica y se circunscribía a un número restringido de empresas y funciones Lo que se está imponiendo ahora es una informática de masas que abarcará a toda la sociedad Esto ha sido posible por dos factores bien conocidos En primer lugar, la microelectrónica ha permitido fabricar equipos potentes de reducido tamaño bajo coste y fáciles de utilizar Por otra parte, la telemática hace, posible la interconexión  de todos esos equipos entre sí y con los grandes centros de procesos.

Como ya apuntara hace un decenio el Informe NORA, la telemática, a diferencia de la electricidad no transmite una corriente inerte, sino información, es decir: vida, riqueza y poder, no se trata pues de una red más, sino de aquella que va a transformar nuestro modelo cultural, los equilibrios económicos y las relaciones de poder.

 

 

 

JUICIO DE INTENCIONES

 

En el preámbulo de la L0C aparecen con bastante claridad las razones que aconsejan su entrada en vigor; los argumentos esgrimidos son lo suficientemente contundentes como para que todo el mundo los acepte como buenos. Pero como sucede tantas veces en política, el problema no radica tanto en los qués sino en los cómos ¿En el articulado de la LOC el camino más idóneo para alcanzar aquellos objetivos, o puede redactarse otro mejor? Las dudas aumentan cuando, como sucede en la LOC, ciertos aspectos no se regulan, sino que se deja al criterio de los organismos competentes su posterior legislación. Ante  situaciones como ésta no es extraño que el ciudadano aca­be por hacer un juicio sobre la intención final del legislador.

Coordinar, regular impulsar y protege son algunas de las razones que aconseja la promulgación de determinadas leyes en todos estos casos, la sociedad suele sentirse tranquila pues la intención del nuevo instrumento legal aparece clara. Pero ¿cuál es la reacción popular cuando el legislador hace un excesivo hincapié en el control? En el caso de la LOC, si bien es cierto que los planteamientos son correctos, no lo es menos que el articulado tiende a asignar al Estado un papel omnipresente. Ante tal eventualidad habría que recordar que el control estatal acaba por transformarse, a medio plazo, en testigo oficial de la ineficacia social.

 

LIBERTAD DE COMUNICACIÓN

 

Nuestro futuro comunicante sólo será posible si tanto las redes domésticas como las de área local, abiertas o públicas, se interconecten con la calidad de servicio y variedad de opciones adecuadas. Si todas las parcelas de nuestro quehacer diario van a estar afectadas por el movimiento de la información, habrá que garantizar que individuos, empresas, organismos y entidades puedan elegir libremente el tipo de comunicación que deseen darse.

Hasta fecha bien reciente, el equipamiento de abonado era suministrado por las Administraciones, con el fin de garantizar la calidad del servicio y proteger la infraestructura telefónica. Hoy en día, en algunos países ya se ha procedido a liberalizar este mercado, permitiendo que el usuario adquiera sus equipos a aquellos proveedores que los tengan homologados.

Las empresas primero, y los particulares un poco después, se enfrentan con una serie de problemas para los que no están preparados. Pocas son las organizaciones que cuentan con un responsable que integre la comunicación de voz y datos. Como sucediera en la década de los sesenta, este vacío de cultura tecnológica será llenado por las empresas consultoras. Estas organizaciones harán las veces de arquitectos en el diseño de esas infraestructuras que aseguren un adecuado movimiento de la información, el cual no será posible si a la hora de implantar soluciones no se cuenta con una amplia gama de elección en cuanto a proveedores de productos y servicios.

Si los ingenieros de caminos, canales y puertos pusieron los cimientos del mundo industrial, los ingenieros telemáticos crearán la infraestructura de la sociedad de la información.

 

LA LOC INCOMUNICADA

 

Las leyes y la tecnología no suelen ser temas por los que el ciudadano se sienta particularmente atraído, de ahí el escaso interés popular despertado por la LOC, al haber sido presentada como un conjunto de artículos que regulan cuestiones técnicas o administrativas. Hay que intentar situar el debate en su auténtica dimensión para que todos los estamentos sociales participen a través de los cauces democráticos a su alcance.

En contra de lo que pudiera creerse, la LOC no es una ley sectorial pues afecta a muchos aspectos de nuestra economía industria, y tendrá un innegable impacto sobre el conjunto de la sociedad. En primer lugar hay que tener en cuenta que los medios de telecomunicación son e vehículo por el que circula la información y ésta es consustancial con el ejercicio de las libertades; una sociedad mal informada no puede vivir en democracia. En otro orden de cosas no debe olvidarse que la industria telemática a nivel mundial es ya la tercera en importancia después de la del petróleo y el automóvil, para final de siglo ocupará, sin lugar a dudas, la primera posición.

Sin apenas darnos cuenta estamos poniendo los cimientos de un nuevo modelo de sociedad en el que la información desempeñará un papel similar, y aun superior, al que jugaron los alimentos y las materias primas en las eras agrícola e industrial. La LOC es un instrumento legal de primera magnitud que regulará el sistema nervioso de la sociedad española de la información. La poca sensibilidad manifestada por casi todos los medios de comunicación ante tan trascendental pieza legislativa es una prueba más de nuestra original manera de entender la democracia.

Mientras pueda afirmarse que nuestra Constitución consagra el monopolio estatal de las telecomunicaciones, hablar de libertad de comunicación es un puro contrasentido.