Integración: el cuento de nunca acabar

 

José María Pasquini Durán

 

Hay dos maneras de tratar este tema, igual que en el cuento del vaso ocupado hasta la mitad con agua. ¿Está semivacio o semilleno? No importa que se elija la respuesta optimista o pesimista, nadie puede negar que las nociones de integración y comunicación circulan jun­tas desde hace varias décadas y que más de una vez coincidieron en experiencias prácticas. Sería injusto atribuir la general debilidad de los resultados obtenidos a la flaqueza conceptual de las propuestas o al insuficiente ánimo de sus portadores. El número y la calidad de iniciativas, ener­gías y recursos empleados son prueba su­ficiente de la persistente voluntad de sos­tener y estabilizar la reunión de esas dos ideas motrices.

Para no retroceder demasiado en el tiempo, hay que remitirse a los potentes argumentos utilizados durante los años se­senta y setenta para enjuiciar a los mono­polios informativos internacionales. Desde entonces se dice, en efecto, que la fun­ción comunicativa debía atender a tres objetivos básicos: 1) sostener y expandir las identidades culturales, 2) integrar los territorios y 3) favorecer los programas generales de desarrollo económico‑so­cial Basta una rápida revisión al ideario de la integración regional para percibir la igualdad de objetivos.

Otra coincidencia se refiere a las de­mandas por una mayor horizontalidad de los flujos informativos para atender a la realidad histórico‑política de la región y respetar el principio de igualdad de oportunidades. La horizontalidad, por cierto, es un concepto irrenunciable de la integración, su principal virtud y su mayor desafío, porque a partir de elementos de­siguales debe construir un sistema armó­nico, equitativo, asentado, en definitiva, sobre aquel mismo principio de oportuni­dades iguales para todos.

Hay que destacar, asimismo, que nin­gún sector particular puede reclamar el patrimonio exclusivo de esa volun­tad. La historia de los innumerables estudios y proyectos, así como de la más restringida cantidad de ejemplos concretos, comprueba que esos impul­sos se han manifestado mayoritariamen­te en el Estado, pero también aparecie­ron en la empresa privada o en empren­dimientos combinados, muchos de ellos con la cooperación y la solidaridad in­ternacionales proporcionada tanto por entidades privadas, estatales e intergu­bernamentales, como por agencias y fon­dos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

SERVICIOS COMUNICACIONALES INTEGRADOS

 

Un optimista tiene cosas para mostrar en el ámbito de las agencias de prensa, de la radio, de la televisión y hasta de la tecnología de punta. En materia de ban­cos de datos, por ejemplo, a partir del ca­mino abierto por AGRINTER, BIREME y REPIDISCA, hay en la región quince cen­tros de este tipo (1), varios de ellos en proceso de informatización.

En cuanto a los servicios de prensa, hay tres claros ejemplos de integración que están actuando en el área: a) ASILA, Acción de Sistemas Informativos Naciona­les, b) ALASEI, Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales Informativos, y c) ULCRA, Unión Latinoamericana y Caribe­ña de Radiodifusión.

Desde el año 1978 funciona Acción de Servicios Informativos Nacionales (ASILA) que nuclea a agencias y oficinas de pren­sa gubernamentales de una veintena de países, que intercambian diariamente no­ticias por vía del sistema de telecomuni­caciones que opera la agencia privada In­ter Press Service (IPS) que también ejerce la Secretaría Ejecutiva del sistema.

A partir de 1982 está operando en una decena de países de la región, con sede central en México DF, la Agencia Lati­noamericana de Servicios Especiales In­formativos (ALASEI), surgida de un Comi­té de Acción del SELA, con un directorio formado por delegados gubernamentales, sindicatos de prensa y expertos académi­cos, y un equipo de periodistas profesio­nales. Recientemente ha informatizado las telecomunicaciones entre sus correspon­sales y la central, mediante aportes de cooperación internacional, y dio cursos de capacitación al personal.

En materia de radiodifusión, en julio de 1985 se fundó la Unión Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA), que reúne a representaciones guberna­mentales con no gubernamentales de más de una docena y media de naciones. Has­ta el momento ha realizado varios festiva­les de radio y televisión y emite un noti­ciero latinoamericano semanal, con cabe­cera en la emisora estatal Argentina Tele­visora Color (ATC) de Buenos Aires.

