El marco legislativo de los terceros canales

 

Elisabet García, Mana Gutiérrez

 

Las previsiones legislativas de cada Comunidad Autónoma sobre sus canales televisivos resul­tan elocuentes del complicado proceso legal y político seguido. Pero la legislación comparada de sus aspectos claves de gestión y funcionamiento muestran también importantes diferencias. Unos Estatutos de radio y televisión son más democratizadores, otros resultan regresivos en este aspecto.

 

El día 26 de Diciembre de 1984, el Consejo de Ministros legali­zaba TV‑3, el tercer canal de Cataluña, que llevaba funcio­nando de forma regular desde el 16 de Enero del mismo año y cuya Ley de creación del Ente público se había aprobado antes de que se elaborara una Ley reguladora sobre el tema. Aunque el Estatuto de la Radio y la Televisión presentaba las normas básicas de este nuevo canal, el Gobierno tardó cuatro años en elabo­rar un marco legislativo para el desarrollo de los proyectos que cada Comunidad había o no constatado en sus respectivos Estatutos de Au­tonomía.

El desfase entre lo cotidiano y la ley que lo debe regular coloca en diferentes condiciones la discusión de su normalización legislativa por­que, por una parte, no puede negarse la evi­dencia de lo existente y, por otra, se le debe procurar unos márgenes de actuación que evi­ten efectos contradictorios al espíritu del cuer­po legislativo. Así cuando se aprueba la Ley re­guladora del tercer canal, TV‑3 de Cataluña ya había iniciado sus emisiones experimentales.

El artículo segundo del Estatuto jurídico de la RTV hace referencia al “tercer canal regional” y no al tercer canal autonómico. Dado que son las Comunidades Autónomas quienes lo tienen que desarrollar, parecería este último el término más correcto, pues no tiene las mismas conno­taciones que “regional”, sobre todo para aque­llas Comunidades con fuertes sentimientos na­cionalistas.

En el momento en que se discutía en el Par­lamento el Estatuto jurídico de la Radio y la Televisión, Euskadi y Cataluña elaboraban sus Es­tatutos de Autonomía que se publicaron incluso semanas antes en el Boletín Oficial del Estado. El legislador trató de establecer un marco para estos modelos de televisión que ya se apunta­ban en las legislaciones autonómicas. El ajustar­se a ellas evitaba un vacío que hubiese com­portado una revisión del Estatuto de la RTV para adecuarse a las necesidades y sugeren­cias de los distintos Gobiernos de las Comuni­dades.

Según la Ley marco, el tercer canal se man­tendrá dentro de las siguientes disposiciones:

           

            a) La concesión corresponde al Gobierno central, previa autorización por Ley de las Cortes Genera­les.

b) La gestión debe ser directa, descartándose las fórmulas de concesión u otras de gestión por ter­ceros.

c) Cada Comunidad Autónoma tendrá tan sólo un tercer canal.

d) La titularidad será estatal.

            e) Se crearán tres órganos para la organización de los Organismos públicos autonómicos, que se co­rresponderán a los del Ente RTVE. Estos son: Consejo de Administración, Consejo Asesor y Di­rector General.

            f) El control se ejercerá mediante una Comisión creada en el Parlamento u órgano legislativo de cada Comunidad.

g) El Gobierno central tiene la potestad de atribuir frecuencias y potencias.

 

LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA

 

La situación de las televisiones autonómicas es en estos momentos muy diversa: Euskadi ha optado por la vía del cuarto canal; en Cataluña el tercer canal lleva funcionando más de un año; Madrid, Galicia y Valencia cuentan con sen­das Leyes aprobadas por los respectivos Parla­mentos y preparan el inicio de sus emisiones; Andalucía ha abandonado el proyecto inicial alegando que exigía una inversión económica muy fuerte sin relación directa con los resulta­dos obtenidos; Aragón, Navarra, Murcia y Ba­leares se han cuestionado el tema, mientras en el resto de las Comunidades no parece existir inquietud al respecto.

Ante nosotros, pues, aparece un mapa auto­nómico muy diverso por lo que a televisión se refiere, fruto sin duda de las necesidades socia­les y políticas de cada Comunidad y producto de unos condicionantes económicos y diversos planteamientos frente al tema.

De hecho, los distintos Estatutos de Autono­mía al establecer sus competencias en materia de medios de comunicación, ya dejaban entre­ver la realidad actual por lo que a televisión se refiere.

