La política europea de telecomunicaciones. ¿Pragmatismo o audacia?

 

Emilio Lera

 

Un enfoque prioritariamente político del Libro Verde de las Telecomunicaciones evidencia los numerosos problemas e interrogantes planteados. Aunque se parte de la base de que una política europea de telecomunicaciones es necesaria, se reconocen diversas alternativas y, sobre todo, la urgencia de estudios de evaluación sobre las opciones elegidas.

 

a publicación en junio de 1987 del llamado Libro Verde de la CE sobre las telecomunicacio­nes (hacia una Economía Eu­ropea Dinámica. Libro Verde sobre el Desarrollo del Mer­cado Común de Servicios y Equipos de Telecomunicación) ha sido el som­brero de mago que ha hecho materializarse to­das las tensiones, ambiciones, frustraciones y reivindicaciones latentes en el sector. Si el propio documento reconoce como su objetivo principal la estimulación de un debate a nivel europeo, entre todos los protagonistas sociales, políticos e industriales, sobre la política comu­nitaria en relación a las tres dimensiones del sector (institucional, industrial y de servicios), los resultados logrados permiten decir que el objetivo ha sido alcanzado.

En efecto, no debe existir grupo de presión (sindicatos telefónicos, asociaciones de usua­rios, asociaciones industriales telefónicas y de servicios informáticos, agrupaciones de provi­sores de servicios, etc.), entidades protagonis­tas (corporaciones industriales, asociaciones in­terestados, entidades reguladoras, organismos normalizadores, etc.), y analistas del sector, que no hayan participado en este debate, del cual se han hecho eco conferencias y simpo­siums, así como todas las revistas especializa­das.

 

EL DEBATE COMO INSTRUMENTO POLÍTICO

 

Es difícil hacer un balance de tanta literatura, especialmente porque la mayoría de ella hace una aproximación parcial e interesada al tema, descuidando considerar la forzosa interacción entre las múltiples facetas que configuran el fu­turo del sector. Uno puede preguntarse... ¿y ahora qué?, ¿qué hacer con los posicionamien­tos, reivindicaciones y recomendaciones resul­tantes del debate?

Cuando uno observa los pasos siguientes que está dando, o propone dar, la Comisión (1), debe reconocer la habilidad que ésta ha de­mostrado para vender sus posicionamientos apriorísticos, sabiendo disfrazarlos de un con­senso general, que lamentablemente en mu­chos casos es sólo parcial, pudiendo decir que ha escuchado a todas las partes interesadas, aunque por separado y sin interactividad, uniéndose con aquellos posibles enemigos de su política a los que difícilmente podría vencer (las Administraciones de Telecomunicación) y jugando al doble lenguaje de actuar ideológicamente sobre los mercados mientras se protege la viabilidad de estas entidades. Podemos con­cluir que la venta de la política europea de te­lecomunicaciones ha sido una muy buena labor de marketing, pero difícilmente podrá decirse que esta política haya sido negociada con todas las partes; claro que esto sería una excepción a la forma tradicional de establecer las políticas.

Si se analizan dichas propuestas de actuación de la Comisión como consecuencia del estado actual de los debates (1), se ve que éstos no han servido para que aquélla modifique un ápice sus propuestas iniciales, más bien se ve fortale­cida por aquellas contribuciones que las apo­yan aunque sea parcialmente, presuponiendo un consenso general y proponiendo una acele­ración de las herramientas de implantación de esas posiciones; no sorprende por tanto el freno que algunos países, curiosamente los más avan­zados, han hecho a estas últimas propuestas. Con esta conclusión y lamentablemente, todas las dudas, temores, incertidumbres y recomen­daciones resultantes del mal llamado debate siguen en plena vigencia, pudiendo decirse que los protagonistas se conforman con una situa­ción previsible futura que no les satisface ple­namente, mientras que en una actitud positiva se congratulan por aquellos aspectos que pue­den favorecerlos.