Podrían citarse otros casos, entre ellos la actividad regional del Pool de Agen­cias de Prensa de los Países No Alinea­dos, de empresas mixtas ‑estatal/priva­das‑ como la Caribbean News Agency (CANA), o privadas (Latin, Inter Press Service y ACAN‑Efe), entre otras. Cada una de estas instituciones, a su modo, es hija de aquella voluntad de compatibilizar integración y comunicación. Del itinerario particular de éxitos y frustraciones que han seguido ‑cada cual merecería un estudio aparte‑ se ha procurado extraer elementos comunes, sobre todo aquellos que se presentan como los retos o las difi­cultades que, al parecer, más han retrasa­do o disminuido la efectividad de las ta­reas cumplidas.

 

OBSTÁCULOS NUMEROSOS A LA INTEGRACIÓN

 

Este asunto es una de esas típicas situa­ciones donde la voluntad es imprescindible, pero insuficiente por completo. Con decir que existen en la región más de un centenar de organismos dedicados a al­gún tipo de integración, según el directo­rio del Fondo Monetario Internacional, y ni siquiera están intercomunicados entre ellos, carecen de un fondo editorial co­mún, de un sistema de datos o de noti­cias, y en muchos casos unos ignoran la existencia de los otros.

Integrar no es nada sencillo, para de­cirlo con una frase obvia. Uno de los ma­yores problemas radica en los diferentes niveles de desarrollo nacional entre los países miembros de la región, con lo que eso implica para coincidir en la disponibi­lidad de iguales recursos humanos, técni­cos y económico‑financieros.

De acuerdo con estudios realizados en la región, entre ellos el que ordenó la Or­ganización de Estados Americanos (OEA) en 1981/82, “entre los problemas relativos al acceso a las bases de datos por los paí­ses latinoamericanos se encuentran los costos de los equipos, el acceso a las te­lecomunicaciones y su costo, y el mante­nimiento. Además, hay costos relativos a problemas de balanza de pagos. No re­sulta claro si los costos del acceso a las bases de datos en línea serán pagados mediante subsidios externos o como re­sultado de investigaciones lucrativas (...). El idioma también es un obstáculo consi­derable para el acceso a base de datos en el exterior” (2). Equipos, telecomunica­ciones, capacidad de inversión en divisas convertibles, oferta y demanda, diversi­dad de lenguas, todos son lugares comu­nes cuando se habla de prensa, radio y televisión.

La disparidad entre oferta y demanda es tan grande que produce paradojas de difícil explicación. Es sabido que la inte­gración contiene buenas oportunidades para incorporarse a niveles de calidad que de otro modo no serían alcanzados, por falta de oportunidad adecuada o por insuficiente demanda. Luego, facilita me­canismos de consulta y asesoramiento técnicos, capacitación de recursos huma­nos, vías de acceso al subsidio internacio­nal y a la solidaridad política, sin contar las ventajas que puedan derivarse de las posibilidades de compra‑venta en un mercado ampliado.

No obstante, el retraso de algunos paí­ses es tanto que, a veces, tienen hasta di­ficultades para recibir y aprovechar las ventajas relativas que ofrece un plan co­lectivo. Ante estas situaciones, la integra­ción, que debe ser cooperativa y horizon­tal, no puede quedar librada al “movi­miento natural de opciones”, porque ter­minará favoreciendo a los más fuertes, in­hibidos los más débiles para seguir el paso del pelotón. Pero si no sirve para adelantar a los más rezagados, la integra­ción pierde algunos de sus determinantes sentidos prácticos y de justicia. Para su­perar estas paradojas es necesario un es­píritu superior de solidaridad, en especial porque se realiza desde la crisis y no desde la prosperidad general.

En la región los servicios comunicacio­nales integrados suelen nacer por impul­so de los Estados nacionales, ya que casi siempre ofrecen un riesgo original que los capitales privados consideran excesi­vo. Pero en las administraciones públicas los temas de comunicación permanecen fuera del sumario de prioridades, debido a una compleja suma de circunstancias, que van desde la ignorancia o la indife­rencia hasta la imposibilidad práctica de afrontar las consecuencias de compromi­sos de este tipo.

