España: El peso de la historia

Coincidencias puntuales y ausencia de estrategias

 

Enrique Bustamante (*)

 

Modelos históricos atípicos en telecomunicaciones y audiovisual se homologan ahora en España al contexto europeo. Pero este lastre histórico determina una ausencia de estrategias de convergencia y la preeminencia de envites políticos.

 

Jurídicamente, pero también económica y políticamente, telecomunicaciones y audio­visual conforman en España modelos históricos clara­mente atípicos en el contex­to europeo. Pero esta espe­cificidad, enraizada en una larga tradición, no ha permitido a cambio superar más flexible­mente las distancias establecidas entre am­bos sectores. Comprender ese divorcio exi­ge repasar rápidamente tal peso de la histo­ria.

 

HISTORIAS DIVERSAS

 

La concesión en exclusiva en 1924 del ser­vicio telefónico a la Compañía Telefónica Na­cional de España, filial de una empresa esta­dounidense convertida pronto en importan­te multinacional, marca como bien se sabe la historia de las telecomunicaciones españolas hasta hoy. Con sus condiciones particulares (Reglamento de 1929, Contrato de 1946) man­tenidas más allá de la «nacionalización» de 1945, se conforma un modelo peculiar que muchos analistas han diferenciado drástica­mente respecto al estadounidense de la ATT (privada pero con control de la FCC) y de los PTT europeos, como un modelo diseñado en los Estados Unidos para los países menos de­sarrollados (Castells y otros, 1986 A 124; Ló­pez Garrido, 1988, 120) que sólo compartirá España con los países latinoamericanos y, por poco tiempo, con Rumania, caracterizado por el hecho de que «el Estado renuncia prácti­camente a la soberanía sobre sus telecomu­nicaciones» (Castells y otros, 1986, 124). No de otra forma se puede calificar que la propia Administración se sometiera a la capacidad reglamentaria de la Compañía sobre sus ser­vicios, aceptando incluso que las leyes futu­ras no podían ir «unilateralmente» contra el Contrato, además de conceder a ésta privi­legios fiscales y de expropiación forzosa. La ausencia de PTT traerá consigo lógicas con­secuencias en un desarrollo inarmónico de los servicios y la generación de desequili­brios internos (OCDE, 1985).

La sucesiva legislación promulgada hasta finales de los años setenta partirá de este da­to capital para consagrar la separación de re­des de telecomunicaciones entre la CTNE y la Administración, excluyendo a la primera del servicio público de mensajes telegráficos y de telex (Decreto de 31‑10‑46), así como del servicio de telegramas internacionales y con las islas Canarias (Decreto de 21‑12‑70) con­cedidos a la Dirección General de Correos y Telecomunicación, frente a la explotación de los servicios costeros y portuarios, el ser­vicio de retransmisión de datos y de transmi­sión de información, incluyendo los de tele­informática, videotex, teletex, señales de te­lealarma y control, telemedida y telemando (Decreto de 26‑10‑78), encomendados a la CTNE.

Por su parte, la historia de la radio‑televi­sión española (que centra el sector audiovi­sual por su peso económico y de audiencias frente a la crisis permanente del cine) no re­sulta menos peculiar. Las consideraciones políticas priman en efecto en la legislación so­bre radiodifusión establecida en la postgue­rra y en la creación misma de la radio esta­tal y de su red (Decreto de 4‑8‑44), pero tam­bién en la configuración su¡ generis de la te­levisión española desde su creación hasta el Estatuto de 1980: integrada directamente en la administración estatal, primero bajo la Di­rección General de Radio y Televisión y lue­go bajo la de Radio y Televisión, pero siem­pre en el Ministerio de Información (Informa­ción y Turismo más tarde), la radiotelevisión estatal mantendrá en la práctica ese estatus jurídico más allá de la constitución del «ser­vicio público centralizado Radiotelevisión es­pañola» (1973), e incluso después de ser de­signada como organismo autónomo depen­diente del Ministerio de Cultura (1977). La se­paración de la red de radiodifusión de las restantes de telecomunicaciones se consagra desde 1944 y se refuerza como «tercera red» tras la creación de la televisión.