 

DISTINTAS APROXIMACIONES AL TEMA

 

Aceptando la trascendencia de la informa­ción y de su comunicación para el desarrollo económico y social futuro de la Comunidad, y por ende la importancia de disponer de servi­cios de telecomunicación avanzados, fiables y baratos, los cuales para alcanzar esas caracte­rísticas han de estar implantados sobre infraes­tructuras (redes) con las tecnologías más avan­zadas, se intuye la necesidad de definir una po­lítica sobre el sector, no dejando su futuro a la improvisación y la casualidad.

En datos del propio Libro Verde, el sector conjunto de telecomunicaciones y gestión de in­formación representa ya un volumen de nego­cios mundial de 500.000 m. Ecus... El mercado de equipos de telecomunicación alcanzó los 90.000 m. E. en 1986. La Comunidad participó con 17.500 m. E. en ese mercado. Los servicios de telecomunicación originaron unos ingresos mundiales en 1986 de 300.000 m. E. La Comuni­dad facturó 62.500 m. E. por ese concepto. Si ahora ese sector conjunto representa un 2 por ciento del Producto Interior Bruto Comunitario, se espera que a final de siglo alcance el 7 por ciento, implicando directa o indirectamente a más del 60 por ciento del empleo comunitario.

La necesidad, por tanto, de implantar una po­lítica sobre el sector pasa por el diseño de ésta, de tal forma que el desarrollo del mismo sea el más adecuado para la evolución social y econó­mica de la Comunidad. Esto quiere decir que el modelo de sistemas de telecomunicaciones que se diseñe debe potenciar no sólo el beneficio para el sector, tanto en su segmento de servi­cios como en el industrial, sino para todos los sectores económicos, los estamentos sociales y la propia realización del individuo. Cuando se observan las propuestas recogidas en el docu­mento de referencia, se echa a faltar inicialmente el marco de una política global que con­sidere todos estos aspectos. En efecto, se nos ocurre que difícilmente puede diseñarse ese modelo en forma aislada de una política comu­nitaria sobre la comunicación, sobre la informa­ción y sobre la cultura; estas carencias llevan necesariamente a la aparición de las grandes cuestiones sobre el porqué, el para qué y el para quién de las propuestas del libro.

Las contribuciones, comentarios y análisis he­chos hasta ahora sobre el Libro Verde (LV) se centran en aspectos particulares y se focalizan sobre las diez posiciones propuestas por la Co­misión (Tabla 1). Así, se pueden encontrar aná­lisis centrados en los aspectos más jurídicos de la implantación (2), a caballo entre el Tratado de Roma, que garantiza la libre competencia de los mercados de bienes y servicios, y el Acta única, que permite la toma de decisiones sin la unanimidad de los Estados miembros. Otras contribuciones se focalizan sobre los límites y los plazos de la apertura de los mercados in­dustriales de equipos y terminales (3); sobre el alcance y el ámbito de la apertura de los mer­cados dé servicios (4) (5); sobre el previsible efecto sobre las alternativas ofrecidas a los grandes usuarios (6).

No hemos visto aportaciones que consideren en profundidad las consecuencias de estas po­siciones para los servicios universales, los resi­denciales y los dirigidos a las zonas menos de­sarrolladas. Tampoco nos hemos encontrado con análisis que hicieran una aproximación eco­nómica al tema y que permitieran tentativamen­te estimar la importancia de actuar y además de esa forma. No obstante, como se ha dicho, han sido múltiples las aportaciones; nosotros mismos desde Fundesco hemos hecho una valo­ración a petición del programa STOA del Parla­mento Europeo (Scientific and Technological Options Assesment), en el cual hemos intentado analizarlo desde un enfoque de evaluación tecnológica (7). Presentaremos a continuación unas consideraciones sobre los aspectos políticos del tema, que naturalmente han sido los menos tra­tados por los actores implicados. Una visión de­tallada de las posibles consecuencias de la im­plantación de las posiciones propuestas se pue­de encontrar en diferentes publicaciones: (7), (8), o en las actas de diferentes congresos: (9), (10).

