Concentración multimedia

La reglamentación actual en Europa

 

Andre Lange / Ad Van Loon

 

La concentración de la prensa y en los medios de comunicación parece una tendencia gene­ral. La regulación, diversa según los países, es actualmente indirecta en el ámbito europeo, ya que la Comisión no ha dado todavía una respuesta clara a este problema.

 

1. EL CONSEJO DE EUROPA Y LA       CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS

 

1.1. Los trabajos anteriores sobre la concentración de la prensa

 

El Consejo de Europa, hasta ahora, sólo ha tratado par­cialmente la concentración de los media. En la reflexión realizada anteriormente se ha fijado la atención sobre el fenómeno de la concentra­ción de la prensa. El Consejo de Europa se ha ocupado de este tema desde 1967. Su ac­tividad se ha basado constantemente en el ar­tículo 10 del Convenio Europeo para la pro­tección de los Derechos del Hombre y de las Libertades fundamentales, que concierne a la libertad de expresión.

Se han hecho algunos estudios y se han rea­lizado algunos informes. Se han desarrollado diferentes debates y se han adoptado reco­mendaciones y resoluciones. Los principales documentos sobre este tema son:

 

-  Resolución 428 (1970) sobre los medios de comunicación de masas y los derechos del hombre, Asamblea consultiva (Doc. 2685).

-  Informe sobre las concentraciones de prensa (Björk y Van der Sanden), Asamblea consultiva, 3 de octubre de 1972 (Doc. 3178).

-  Dictamen sobre la concentración de prensa, Comisión jurídica (Fanelli) de la Asamblea consultiva, 12 de octubre de 1972 (Doc. 3188).

-  Resolución (74) 43 sobre las concentra­ciones de prensa, Comité de Ministros.

-  Recomendación 747 (1975) relativa a las concentraciones de prensa, Asamblea consultiva (Doc. 3536).

-  Recomendación 834 (1978) relativa a los peligros que amenazan la libertad de prensa y de televisión, Asamblea parla­mentaria (Doc. 4012).

 

Estas recomendaciones y resoluciones no son vinculantes para los Estados miembros. Constituyen solamente declaraciones de in­tención o propuestas para tales declaraciones que sólo serán vinculantes si se incorporan finalmente a un convenio, que se elabore en el seno del Consejo de Europa.

El interés manifestado por el fenómeno de la concentración de la prensa está expuesto, entre otros, en el Dictamen del Comité de Ne­gocios jurídicos sobre la concentración de la prensa (Doc. 3188).

«Se puede señalar que la concentración de la prensa en sí misma no afecta al derecho individual de la libertad de expresión o de información. Sería erróneo decir que las con­centraciones son violaciones del Convenio. Sin embargo, reducen la elección de los in­dividuos y pueden limitar las posibilidades de ejercer este derecho libremente.»

La Resolución 428 señala que la indepen­dencia de los media, en general, debe ser protegida contra los peligros del monopolio.

A pesar de ello, nunca han sido propuestas por el Consejo reglamentaciones específicas relativas a la prensa y, «a fortiori», reglamenta­ciones relativas a la concentración en las que estuvieran implicados diferentes media. Por el contrario, existe el temor de que semejantes re­glamentaciones sean incompatibles con el de­recho fundamental a la libertad de expresión.

El Informe sobre la concentración de la prensa (Doc. 3178) constata que la posibilidad de prohibir o de limitar la concentración de la prensa, por ejemplo, basada en una determi­nada cuota de mercado, amenaza la libertad de prensa. Numerosos periódicos pueden so­brevivir solamente si forman parte de un gru­po importante. Limitar la cuota de mercado y desmembrar las grandes empresas de prensa podría tener consecuencias funestas.

En la Resolución (74)43, el Comité de Minis­tros ha señalado principalmente que las me­didas de ayuda a la prensa pueden ser una respuesta a la concentración.

En la Recomendación 747 (1975), la Asamblea recomienda completar las medidas naciona­les de ayuda económica con medidas euro­peas que tengan como objeto principalmente:

 

-                     la elaboración de un estatuto tipo del personal de redacción,

-                     la definición de los criterios de una po­lítica responsable de la información en una sociedad democrática,

-                     la creación de un centro de información sobre los datos de la situación en mate­ria de concentración de prensa.