Uno de los déficits más frecuentes está en la propia formación de las dirigencias políticas, que carecen de conceptos aca­bados sobre las dimensiones contemporá­neas de la comunicación. Las plataformas partidarias, en el rubro correspondiente, suelen anotar algunas ideas primarias, re­lacionadas con la infraestructura física o con la decimonónica afirmación de la li­bertad de prensa.

Por una razón u otra, los planificadores estatales permanecen enclavados en con­cepciones instrumentales, según las cua­les la comunicación tiene sólo dos áreas de consideración: una, de infraestructura técnica que se reserva a los ingenieros, y otra de mass‑media para los cuales se procura garantizar la libertad de expre­sión y de los que se espera una actitud positiva hacia los líderes de la sociedad.

Es habitual que se les escapen las relaciones entre comunicación, educación y cultura, entre información y desarrollo, entre los derechos sociales (al trabajo, a la vivienda digna, a la salud, a la educa­ción) y el derecho a la comunicación. Tampoco perciben con facilidad las di­mensiones económicas de la industria cultural, porque suelen percibirla frag­mentada, aislando cada fracción en com­partimentos estancos. Así, la publicidad, para dar un ejemplo, suele ser reglamen­tada al margen del plan de evolución de los mass‑media, o los programas de insta­lación de infraestructura jamás se compa­decen con los mismos planes en materia de identidad cultural.

 

LA PROBLEMÁTICA INTERVENCIÓN ESTATAL

 

Por lo tanto, cuando el Estado tiene que planificar la comunicación, así fragmenta­da, y vincularla a sus programas de inte­gración, termina concibiéndola como ta­rea de difusión complementaria o como adicional de áreas ya instaladas. La expe­riencia indica, sin embargo, que la inte­gración comunicacional exige recursos autónomos y específicos y casi nunca las nuevas tareas puedan ser absorbidas por infraestructuras ya instaladas con otros propósitos originales. Cada vez que se trató de organizar un nuevo servicio, con características propias, fue necesario más tarde o más temprano que se destinaran dotaciones especiales para cumplir ade­cuadamente los objetivos acordados.

¿Por qué el Estado? Porque este tipo de experiencias suelen recurrir al subsi­dio directo o indirecto, con lo cual consi­guen los recursos para ponerse en movi­miento, pero a la vez adquieren su prime­ra limitación seria, ya que dependen de presupuestos fiscales exhaustos, siempre al borde de la cesación de pagos, erráti­cos y voluntaristas, más dependientes de la buena voluntad del funcionario de tur­no que de la conveniencia del proyecto.

¿Por qué la iniciativa privada suele re­chazar proyectos de comunicación alter­nativa en la integración y, en cambio, acepta la concentración con tendencias monopólicas? En términos económicos, podría decirse que ese proceso de con­centración está en la naturaleza misma del capital. Pero la comunicación, para ser efectiva, debería marchar en sentido contrario a la máxima concentración, para democratizarse en la socialización de su ejercicio. No se trata de un ideal abstrac­to; corresponde a la imperiosa necesidad de estabilizar las democracias políticas en el continente. Será imposible en la medida que el ciudadano esté privado de recursos para informarse debidamente y para hacer oír su propia opinión en las condiciones de mayor libertad y amplifi­cación posibles. No hay democracia sin sujeto democrático.

El primer obstáculo es la limitada capa­cidad de los proyectos de comunicación integrada para generar ingresos económico‑financieros fluidos, estables y de ra­zonable rentabilidad. La región tiene un nivel de competitividad entre los medios similar al de los países industrializados, cuyos modelos se repiten con alarmante frecuencia, pero carece de suficientes re­cursos para imitar las condiciones de pro­ducción de los más desarrollados, ya que operan en economías débiles, condicio­nados por los efectos de la crisis general en el subdesarrollo.