Al mismo tiempo, una televisión dominada por la dinámica política del régimen franquis­ta consigue instalar, prácticamente desde sus orígenes, una financiación prioritariamente comercial, insólita también en el contexto europeo (Bustamante‑Zallo, 1988).

Desde posiciones institucionales muy dife­rentes a las tradicionales en Europa occiden­tal, ambos sectores se encuentran así, sin em­bargo, en dinámicas completamente diver­gentes: hablar de telecomunicaciones pare­ce remitir inmediatamente en España a ne­gocio económico; hablar de televisión signifi­ca, en la mayor parte de los casos, hablar de política. Pero en ambos mundos, el concep­to y la conciencia de servicio público sufren carencias elementales.

Estos orígenes explican también que cier­tos términos, familiares a los analistas de es­tos ámbitos, suenen en España de forma di­ferente: la desregulación de las telecomunicaciones no podría consistir aquí, como en otros países europeos, en un cambio de es­tatus del operador principal, privado desde sus orígenes, ni en un cuestionamiento de su monopolio, no contestado ni por los poderes públicos ni por los intereses privados, sino to­do lo más en una cierta liberalización de los servicios de valor añadido o de los termina­les. De la misma forma, la «liberalización» de la televisión no rima con la introducción ma­siva de la publicidad en la televisión públi­ca, de la que RTVE tuvo el dudoso mérito de ser pionera en Europa, sino con la apertura a canales privados.

 

ESPORADICAS PROPUESTAS DE CONVERGENCIA

 

Es a este peso histórico, y a su asunción en forma de hábitos e intereses por parte de la Administración pública como de las propias cúpulas profesionales de instituciones y em­presas, a las que cabe achacar la notable ausencia en los últimos años en España de un debate público sobre la convergencia audio­visual‑telecomunicaciones, frecuente en otros países europeos. De hecho, esta problemá­tica sólo surgirá esporádicamente en los mo­mentos álgidos de la transformación legisla­tiva de ambos sectores y, muy especialmen­te, de la ordenación de las telecomunicacio­nes, y ello desde una perspectiva de racio­nalización tecnológica y económica de las re­des o desde la prospectiva de una evolución ilustrada por países más avanzados. Los an­tecedentes reales de convergencia teleco­municaciones‑audiovisual en España, esca­sos y puntuales, no tendrán peso alguno en estas propuestas.

La coincidencia, más que convergencia, histórica entre esos sectores puede limitar­se en efecto, de una parte al servicio de transporte de la señal que la CTNE ha pres­tado a TVE desde hace años (conexiones in­tercontinentales vía satélite a través de Intel­sat, como Europa a través también de Eutel­sat y para sus enlaces de transmisión en di­recto con las islas Canarias), y más reciente­mente a las televisiones autonómicas. De otro lado, puede recordarse el proyecto tan pio­nero como frustrado que unió a RTVE con Co­sesa, filial de Telefónica en los primeros años setenta, para el tendido de cable en Madrid y Barcelona, abandonado después de un al­to costo previo; de aquella desgraciada ex­periencia (Bustamante, 1982, 185‑187) quedó sólo un contencioso económico entre ambas compañías y un servicio, el hilo musical (en­comendado a Telefónica, pero alimentado en sus contenidos por Radio Nacional), cuyo in­terés no reside en su peso económico, sino en su característica, atípica en el ámbito de las telecomunicaciones, de comunicar según un esquema punto a masa.