 

En 1989, por iniciativa del diputado Van der Sanden, se presentó a la Asamblea parlamen­taria una propuesta de « Resolución sobre los peligros causados por las concentraciones de media para el ejercicio del derecho a la li­bertad de expresión y de información y pa­ra la diversidad cultural de los Estados miem­bros del Consejo de Europa.

 

1.2. La concentración en el conjunto del sector de los medios

 

Cada vez más, parece que el fenómeno de la concentración de la prensa debe ser con­siderado como una tendencia a la concentra­ción que se da en el conjunto del sector de los medios y, particularmente, en los subsec­tores de la radio y de la televisión. Algunos Estados miembros expresan sus preocupa­ciones respecto a la tendencia a la concen­tración en el conjunto del sector de los me­dios y realizan estudios sobre el tema. En otros Estados hay estudios en curso o en pro­yecto, con la intención de formular una políti­ca en materia de tendencias a la concentra­ción. Hay que señalar que, en algunos Esta­dos, la solicitud de estudios y/o reglamenta­ciones procede de las más altas instancias ju­risdiccionales (1).

Los Estados miembros del Consejo de Euro­pa tienen clara conciencia de los riesgos nue­vos que puede ocasionar el reciente desarrollo de la concentración en el campo de los medios. El problema fue ya evocado en la 2 ª Resolución adoptada en la Primera Conferen­cia ministerial sobre la política de la comuni­cación de masas (Viena, 9‑10 de diciembre de 1986). El texto del Convenio sobre la Televi­sión sin Fronteras contiene algunas garantías como, por ejemplo, la obligación de transpa­rencia en lo relativo a la propiedad de los or­ganismos de radiodifusión, la responsabili­dad de los radiodifusores (principalmente en lo tocante a la lealtad de los telediarios, el de­recho a la réplica o la limitación del uso del derecho de exclusiva para la cobertura de los acontecimientos importantes).

La Resolución núm. 1 adoptada por la Se­gunda Conferencia Ministerial sobre la polí­tica de la comunicación de masas (Estocolmo, 23‑24 de noviembre de 1988), por su parte, ha recomendado al Comité de Ministros del Consejo de Europa proseguir el examen de los problemas planteados por la concentra­ción de los media, desarrollar las investiga­ciones, el intercambio y la difusión de la in­formación para:

 

a)       evaluar las consecuencias de dicha con­centración sobre la libertad y el plura­lismo de la información, la diversidad cultural y la circulación de servicios de televisión y de obras audiovisuales;

b) identificar los medios adecuados para prevenir abusos de posición dominante y los efectos perniciosos que pudieran resultar de ello.

 

2. LA TENDENCIA A LA CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIA EN EUROPA. DEFINICIONES

 

El fenómeno de la concentración de los me­dia puede presentar varias formas, que con­viene definir. Las definiciones que propone­mos pretenden ser operativas para fines de estudio y no corresponden necesariamente a definiciones jurídicas.

 

2.1. Concentración propiamente dicha

 

a) Fusión de empresas: proceso por el cual una empresa es absorbida por otra, o bien, dos o más empresas se asocian­ para formar una sola.

b) Integración: toda forma más o menos avanzada de combinación de poder y de propiedad sobre las actividades de una sociedad o de un grupo de sociedades. La integración puede manifestarse de diferentes formas:

c)       Integración vertical: situación de una empresa o de un grupo de empresas que controla las diferentes fases del pro­ceso de realización de un producto (por ej., en el campo de los media: empresa de prensa que controla la fabricación del papel, la edición propiamente dicha, la impresión, la distribución);

d) Integración horizontal: situación de una empresa o de un grupo de empresas que controla, a un nivel elevado, las dis­tintas unidades de producción de una misma actividad (por ej., empresa que controla diferentes imprentas o varios tí­tulos o varias agencias de publicidad, ...;

e)       Integración multimedia: situación de una empresa o de un grupo de empresas que es propietaria de diferentes media (por ej., participación de empresas de prensa en el capital de cadenas de ra­dio o televisión);

f) Integración multisectorial: situación de una empresa o de un grupo de em­presas que es propietaria a la vez de uno o varios media, trabajando al mis­mo tiempo en uno o varios sectores di­ferentes de la economía (por ej., em­presa que actúa en el campo de la cons­trucción, de la distribución y de los media);

g) Integración internacional: situación de una empresa o de un grupo de empre­sas cuyas actividades se desarrollan en dos o más países. Se distinguirá la inte­gración dentro de la Comunidad Euro­pea y la integración extracomunitaria. Sin embargo, se puede considerar tam­bién una integración mutua entre socie­dades y grupos de sociedades en el­seno de la Comunidad Europea con so­ciedades y grupos de sociedades exte­riores a ella.

