La hormigonera ilustrada

 

 

IÑAKI DOMÍNGUEZ

 

Tras una larga espera en la que los sucesivos responsables gubernamen­tales han venido prometiendo una pronta regulación legal del mecenazgo cultural, el Gobierno ha hecho público (octubre de 1991) el anteproyecto de Ley de Incentivos Fiscales a la Participación Pri­vada de Actividades de Interés General, la ley del mecenazgo.

El anteproyecto, y la exigencia misma de su regulación, responde a un interés sobradamente justificado, tanto por lo que supone de reconocimiento de una vieja presencia, la de las instituciones de la llamada tercera vía, fundaciones, asocia­ciones, empresas..., como por la nece­sidad de aumentarla, incorporando al campo cultural las aportaciones econó­micas y los esfuerzos de nuevas ins­tituciones, que, a la vista del empuje de las industrias culturales y las limitaciones del Estado, resultan cada vez más necesarios.

En este sentido, cualquier gobierno debe ver con agrado la participación de instituciones privadas en la organización, financiación y difusión de actividades culturales que, por su propia naturaleza, no serían tenidas en cuenta por las in­dustrias culturales. Pero, además, resulta evidente que ese mismo Estado tiene que agradecer ese esfuerzo de la ini­ciativa privada en un terreno, el de la cultura, en el que la Administración pública está constantemente sometida a la acusación de dirigismo y, sobre todo, un ámbito en el que las instituciones públicas pueden gestionar o incluso con­trolar, pero jamás crear, acción privativa de los grupos e individuos de la sociedad civil. Por estas razones, y por cuanto satisface necesidades culturales evidentes en sociedades avanzadas y complejas, el mecenazgo resulta una institución imprescindible y su regulación una exi­gencia democrática.

No obstante, pese a tanta evidencia favorable ‑y al margen de la redacción del anteproyecto‑, hay algunos aspectos que impiden el reconocimiento unánime del mecenazgo como la única solución para la revitalización cultural en las socie­dades donde las industrias culturales controlan el núcleo de la vida cultural, el primero de los cuales es la evidencia de una actuación sobre la cultura claramente sesgada y parcial, que hace inevitables las otras actuaciones tradicionales, la del Estado y las industrias culturales.

De una manera general, en nuestro país y en el conjunto de los países occi­dentales, el mecenazgo moderno, fun­damentalmente de origen empresarial público o privado, se centra en la pro­moción y el mantenimiento del conjunto de obras y actividades artísticas que po­demos identificar en torno a la denomi­nada cultura de elite y en aquellos aspec­tos de la cultura más comúnmente acepta­dos o menos controvertidos.

Pero, además, el peso económico del mecenazgo empresarial en España es aún muy reducido, y ello a pesar de que en España la actividad cultural mueve ya un volumen superior a los dos billones de pesetas y cercano al 3 por ciento del PIB; pero en el que la participación privada se circunscribe a la demanda privada, esto es, a los gastos de los hoga­res en consumo y a la oferta proveniente de las industrias culturales. El resto de la oferta es abrumadoramente institucional de carácter público, mientras que en la actualidad, el papel de las fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro ‑el conjunto de la denominada tercera vía‑, resulta incomparablemente menor que las otras magnitudes (1).

Por otra parte, es preciso resaltar la dependencia del mecenazgo respecto de la actitud del Estado, de los márgenes de actuación que éste conceda a las entidades privadas, de las ventajas o exenciones fiscales que otorgue, etc. Desde esa perspectiva, el mecenazgo puede interpretarse como un instrumento de la intervención pública en la cultura, pero con una diferencia significativa: su objetivo en relación a la cultura no es necesariamente la mejora en la distri­bución de los recursos culturales o un acceso más igualitario a los bienes y ser­vicios culturales.

Todas estas características del mece­nazgo en nuestro país, sus actividades sesgadas, lo limitado de su peso econó­mico, así como su continuada depen­dencia de la acción del Estado, hacen pensar que la creciente demanda de una ley del mecenazgo e, incluso, la continua­da promesa de su pronta regulación, por fin cumplida, tienen que responder a claves diferentes a las de una simple consonancia entre lo que el mecenazgo y las políticas culturales pretenden con relación a la cultura. No sólo no tienen identidad de objetivos, sino que, además, es perceptible la contradicción existente entre buena parte de las prácticas habituales del mecenazgo y las orientaciones básicas de las políticas culturales de los países occidentales.