Sin relación, por tanto, con esas circunstan­cias puntuales y al impulso de un período de discusión, en los primeros años ochenta, so­bre el marco legal y tecnológico de futuro pa­ra las telecomunicaciones españolas, algunas voces aisladas van a alzarse desde ámbitos especializados para pedir o vaticinar una convergencia en las redes o la gestión de te­lecomunicaciones y audiovisual. Así, en 1983, la ponencia oficial a unas jornadas del PSOE sobre telecomunicaciones e informática pro­ponía la «integración de las infraestructuras, redes y servicios de telecomunicación y te­ledifusión en un único ente gestor público (PSOE, 1983). Y ese mismo año, un documen­to presentado por el COIT al Ministerio de la Presidencia, en coincidencia con un reverde­cimiento en los debates periodísticos sobre la televisión privada preconizaba «el estable­cimiento de una única Red Nacional de Te­lecomunicación y Teledifusión a la que se lle­garía a través de un Plan Técnico de integra­ción de las actuales redes» (COIT, 1985), in­tegración que sería defendida también por otros expertos a título privado (Barrasa, 1986; Sanz, 1985).

En 1986, por otro lado, un informe sobre las nuevas tecnologías en España realizado por encargo de Presidencia del Gobierno propo­nía asimismo una integración de las redes tras concluir que «... la actual indefinición en materia de telecomunicaciones hace que las inversiones en infraestructura de estos últi­mos organismos (CTNE, RTVE, Dirección de Correos y Telégrafos) sean en parte una du­plicación de redes y equipos de telefónica lo que puede ser causa de escándalo público», y para enumerar las desventajas económicas y tecnológicas presentes y futuras que se de­rivaban de la situación existente. (Castells y otros, 1986, 354).

Desde ángulos más teóricos y de prospec­tiva, varios informes publicados por Fundes­co han afirmado que el escenario de futuro de las telecomunicaciones incluía, junto al crecimiento de su importancia económica y social, una confluencia con las comunica­ciones de masa y, específicamente, con el sector audiovisual (Lera, 1986, 36; Castilla, 1989, 16).

Y sin embargo, los resultados de una am­plia encuesta realizada por Eurocomunica­tion Recherche sobre el tema, en mayo‑junio de 1989, entre expertos y directivos de las principales instituciones y empresas del sec­tor daba un resultado inequívoco; los encues­tador consideraban abrumadoramente que la convergencia entre ambos sectores no se estaba produciendo en España e incluso que no era divisable más que a largo plazo. Pero las encuestas y entrevistas realizadas permi­tieron además captar unas actitudes indivi­duales entre estos profesionales de primera fila en ambos sectores que tendían más ha­cia el recelo y la pugna mutua que hacia la convergencia. En otras palabras, la concien­cia de la convergencia parecía haberse ale­jado en los últimos años de intensa actividad legislativa sobre las telecomunicaciones y el audiovisual.

 

DESREGULACIÓN Y RE‑REGULACIÓN, DOS CAMINOS SIMULTANEOS

 

El Estatuto de la radio y la televisión de 1980 constituyó formalmente a RTVE como servicio público en una sociedad democráti­ca, homologándola con sus colegas europeos, pero abrió la puerta al tiempo a los terceros canales autonómicos, a los que el Estado pro­porcionaría la infraestructura técnica de la red. En la práctica, como se sabe, las televi­siones de Cataluña y el País Vasco se ade­lantarán por la vía de los hechos a las previ­siones legales y a su regulación por la Ley del Tercer Canal de 1983, constituyendo sus propias redes de radiodifusión.

Se inauguraba de esta forma una etapa de confrontaciones con RTVE, que negará en no pocas ocasiones y durante varios años su red de transporte a estas televisiones autonómi­cas (Eurocommunication Recherche, 1987), obligándolas a hacer uso de los servicios de Telefónica e incluso de televisiones extran­jeras, pese a postularse para el futuro como detentadora de la red general para todo ti­po de emisoras televisivas. Y lo que es más importante, a las tres redes tradicionales ci­tadas (Telefónica, RTVE y Dirección General de Correos) se añadían otras de carácter re­gional con una acentuada consecuencia de superposición de infraestructuras, despilfa­rro del dinero público y descoordinación (ver Cuadro 1).

