Evaluación tecnológica como calidad institucional Demandas de una sociedad democrática

Vicente Pérez Plaza

El desarrollo de la Evaluación Tecnológica no sólo responde a la transformación de la tecnología sino también a razones sociales y de política democrática. Su avance es un signo de los tiempos.

En el tránsito a la sociedad tecnológica o del conocimiento se desarrolla la convicción de que la sociedad industrial ha podido hacer realidad bastantes de sus sueños, pero no lo ha logrado sin costes, riesgos, catástrofes y crisis que la cuestionan. De este modo, las crisis financiera, energética, ecológica, alimentaria, del trabajo, etc., contempladas anteriormente una a una, tienden a observarse hoy bajo un nuevo paradigma: la sociedad industrial y su impetuoso desarrollo técnico y económico, mediante sus logros y récords, ha conducido al mundo a una situación complicada, preñada tanto de oportunidades como de peligros, disfunciones y nuevos desafíos que constituyen amenazas potenciales a gran escala, si las sociedades no encuentran los valores (y no proceden a las innovaciones institucionales y sociales) capaces de gobernar la complejidad tecnológica.

Recordar el Fausto de Goethe o el mito de Frankenstein de Mary Shelley no es aquí gratuito. Los avances en todo tipo de armamentos, la producción nuclear, el transporte y tratamiento masivo de productos agresivos y tóxicos, la manipulación genética, la contaminación industrial, la obsolescencia precipitada nos hablan de un lado oscuro, en forma de amenazas al medio ambiente, a las fuentes de recursos, la salud, la seguridad, el equilibrio psíquico, los valores y a la armonía social de poblaciones, regiones y países enteros. Frente al paradigma industrial clásico que colocaba al acento en el qué y el cuánto, hoy es necesario proporcionar nuevas respuestas a interrogantes nuevos; cómo, para qué, en qué medida, con qué riesgos materiales y sociales.

Es claro que no se trata de una reacción contra el progreso técnico, en absoluto, pero si de una oposición clara al laissez-faire tecnológico. Es necesario reconocer que la tecnología no es una simple cuestión de objetividad científica o de maquinaria neutral. Está siempre guiada por intereses particulares y por valores humanos, explícitos o no. Por ello no puede quedar al margen del debate y las decisiones políticas. Por otra parte, es evidente que conforme mejoran los niveles de vida y la cultura tecnológica y política aumenta también la preocupación por la calidad de los productos y servicios, por la seguridad, la protección ambiental y la calidad de vida. Cobran importancia las consideraciones generales de carácter social y ambiental y surge un nuevo ciudadano que exige de las instituciones mayores niveles de calidad política entendida como la exigencia social de que las decisiones no se legitimen tan sólo por el procedimiento, sino que se basen en una capacidad suficiente y reconocida para interrogar la realidad, interpretarla, explicarla y depurarla mediante la crítica, a fin de encontrar respuestas solventes y estrategias pertinentes, con métodos que estimulen la participación; sólo en la medida en que se produce participación se puede hablar de transparencia de las decisiones políticas y de la gestión pública, dado que todo poder, sin excepción, es inercialmente opaco.

Sólo en la medida en que la sociedad se interesa y participa es posible abrir el debate social sobre el progreso científico-técnico fuera de los ámbitos especializados y, en la misma medida, hablar de un cierto restablecimiento de la alianza entre ciencia y democracia: evaluar, pronosticar y consultar antes de actuar no sólo es propio del método científico, sino también una cualidad medular del desenvolvimiento democrático. En este sentido se puede afirmar que una de las funciones más importantes de la comunidad científica es, precisamente, proporcionar juicios críticos, cualificados y objetivos sobre las decisiones que adoptan los poderes públicos.

Lo cierto es que en cualquier sociedad todo proceso de cambio y modernización suele ser tan necesario como contradictorio. Esta ambivalencia la expresó Lampedusa en su obra El Gatopardo, con una sencillez que ha hecho famosa esta frase, puesta en boca del Príncipe Salina: “Sin viento el arte sería un estanque pútrido, pero también elviento benefactor arrastra consigo muchas basuras.”

Digamos que precisamente este punto de vista viene a ser algo así como el común denominador de los clásicos del pensamiento moderno, llámense Goethe, Balzac, Marx, Ibsen, Baudelaire, Malville, Einstein, Weber, Ortega, y tantos otros. La modernización es tan necesaria como contradictoria y es propio del pensamiento elevado la búsqueda, en cada momento histórico, de un curso intermedio entre Scylla y Charibdys, entre la añoranza de lo arcaico y la apología apriorística de lo nuevo.

Frente al mundo decadente, enmohecido y estancado, los pensadores modernos ven la necesidad de impulsar el desarrollo de la economía, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y las nuevas fuerzas sociales, pues sólo a los seres y a los grupos que agonizan les es dado pensar, como en las coplas de Jorge Manrique, aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Simultáneamente, el pensamiento moderno ha tratado de huir de las simplificaciones y las apologías y ha descubierto en los procesos de modernización radicales contradicciones, lacras, riesgos y peligros sociales que desvelar y someter a las armas de la crítica.