Al no contar con mercados cautivos o cerrados, sufre además la fuerte compe­tencia de realidades externas. ¿Quién po­dría desplegar la coproducción cinemato­gráfica regional en escala de inversión, producción y comercialización suficientes para competir en el mundo, si los merca­dos que deberían sostenerla están en de­cadencia porque sus públicos mayorita­rios agotan la capacidad de consumo en los problemas más elementales de la sub­sistencia? El ocio y el entretenimiento, la educación y la información, pasan a ser insumos sofisticados, accesibles sólo para una mínima parte de la población. El se­rial televisivo o el filme importados llegan a la región con sus costos cubiertos en los mercados de origen, en tanto que los pro­ducidos en la región van hacia el mundo a ver si puede por lo menos recuperar la inversión inicial. En el caso de las agen­cias de noticias, es frecuente que en re­giones como América Latina y el Caribe actúen más como instrumentos de poder político‑cultural que como negocios direc­tos.

Por otra parte, la aparición de nuevas tecnologías de telecomunicación está am­pliando día a día la oferta de información producida en los centros mundiales, a ba­jísimos costos. En la actualidad, además de las agencias tradicionales, un mass­media importante de cualquier ciudad ca­pital de América Latina tiene la posibili­dad de adquirir otra treintena de fuentes informativas internacionales, con servicios tan variados que incluyen desde colum­nas firmadas por líderes políticos hasta recetarios de salud y horóscopos. La creación de archivos, bancos de datos de fácil acceso por vía del télex, el fax o el modem van suprimiendo también la clási­ca imagen de la máquina con intermina­bles rollos de papel donde se imprime la información de otras partes del mundo. Por fin, la automatización de los procesos de edición de los principales diarios de la región limita el número de fuentes utiliza­das y obligan a las agencias medianas y pequeñas a fuertes inversiones para actualizar sus tecnologías de transmisión o se quedan afuera.

No es el factor económico o técnico el único que retiene a la empresa privada. Hay prejuicios culturales que también obran en contra de iniciativas originales o diferentes a las establecidas. Con excep­ción de las asociadas o filiales directas del sistema tradicional, las otras empresas tienen enormes dificultades para ser aceptadas por los mass‑media de propie­dad privada. Los comunicadores profesio­nales tienden a identificar el tipo de pro­piedad de la empresa de comunicación con la capacidad de conservar la inde­pendencia editorial, por lo que es común que descalifiquen a todas aquellas que suponen comprometidas con Estados, go­biernos o intereses sectoriales.

De este modo se cierra un círculo per­verso. Como no es buen negocio para el capital privado, el Estado se hace cargo de promover y actuar la comunicación en términos de integración, pero debido a su presencia el producto es rechazado o aceptado con desconfianza en el merca­do, con lo cual se refuerza la imposibili­dad de ofrecer atractivos de rentabilidad o de prestigio, lo cual aleja cada vez más a la empresa privada y obliga en la mis­ma proporción al Estado, repitiéndose el ciclo hasta el infinito.

Así, por ejemplo, cuando se diseñó el directorio de ALASEI se adjudicaron si­llas a la representación de la empresa privada, que las rechazó porque descar­taba la idea de sentarse junto a los go­biernos y a la UNESCO, acusada ésta de amenazar la libertad de prensa, aunque nunca pudo probarse el cargo de manera indubitable. A continuación de la negati­va, los mismos sectores acusaron en pú­blico a esa agencia por sus condiciones de gubernista o estatista, condición a la que habían remitido por previa y exclusi­va voluntad. Jamás ninguno de estos pu­blicistas críticos aclaró que el diseño y el estatuto de ALASEI los incluía en su máxi­mo nivel de dirección y control de ges­tión.

Los empresarios privados no quieren o no pueden advertir que sólo por vía de estos circuitos podrán encontrar espacio real, temas y protagonistas que hoy están marginados, taponados o ignorados, ge­nerando espacios de tensión que un día u otro buscarán su propio escape. Existen páginas completas de información que están esperando tratamiento adecuado y aun las que aparecen cada día merecen lecturas diferentes si es que los editores de la prensa gráfica y audiovisual quieren contar con diversidad de fuentes seguras y ciertas y si se pretende ofrecer a las audiencias más amplias un abanico de puntos de vista que alcance la máxima pluralidad.