En este contexto, y en el más amplio de la herencia legislativa mencionada anterior­mente, la política de telecomunicaciones em­prendida a partir de 1985 (creación de la Se­cretaría General de Comunicaciones y de la Dirección General del mismo nombre) y es­pecialmente de la LOT (diciembre de 1987) es a la vez desreguladora y reguladora:

 

* Desregulación: en la apertura del cami­no legal a las televisiones privadas, en la li­beralización prevista de terminales y en la parcial de servicios de valor añadido.

* Re‑regulación: en la concentración de competencias de gestión, administración y control de las telecomunicaciones sobre el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu­nicaciones, en la unificación sobre un mismo órgano administrativo de las competencias sobre la radiodifusión, en el mandato inclu­so de que « el conjunto de los servicios públi­cos de telecomunicación deberán aparecer ante el usuario como una red integrada, in­dependientemente de que exista más de una entidad que los preste» (art. 28.2).

La creación de Retevisión como ente públi­co de titularidad estatal (Ley de Presupues­tos Generales del Estado de 1989), vincula­do al MTTC, debe entenderse, más que co­mo un intento de reunificación de las redes de telecomunicaciones, como una apuesta por impedir una mayor dispersión con las te­levisiones autonómicas y privadas, constru­yendo una instancia independiente de la competición televisiva (cuya ubicación en RTVE se había hecho imposible), pero vincu­lada a ese control unificado de la Adminis­tración. Incluso si las resistencias de las Ad­ministraciones de Cataluña, el País Vasco e incluso Galicia a esta unificación hacen difí­cil prever la consecución plena de esos ob­jetivos a corto plazo.


En otras palabras, a su manera y “a su rit­mo, España parece encontrar estructuras pa­ralelas a las de otros países europeos: elimi­nación del monopolio de difusión y autonomi­zación de la red de radiodifusión, separación de la regulación y de la gestión de las tele­comunicaciones, tutelas comunes a ambos sectores... Pero dentro de estos denominado­res comunes, subsiste una singularidad que se expresa claramente en las diferentes po­siciones y estrategias seguidas por los prin­cipales actores respecto a la convergencia.

 

CONVERGENCIA: DE LA PRUDENCIA A LA COMPETENCIA

 

1. Desde el audiovisual

 

RTVE ha marchado con extremada lentitud en los últimos años en la diversificación de servicios. A los balbuceos del teletexto, cu­yo tardío lanzamiento comercial no ha encon­trado un gran eco, pueden añadirse tan sólo experiencias piloto de radiosoftware y tele­software, y sus emisiones hacia América La­tina (Canal América) y hacia Europa realiza­das a través de Telefónica vía Intelsat y Eutel­sat respectivamente, además de experimen­tos sobre la televisión de alta definición, en conexión con la UER. El monopolio sobre la señal audio y vídeo por satélite y cable re­conocido por el Estatuto de 1980 y por la Ley del Tercer Canal de 1983 no ha dado lugar a ninguna iniciativa efectiva en estos ámbitos. La privación de su capacidad autónoma de difusión le sitúa en mala posición para el fu­turo.

La actuación en este sentido de las televi­siones autonómicas que detentan una red propia resulta una incógnita por el momen­to. Concebida inicialmente como una apues­ta política de los Gobiernos y los partidos na­cionalistas (hasta el punto de que en el País Vasco la red depende... del Ministerio del In­terior), la diversificación económica y de ser­vicios no parece haber sido contemplada to­davía.