 

LA DIMENSIóN POLITICA DE LA ACTUACIóN COMUNITARIA

 

Aun con lo resbaladizo que puede resultar establecer hipótesis sobre esta dimensión, un análisis pormenorizado del LV perdería todo su valor si no se imaginaran sus posiciones dentro del contexto político, económico y técnico don­de se han de implantar. Si uno se pregunta so­bre la propia necesidad de esta política, se debe reconocer: la actual debilidad tecnológica europea en determinados segmentos de las tecnologías básicas, principalmente en microe­lectrónica y en software; la tendencia de ciertos mercados a comprimirse como consecuencia de la saturación de crecimiento, de la disminución del valor añadido en producción y de la caída continua del precio de los componentes; el tamaño inadecuado de las empresas indus­triales para enfrentarse a las demandas cre­cientes de recursos para el I+D; la continua y peligrosa degradación de la balanza comercial del sector; la transformación que está experi­mentando (y debe acentuar) el sector servicios; la menor productividad de la industria comuni­taria respecto a la de sus dos grandes competi­dores, USA y Japón; las diferencias de desarro­llo económico, técnico y de infraestructuras de los países miembros, etc. De todo esto puede concluirse que la definición de una política al respecto es oportuna para contribuir al desarro­llo y a la cohesión de la Comunidad.

No obstante ese estado de situación comuni­taria, parece que tal política es una oferta de la Comisión más que una demanda de los países miembros. Dicho de otro modo, la política a im­plantar debe ser centralista y unitaria o debe ser coordinada y plural. La lectura del libro muestra claramente que se ha optado por la primera opción y en todas las facetas del pro­blema. Dada la dispersión en los desarrollos y en la organización de los sistemas nacionales de telecomunicación respectivos, parece claro que tal política va a ser fuente de conflictos para alcanzar un consenso general, especial­mente ante el temor de los países menos desa­rrollados de ser los perdedores en el nuevo equilibrio resultante, es decir, los que aporten sus mercados, sus recursos y su potencial desa­rrollo al engrandecimiento del resto.

Presuponiendo, o aceptando, la bondad de esa política cabe preguntarse si existe coheren­cia entre las actuaciones propuestas y las nece­sidades comunitarias. El LV en este sentido hace una muy buena labor de resaltar esas ne­cesidades; sin embargo, cuando se ven las posiciones propuestas, éstas sólo se centran en el beneficio económico y en el desarrollo in­dustrial. Quedan así al margen todos los aspec­tos relativos: a definir y salvaguardar el papel de los países a la hora de definir sus propias políticas y actuaciones, a cómo conseguir un desarrollo armónico de las respectivas econo­mías, a cómo asegurar la extensión de los servi­cios universales en la verdadera dimensión del término, a cómo evaluar y paliar las consecuen­cias de estas políticas sobre el empleo, etc. E igualmente importante, no hay ninguna posición dirigida a un seguimiento de las consecuencias de esas actuaciones que permita diseñar a tiempo políticas correctoras, lo cual, vistos los resultados de algunas acciones similares en USA y Reino Unido, no siempre tan beneficiosas como se esperaba, parece estrictamente nece­sario.

Si el beneficio económico comunitario puede ser el elemento director de la política propues­ta, es constatable en el espíritu del libro la ideología al uso, esto es, la bondad de la libera­lización generalizada de los mercados, tanto para el desarrollo industrial comunitario como para el desarrollo de los servicios de valor aña­dido. La pregunta es obvia, está ratificada por la práctica la idoneidad de esta política. Cierta­mente, el desarrollo actual de las telecomunica­ciones en todos los países desarrollados se ha hecho bajo un régimen de monopolio y merca­dos cautivos, incluso en USA, Japón e Inglaterra, adalides de la nueva política.