 

La concentración propiamente dicha se ca­racteriza por una disminución del poder le­gal de control.

 

2.2. Alianzas y asociaciones de empresas

 

Las alianzas existen cuando empresas de distinta propiedad realizan acuerdos para mejorar su situación en el mercado. Se pue­den distinguir diferentes clases de acuerdos:

 

-                     acuerdos de compra y venta en común, ‑ acuerdos de autolimitación,

-                     acuerdos de cooperación,

-                     acuerdos de exclusiva,

-                     acuerdos de «joint venture»,

-                     acuerdos de licencia de patente, ‑ acuerdos de licencia de marca,

-                     acuerdos de no competencia,

-                     acuerdos de no exportación,

-                     acuerdos de investigación común, ‑ acuerdos de subcontrata,

-                     acuerdos de especialización.

 

Las sociedades que participan en este tipo de acuerdo no pierden el control legal. Se po­nen de acuerdo para ejercer por separado su poder de decisión para favorecer el inte­rés común.

Las distintas formas de concentración pro­piamente dicha y las demás formas de cola­boración pueden llevar a situaciones de po­sición dominante. Por esta razón, todas estas formas de concentración pueden ser objeto de reglamentaciones. La ventaja de las defi­niciones utilizadas es que la concentración puede ser considerada independientemen­te del grado de concentración, dentro de un determinado mercado, desde el momento en que existe una situación de posición domi­nante.

 

2.3.       Posición dominante

 

 

Se considera que una empresa está en po­sición dominante cuando tiene la posibilidad de comportamientos independientes, que le permiten actuar sin tener muy en cuenta a los competidores, compradores o proveedores. Esta posibilidad puede provenir ya sea de la parte de mercado ocupada por la empresa, ya sea, de su parte de mercado en relación principalmente con la disposición de conoci­mientos técnicos, de materias primas o de ca­pitales. Esta posición dominante permite a la empresa, bien determinar los precios, bien controlar la producción o la distribución de una parte significativa de los productos en cuestión.

Recientemente, el Consejo de la Comuni­dad Económica Europea se ha puesto de acuerdo sobre un reglamento del control de la concentración entre empresas. En este Re­glamento, en el artículo 9.7, el mercado con­siderado se define del modo siguiente: «El mercado de la zona de referencia geográfi­ca consiste en el dominio en el que las em­presas afectadas están implicadas en la ofer­ta de productos o servicios, en los que las condiciones de competencia son suficiente­mente homogéneas y que pueden distinguir­se de las áreas próximas, principalmente, porque las condiciones de competencia son especialmente diferentes en este campo. Este enfoque debe tener en cuenta, en parti­cular, la naturaleza y las características de los productos o servicios afectados, la existencia de obstáculos para la entrada o la preferen­cia de los consumidores, las diferencias apre­ciables de las partes de mercado de las em­presas entre áreas próximas o las diferencias sustanciales en los precios (traducción no comprobada) (2).

En el tema que nos ocupa, la concentración de los medios de comunicación de masas, una posición dominante puede llevar al con­trol de la cantidad o el contenido de la expre­sión. La pluralidad y la diversidad de expre­sión están íntimamente unidas con la posibi­lidad, para los que ofrecen, de acceder al mercado y esta posibilidad está en estrecha relación con el grado de concentración de la oferta en el mercado.

Teniendo en cuenta todo esto, no es posi­ble limitar la recogida de información a re­glamentaciones específicas sobre los media. Es necesario comprobar si, y en qué medi­da, tales reglamentaciones forman parte de las reglamentaciones generales en el campo de la reglamentación de la concentración y/o de la competencia entre empresas. Habrá que estudiar, además, la legislación y las re­glamentaciones de la radiodifusión, al igual que la legislación y la reglamentación para la protección del pluralismo y de la diver­sidad de medios de comunicación de ma­sas.

