EDITORIAL

 

La política gubernamental de investigación y desarrollo

 

Recientemente el Consejo de Mi­nistros ha aprobado el Plan Na­cional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en adelante PNI+D, que dirigirá los destinos del I+D de nuestro país en los próximos cuatro años.

El PNI+D surge como desarrollo de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, más conocida como Ley de la Ciencia, aprobada en 1986. Como es natural, el Plan tiene las virtudes y adolece de las carencias de la Ley.

Se ha dicho, y se ha dicho bien, que la virtud fundamental de la Ley de la Cien­cia ha sido la de proporcionar un marco legal moderno a los distintos actores invo­lucrados en la aventura de la Ciencia y la Tecnología. Con este Plan, las Universida­des, los Organismos Públicos de Investi­gación (OPIS) y las Empresas tendrán, por primera vez en la historia de este país, la oportunidad de conocer con cua­tro años de antelación las líneas priorita­rias de I+D, los recursos destinados y los mecanismos para acceder a éstos. Un gran logro sin duda, pues quizás podamos empezar a hablar de una política cohe­rente de I+D con unos objetivos, aunque confusos y de corto plazo, y unos medios, aunque limitados, para cumplirlos.

En los países tecnológicamente más avanzados, la política de I+D forma parte de un grupo de políticas estratégicas, como Defensa, Exterior y Educación. Son por definición políticas de largo plazo, que exigen un consenso nacional básico sobre unas líneas maestras de actuación. Sólo la tenacidad, por encima de mudan­za de gobierno y protagonismos persona­les, asegura el éxito.

En este sentido, el PNI+D tiene la mo­destia y trascendencia de los primeros pasos. Esperemos que sirva de experien­cia piloto y laboratorio de ensayo para abordar metas más ambiciosas.

Señalada la parte más positiva del PNI+D, debemos ser bastante más críti­cos respecto de los avances en contra de males estructurales del sistema Ciencia­Tecnología‑Industria de este país, males que resumiría en tres, a saber:

 

a) La insuficiencia de los recursos destinados a I+D

 

Un estudio comparativo entre los países de la CEE realizado en 1983 mostraba que habría que cuatriplicar el presupues­to y el número de investigadores y técni­co para alcanzar el esfuerzo medio que realiza Europa en I+D.

Aunque reconozcamos el esfuerzo rea­lizado en estos últimos años, en que se ha pasado de 0,35 por ciento de PIB en 1972 al 0,72 por ciento en 1987, estamos muy lejos de alcanzar la cifra necesaria, prác­ticamente seguimos en términos relativos como en 1983.

 

b) La `peculiar" estructura de los agentes ejecutores del I+D

 

Cuando se compara la participación de los distintos agentes involucrados en el I+D, Universidades, OPIS y Empresas, con el perfil de los países más industriali­zados, nuestro país destaca inmediata­mente por dos hechos: la escasa partici­pación de la Empresa y el lugar de privi­legio de los OPIS.

Hay que reconocer los esfuerzos de la Administración socialista por favorecer la participación de la Empresa en el I+D y las acciones para dinamizar la investiga­ción en la Universidad y en los OPIS (sobre todo en el CSIC). Sin embargo, pare­ce difícil arrojar el lastre burocrático de esta peculiar organización.

Una buena muestra de esta situación es el PNI+D. Junto a los 23 programas nacio­nales más o menos competitivos, los pla­nes sectoriales, destinados en gran medi­da al mantenimiento de estas estructuras, se llevan una cuota importante de los re­cursos.

 

c) La dispersión de las actividades de I+D entre los distintos Ministerios y las dificultades de coordinación

 

Es conocido que las competencias en I+D se reparten entre nueve departa­mentos ministeriales, con las consiguien­tes dificultades de coordinación. Mientras en otros países de nuestro entorno, como Francia y Alemania, existen Ministerios de Investigación y Tecnología, la Ley de la Ciencia otorga la función de planifica­ción y coordinación a una Comisión Inter­ministerial de Ciencia y Tecnología presi­dida por el titular de la cartera de Edu­cación y Ciencia.

El conflicto de intereses entre departa­mentos ministeriales dificulta la puesta en marcha de programas horizontales como pone de manifiesto el PNI+D, que sólo ha podido articular dos planes de este tipo: el de personal investigador y el de inter­conexión de recursos informáticos. ¿No hubiera sido interesante un programa ho­rizontal para el desarrollo de las Tecnolo­gías de la Información?

Con todo, y a pesar de las disfunciones estructurales señaladas, en mi opinión, el resultado final es positivo, sobre todo si lo comparamos con la situación anterior.

Sin embargo, no debe olvidarse que una política favorable de I+D no asegura que sus resultados se conviertan en "inno­vaciones" del sistema de producción de bienes y servicios. Si la política de I+D no se complementa con una política eco­nómica e industrial que favorezca la in­corporación de los desarrollos al sector productivo, el esfuerzo será inútil.

En este sentido resulta preocupante el giro de la política gubernamental sobre este tema en los últimos tiempos. Hemos pasado de la filosofía del "nicho tecnológi­co" a la del "socio tecnológico". Del apo­yo indiscriminado a las empresas que se comprometían al desarrollo de tecnología propia, al apoyo poco meditado de aquellas empresas que se comprometen a cooperar con un socio tecnológico eu­ropeo.

No cabe duda que nuestra incorpora­ción a la CEE exige la cooperación entre empresas de distintos países para abor­dar los grandes programas europeos de desarrollo tecnológico e industrial. Pero no es menos cierto que la deficiente tec­nología de la empresa española actual co­loca a ésta en una situación desfavorable en la negociación con los posibles socios europeos.

Es fácil caer en la tentación de repetir errores del pasado y convertir la empre­sa española en la fábrica de los desarro­llos realizados en otros países. Recuérdese el "esplendor" de esta política en los años 60 y sus consecuencias en los 70.

La "transferencia de tecnología" puede convertirse en una trampa si no se acom­paña de la defensa de la "tecnología pro­pia". La tentación de buscar a corto plazo un éxito rápido en política económica y unos balances positivos de las empresas puede pagarse muy caro a más largo plazo.

En definitiva, no debe olvidarse que el Sistema Ciencia‑Tecnología‑Industria de un país es un todo, y como tal debe tra­tarse si se desean alcanzar los objetivos propuestos.

 

Jorge Pérez Martínez