Así el Estatuto del País Vasco se redactaba con ambigüedad suficiente para poder optar por la vía del cuarto canal. Las Comunidades con lengua propia como Cataluña, Galicia, Va­lencia, Navarra y Baleares ponían gran énfasis en su derecho a “regular, crear y mantener su propia televisión”. Igual obraban Canarias y An­dalucía, Comunidades con unas peculiaridades muy específicas dentro del ámbito castellano­hablante. Algunas de dichas Comunidades ‑concretamente Cataluña, Galicia, Valencia, Andalucía y Navarra‑, junto con Aragón estable­cían además en una disposición transistoria la existencia de una programación específica para su Comunidad que debía ser emitida por TVE a través de su segunda cadena en tanto no entra­ra en funcionamiento el nuevo canal de televi­sión. El coste de dicha programación debería servir de base para determinar la subvención que pudiera concederse a la Comunidad.

Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia y Casti­lla‑La Mancha no hacen mención expresa al tercer canal, limitándose a establecer que la Comunidad “ejercerá todas las potestades y competencias que le corresponden en los tér­minos y casos establecidos en la Ley regulado­ra del Estatuto jurídico de Radiotelevisión”. Se da la circunstancia de que de entre estas Co­munidades, sólo Murcia parece haberse plan­teado la posibilidad de poner en marcha su ca­nal autonómico.

Los Estatutos de Extremadura, Castilla‑León y Madrid recogen inicialmente una redacción si­milar a la anterior, pero incluyen en su articula­do una disposición transitoria donde sí se hace referencia a la concesión del tercer canal.

La revisión de los Estatutos de Autonomía re­sulta fundamental para entender que Comuni­dades como Baleares y Valencia se planteen la posibilidad de recibir las emisiones de TV‑3, o que Navarra esté interesada en captar la señal de EuskalTelebista. Así, la disposición adicio­nal segunda del Estatuto balear dispone que “por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas”, además de los vínculos que puedan establecerse entre las instituciones de aquellas Comunidades, la Co­munidad Autónoma de las Islas Baleares podrá solicitar del Gobierno de la Nación y de las Cortes Generales los convenios de cooperación y relación que se consideren oportunos con el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico co­mún, así como llevar a término la comunicación cultural entre aquellas Comunidades”.

De igual forma la disposición adicional quinta del Estatuto catalán afirma que “se facilitará la comunicación cultural con otras Comunidades autónomas y provincias, prestando especial atención a todas aquellas con las que Cataluña hubiese tenido particulares vínculos históricos, culturales o comerciales”.

En Valencia la posibilidad de establecer la­zos con otras Comunidades queda recogida en la propia Ley de creación del Ente público ‑como veremos más adelante‑ y también en el artículo 42 del Estatuto: “La Generalidad Valenciana podrá celebrar convenios de colabora­ción para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, tanto con el Estado como con otras Comunidades Autónomas”.

Finalmente, “Navarra podrá celebrar Conve­nios con la Comunidad Autónoma del País Vas­co y con las demás Comunidades Autónomas li­mítrofes para la gestión y prestación de servi­cios propios correspondientes a las materias de su competencia” (art. 70), y el País Vasco: “...po­drá celebrar convenios con otro Territorio His­tórico foral para la gestión y prestación de ser­vicios propios correspondientes a las materias de su competencia, siendo necesaria su comu­nicación a las Cortes Generales”. (art. 22,2). Al respecto hay que recordar el contenido del ar­tículo segundo del Estatuto del País Vasco don­de se establece que:

1) Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Na­varra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2) El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedará integrado por los Te­rritorios Históricos que coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Nava­rra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedi­miento establecido en la disposición transito­ria cuarta de la Constitución.”

Una cuestión que nos parece importante valo­rar aquí es la de hasta qué punto el mapa auto­nómico podrá ser completado algún día, al mar­gen del interés más o menos manifiesto de cada Comunidad en sus Estatutos de Autono­mía. Sin entrar en valoraciones políticas y sin ningún intento por nuestra parte de profetizar sobre el futuro, creemos que hay un factor muy importante a tener en cuenta: después de cinco años de entrada en vigor del Estatuto de la Ra­dio y la Televisión, en algunas Autonomías no cuentan todavía con la programación regional mínima ‑precepto establecido en dicha Ley‑, a la vez que siguen existiendo zonas del territorio nacional donde no existe la infraestructura ade­cuada para recibir la primera y la segunda ca­dena de TVE, al no haberse aprobado el Plan Nacional de cobertura que preveía la Ley de terceros canales. Para las Comunidades econó­micamente débiles, ¿tiene sentido iniciar la aventura del tercer canal si no se conocen la primera y la segunda cadena ni los programas nacionales.