 

3. LAS RAZONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE LA CONCENTRACIÓN Y DE LAS ALIANZAS EN EL CAMPO DE LOS MEDIA

 

La concentración en el campo de los me­dia es antigua: ya en la primera mitad del si­glo XIX, se podía observar un fenómeno de concentración en las agencias de prensa. La concentración del mismo sector de prensa es perceptible desde la segunda mitad del si­glo XIX. Las industrias fonográficas y cinema­tográficas han conocido el fenómeno de la competencia oligopolística desde principios del siglo XX. La distribución de los videogra­mas ha sido muy grande desde los años 70. La concentración en el campo de la radiodi­fusión se observa en los Estados Unidos des­de el período entre las dos guerras mundia­les. En este sector, el fenómeno es más re­ciente en Europa y se puede considerar co­mo una de las consecuencias del fin del mo­nopolio de los organismos de servicio público, característico de los años 80.

La marcada tendencia a la concentración ‑ola competencia oligopolística‑ en el cam­po de los media, puede explicarse en gran medida por la facilidad con que se reprodu­cen los medios de comunicación (noticias, li­bros, discos, películas, programas audiovisua­les,...). A partir del momento en que se pro­ducen, el coste de reproducción y de distri­bución de estos productos es relativamente marginal, pero el control de la distribución es indispensable para obtener la adecuación del valor añadido. La concentración de la fase de distribución (y, eventualmente, de la fa­se de explotación, por ejemplo en la industria cinematográfica) tiene, por lo tanto, tendencia a ser organizada por los mismos productores. Desde los orígenes de los diferentes subsec­tores de la industria de los media se consta­tan tendencias a la integración vertical.

La integración horizontal se ha dado con frecuencia en el campo de la prensa. Permi­te a un grupo de prensa, al controlar diferen­tes títulos, realizar economías de escala efec­tuando diversas operaciones (por ejemplo, las operaciones de dirección publicitaria, de edi­ción de segmentos editoriales comunes a di­ferentes títulos ‑como los suplementos de TV las páginas de deportes, de modas‑ de impresión, de distribución, de promoción,...).

 

La integración multimedia puede explicar­se por diferentes razones:

 

-                     preocupación por la diversificación de nuevos soportes ‑principalmente teniendo como objetivos la valoración de aptitudes especiales‑, por la conserva­ción de las posiciones en el mercado pu­blicitario,

-                     integración de la promoción de un mis­mo producto valioso en distintos sopor­tes (por ejemplo, el mismo personaje ex­plotado en comics, en cine, en seriales de TV y en disco,...),

-                     colocación en un canal de mercado con­siderado como portador.

 

La integración internacional se explica, so­bre todo, por la búsqueda de economías de escala en operaciones como la venta de espa­cios publicitarios, la producción o compra de programas, la investigación y el desarrollo, la posibilidad de segmentar los mercados...

La integración internacional en los países miembros de la Comunidad Europea se pue­de explicar también, por la realización antici­pada del mercado único previsto para finales de 1992. Las sociedades intentan tomar posi­ciones más sólidas para ser capaces de man­tener la competencia en el mercado europeo. La integración internacional en los países euro­peos no miembros de la Comunidad se puede explicar igualmente, por una búsqueda de po­siciones más fuertes para poder ocupar una posición competitiva en el Mercado Común.

La diversidad y la complejidad de las situa­ciones originadas por la ausencia de reglamentación de la radiodifusión en Europa han hecho aparecer una serie de asociaciones es­pecíficas entre empresas de comunicación. Algunas de estas asociaciones pueden estar muy marcadas por las reglamentaciones o las influencias políticas;

 

-                     la asociación para presentar un proyec­to ambicioso a las autoridades encarga­das de conceder el permiso de emisión es el caso más frecuente,

-                     asociación previendo la reestructura­ción de la reglamentación (por ejemplo, alianza entre estaciones de ITV como consecuencia de las proposiciones del White Paper),

-                     realización de equilibrios políticos en el seno de las empresas de comunicación

-                     (por ejemplo, la historia de las intrigas de la CLT, la alianza Berlusconi/Hersant en la Cinq)

-                     cambios de propiedad con objeto de soslayar las disposiciones anti‑concen­tración (por ejemplo, operaciones de Bond en Australia).