En relación a la importancia de disponer de unas telecomunicaciones abiertas, modernas y económicas para conseguir la más alta competi­tividad de la industria local en los mercados mundiales, la posición de las industrias japone­sa y alemana en éstos parece indicar que hay otros factores más trascendentes. Sin embargo, es cierto que en los países donde el monopolio ha sido más cerrado la oferta de servicios de valor añadido es menor (casos de Alemania y Japón), aunque la situación en Francia parece mostrar que existen políticas alternativas para desarrollar ese mercado; no obstante, el menor desarrollo de esta oferta no parece haber afec­tado a la competitividad de los sectores económicos de esos países. Estos hechos hacen sur­gir dudas razonables sobre la no consideración de políticas alternativas que pudieran estar más en concordancia con el espíritu y la variedad histórica de la situación europea.

Si esa opción política es además, como es el caso, coherente con las ideologías gobernantes de bastantes países de la Comunidad, y materia de negociación en los foros económicos interna­cionales como consecuencia de la globalización de los mercados, no cabe duda que será im­plantada, y consensuada si es posible. Ahora bien, ante su implantación cabe preguntarse si son generalizables estos apriorismos. Intuitiva­mente, meter en un mismo saco los mercados de consumo (como empiezan a ser los de termi­nales) con los de equipos para las redes (de tal complejidad técnica que se hace necesario mi­nimizar los tipos diferentes en operación), y en otro mismo saco los servicios que pueden tener un carácter universal por su importancia social (con sus problemas de extensión) con aquellos otros minoritarios (que pueden tener un valor productivo para sus usuarios), es cerrar los ojos al comportamiento diferente de los mercados respectivos.

Igualmente se puede decir de la incidencia de la tecnología (principalmente el advenimien­to de la RDSI, la integración informática‑teleco­municaciones y el uso generalizado de los saté­lites), que integrará mercados que la política pretende diferenciar, multiplicará las opciones para el usuario, aunque sea al margen de la po­lítica sobre integridad de las infraestructuras, y modificará las economías de escala y de afini­dad de las implantaciones. Tampoco se puede cerrar los ojos a la confluencia real entre los servicios de comunicación y los de difusión, en cuanto a su provisión compartiendo un mismo medio y sin embargo, quizá, con formas de ac­ceso (demandas de mercado) diferentes. Todos estos factores, ignorados o superficialmente tra­tados en el LV, marcarán las diferencias entre la forma de la política global comunitaria y el fondo del alcance aceptable por los países miembros.

Siendo, como se ha dicho, el desarrollo eco­nómico comunitario el objetivo último preferen­te en el diseño de esta política, no cabe duda de que la estimulación de los mercados, vía de­sarrollo de la oferta (caso de los servicios abier­tos a la competencia) o vía creación de la de­manda (caso de las implantaciones aceleradas de las nuevas infraestructuras), contribuirá al crecimiento económico del sector en sus dos segmentos, de servicio e industrial. A la luz de la evolución de estos mercados a nivel mundial, cabría interrogarse sobre a quién beneficiará ese crecimiento económico. La dispersión exis­tente entre las fortalezas industriales, tecnológi­cas y de desarrollo de las infraestructuras de los países miembros, hace forzosamente temer que esa etapa de desarrollo sirva más al creci­miento de los países más ricos que a reducir el actual desequilibrio.

Naturalmente este riesgo obligará a tomar ac­ciones correctoras. Una de éstas podría ser el Programa Star; sin embargo, la ausencia de ob­jetivos comunitarios concretos, el olvido de la dimensión social del tema, y el unirlo al desa­rrollo de mercados tecnológicos posiblemente inadecuados para ese problema, hagan que la situación económica y social de esas regiones menos desarrolladas no se aproxime todo lo que debiera a los promedios comunitarios. Por otro lado, el buen posicionamiento de las indus­trias norteamericana, japonesa, e incluso del su­deste asiático en algunos segmentos, así como de los proveedores USA de servicios, inducen el temor de algunos analistas a que la precipita­ción en la implantación de las posiciones pro­puestas beneficie más a esos terceros países, que penetrarían los mercados comunitarios cuando nuestras empresas aun no están prepa­radas para compensarlo con ganancias en los suyos.