 

APROXIMACION A LA LEY REGULADORA DEL TERCER CANAL

 

Ante la necesidad de desarrollar y concretar lo establecido en el Estatuto de la Radio y la Televisión para las televisiones autonómicas, aparece cuatro años más tarde la Ley regulado­ra del tercer canal de televisión. (BOE 5 enero 1984). Debido a la contundencia del Estatuto de RTVE sobre los principios que debían guiar las televisiones autonómicas, esta Ley de terceros canales no presenta demasiadas innovaciones. Por el contrario, se limita a reglamentar cuestio­nes como la gestión, los trámites para la conce­sión, los presupuestos y financiación y la utiliza­ción de la red, a la vez que establece la regula­ción de posibles aspectos conflictivos en el campo de la programación y lengua, restrin­giendo en algunos momentos la capacidad de acción y decisión de las televisiones autónomas.

Por lo que se refiere a la concesión, la Ley prevé que las Comunidades Autónomas intere­sadas en gestionar un tercer canal de televisión deberán elaborar una Ley de creación del Ente encargado de explotar de forma coherente la televisión ‑atendiendo a las necesidades y ho­rarios de cada comunidad‑, regulando paralela­mente su organización y control parlamentario. El siguiente paso corre a cargo del Gobierno autónomo, quien debe solicitar al Gobierno central la concesión de la gestión directa del tercer canal. Una vez cumplidos estos requisi­tos, se constituirá una Comisión Mixta compues­ta por cuatro miembros del Ente Público RTVE y cuatro miembros de la Sociedad gestora del tercer canal con el fin de fijar los ritmos de es­tablecimiento de cada red y resolver los pro­blemas técnicos que pudieran plantearse.

La gestión de los terceros canales deberá realizarse por una sociedad anónima. El capital de dicha Sociedad y de las Sociedades que, en su caso, se constituyan deberá ser público en su totalidad y suscrito íntegramente por la Co­munidad Autónoma.

La financiación del tercer canal se llevará a cabo mediante subvenciones consignadas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, la comercialización y la participación en el merca­do de la publicidad.

El estado debe proporcionar la infraestructu­ra técnica que garantice la cobertura geográfi­ca del origen de la demanda, estando obligado el organismo de gestión del canal autonómico a abonar un canon anual al Estado por la utiliza­ción de la red.

La primera de las limitaciones impuestas a los canales autonómicos por la Ley del tercer canal es la obligatoriedad de transmitir por vía hertziana, negando el uso del cable y los satéli­tes. Este es uno de los temas que no se había previsto específicamente en el Estatuto de RTVE pero que el legislador decidió incluir en esta ocasión, tal vez en un intento de acotar al máximo la explotación del tercer canal para faci­litar así su control.

Por lo que se refiere a los principios que de­ben guiar la programación de los terceros ca­nales, sorprende que no figure ninguna referen­cia explícita a la necesidad de respetar los dis­tintos Estatutos de Autonomía. Después de todo, no puede olvidarse que los miembros de las Comunidades Autónomas tienen, en cuanto ta­les, una serie de derechos y deberes y parece lógico que éstos queden recogidos de alguna forma.

Esta falta de atención al carácter autonómico de las Comunidades aparece de nuevo cuando la Ley recoge la obligatoriedad de emitir en lengua castellana los comunicados oficiales que el Gobierno considere oportunos. Resulta para­dójico, de una parte, que la Ley no faculte a los Gobiernos autónomos para emitir sus propios co­municados en igualdad de derechos y, por otra, que se imponga el uso de la lengua oficial del Estado, cuando en ninguno de los artículos y disposiciones que constituyen la Ley se con­templa la necesidad de defender y promocio­nar la lengua propia de cada Comunidad. Las únicas referencias a las lenguas autóctonas apa­recen cuando se trata de estructurar la concu­rrencia para la adquisición de programas y la emisión de acontecimientos deportivos interna­cionales entre las Sociedades concesionarias del tercer canal y el Ente Público RTVE. Dichas referencias se traducen en la obligatoriedad para las nacionalidades bilingües de emitir en lengua propia.