A modo de referencia concreta sobre las exclusiones temáticas, podría citarse la información religiosa. Hay pruebas de que “ocupa [en los servicios noticiosos] un lugar mínimo, no relevante ni significativo, y contradictorio con la importancia que el fenómeno religioso tiene en la realidad regional” (3). A mitad del año 1987, DE­COM (Desarrollo y Comunicación) de Ar­gentina concluyó un análisis de conteni­dos del mensaje radiofónico en distintos tipos de emisoras y de zonas de ese país, cuyos resultados confirmaron que la pre­sencia de ese tipo de noticias es insignifi­cante: el 2, 08 por ciento de más de 600 horas grabadas de programación (4).

Debido precisamente a que permane­cen en los márgenes o fuera de los meca­nismos habituales de la recolección de noticias, llegar a esas fuentes implica un costo difícil de afrontar si no se plantea en términos de proyectos sociales de ser­vicio público. ¿Por cuánto tiempo más se las podrá ignorar?

 

VENTAJAS DE ACTUACIONES MIXTAS

 

Tampoco el administrador público es inmune a los prejuicios; más bien exhibe una fuerte incapacidad para compartir ta­reas con las empresas no gubernamenta­les, ya sea por la incompatibilidad de sus métodos de procedimientos como por la naturaleza política que suele imprimirle como rasgo excluyente a las iniciativas de integración comunicacional. En el estatuto fundacional de ULCRA se proponía un cuerpo directivo formado por delegados de gobierno y de entidades no guberna­mentales, en una proporción que adjudi­caba el 51 por ciento a los primeros, pero imponía que toda decisión sustancial de­bía contar con los dos tercios de votos afirmativos, con lo cual se imponía la obli­gación a la negociación y al consenso. No habían pasado tres años de la instalación de ULCRA que ya los funcionarios públi­cos modificaron esa regla, disminuyendo la obligación de dos tercios a simple ma­yoría, con lo cual basta ahora que haya acuerdo entre los gobiernos para fijarle el rumbo a la institución.

Al dogma estatista, en estos últimos años, por efecto de la crisis económico‑fi­nanciera, se opone el dogma de la priva­tización, aquella que descalifica al Estado para los negocios y culpa con exclusivi­dad al déficit fiscal como causal de los al­tos índices inflacionarios. Dado que, por los motivos ya señalados, el Estado ocupa casi con exclusividad el rol de promotor de nuevas iniciativas de comunicación e integración, al recibir su despromoción pública y ser exigido a la máxima austeri­dad en el gasto público ‑incluso como condición impuesta por los acreedores de la deuda externa‑ han decaído a su más balo nivel histórico los proyectos de tal naturaleza.

Hay factores externos, dentro de los circuitos convencionales de la industria cultural, que también refuerzan la imposi­bilidad. Es frecuente que las empresas privadas y los gobiernos de los países in­dustrializados observen la realidad regio­nal con los ojos del presente, en vez de contemplarlos con la memoria de su pro­pio pasado. Desde ese mirador, se exige a estos países un comportamiento, entre ellos del Estado, que puede ser apropia­do para el estadio actual de las econo­mías y las culturas de poder en las nacio­nes del Norte, pero que difícilmente so­porten la misma aplicación en las nacio­nes del Sur.

Los temas de la comunicación, por lo demás, pertenecen a esa cultura profunda de los hábitos cotidianos, casi podría de­cirse que son de herencia genética, por lo que los cambios suelen ser resistidos con la poderosa de las fuerzas, la fuerza de la costumbre. Bien lo sabe Europa en su tránsito hacia 1992.

A pesar de que la integración interesta­tal ofrece mayores alternativas para avan­zar más rápidamente, debido a que las funciones son similares, igual que las ne­cesidades, la experiencia demuestra que la participación que puedan tener los sectores no gubernamentales y privados comerciales evita confrontaciones o pola­rizaciones, facilita la gestión, aun en sus aspectos técnicos, abre los mercados y le otorga una dinámica diferente a la que pueden darle los Estados y gobiernos como únicos protagonistas. La proposi­ción de empresas mixtas, con autonomía de gestión, sin afán de lucro pero con ob­jetivos de autosuficiencia económico‑fi­nanciera, apoyada en principio por los Estados y la cooperación gubernamental y privada internacional, puede ubicar al servicio integrado en una amplia pers­pectiva de evolución y factibilidad de realización.