 

LA NEUTRALIDAD DE LA POLÍTICA COMUNITARIA

 

En el conflicto latente entre la política comu­nitaria y la independencia política de los países miembros es interesante considerar si es neu­tral el LV. Las acciones ya en marcha sobre el sector y las posiciones en él propuestas tienen un marco de aplicación definido, aunque en al­gunos casos la redacción o los conceptos usa­dos sean ambiguos o imprecisos. Una reflexión sobre las dificultades de implantación o de con­secución de los objetivos buscados lleva, no obstante, a pensar en posibles ambiciones escondidas.

Un ejemplo es el relativo a la política norma­tiva o de definición de estándares. El alcanzar el equilibrio necesario en el ritmo de definición de estos estándares se pretende conseguir con la creación de un Instituto Europeo de Normali­zación en Telecomunicaciones (IENT), en el cual tienen cabida tanto los industriales como las Administraciones de Telecomunicación. Ciertamente quienes más saben de implanta­ción y explotación de redes y servicios y por tanto más pueden aportar al proceso son las segundas, que verían así disminuido su papel. Por otro lado, quienes mejor conocen las desinto­nías entre las ofertas de comunicación y sus ne­cesidades y entre sus procesos de comunica­ción internos y externos, son los usuarios, los cuales sin embargo se quedan al margen de ese IENT. Además, la confluencia entre infor­mática y telecomunicaciones hace necesaria la coordinación normativa aplicable a ambos sec­tores, siendo incomprensible que el IENT no opere sobre todo el hipersector de tecnologías de la información (piénsese en las normas ISO, MAP, de edición electrónica, de transferencia electrónica de datos, etc., todas con una impor­tante componente de comunicaciones.

Por último, la mayor utilidad de las normas la da su universalidad; las normas deben ser (aun­que a menudo no lo son) neutrales para conse­guir la máxima aceptación, debiendo por tanto integrarse en los estándares definidos por los or­ganismos internacionales específicos (en este caso el CCITT y el CCIR); no obstante, la liber­tad de mercado característica de nuestras so­ciedades hace que muchas normas no sean de obligado cumplimiento (excepto en los aspectos de seguridad, del usuario o de las redes). Estos dos aspectos, integración mundial de normas y no obligatoriedad de aplicación, ponen un poco en entredicho el papel normativo de la Comuni­dad. Por todo ello, el citado IENT parece, más que una necesidad, un elemento de poder a ni­vel comunitario, no se sabe bien si de defensa frente a terceros, o frente a la libertad normati­va de los países miembros.

Otro ejemplo es el relativo a la política sobre los servicios transfrontera, que la Comunidad pretende estimular independientemente de la actual forma de provisión, cual es la intercone­xión de las redes y servicios nacionales. La difi­cultad de definir normas regulatorias únicas y generales para todo tipo de soportes y servi­cios llevará necesariamente a tener que resol­ver caso por caso. Además, la necesidad de su­pervisar y controlar las formas de provisión de esos servicios, tratando de resolver los posibles conflictos con servicios regulados o reservados nacionalmente, hacen pensar que muy pronto se pueda crear en la Comunidad un organismo regulatorio central, una especie de FCC ameri­cana. Éste sería otro centro de poder a nivel comunitario, siendo el Tribunal de Justicia el que resolviera los contenciosos con las políticas nacionales. Si preocupantes son estas posibles derivaciones políticas de las actuaciones comu­nitarias sobre el sector, no lo es menos el nivel de complejidad que se introduce sobre los sis­temas nacionales de telecomunicación, del que la introducción de las ONP (provisión de redes abiertas) es ya un anticipo.

Otro ejemplo de esa aparente falta de neu­tralidad es el papel futuro que la Comunidad pueda tener reservado a las Administraciones de Telecomunicación. Si bien ahora la Comu­nidad ha buscado su alianza para la consecu­ción del consenso sobre la política europea sobre el sector (véase, por ejemplo, el caso del SOG‑T, Senior Oficials Group on Telecom­munications); en dicha política se marca el lí­mite de la liberalización en el máximo posible mientras que se asegure la viabilidad econó­mica de estas entidades. Obviamente, esta condición les asegura una larga vida, aunque lánguida, pero claramente hace pasar su de­sarrollo por la asunción de un mayor compro­miso empresarial y un mayor riesgo, lo cual puede no estar al alcance de las entidades correspondientes en todos los países comuni­tarios, bien por el tamaño de sus mercados, o por su situación de partida inicial; unos mis­mos servicios reservados y una misma estruc­tura tarifaria no producirán la misma capitali­zación en todas estas entidades.