En el campo de la transmisión y adquisición de programas, la Ley prevé la posibilidad de establecer convenios entre RTVE y los Entes autónomos, así como estos Organismos autonó­micos entre sí. La primacía de RTVE en los ca­sos conflictivos resulta evidente pues la Ley le adjudica la “prioridad en la retransmisión, en di­recto, de las competiciones o acontecimientos deportivos de ámbito internacional”, a la vez que impide que las sociedades gestoras del tercer canal contraten en exclusiva aconteci­mientos de interés nacional.

 

CATALUÑA: UNA LEY SIN MARCO

 

El 30 de mayo de 1983, el Parlamento de Cataluña aprobaba la Ley de creación del en­te público “Corporación Catalana de Radio y Televisión” y de regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad de Cataluña. Dado que en aquellos momentos el único texto legal sobre la materia que se ha­llaba en vigor era el Estatuto de la Radio y la Televisión, la Ley autonómica aplica y concreta lo dispuesto en aquella Ley, entrando en con­tradicción en algunos casos con lo que des­pués será la Ley de regulación del tercer ca­nal.

Esta inversión de lo que teóricamente debe­ría ser el proceso a seguir para la obtención de una televisión autonómica, se repite unos meses más tarde cuando TV‑3 decide iniciar sus emisiones regulares, sin esperar el Decre­to que concediese a la Generalidad la gestión del tercer canal, decreto que llegaría el 26 de diciembre de 1984. Esto llevará a la emisora autonómica a proveerse de su propia infraes­tructura ya que legalmente habrá que arbitrar “el procedimiento de adecuación de la red ins­talada por aquélla a lo previsto en la Ley 46/ 1983, y en los términos del Plan Nacional de Cobertura del Tercer Canal”, “... para la efecti­va cesión al Estado de las instalaciones que procedan”.

La primera de las contradicciones entre la Ley de creación de la CCRTV y la Ley del tercer canal surge respecto al tema del cable. Así, la Ley elaborada por el Parlamento de Cataluña define qué es “televisión” en base al Estatuto de RTVE que contempla la transmisión por ondas y cable, mientras que la Ley de ter­ceros canales limita el uso de éste y de los sa­télites a RTVE.

En el capítulo de gestión, la Ley de la CC RTV coincide con la mayoría de las Leyes estudiadas aquí (la única discrepancia en este punto, como veremos, la presenta la Ley apro­bada por el Parlamento Gallego).

Por lo que afecta a la organización, en el seno de la Corporación se constituyen tres ór­ganos: Consejo de Administración, Consejo Asesor y Dirección General, tal como era pre­ceptivo en la Ley marco. Pero, así como otras Leyes, aún ajustándose a esta estructura ina­movible, le confieren sus peculiaridades, la Ley catalana resulta ser la más fiel al modelo original.

El Consejo de Administración consta también de doce miembros elegidos por los 2/3 de los parlamentarios catalanes. Sus competencias coinciden en trece puntos y difieren en otros dos. De una parte se excluye de las atribucio­nes del Consejo autonómico el deber de “infor­mar los proyectos de disposición que se pro­ponga dictar el Gobierno en materia de publici­dad”, a la vez que se incluye la necesidad de conocer periódicamente la gestión presupues­taria y emitir su parecer al respecto. Un segun­do punto de divergencia viene dado por la ma­yoría necesaria para aprobar el régimen de re­tribuciones del personal del Ente y sus Socie­dades para la que Cataluña exige una mayoría simple y no los 2/3 requeridos en el Estatuto de RTVE. Siguiendo en la línea de señalar las pe­queñas desigualdades entre ambas Leyes ha­brá que apuntar que en la Ley marco no se es­tablece la asiduidad con que deben celebrarse las reuniones del Consejo ni tampoco se con­creta tanto la figura de su presidente, aunque en ambos casos sea éste un cargo puramente funcional.

Respecto a la composición del Consejo Ase­sor y sus atribuciones, en la Ley autonómica catalana se sigue lo dispuesto en el Estatuto para RTVE, de tal forma que se crea un Con­sejo Asesor cuyas funciones quedan también limitadas a “emitir opinión o dictamen cuan­do sea requerido expresamente por el Consejo de Administración y, en todo caso, cuando se trate de las competencias referidas a progra­mación” atribuidas al Consejo de Administra­ción.

El Director General plenipotenciario de RTVE tiene una directa correspondencia con el de la CCRTV, aunque minucioso cotejo de ambas Leyes nos permite apreciar en la se­gunda un mayor rigor a la hora de establecer las incompatibilidades a que se halla sujeto. En realidad se trata de intentar cubrir los hue­cos del Estatuto en lo que a este tema se re­fiere, puesto que, inexplicablemente, las vin­culaciones con entidades públicas y privadas de medios de comunicación y el ejercicio de un cargo en la Administración o cualquier otro de elección popular, al no ser citados explíci­tamente en el Estatuto, parecían quedar al margen.

