EDITORIAL

La temprana crisis del sistema televisivo español

 

  La crisis de las televisiones públi­cas ha estallado antes del verano. Los números rojos de RTVE en

1990 y las pérdidas aún más fuertes previstas para 1991, las llamadas de au­xilio de sus  directivos ‑subvenciones, créditos o pago de servicios públicos­- han ido acompañadas por una amplia difusión de las pérdidas de las televisio­nes públicas ‑,utonómicas. Menos se han aireado las pérdidas de las televi­siones privadas, todas ellas, por su­ puesto, oficialmente «menores de las

previstas». Insistentemente se habla sin embargo de crisis del sistema televisivo inaugurado hace un año y no solamente del subsector de la televisión pública.

  Desde hace años hemos podido oír perfectamente a los altos directivos de RTVE proclamar en congresos naciona­les e internacionales su triunfalismo in­conmovible ante el futuro de la televi­sión pública central. Y, como el Tribunal de Cuentas nos ha venido a recordar ahora en sus informes sobre los manda­tos de Calviño y Pilar Miró, esta miopía iba acompañada de un considerable descontrol contable y un notable despil­farro de recursos. Pero sería demasiado fácil acusar tan sólo a los responsables directos de RTVE de la actual crisis.

  Si el sistema iniciado hace un año muestra su incapacidad práctica en tan breve plazo es porque no ha existido, con sus notas básicas de coherencia y equilibrio, más que en los propósitos del legislador. O más aún, porque el au­téntico sistema se comenzó a fraguar mucho antes y al margen de las previsiones legislativas que parecieron diseñarlo.

En 1983, en efecto, arranca realmente el sistema televisivo español con la decisión del Ministerio de Hacienda ‑Boyes mediante‑ de retirar toda subvención pública a RTVE, condenándola a financiarse en exclusividad ‑caso único en toda Europa‑ por los ingresos publicitarios. Sin debate, sin conciencia pública de la opción tomada, este modelo se prolongará hasta hoy, expandiéndose a través de una fórmula comercial de televisión autonómica cifrada sobre la base ‑falsa, pero operativa‑ de su autofinanciación por la vía publicitaria. Con la ley de televisión privada de mayo de 1988, la Administración no hacía sino profundizar en este modelo comercializado, sentando las bases de una competencia encarnizada entre todas las cadenas bajo la capa supuesta de una regulación definitiva.

Las pérdidas millonarias y generalizadas de las cadenas han roto en pedazos esa ilusión. Más allá de las consecuencias coyunturales de la guerra del Golfo sobre la inversión publicitaria, ésta no puede asegurar la supervivencia de cinco canales generalistas alimentados exclusivamente por la publicidad.

Como demostraron en una memorable investigación Guillou y Padioleau, la regulación del audiovisual no es una ciencia exacta ni admite soluciones únicas; se trata de un ejercicio de prevención y negociación, de controles y reajustes, y, sobre todo, requiere un alto grado de consenso social. Pues bien, aquí no sólo hemos despreciado esta experiencia, y la extensa historia de hundimientos y convalecencias de televisiones públicas europeas (la BBC primero, la RAI, la televisión pública francesa, ...) que precedió a nuestra particular desregulación, sino que hemos construido un modelo definitivo, financieramente imprevisible, con unas televisiones públicas y privadas económicamente opacas, políticamente sospechosas, y en descontrol permanente. Aun con sus defectos comprobados, el abandono de toda entidad reguladora (al modelo de FCC estadounidense, la IBA británica, la CNCL francesa o la CRTC canadiense) ha privado a los canales privados y públicos de una auténtica legitimidad y un coherente comportamiento de servicio público, despojando al espectador de una eficaz defensa y fundamentando la concurrencia en el incumplimiento de las leyes. Complementariamente, la falta de apoyo presupuestario estatal para las televisiones y su consiguiente no limitación de ingresos publicitarios (con la inexistencia de un contrato de obligaciones de estos canales) ha agudizado inevitablemente la competencia salvaje.

Aprovechando esta falta de planificación consensuada, el aventurerismo económico y político campa ahora por sus respetos, preconizando desde aumentos ilimitados de canales privados hasta la privatización de los canales pú­blicos. Y se instala una ceremonia de la confusión que autoriza paradojas tan chocantes como la de que el inventor de la contraprogramazione a la europea (no en vano su máximo teórico es Carlo Freccero, programador triunfal de Ber­lusconi) acuse de tales prácticas a la te­levisión pública, o la de que los más acervos críticos de canales públicos pa­gados por el contribuyente ataquen ahora la punción que la televisión públi­ca hace en el mercado publicitario. Par­tidarios de la libre competencia, imposi­ble de hallar en este sector, y del hundi­miento de las televisiones públicas en el gueto de la alta cultura, se concitan así en un auténtico círculo vicioso con las visiones economicistas a corto plazo que desde la Administración piensan la televisión y el audiovisual como un lujo superfluo para la labor estatal. Quienes conciben las ayudas a la crisis bancaria o a la reconversión industrial como sub­venciones califican a las inversiones pú­blicas en el audiovisual como pérdidas en lo que puede considerarse un verda­dero lapsus psicoanalítico.

Saturación publicitaria de las panta­llas, violación permanente de la norma­tiva publicitaria, degradación de la pro­gramación, alza en picado de los pre­cios de producciones ajenas, descenso brutal de la producción propia y nacio­nal..., no son más que consecuencias puntuales de esta política. Las polémi­cas que rodean los sistemas y empre­sas de medición de audiencias eviden­cian también el profundo desequilibrio del sistema. En su conjunto, tales fenó­menos no hacen más que revelar la au­sencia de una práctica de servicio pú­blico precisamente cuando más afirma­da está legalmente.

La quiebra práctica del cine español, ocasionada por la imposibilidad de RTVE de invertir o de comprar dere­chos de antena, muestra en toda su gra­vedad la situación creada. Y esta misión de fomento de la creación y la cultura audiovisual nacional es sólo una, aun­que importante económica y cultural­mente, del servicio público televisivo. A medio plazo resultarán también eviden­tes las fallas en la libertad de expresión y el pluralismo, en la capacidad de in­novación, en la satisfacción de las de­mandas de las minorías, en las funcio­nes básicas, en definitiva, que una tele­visión al servicio público cumple en nuestras sociedades. Funciones, insisto, culturales y políticas, pero también, y cada vez más, económicas en un sector de crecimiento punta del futuro.

Como escribía hace poco para otros países europeos el investigador André Lange, parafraseando al padre funda­dor de la BBC lord Reith, «la fuerza bru­tal del mercado publicitario tiende a sustituir a la fuerza brutal del monopo­lio». Sobre esta última hemos tenido una larga experiencia; sobre la primera se puede decir que es una auténtica caja de Pandora de la que pueden salir des­bocadas muy diversas tempestades.

 

                                                                        Enrique Bustamante