Por el contrario, algunas de estas entidades alcanzarán tales mejoras de productividad y agresividad empresarial que difícilmente per­derán su posición dominante en los mercados, lo cual ciertamente limitará los beneficios ansia­dos de la competencia. Los ejemplos de British Telecom, ATT y posiblemente en el futuro NTT, son claros de las dificultades que son capaces de crear al crecimiento y a veces superviven­cia de sus competidores. El fijar una frontera única y muy restringida sobre los límites de la liberalización, cuando pueden alcanzarse esas diferencias de desarrollo en estas entidades, puede comportar un alto riesgo sobre el desa­rrollo equilibrado de los sistemas nacionales de telecomunicación.

 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

 

La lectura de todo lo anterior puede sugerir al lector la falsa impresión de que el deseo de establecer una política europea sobre telecomunicaciones es improcedente. Esta imagen ser absolutamente rechazada. Nada más lejos de nuestra intención al escribir estas refle­xiones. Muy claramente al comienzo del artículo hemos expresado la necesidad y la oportunidad de hacer tal política, siendo las consideraciones aquí expresadas sólo una llamada de atención hacia la existencia de otras alternativas de actuación y de implantación, así como de la nece­sidad de complementarla con otros estudios de evaluación y otras medidas compensatorias.

Quisiéramos que el debate suscitado por la publicación del Libro Verde sirviera precisa­mente para contribuir a diseñar la mejor políti­ca, reduciendo quizá el peso de los pragmatis­mos, muy a menudo basados en ideologías al uso y en mimetismos de otras actuaciones bajo condiciones diferentes. La irreversibilidad de los cambios en mercados, tecnológicos y socia­les, recomienda ser cautos, máxime cuando el sector no está ni mucho menos en crisis.

 

 

 

TABLA 1

POSICIONES PROPUESTAS EN EL LIBRO VERDE

 

       El objetivo general de las posiciones establecidas es el desarrollo en la Comunidad de una infraestructura de telecomunicaciones fuerte y de unos servicios eficaces, ofreciendo al usuario europeo una variedad de servicios de telecomunicación en los términos más favorables, asegurando la coherencia de su desarrollo entre los Estados miembros, y creando un ambiente competitivo abierto, teniendo en cuenta toda la dinámica actual de desarrollos tecnológicos.

 

A) Aceptación de la continuación de los derechos especiales de provisión exclusiva para las Administraciones Telefónicas en relación a la provisión y operación de la infraestructura de red. Cuando un Estado miembro escoge un régimen más li­beral, para toda o parte de la red, debe ser asegurada la in­tegridad de la infraestructura general de red a corto y medio plazo.

Necesita un mayor análisis la supervisión detallada de la oferta de sistemas bidireccionales de comunicaciones por satélite. Ésta debe ser permitida en una base de caso por caso, cuando sea necesaria para desarrollar unos servicios totalmente europeos y donde el impacto en la viabilidad financiera de los principales proveedores no sea sustancial. Una definición y un entendimiento únicos en relación a la provisión de la infraestructura serán desarrollados en el pun­to E).

B) Aceptación de la continuación de los derechos especiales o de provisión exclusiva para las A.A.T.T. en relación a la pro­visión de un número limitado de servicios básicos, donde se considera esencial la provisión exclusiva en esta etapa para salvaguardar las metas del servicio público.

La provisión exclusiva debe interpretarse estrechamente y ser objeto de revisiones en intervalos dados de tiempo te­niendo en cuenta el desarrollo tecnológico y especialmente la evolución hacia una infraestructura digital. Los "servicios reservados" no deben estar definidos para extender el monopolio de los servicios de las A.A.T.T.  de forma inconsisten­te con el tratado. Normalmente, dado el consenso general en la Comunidad, el servicio telefónico vocal parece ser el úni­co y obvio candidato.