 

Las alianzas por motivos de estrategia in­dustrial y comercial tienden a multiplicarse:

 

o      acuerdos industriales entre proveedores de servicios de televisión y operadores de satélite y/o productores de material (por ejemplo, alianza News Internacional / Sociedad Europea de Satélite, News International/Armstrad, BSB/Philips, etc.), reparto de frecuencias (por ejemplo, acuerdos Sky Channel con Landscape Channel y, provisionalmente, Arts Chan­nel, acuerdos complejos para la ocupa­ción de frecuencias regionales y locales en Renania del Norte y Westfalia),

o      intercambio de conocimientos especia­les en un tipo de actividad particular o en un mercado especial (por ejemplo, alianza Clt/Bertelsmann, etc.),

o      acuerdos entre productores y difusores (por ejemplo, participación de Editions Mondiales en TF1),

o      proyectos de coproducción o de cofinan­ciación de programas (Consorcio para la Televisión comercial, WIN, etc.),

o      proyectos de comercialización (acuerdo de distribución de programas, venta de espacios publicitarios, bastering, etc.: por ejemplo, acuerdo RAI/Lorimar pa­ra distribuir programas y el espacio pu­blicitario en Shangai Televisión),

o      intereses comunes de marketing (La Cinq y M 6 para su lanzamiento, cade­nas presentes en ASTRA, etc.),

o      estrategia global de desarrollo con vis­tas al mercado internacional (ejemplo, alianza TVS/Canal Plus),

o      realizar inversiones financieras (por ejem­plo, participación de Granada en el Canal Plus) u operaciones de especulación finan­ciera (compra de sociedades o de partes de las mismas con intención de volverlas a vender, practicada por MaxWell y Bond).

 

fenómeno nuevo es también el de las alianzas entre organismos de servicio públi­co y radiodifusores privados (por ej., participación [abandonada en 1988] de la SSR en el proyecto de la cadena de Téléciné Roman­die, proyecto de asociación de MTV y de YLE en una cadena de abono finlandesa, co­producciones de la RTBF con Music Box, aso­ciación de la RTBF y Canal Plus con Canal Plus Belgique, diversas cadenas nacionales y News International en el proyecto Eurosport, propuesta de Kinnevick para participar en el capital de TV2 en Suecia...).

Entre estas alianzas hay muchas que son de escasa importancia: corresponden, a veces, a la simple creación de oficinas de estudio (por ejemplo, Media International asociándo­se a News International y GBL). Pueden tam­bién romperse o perturbarse por disensiones sobre las estrategias que hay que seguir (por ej., querellas en el Consorcio Europeo para la televisión privada, dificultades de la alian­za Berlusconi/Hersant en la Cinq) o por in­fluencias reconocidas a los socios, en el po­der dentro de la asociación (por ej,, querella Bouygues/Maxwell, en TF 1). A la vista de lo que precede sería excesivo dar una visión monolítica de la nueva escena audiovisual europea. Esta, por el contrario, parece cada vez más compleja, variada y sujeta a cambios.

 

4. EL DUALISMO JURÍDICO: DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DERECHO CONSTITUCIONAL

 

La concentración (comprendida la concen­tración de los medios de comunicación de masas) puede, en cierta medida, tener efec­tos positivos en el mercado. La concentración puede producir sociedades más sólidas des­de un punto de vista financiero para tomar parte en una competencia internacional que cada día es más importante. No sólo las so­ciedades en los Estados miembros de la Co­munidad Europea deben ser lo bastante fuer­tes para poder competir en el mercado inte­rior, también las sociedades de los Estados no miembros deben ser capaces de hacerlo.

Por otra parte, las concentraciones pueden conducir a posiciones dominantes y dichas posiciones, producir abusos. Las concentra­ciones pueden llevar no sólo a posiciones do­minantes desde el punto de vista económico sino también, en lo relativo a la formación de la opinión. Este tipo de concentración se puede calificar de concentración negativa.

En materia de derecho el problema de la concentración de los media presenta la característica de depender a la vez del Dere­cho Mercantil (problemática de la libre com­petencia) y del Derecho Constitucional (pro­blemática de la libertad de expresión y del pluralismo). Por consiguiente, para establecer un conjunto de textos jurídicos pertinentes, conviene tener presentes las disposiciones:

 

-                     del Derecho Constitucional nacional,

-                     del Derecho Mercantil nacional,

-                     de las disposiciones específicas relati­vas al Derecho de los media en el De­recho Nacional.

 

El dualismo jurídico se reproduce a escala europea y hay que tener en cuenta:

 

-                     las implicaciones de los Convenios, de los que es depositario el Consejo de Europa, relativas a los medios (Convenio Europeo de los Derechos del Hombre, Convenio sobre la Televisión sin Fronte­ras en Europa) en lo que concierne a la problemática de la concentración;

-                     para los Estados miembros de la Comu­nidad Europea, las implicaciones del derecho comunitario de la competencia.