Es cierto que en algunos casos la reclamación de una ley del mecenazgo se basa en la posibilidad de obtener exenciones fiscales, pero no parece que éste sea el único ni el principal motivo por el que se solicita una ley del mece­nazgo. Para algunas empresas la exis­tencia de exenciones fiscales puede representar un ligero ahorro en una inversión; para las fundaciones culturales dicha ley actuará como marco de referencia, pero no limitará ni ampliará de manera ostensible la dedicación de estas entidades constituidas expre­samente para actuar en la vida cultural. En nuestra opinión, la demanda de un marco legal para las actividades de mecenazgo no hace sino reflejar la existencia de una nueva consideración del papel de la cultura en nuestra so­ciedad, cada vez más cercana a una función meramente instrumental que resulta difícil diferenciar del objetivo natural de las industrias culturales.

Y es que, al margen de la rentabilidad, que el mecenas o patrocinador obtenga exenciones fiscales, mejora en la imagen de la marca, etc., en la evaluación de su actividad debe tener en cuenta la eficacia que su acción tiene para la cultura y para la sociedad. La utilización de la cultura como instrumento de captación de clien­tes o como recurso para mejorar la imagen de marca admite una casi infinita variedad de formas, pero no todas supo­nen un avance en los objetivos elemen­tales de cualquier sociedad democrática con relación a la cultura: mejora en la capacidad de acceso a los bienes y ser­vicios culturales, incremento de la par­ticipación activa de los individuos en los procesos culturales, reducción de la dependencia respecto de los medios de comunicación de masas, etc. Por el con­trario, algunas de las fórmulas empleadas por el patrocinio cultural en los países en donde ya está fuertemente implantado, muestran la relación del mecenazgo y el patrocinio con determinas facetas de la actividad cultural que, más propiamente, podemos calificar como cultura espec­táculo.

Es evidente que gracias al mecenazgo tienen lugar exposiciones y convocato­rias, surgen fundaciones e institutos de investigación financiados con dinero privado, cuyo fin es, sencillamente, el de apoyar a la cultura. Son el ejemplo del altruismo y, por ello mismo, son relativa­mente escasos. La mayoría de las activi­dades de mecenazgo y patrocinio cultural buscan, fundamentalmente, una alterna­tiva a las fórmulas publicitarias habituales. En algunas campañas publicitarias, la utilización del nombre de instituciones culturales constituye un recurso en el que la cultura puede, perfectamente, ser sus­tituida por cualquier otro elemento: la conservación del medio ambiente, el hambre en el tercer mundo, el analfa­betismo o la tradicional imagen femenina.

En el caso de aquella imagen que un investigador norteamericano presentó en un simposio sobre mecenazgo y pa­trocinio, nos la mostró como una más de las múltiples fórmulas del patrocinio cultural en los EE.UU.; esto es, de las actividades que en favor de la cultura desarrollan las empresas norteamerica­nas. En la diapositiva se veía una hor­migonera que, en lugar de las tradicio­nales franjas de colores, lucía esplendo­rosa el nombre de una orquesta sinfónica. Era la viva imagen de nuestro futuro, la definitiva sustitución de la chabacana foto de chica desnuda por la más noble y, sin lugar a dudas, más culta representación simbólica de las bellas artes.

La ley del mecenazgo supone, o, a la vista del anteproyecto de ley hecho público, debería de haber supuesto, una definición del marco, la fijación de los límites dentro de los cuales el Estado ‑y a su través la sociedad entera‑, recono­ce utilidad social a determinadas acti­vidades culturales o relacionadas con la cultura: regulación deseable aun cuando implique el riesgo de que determinadas actividades culturales sean juzgadas como no legítimas, y queden marginadas del beneficio de ser consideradas susceptibles de mecenazgo. Esperemos que los trámites parlamentarios mejoren las perspectivas que su redacción actual ofrece.

 

 

(1) Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, el gasto público cultural en el año 1991 ha sido, en el conjunto del Estado, de 687.000 millones de ptas., mientras que el mecenazgo, la aportación de las entidades privadas sin ánimo de lucro, se estima en unos 62.000 millones de ptas.