C) La provisión libre (sin restricciones) de todos los otros servi­cios ("servicios competitivos” incluyendo en particular los "servicios de valor añadido”) dentro de los Estados miembros y entre éstos (en competencia con las A.A.T.T.), para su pro­pio uso, uso compartido, o provisión a terceras partes, sujetos a las condiciones de uso de las infraestructuras de red será definida en E).

Los "servicios competitivos" deberían incluir todos los servi­cios excepto los básicos explícitamente reservados para las A.A.T.T. (véase B).

D) Requisitos estrictos en relación a los estándares para la in­fraestructura de red y los servicios suministrados por las A.A.T.T. o proveedores de servicios de importancia compa­rable, en orden a mantener o crear una inter‑operabilidad total europea. Estos requisitos deben basarse en particular en las Directivas 83/189/EEC y 86/361/EEC, en la Decisión 87/ 95/EEC y en la Recomendación 86/659/EEC.

Los Estados miembros y la Comunidad deben asegurar y promover la provisión por las A.A.T.T, de comunicaciones eficaces en toda Europa y en el mundo, en particular en re­lación a aquellos servicios (sean reservados o competitivos) recomendados para su provisión en toda la Comunidad, se­gún la recomendación 86/659/EEC.

 

E) Definición clara por una Directiva Comunitaria de los requisi­tos generales impuestos por las A.A.T.T. a los proveedores de servicios competitivos para el uso de la red, incluyendo definiciones en relación a la provisión de infraestructuras de red.

Esta debe incluir obligaciones claras de interconexión y ac­ceso por las A.A.T.T. para los proveedores de servicios transfronteras, en orden a prevenir infracciones del tratado. Debe alcanzarse un consenso sobre estándares, frecuencias y principios tardarios, en orden a convenir las condiciones generales impuestas por los proveedores de servicios en el sector competitivo. Detalles de esta Directiva de Provisión de Red Abierta (ONP) deben ser preparadas en consulta con los Estados miembros, las A.A.T.T, y las otras partes im­plicadas, en el marco del Grupo de Oficiales Senior en Tele­comunicaciones (SOG‑T).

F) Provisión libre (sin restricciones) de equipos terminales den­tro de los Estados miembros (en competencia con las A.A.T.T.), sujeto a una aprobación tipo y compatible con las obligaciones del Tratado y Directivas existentes. La provi­sión del primer aparato telefónico (convencional) se puede excluir de la provisión sin restricciones en una base tempo­ral.

Las estaciones terrenas únicamente receptoras (ROES) para las vías descendentes del satélite deben ser asimiladas a equipos terminales y estar solo sujetas a homologación.

G) Separación de las actividades operativas y regulatorias de las A.A.T.T. Las actividades regulatorias conciernen en parti­cular a las licencias, control de la homologación y especifica­ciones de interface, distribución de frecuencias y vigilancia general de las condiciones de uso de la red.

H) Estricta revisión continua de las actividades operativas (co­merciales) de las A.A.T.T., de acuerdo a los artículos 85, 86 y 90 del Tratado de la CEE. Esto se aplica en particular a las prácticas de subsidios cruzados entre actividades en el sec­tor de servicios competitivos y de las actividades en manu­factura.

I) Estricta revisión continua de todos los proveedores privados en los nuevos sectores abiertos, de acuerdo a los artículos 85 y 86, para evitar los abusos de posiciones dominantes.

J) Aplicación plena de la política comercial común comunitaria a las telecomunicaciones. Notificación por las A.A.T.T. bajo la Regulación 17/62 de todos los acuerdos entre ellos o con ter­ceros países, las cuales puedan afectar la competencia den­tro de la Comunidad. Provisión de información en la exten­sión requerida por la Comunidad, en orden a crear una posi­ción consistente comunitaria para las negociaciones del GATT y sus relaciones con terceros países.