Esto exige la reflexión con espíritu críti­co sobre el futuro, para deponer los pre­juicios y asumir tareas conjuntas. Unos y otros, en el campo público y en el priva­do, se necesitan en interés mutuo. Tam­bién hay que pensar en nuevas zonas en capacidad de integración. El vídeo popu­lar, los circuitos alternativos, la llamada comunicación de base y las organizaciones intermedias de cada país tampoco podrán seguir indiferentes a la posibili­dad de la integración si es que quieren salir del ghetto de autosatisfacción para influir en los asuntos públicos.

Es tiempo de afirmarse en la idea de que el vaso está semilleno, pero sin la pueril ingenuidad del voluntarismo a ul­tranza; con la sencilla pero contundente combinación de idealismo y necesidad. Uno de los padres del constitucionalismo argentino, Juan Bautista Alberdi, solía de­cir que las empresas más atractivas son aquellas que fueron construidas por los locos de la víspera.

Por decisión de su máximo organismo de gobierno, el Sistema Económico Lati­noamericano (SÉLA) estudia desde el año pasado la factibilidad de instalar en la re­gión un banco de datos (SIETCOM) con acceso libre para las empresas editoras de periódicos y estaciones de televisión, sean indistintamente de propiedad públi­ca o privada, dentro de la región, que será un catálogo de catálogos sobre insu­mos tecnológicos e industriales. La inicia­tiva busca: i) el mejor aprovechamiento de la producción endógena de tecnolo­gías y de insumos industriales, muchas veces marginados del mercado por des­conocimiento, ii) aumentar las ventajas comparativas de la producción regional multiplicando la difusión de la oferta, ir¡) provocar una tendencia más definida y consciente hacia la compatibilización tec­nológica regional, sin la coacción de facto que significa la subordinación a políticas comerciales que están fuera del radio de decisión de los consumidores.

 

(1)   Cuadro de bancos de datos en la región:

 

Organización

Servicios /Temas

AGRINTER / IICA

(Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola). Costa Rica

BIREME / OPS

(Organización Panamericana de la Salud). Brasil.

CELADE

(Centro Regional de las Naciones Unidas), Chile.

CEPAL / CLADES

(Centro Regional de las Naciones Unidas), Chile

CARISPLAN / CEPAL

Subregional caribeño

ICAITI

Guatemala, subregional

OLADE, Ecuador

REPIDISCA

[Desarrollada por la OPS en CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente), Perú]

RIALIDE / ALIDE

RIDECAB, Perú

RITLA / SELA (En información)

SAIT, Perú

SATEL

(Sistema Andino de Teleinformática), Ecuador

SILADE / UNESCO

UNESCO

(Centro Regional de Naciones Unidas), Chile.

Bibliografía agrícola

 

 

Información médica

 

 

Demografía

 

 

Desarrollo económico y social

 

 

Desarrollo económico y social

 

Tecnología industrial

 

Energía

Ingeniería sanitaria, ciencias del medio ambiente

 

 

Finanzas, comercio

Educación

Información tecnológica

Información técnica

Telecomunicaciones estatales del pacto subregional

 

Documentación

Educación

 

 

 

Fuente: SELA, Servicios de datos en América Latina y el Caribe, Papeles del Sela/6, Ed. de la Flor, Bs As, 1987, y Servicio de Información para la Evaluación de Tecnologías de la Comunicación –SIETCOM- para América Latina y el Caribe, Documento de la Reunión de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel en materia de Comunicación (Caracas, 8 al 11de setiembre de 1986), Secretaría Permanente, mimeo, págs. 75-90

 

(2)   Papeles del SELA /6, Ob, cit., pág. 217.

 

(3) Informe Agencia Cristiana de Noticias, Osvaldo “Hirschmann, Coordinador Regional WACC/ALC, Qui­to, febrero de 1987.

 

(4) “Algunas precisiones sobre el mensaje radiofó­nico en la Argentina”, por W. Uranga y J. M. Pasquini Durán, Desarrollo y Comunicación, Bs, As., abril de 1987.