 

4.1. Las disposiciones en el derecho nacional de los Estados miembros

 

El estudio deberá recoger las disposicio­nes relativas a la concentración en el dere­cho nacional de los Estados miembros (De­recho Constitucional, Derecho Mercantil, De­recho específico de los media). La organiza­ción del conjunto hacia la búsqueda de la ga­rantía de la libertad de expresión y de la protección del pluralismo. Por esta razón es deseable recordar brevemente cuáles son las grandes características de la organización de cada uno de los sistemas nacionales.

Sin embargo, convendrá centrar la atención sobre las cuestiones siguientes:

 

-                     cómo las legislaciones relativas al siste­ma audiovisual contienen medidas espe­cíficas que tienen por objeto prevenir los riesgos de la concentración (transparen­cia de la propiedad, limitación de los derechos de exclusiva para los aconteci­mientos importantes, disposiciones que protejan a los productores independien­tes con respecto a los difusores, dispo­siciones que tiendan a limitar la concen­tración multimedia,...);

-                     cómo las disposiciones generales del derecho de la competencia (medidas anti‑trust, «fair trading», etc.) pueden fun­cionar como garantía para la libertad y el pluralismo de expresión;

-                     evaluar la eficacia de estos dispositivos.

 

En lo que se refiere a la existencia de dispo­siciones anticoncentración aplicadas al sector de la comunicación o de disposiciones especí­ficas, hemos podido recoger ya los casos si­guientes:

 

-                     limitaciones a las compras de sociedades por disposiciones anti‑trust generales aplicadas al sector de la comunicación: R.FA.;

-                     aplicación de disposiciones cuyo obje­tivo es la protección de la sana compe­tencia («fair trading») en el sector de la comunicación: Bélgica, Francia (dispo­sición del 1 de diciembre de 1986), Gre­cia, Reino Unido;

-                     disposiciones sobre la transparencia de la propiedad de los medio (Austria, Ley del 12 de junio de 1981, Francia, Grecia, Portugal,...);

-                     disposiciones relativas a las fusiones de empresas de prensa: Francia (Disposi­ción del 26 de agosto de 1944, Ley de 1 de agosto de 1986, Decisión del Conse­jo Constitucional del 29 de julio de 1986, Ley del 27 de noviembre de 1986); Re­pública Federal Alemana (Ley Federal del 24 de septiembre de 1980); Italia (Ley del 5 de agosto de 1981, puesta al día el 28 de abril de 1987); Reino Unido;

-                     limitaciones a la propiedad multimedia, se pueden considerar las disposiciones existentes en los estados siguientes: Es­paña, Francia, Portugal, Reino Unido, Re­pública Federal Alemana.

 

Se observará, por el contrario, una obliga­ción de propiedad multimedia (el 51 por cien­to del capital de la cadena privada reserva­do para los editores flamencos) en el Decre­to de la Comunidad Flamenca del 28 de ene­ro de 1987;

 

-                     disposiciones relativas a la limitación de los derechos exclusivos para los gran­des acontecimientos: Reino Unido, Sui­za, ciudad de Hamburgo, Países Bajos;

-                     protección de los intereses de los pro­ductores independientes frente a los di­fusores: Reino Unido, Francia.

 

4.2.     El derecho de la competencia y la competencia de la Comunidad Europea

 

En los Estados miembros de la Comunidad Europea, las instituciones comunitarias son ciertamente competentes para examinar los problemas que pueden originarse por la concentración en el sector de los media desde el punto de vista económico.

Los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma se pueden aplicar a las empresas de comu­nicación del mismo modo que a cualquier otra empresa.

El Tribunal Europeo de justicia y la Comi­sión han tenido que pronunciarse, repetidas veces, sobre casos de abuso de posición do­minante y/o de cártels (grupos) en el campo de la radiodifusión (caso del Centro belga de estudios de mercado / Information Publicité Benelux, 3 de octubre de 1985); (caso CIC­CE/Comisión Europea, 28 de marzo de 1986). Por otra parte, asistimos a una multiplicación reciente de los casos ‑una veintena‑ some­tidos a la Comisión. Esta se dedica actualmen­te a un trabajo de reflexión que le permitiría definir una doctrina precisa aplicada al sec­tor, como le ha pedido varias veces el Parla­mento. Sin embargo, no ha juzgado oportuno hasta el momento, defender la propuesta, for­mulada por el Parlamento con ocasión del de­bate de enero de 1988 sobre el proyecto de directriz Televisión sin Fronteras, de elabo­rar disposiciones específicas para el sector de la comunicación, considerando que los ar­tículos 85 y 86 del Tratado de Roma eran su­ficientes en la materia. (Declaraciones de Lord Cockfield en el Parlamento Europeo, 19‑1‑1988).

