JORGE M.
REVERTE
La
definición del Audiovisual Público Integrado, lejos de
ser una aportación teórica abstracta para uso y abuso de comunicólogos, es una
de esas realizaciones prácticas al alcance de la mano de aquellos que,
teniendo en su mano los mecanismos políticos, estén realmente dotados de la
voluntad también política de construir un modelo fundamental para una sociedad
democrática como la española.
Durante los últimos años hemos asistido a lo que, en mi opinión, es un
perverso desplazamiento del debate sobre democracia y pluralismo en los medios
de comunicación. Se nos ha impuesto un terreno claramente desviado:
comunicación pública/comunicación privada. Acabada la transición (acabémosla de
una vez, por favor) podemos ya ir sin pasar por innecesarios sonrojos a hablar
de otras cosas; desde esa perspectiva, me permito despachar el asunto en pocas
líneas: los medios privados no resuelven la democratización ni resuelven el
pluralismo, más bien se limitan a reforzar la posibilidad de opciones
distintas, pero siempre sujetas a intereses particulares.
Vayamos pues a lo que ahora me interesa destacar: ¿Se resuelve
también de un plumazo la cuestión del pluralismo a través de la mera
descentralización (televisiones autonómicas) y de una cierta manga ancha con
las emisoras de radio municipales? El atento lector, al advertir el tono de la
pregunta, adivinará que la respuesta es no. Razones: la democracia, los
sistemas de participación, no se garantizan por sistemas estructurales, sino
por mecanismos de ejercicio concretos y sometidos a control por los agentes
sociales.
Esto es cualquier cosa menos una teorización
en el aire (cuidado: las teorizaciones
son muy valiosas). El problema en nuestro país es que hay mucha gente que se
cree lo de la democracia pero se resiste a ella
porque da trabajo. Crear un medio de comunicación que dé una información veraz,
contrastada, objetiva en lo posible, no es demasiado difícil y tampoco son
difíciles los medios de control. Lo difícil es cuando hay que plantearse lo de
la participación que, en el fondo, es lo de la democratización y el pluralismo
en términos serios.
Surge entonces algo que parece poder solventarse mediante el recurso
del derecho de acceso, y por eso parece que lo podamos despachar con unos
cuantos minutos para los gitanos (el ejemplo no es casual: son casi los únicos
representantes de minorías que hacen uso de ello). Y
nos conformamos: tres minutos al día para negros del Maresme,
vecinos de Orcasitas y madres de presidiarios. Está
bien. ¿Se acaba ahí? Eso es el Defensor del Pueblo puesto por un cura jesuita
en cada medio. Vamos en serio: el derecho de acceso no es sólo una cuestión
para apaleados, debe ser un mecanismo social normalizado y que afecte también
a cuestiones no reivindicativas, sino también y esencialmente creativas y de
iniciativa social.
El modelo que se propone desde hace un año para la Comunidad de Madrid
en cuanto a la ligazón de una serie de mecanismos de comunicación, su
interrelación, su capacidad de intervención desprovista de paternalismo, está
en esa dirección. Y se comprueba que, no sin sorpresa, tal propuesta no es sólo
democrática sino también racionalizadora.
Ese modelo es el de la cadena de emisoras municipales y se basa en un pacto muy
sencillo: la emisora de la Comunidad proporciona una programación de 24 horas a
todas las emisoras municipales asociadas, éstas, a su vez, desarrollan su
programación propia local en función de sus capacidades y sólo se obligan a
conectar en los informativos de la emisora “madre” para añadir, al final de
los mismos, su propio informativo local. Además, se crea un espacio de emisión
en cadena elaborado cada vez por una de las emisoras sin control ni limitación
de contenidos, y una interrelación informativa en todo aquello que afecte a
los ámbitos local y regional. Todo ello, dentro de un marco de autodisciplina
en cuanto a utilización de frecuencias y potencias que evita la “guerra de las
ondas” conocida en otras comunidades y practicada con entusiasmo por las emisoras
privadas.
El ejemplo no es una experiencia aislable: la producción de vídeos de
manera “integrada” (lo que no se refiere más que a información mutua y
coordinada de esfuerzos) y la posibilidad de incorporar a la experiencia
televisiva (si se produce la misma) no son utopías. La incorporación de un
derecho de acceso a la programación de televisión en los mismos términos sólo
está limitada por la capacidad técnica de quienes hayan de ejercer el mismo.
Entonces nos encontramos con alguna limitación: es cierto. Pero cabe preguntarse
si es descabellado pensar en cuatro o cinco centros de producción audiovisuales
en una Comunidad como la madrileña que reúnan a
multitud de municipios a su alrededor.
Está claro que las cosas no surgen de la nada y que a nadie se le
regala tampoco nada. Pero, si existe el mecanismo, y éste es eficiente, sólo
queda por llenar una cuadrícula del crucigrama: a los grupos sociales,
asociaciones que se organizan en torno a iniciativas
y organismos de carácter municipal les compete la responsabilidad de exigir y
conseguir aquello que está a su alcance. Las iniciativas de participación, los
modelos, no sirven de nada si la sociedad no está viva y es capaz de
autoorganizarse. La carretera está hecha. Queda que cada uno se
busque el coche o lo alquile. Y los gobiernos de izquierda no deben ser
hermanitas de la caridad, sino canalizadores de los impulsos sociales.
Moraleja: si no hay una comunicación más democrática es porque no se
quiere. Caminos hay. Están inventados.