La creación de Retevisión como estableci­miento encargado de la explotación de la red hertziana abre una situación nueva: por pri­mera vez, Telefónica se encuentra frente a un competidor en su terreno: el alquiler de la red . Por supuesto, las posicio­nes de las dos firmas son muy diferentes: una es una sociedad privada de capital mixto, es­pecializada en el teléfono y las telecomuni­caciones, con una importante cifra de factu­ración; la otra es también una entidad de es­tatuto privado, pero su capital está entera­mente detentado por el Estado, se define co­mo especializada en el transporte de la se­ñal de televisión y sus clientes son designa­dos por las concesiones estatales.

Sin embargo, es previsible que los proble­mas de fronteras y las contradicciones entre ambas funciones no tarden en aparecer. En el terreno de la transmisión de las señales de televisión entre estaciones emisoras a nivel nacional e internacional, Telefónica ha sido ‑como signataria en nombre de España de los acuerdos de organizaciones internaciona­les de satélites‑ la responsable tradicional de las prestaciones de buena parte de este servicio tanto para RTVE como para las tele­visiones autónomicas, incluso si RTVE dispo­nía de circuitos de microondas que la ligaban a Francia, Portugal y Marruecos y que here­da Retevisión. ¿Quién realizará en el futuro este servicio? Hispasat asumirá, como vere­mos más adelante, algunas de estas presta­ciones, pero Retevisión ha intentado ya con­versaciones con el satélite Astra para distri­buir la señal de televisiones privadas. De ahí a la autonomía indefinida en la totalidad de estas funciones sólo hay un paso.

La LOT precisa que los explotadores de re­des podrán proponer sus servicios si les que­da capacidad libre más allá de su actividad tradicional. Lo que abre perspectivas cruza­das para Retevisión y para Telefónica. Las te­levisiones autonómicas y privadas jugarán probablemente con esta concurrencia entre dos estructuras como ya lo hicieron en el pa­sado. Pero además, la LOT estipula que los concesionarios de servicios de difusión po­drán proporcionar adicionalmente «servicios de valor añadido» tales como el teletexto, ima­gen fija sonorizada y telecopia radiodifundi­da si utilizan sus propios servicios de difusión y según ciertas condiciones.

Otra fuente de dificultades entre ambas en­tidades es el reparto del espectro hertziano. El operador de telecomunicación, que que­rría extender su servicio de teléfono móvil, reclama la disponibilidad de la totalidad de la banda VHF; pero Retevisión, sin contestar al parecer este principio general de especia­lizar el espectro, pide, sin embargo, un im­portante plazo para realizar la transición.


Finalmente, uno puede preguntarse si la vocación puramente administrativa de Rete­visión, en correspondencia con la tradición de RTVE, se resistirá a esa otra tradición pro­pia de las telecomunicaciones y más confor­me con la actualidad europea, la de los ne­gocios. Por ejemplo, ¿el interés de la firma, como por otra parte el de sus clientes, no va en el sentido de hacer contrapeso al mono­polio de Telefónica en ciertos terrenos? Por el momento se interesa por la red de telex, ¿por qué no proponer mañana comunicacio­nes especializadas? O, lo que está más pró­ximo a su oficio, servicios de videoconferen­cias o de videocomuncaciones? Desde ese momento, Retevisión se convertiría en una se­gunda red de telecomunicaciones en Espa­ña, especializada en televisión pero abierta a una cierta diversificación y más estrecha­mente controlada por el Estado de lo que pre­visiblemente estará Telefónica.