El decimoséptimo informe sobre la compe­tencia (junio de 1988) presenta las conclusio­nes de un estudio realizado para la DGIV por el Instituto para el Desarrollo del Audiovisual y de las Telecomunicaciones en Europa (IDA­TE‑Montpelier). Este estudio hace constar que «las diferentes dinámicas económicas

 

que caracterizan al sector de la teledifusión son tales que deben ser objeto de una políti­ca de competencia y ser sometidas a regla­mentaciones de nuevo tipo». Entre las reco­mendaciones formuladas por este estudio de­ben tenerse en cuenta las que especifican que una política comunitaria de la competen­cia debe:

 

-                     asegurar la transparencia del mercado, principalmente midiendo la audiencia en el ámbito europeo;

-                     mantener el acceso al mercado que po­dría ser obstaculizado por los propieta­rios de redes por cable o por satélites que rehusaran distribuir a algunas cade­nas de televisión;

-                     prever las medidas deseadas con res­pecto a las operaciones de concentra­ción en este sector (3).

 

En el informe De Vries sobre la industria ci­nematográfica y audiovisual en Europa, pre­sentado al Parlamento Europeo en la prima­vera de 1989, la Comisión de Asuntos Indus­triales pide de nuevo a la Comisión que estu­die esta cuestión.

La Comisión adoptó dos decisiones impor­tantes en la materia en el verano de 1989.

 

Decisión del 12 de julio de 1989 relativa a un procedimiento de aplicación del ar­tículo 85 del Tratado CEE en lo que con­cierne a la sociedad de distribución de películas United International Pictures BV, filial común de Paramount, MCA y MGM/UA GOCE, 3 de agosto de 1989);

Decisión del 15 de septiembre de 1989, relativa a un procedimiento de aplica­ción del artículo 85 del tratado en lo con­cerniente a las compras de películas por las estaciones de televisión alemanas GOCE, 3 de octubre de 1989).

 

(3) Decimoséptimo Informe sobre la Competencia, Comisión Europea, Bruselas, 1988.

Estas conclusiones coinciden con las formuladas por un infor­me del Instituto Europeo de Comunicación que observa «que convendría, sin embargo, añadir medidas destinadas a preve­nir los riesgos de posición dominante que pueden producirse por parte de los difusores con respecto a los productores y a los autores. Sería asimismo deseable vigilar los riesgos relacio­nados con la integración entre operaciones de radiodifusión, de recogida de mensajes publicitarios, incluso, la participación de radiodifusores en el sector de la gran distribución. Finalmente, sería necesario definir a escala europea y a escalas nacionales, los grados aceptables de propiedad común de órganos de pren­sa, de radio y de televisión».

 

LA DIRECTRIZ «TELEVISIÓN SIN FRONTERAS»

 

El 16 considerando de la directriz «Televi­sión sin fronteras», adoptado por el Consejo de Ministros del 3 de octubre de 1989, está redactado de este modo:

 

Considerando que es esencial, para una aplicación satisfactoria de esta directriz, vi­gilar para que se eviten actos que puedan perjudicar la libre circulación y el comercio de emisiones o que puedan favorecer la for­mación de posiciones dominantes que impon­drían límites al pluralismo y a la libertad de información televisada y de información en general.

En el Informe Barzanti (Comisión de Asun­tos jurídicos y del Derecho de los Ciudada­nos) sobre la posición común del Consejo de Ministros relativa al proyecto de la directriz Televisión sin fronteras (22 de mayo de 1989) una enmienda propuesta a este consideran­do estaba formulada así:

Considerando que es esencial que los Es­tados Miembros vigilen para que se eviten ac­tos que puedan perjudicar la libre circulación y el comercio de emisiones o que puedan fa­vorecer la formación de posiciones dominan­tes que impondrían límites al pluralismo y a la libertad de información televisada y de in­formación en general.

