Sobre la televisión libre
Miguel
Ángel Toledano (*)
Diciembre de 1987 puede ser una fecha histórica para
los ciudadanos españoles. Será significativa si en ella alcanzamos al fin la
plenitud de derechos y libertades que la Constitución nos reconoce. En el
largo esfuerzo por lograr ser ciudadanos aún quedan dos rabos por desollar: la
libertad de expresión y el derecho de información. Y ni una ni otra resultan plenos en una sociedad moderna si el medio de
información y de expresión de mayor repercusión y alcance, la Televisión, permanece
en régimen de monopolio y en situación de dependencia. Así que las cámaras
legislativas españolas y más aún el Gobierno del Estado tienen ante sí la
oportunidad definitiva de que la larga, tortuosa y equívoca derrota de la
Televisión Libre rinda al fin en buen puerto.
No es probable que ello ocurra, pero sí posible. El
Proyecto de Ley de que se parte no facilita el optimismo. Más bien la
reticencia y el desánimo. Es tan miope la mirada que sobre el fenómeno de la Televisión
el Proyecto de Ley apunta, tan inmediato y corto el punto de vista que adopta
y tan limitado el vuelo que proyecta, que no sólo la realidad inminente e
ineludible de mañana queda sin consideración, sino que la perentoria necesidad
de hoy no encuentra satisfactoria solución.
La Televisión, para centenares de millones de
personas, es hoy el vehículo que les comunica con su entorno local, regional,
nacional y mundial. Y para esos millones de personas no constituye un cauce de
comunicación exclusivo, predeterminado por voluntades ajenas a la suya y
limitado por criterios unívocos, sino la oferta de interpretaciones múltiples,
de opciones plurales sobre las que poder discernir, de posiciones diferentes
sobre las que se puede elegir y en definitiva de opciones variadas entre las
que cabe encontrar la coincidencia personal o, con su conjunto, fabricar el
mosaico de la disidencia personal. Esto es hoy una realidad para cientos de
millones de hombres y mujeres, verdaderos ciudadanos del mundo.
La realidad española es más limitada. Se reduce a un
solo garbanzo, aquel náufrago solitario en desgrasado caldo que el dómine
Cabra ofrecía con encomiásticos alardes oratorios como suficiente satisfacción
al hambre lacerante de su pupilos. Con una televisión,
y paternalizada por los poderes políticos, hemos de
darnos por satisfechos.
El Proyecto de Ley que próximamente se debatirá en
el Congreso de los Diputados y en el Senado no contempla en su texto
respuestas suficientes que satisfagan el clamor social por una empresa televisiva
libre, abierta a criterios contrapuestos y sin otras limitaciones, disciplinas
y obediencias que las que la legislación general define. Ha sido moneda de
uso corriente, durante los últimos meses, en la radio y en la prensa, la crítica
pormenorizada al articulado del Proyecto de Ley de Televisión Privada. Se ha
puesto repetidamente de manifiesto su carácter reglamentista, su
administración cicatera de la libertad empresarial, los aspectos discriminatorios
hacia los grupos de comunicación que más han colaborado en el proceso
democrático de la sociedad española, su artesanal secretismo sobre el desarrollo
de la infraestructura técnica de la TV, su olvido de las modernas tecnologías,
etc.
No es hora ya sino de recordar que todas esas
críticas son certeras y que las defensas que desde la responsabilidad de la
redacción se han ejercido no hacen, por su endeblez y
convencionalidad, sino robustecer las posiciones
contrarias.
Así que la perspectiva con que se
contempla el fenómeno televisivo en España no es la natural, ni siquiera la
cónica o la caballera, sino la que peor refleja la realidad, la gnomónica (que
no en balde sirve para fabricar algo tan moderno como los relojes de sol) con
el punto de vista de la Administración.
Hasta hace poco tiempo las repetidas quejas de
empresarios y profesionales por una parte y de la insatisfecha audiencia por
otra no parecían merecerle al Gobierno más consideración que “el dulce lamentar de dos pastores”...
Pero algo indica que no ha sido del todo inútil el aluvión de opiniones contrarias al Proyecto de Ley.
Algunas manifestaciones recientes de altos cargos
hacen entrever una incipiente permeabilidad ante las sugerencias de
profesionales y de empresarios, así como una mayor receptividad ante la
voluntad social reflejada en los datos de encuestas y sondeos de opinión.
Si tal receptividad se demuestra y a la hora de
sancionar el texto definitivo no resulta un engañoso espejismo, se dispondrá de un marco legal donde la actividad de las
empresas televisivas pueda desarrollarse. Ello exige: libertad de organización,
plazos razonablemente largos en la licencia, capacidad de decidir los sistemas
de financiación, garantías de juego limpio en la competencia entre sociedades
públicas y privadas, razonable seguridad de arbitrajes justos por parte de los
órganos estatales, inexistencia de injerencias tutelares en cuanto a
producción y emisión de programas, igualdad en las condiciones de acceso al
mercado publicitario, posibilidad de pertenencia a organismos
internacionales, prioridad de las capacidades demostradas en el ámbito de la
empresa de comunicación... La enumeración de condiciones exigibles puede
hacerse más o menos detallada; pero al final, como en el texto catequético de Ripalda, todos
los preceptos se resumen en dos: posibilidad de que cada empresa de televisión
puede libremente interpretar cuáles son los deseos de su audiencia y que esa
audiencia sea quien únicamente sancione el acierto o el error de las programaciones
con su voto definitivo e indiscutible, sintonizar o no la emisión.
Si al español no se le va a permitir disponer de un
amplio menú, déjesele al menos que en la parva colación que se le ofrece sea él
quien decida qué legumbres quiere y no el quevedesco dómine gubernamental
quien le imponga alubia o garbanzo.
(*) Director de Coordinación Técnica de UNIVISION
(Grupo Zeta).