 

2. Desde la cooperación mutua: Hispasat

 

En 1992 se lanzará el primero de los satéli­tes previstos del sistema Hispasat, sociedad anónima cuyos dos principales accionistas son Retevisión y Telefónica (25 por ciento del capital cada una), y cuya estructura está diseñada para aplicaciones mixtas. En un principio, Hispasat rediseñará evi­dentemente funciones atribuidas anterior­mente a Telefónica o a RTVE (como el trans­porte de la señal de televisión por satélite en los enlaces internacionales). Pero sus direc­tivos han informado sobre demandas ya re­cibidas en el terreno de los servicios telefó­nicos, de transmisión de datos, de señales de televisión nacionales, de difusión directa de televisión e incluso posiblemente de nuevos canales privados... A través de Hispasat, pues, las dos sociedades nacionales de ex­plotación de redes no sólo verán rediseñadas sus actividades tradicionales, sino que entra­rá en el «otro» oficio, en una relación de aso­ciación y no solamente como en el pasado, de ignorancia mutua, de competencia o de relación puramente comercial, en una situa­ción nueva de la que aún resulta prematuro prever las consecuencias.

Aquí, la partición y especialización estric­ta diseñada por la Administración encuentran una excepción.

 

3. Desde las telecomunicaciones

 

Telefónica ha tenido en los últimos años una actitud pragmática y, más que una estrategia hacia el audiovisual, puede hablarse de un prudente avance de peones, una toma de po­siciones para el futuro. La razón de esta pru­dencia puede encontrarse tanto en las incóg­nitas de la legislación en reformulación como en sus circunstancias internas, con el retra­so de la red telefónica tradicional que trata de llenar antes de lanzarse a nuevas aventu­ras. Sin embargo, pueden encontrase activi­dades y proyectos que se inclinan hacia el sector audiovisual:

 

• El cable: Telefónica tiene un ambicioso Plan de cableado que parece privilegiar pa­ra el futuro la red numérica de banda ancha, en conexión con la asunción desde el MTTC y los fabricantes de equipamiento del progra­ma RACE.

 

El objetivo es reunir el conjunto de las transmisiones de telecomunicación median­te una extensa red en fibra óptica que enla­zaría las grandes ciudades para trazar des­pués anillos en torno a ellas . La firma no oculta que podría transmitir se­ñales de televisión, pero en principio declara que no están previstas conexiones direc­tas con los domicilios particulares que po­drían suponer una red de televisión por ca­ble. Sin embargo, este proyecto deja la puer­ta abierta, teniendo en cuenta el progreso en la transmisión de las señales, a una amplia­ción futura de su utilización, especialmente en el probable caso de que la red aparezca sobredimensionada en relación a sus aplica­ciones proyectadas o necesitada simplemen­te de una amortización rápida para las fuer­tes inversiones necesarias que los servicios audiovisuales pueden conseguir en plazos breves. Lo que enlaza con el hecho de que muchos de los proyectos de cableado para televisión esbozados en los últimos años en España hayan planteado la colaboración de Telefónica en este terreno, desde la por el momento frustrada Barcelona Cable, hasta los proyectos para 1992 que merecen de pa­so ser destacados.

• 1992: Expo, Olimpiadas y Centenario: Los tres grandes acontecimientos previstos para 1992 incluyen la necesidad de desarro­llar servicios de telecomunicación y televi­sión. En la mayor parte de ellos, Telefónica ha adquirido la responsabilidad, junto con otros socios españoles y extranjeros a veces (sociedades de aguas francesas, por ejem­plo), de realizar estas infraestructuras, que­dando en la indefinición con frecuencia la responsabilidad de ofrecer los servicios audiovisuales. 1992 se convertirá en cual­quier caso en un escaparate importante de este saber hacer, con resonancia internacio­nal.

• El hilo musical: De la ya citada aventura del cableado de Barcelona y Madrid por Co­sesa quedó el servicio bautizado como «hilo musical», especie de radio por abono con destino a los grandes almacenes, hoteles y otros establecimientos públicos. Reseñado anteriormente su carácter de comunicación punto‑masa, es preciso decir que su configu­ración se parece a la de una red de televi­sión por cable, con separación del operador de la red del aprovisionamiento de progra­mas (Radio Nacional), y que numerosos inter­locutores nos lo han calificado de servicio de valor añadido, en acuerdo con la implicación de Telefónica pero en contradicción con la necesidad de disponer de una licencia de emisión. La configuración particular de este servicio podría así servir de base a desarro­llos jurídicos y comerciales futuros, pero aún es pronto para saber si este ejemplo es una anécdota secundaria o el fermento de un de­sarrollo futuro.