 

EL REGLAMENTO DEL CONSEJO (CEE) SOBRE EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES ENTRE EMPRESAS

 

El objetivo del Reglamento sobre la concen­tración es crear un nuevo instrumento jurídi­co «para permitir el control efectivo de todas las concentraciones desde el punto de vista de su impacto sobre la estructura de la com­petencia en la Comunidad y para ser el úni­co instrumento que pueda aplicarse a tales concentraciones. Por el momento, las dispo­siciones adoptadas sólo se aplicarán «a cam­bios estructurales considerables cuyo impac­to sobre el mercado llegue más allá de las fronteras nacionales de cualquier Estado Miembro». El campo de aplicación está defi­nido, por lo tanto, según el área geográfica de la actividad de las empresas a las que con­cierne y está limitado por umbrales cuantita­tivos. Sin embargo, a la luz de la experiencia adquirida se examinarán tres umbrales.

Se puede pensar que las concentraciones que no puedan impedir una competencia real (a causa de la parte de mercado limitada de las empresas a las que concierne, es decir, una parte del mercado que no supere el 25 por ciento, bien en el Mercado Común, bien en una parte sustancial de este mercado) puedan ser compatibles con el mercado co­mún. Sin embargo, estas concentraciones de­berán estar siempre en armonía con los artí­culos 85 y 86 de Tratado CEE (reglamentación de los cártels, abuso de la posición do­minante).

Las operaciones cuyo objetivo o impacto es la coordinación del comportamiento compe­titivo de empresas independientes (por ejem­plo, los acuerdos de concentraciones mencio­nados en 2.2.) se excluyen del reglamento «porque dichas operaciones deben ser exa­minadas según las disposiciones apropiadas de los reglamentos aplicando los artículos 85 y 86 del Tratado».

De modo que el objetivo del reglamento es puramente de orden económico: la compe­tencia propiamente dicha. El reglamento di­ce, sin embargo, que «no impide a dichos Es­tados tomar las medidas adecuadas para pro­teger los intereses legítimos, distintos a los pretendidos por este reglamento a condición de que tales medidas sean compatibles con los principios generales y demás disposicio­nes de la legislación comunitaria». Según el artículo 22.3, los otros intereses son la segu­ridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación de masas y las reglas de pru­dencia.

Como conclusión, si la Comisión Europea decide que una concentración es compati­ble con las reglas de competencia de la Co­munidad o con el Reglamento sobre la con­centración, cada Estado miembro tiene el poder de prohibir esta concentración a cau­sa de otros intereses legítimos, como la plu­ralidad de los medios de comunicación de masas. Lo que significa que los Estados miem­bros pueden decidir sobre la coordinación y la reglamentación en estos otros intereses le­gítimos, dentro del marco del Consejo de Europa.

 

Traducción: J. Fernández Cinto

 

 

(*) Estudio conjunto del CDMM y de la Asamblea Parlamen­taria del Consejo de Europa confiado a dos instituciones espe­cializadas: el Instituto del Audiovisual y de las Telecomunicacio­nes en Europa (IDATE. Montpellier) y el Instituto de Derecho de la Información (Universidad de Amsterdam).

 

(1) Como ejemplos tenemos:

‑en Francia, el Consejo Constitucional (Decisión núm. 86 217 DC, del 8 de septiembre de 1986) solicitó que fuera revisada la ley sobre la libertad de comunicación del 30 de septiembre de 1986, al estimar que ésta no contenía garantías suficientes con­tra la concentración en el campo de los media. La ley fue revi­sada el 27 de noviembre de 1986;

 

‑ en Italia, en 1987, el Tribunal Constitucional pidió al Con­sejo de Ministros que le remitiera un informe sobre el estado de la concentración en el sector de la información y, en julio de 1988, en su fallo núm. 826 sobre la ley núm. 10 de 1985, recomendó al Parlamento la redacción de una nueva ley, que contuviera dis­posiciones de garantía para impedir el desarrollo de la concen­tración y la formación de oligopolios.

‑ en la República Federal Alemana, en el juicio del 4 de no­viembre de 1986, el Tribunal Constitucional consideró que la existencia de «programas de base» (Grundversogung) propor­cionados por los organismos de radiodifusión era la condición mínima para garantizar el pluralismo de expresión. En el fallo del 24 de marzo de 1987 precisó que esta obligación de «pro­gramas de base» incumbía no sólo a los organismos de radiodi­fusión públicos sino también a los privados.

 

(2) Reglamento del Consejo (CEE) n. 4064/89, del 21 de diciem­bre de 1989, sobre el control de la concentración de empresas. JOCE, n. L 395/1‑12.