Históricamente, la organización de un debate público sobre opciones y usos de la ciencia y la tecnología apenas ha comenzado. Aprincipios de los 70 se creó la OTA (Office ofTechnology Assesment) adjunta al legislativo de los EE.W, y diversos gobiernos e instituciones internacionales encargaron las primeras investigaciones sociales sobre la revolución científico-técnica y las nuevas tecnologías. De aquellos años es el informe Harvey Brooks, elaborado por encargo de la OCDE, donde ya se afirma que “todo progreso tecnológico se produce con algún coste, y hay riesgos latentes en la adopción o ampliación de cualquier tecnología (...) No se puede dejar que el cambio se produzca sólo con la lógica de la tecnología; la sociedad debe adaptarse para controlar la innovación según sus necesidades y evitar los efectos secundarios indeseables”.

“Evaluar cualquier tecnología, continúa el informe Brooks, significa, casi necesariamente, discutir sus implicaciones políticas y sociales, y en este último análisis se deberá hacer referencia a la escala de valores de la sociedad (...) La evaluación tecnológica, si se lleva más allá de la tecnología misma, plantea algunas cuestiones muy fundamentales sobre los objetivos implícitos al marco competitivo de nuestra economía de mercado del comercio mundial”.

Cerca de veinte años después, el reciente informe Sundqvist, realizado igualmente por encargo de la OCDE y publicado en castellano hace sólo unos meses, habla de evaluación tecnológica constructiva como un medio de informar a las personas involucradas, generar un debate público constructivo y estimular la comprensión e implicación pública que faciliten la participación y refuercen el mecanismo democrático.

La innovación tecnológica y el cambio social forman un mismo proceso integrado en el que interactúan la historia, la cultura, el derecho, los valores éticos y las perspectivas, junto a las fuerzas económicas. Así ha de estudiarse y gestionarse. De ahí que las sociedades necesiten dotarse de mecanismos democráticos de control y formulación de decisiones relativas a la naturaleza, aceptabilidad y difusión de las tecnologías.

Necesidad que, ciertamente, es más fácil de formular que de implementar, ya que la ciencia y la tecnología son fuerzas poderosas que crean continuamente nuevos tipos de problemas a los sistemas políticos e influyen cada vez más decisivamente en las estructuras y los métodos a través de los cuales se deciden y controlan las cuestiones de Estado.

Sin embargo, la creencia de que basta la opinión de los grupos de expertos para resolver las complejas elecciones implicadas en este tipo de cuestiones es, en todo caso, de escaso valor democrático, ya que en realidad no existen bases objetivas o científicas al margen de los intereses sociales en juego. Las opciones y decisiones sobre desarrollos científico-tecnológicos son eminentemente políticas y dependen de numerosas interacciones y de negociaciones entre intereses y valores -económicos, políticos o ideológicos- en conflicto.

Tres parecen ser los tipos básicos de control social: la rendición de cuentas, la representación y la participación. El primero alude a la responsabilidad social de hacer transparentes los procesos de toma de decisiones y de gestión por parte de instituciones y empresas, incluida la predisposición de las mismas a ser inspeccionadas e investigadas por parte del público y de sus representantes. El segundo -la representación- se refiere, sobre todo, a las funciones parlamentarias de legislar y de controlar al Ejecutivo. El tercero -la participación- se refiere a los medios por los que el ciudadano puede relacionarse e influir en los procesos de toma de decisiones. Dichos medios no son otros que los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones ciudadanas de consumidores, usuarios, afectados, etc. y los movimientos sociales.

En todo caso, si admitimos que la opinión pública -los ciudadanos- no puede estar ausente o quedar al margen de las grandes decisiones políticas relacionadas con la ciencia y la tecnología; si rechazamos la perspectiva de una sociedad de relojeros ciegos o de sonámbulos tecnológicos, entonces la información, la divulgación y el desarrollo de la cultura científico-tecnológica adquieren una importancia política de primera magnitud no sólo para vincular a la I+D con la producción (aguas abajo) y la educación (aguas arriba, sino también como estímulos a una mayor transparentización del poder y al mejoramiento de la calidad institucional en sentido democrático.

Todo ello sin contar la importancia de un ambiente social adecuado, es decir, el conjunto de factores que armonizan el desarrollo tecnológico con las condiciones y dinámicas socioeconómicas y culturales.

La Evaluación Tecnológica (TA) cumple, al menos, tres funciones: a) como parte de las policy sciencies constituye un instrumento de asesoramiento en la toma de decisiones, b) como ingrediente cualificador del debate social contribuye a profundizar la democracia, a mediar entre razón científico-técnica y valores democráticos y, por tanto, a dotar de calidad política al conjunto del sistema y c) como coadyuvante en el proceso de cambio técnico adecua las nuevas tecnologías a las situaciones concretas, mejorando así la receptividad social de las mismas.

La Evaluación Tecnológica se hace tanto más necesaria cuanto más se desarrolla el cambio tecnológico, la complejidad de la estructura social y la cultura democrática. En este sentido, si hasta comienzos de los años 80 la situación era tal que ni la sociedad percibía la importancia del potencial científico-técnico, ni el Estado había formulado planes, ni explicitado posiciones, una década después todo ha cambiado. Hoy existe un Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, una política científico-técnica de las autonomías, un sistema institucional ciencia-tecnología, cierta dinámica empresarial, una preocupación social difusa -pero en ascenso- por las cuestiones sociales que imbrican las tecnologías, y una inserción en el marco comunitario europeo que reclaman, conjuntamente y por separado, una cultura, unos métodos y unos ámbitos para la reflexión y la evaluación de la tecnología. El desarrollo de TA es un signo de los tiempos.