• Telemática: La telemática está aún poco desarrollada en España, contándose, por ejemplo, en 1989 tan sólo con 5.000 termina­les de Ibertel frente a los cuatro millones de abonados al minitel francés. Sin embargo, planes recientes fijan como meta 400.000 ter­minales en funcionamiento para dentro de dos años, impulsados en parte por el progra­ma STAR, que se duplicarían en poco tiem­po con la conexión de los ordenadores per­sonales. El desarrollo de estos servicios, la tentación de Telefónica de entrar también co­mo gestor de servicios (sociedad de estudios del mercado de los VAS creada por el mo­mento con IBM), la posibilidad de que las te­levisiones públicas y privadas diversifiquen también ahí su actividad, las incógnitas de conjunto sobre los usos sociales retenidos en ese campo... son factores posibles de conver­gencia en el futuro.

 

LOS NUEVOS ACTORES

 

Pero la desreglamentación (como acertada­mente señala el texto de J. L. Iwens) significa también la fragmentación de los protagonis­tas de ambos sectores, la apertura a nuevos actores que hoy están ya irrumpiendo en esos mercados. Y aunque ahí también, los ofi­cios originarios pesan habitualmente, dise­ñando actividades separadas, la diversifica­ción futura en los mercados o en la financia­ción podría constituir el germen de futuras convergencias.

 

• Televisiones de pago:

‑ Aprovechando el vacío jurídico creado en los primeros años ochenta, el llamado ví­deo comunitario (instalaciones de cable que enlazan con un magnetoscopio central) pro­liferó especialmente en determinadas regio­nes y ciudades. La LOT y la ley de propie­dad intelectual cortaron ese crecimiento sal­vaje, pero aun así existen hoy redes que en conjunto parecen sumar muchos centenares de miles de hogares abonados . Además, la presión legal y administrativa les ha impulsado a asociarse, y probable­mente les obligará a intensificar los acuerdos con canales por satélite.

‑ El antecedente de Canal 10 puede ya hacer pensar en la frágil frontera que permi­te que un satélite de telecomunicaciones pue­da realizar un servicio de teledifusión. Pero, después de su fracaso, el Canal Plus francés se ha asociado con PRISA y otras sociedades para constituir Canal Plus español, objeto de una de las tres concesiones gubernamenta­les para la televisión privada bajo la forma, en este caso, de un canal codificado en bue­na parte al ejemplo francés.

Esta concesión singular, que obligará más o menos tarde a la Administración a definir una reglamentación también particular, plan­tea como en el caso francés numerosas incóg­nitas para la convergencia futura: formas de remuneración y mercado del audiovisual, gestión de los contadores, posibles expansio­nes por el satélite o el cable...

 

* Las televisiones privadas en general, co­mo ya se ha mencionado antes, pueden en­contrar, una vez conseguidos mercados bá­sicos en su oficio, salidas complementarias a éste en la telemática, el teletexto, los VAS en general. Tanto más por cuanto que cuentan en todos los casos con partenaires extranjeros

 

con cierta experiencia en esa diversificación. * Determinados grupos financieros actúan ya, con más o menos fuerza según los casos, en las telecomunicaciones y el audiovisual, en las empresas de fabricación de equipos, en la promoción de VAS, a veces en productoras‑distribuidoras audiovisuales, en sociedades concesionarias de televisión pri­vada... Es el caso, por ejemplo, de grandes grupos bancarios españoles, como Banesto, Central, Bilbao‑Vizcaya... Por el momento, ciertamente es una simple multiplicación de apuestas financieras, pero podría ser tam­bién en el futuro un empuje para la conver­gencia de estrategias y para los puentes en­tre ambos sectores.

Se trata siempre, como vemos, de posibili­dades de futuro más que de realidades pre­sentes. Potencialidades que se verán refor­zadas o disminuidas por la solución a las nu­merosas incógnitas legales y políticas abier­tas aún para el inmediato futuro, en esta épo­ca de convulsión legislativa en ambos secto­res:

 

-  El nuevo contrato del Estado con Tele­fónica está aún pendiente.

-   El desarrollo de la LOT está por hacer también, y estos reglamentos darán en buena parte la medida auténtica de la desreglamentación alcanzada.

-   Las emisiones de las televisiones priva­das obligarán a una remodelación del reparto y uso de frecuencias.

-   El control de las cuotas y condiciones generales de concesión de estos ca­nales privados se atribuye legalmente al MTTC, pero éste carece por el mo­mento de un dispositivo adecuado pa­ra esa tarea. Su formación medirá la vo­luntad y capacidad de la Administra­ción central para garantizar ese servi­cio público.

-   El monopolio de televisión por satélite o cable, atribuido por el Estatuto a RTVE, parece haber perdido su vigen­cia con la LOT y la creación de Retevi­sión, lo que plantea un grave vacío jurí­dico.

-   El Gobierno ha anunciado para esta le­gislatura el desarrollo del marco legal para la televisión por satélite, la televi­sión por cable y las televisiones de ba­ja frecuencia.

 

CONCLUSIONES: AUSENCIA DE ESTRATEGIA DE CONVERGENCIA Y SOBERANÍA NACIONAL.

 

Los modelos específicos creados histórica­mente delimitan en España en buena medi­da la conformación actual de las telecomuni­caciones y del audiovisual. La evolución ju­rídica de los años ochenta, fruto tardío de la democratización pero también del contexto internacional, representa un fenómeno com­plejo en el que se mezclan re‑reglamentación y desregulación. Ambos sectores se confor­man así en un régimen de economía mixta, pero con funciones separadas y con un peso diferencial del Estado.

No aparecen en este marco estrategias cla­ras para la convergencia entre los dos ámbi­tos, pero sí cruces puntuales, tomas de posi­ción, gérmenes quizás de un proceso a me­dio plazo, pero del que resulta aún difícil pre­ver una clara orientación. La conformación de los dos principales protagonistas, Retevi­sión y Telefónica, parece recordar las pug­nas tradicionales entre TDF y France Tele­com, pero aunque también aquí el actor de las telecomunicaciones conserva el máximo potencial tecnológico y financiero , resultan arriesgados los trasplantes mecánicos de experiencias ajenas.

Pero comparada a otros países europeos, la gran lección de la experiencia española está en otra cuestión: el acento puesto sobre el paralelismo entre red y soberanía nacio­nal. Los esfuerzos convergentes del Estado central como los divergentes de algunos Go­biernos autonómicos no contradicen la libe­ración de los sectores, puesto que se mueven en otro plano, el político, el de la soberanía territorial. Se trata de una rivalidad existen­te tanto en las relaciones entre la Administra­ción central y Telefónica como en las de aquél con los gobiernos autonómicos. Y las frecuentes apelaciones al Tribunal Constitu­cional revelan divergentes interpretaciones sobre la naturaleza misma del Estado, confun­dido con la arquitectura de las redes.

Pero estas pugnas y rivalidades políticas pesarán inevitablemente sobre el futuro de la convergencia entre telecomunicaciones y audiovisual, sin que sea posible prever toda­vía sus consecuencias.

 

Este texto constituye en buena parte una síntesis del informe «La convergence de l’audiovisuel et des télécommunications en Espagne», realizado por E. Bustamante y J. M. Salaüm, con la co­laboración de J. M. Alvarez y T. Sánchez en el marco de una in­vestigación emprendida por Eurocommunication Recherche en toda Europa, y gestionada en España por Fundesco.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

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