El nombramiento del Director General de ambos Entes corresponde al Gobierno “oído” el Consejo de Administración, en un caso, y al Con­sejo Ejecutivo de la Generalidad “previa consul­te” al Consejo de Administración, en otro. El papel del Consejo Asesor en este nombramiento es nulo completamente y el del Consejo de Ad­ministración resulta más bien escaso si tenemos en cuenta que a otros les es dado “proponer” dicho nombramiento. La regulación del cese del Director General se establece en parecidos términos a los de su elección: el Consejo Ejecu­tivo de la Generalidad puede cesarlo por inicia­tiva propia, oído el Consejo de Administración, y atendiendo a una serie de causas que marca la Ley, a la vez que puede hacerlo a propuesta de 2/3 de los miembros del Consejo fundada en las mismas causas.

Antes de pasar a analizar los capítulos dedi­cados a la programación y lengua, queremos referirnos al control parlamentario, indicando que en la Ley que nos ocupa se prevé que di­cho control se ejerza también sobre el Ente y no únicamente sobre las empresas filiales (tal es el caso del Ente RTVE que queda eximido de dicho control).

El Estatuto de RTVE no entraba para nada en las líneas de programación que debían seguir las televisiones autonómicas ni tampoco se pro­nunciaba respecto al tema de la lengua. Sin em­bargo, como hemos visto, la Ley de regulación del tercer canal sí marcaba unas directrices respecto a la primera cuestión a la vez que se refería a la segunda en casos muy puntuales. Si recordamos lo apuntado más arriba, esta Ley no recogía ninguna referencia a la obligatoriedad de respetar los preceptos de los Estatutos de Autonomía ni se pronunciaba respecto a la ne­cesidad de promocionar la lengua y cultura au­tónomas. Tampoco preveía la posibilidad de que los Gobiernos de las distintas nacionalida­des emitieran sus comunicados.

No es este el caso de la Ley de la CCRTV que se ocupa de los tres aspectos. Establece también que el Consejo de Administración de­berá redactar unos principios específicos refe­ridos a las diversas emisiones que tengan cabi­da en un día de programación: musicales, infor­mativos, etc; parece más abierto que la Ley mar­co al regular el acceso a los medios de los gru­pos sociales y políticos más significativos, aten­diendo a su implantación Política, social y cultu­ral; y finalmente, olvida en su articulado refe­rencia alguna a la necesidad de diferenciar in­formaciones y opiniones e identificar a quienes opinan, lo que sí queda bien claro en las dos Leyes de ámbito estatal. Otras dos omisiones que queremos destacar, afectan por una parte al bilingüismo y por otra a la lengua de emisión. Esta se sobreentiende.

 

LA POTENCIACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

 

La primera Ley de creación de una entidad gestionadora de los servicios públicos de una Comunidad Autónoma tras la aprobación de la Ley reguladora del tercer canal se elabora en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El 30 de junio de 1984, la Asamblea de dicha Comunidad aprobaba el texto de “creación, organización y control parlamentario del Ente público Radio Televisión Madrid.” En sí se respetan los princi­pios de organización, gestión y control parla­mentario de los servicios públicos en los térmi­nos que expresa el Estatuto de la RTV. En cam­bio, encontramos algunas puntualizaciones en el texto que, según su preámbulo, son fruto del deseo de adaptar la macro‑Ley a una Comuni­dad Autónoma, cuyo ente más localista dado su ámbito de actuación, se mueve en otras coorde­nadas.

Desde este texto legal, se constituye un solo Consejo Asesor y el control sobre el Director general aumenta, al estar sometido a una mayor vigilancia por parte del Consejo de Administra­ción a cuyas sesiones asiste con voz pero sin voto. Es este órgano quien propone, una vez oído el Consejo Asesor, el nombramiento y cese del Director general. En el primer caso, la proposición aprobada por mayoría absoluta se comunica al Consejo de Gobierno y, en el se­gundo, obtenidos los 2/3 como forma más con­sensuada de decisión, pasa a la ratificación de la Asamblea del Pueblo de Madrid. Esta Ley es la primera de las hasta ahora estudiadas que concede un papel participativo al órgano legis­lativo de la Comunidad. También los Adminis­tradores únicos, en definitiva directores de las Sociedades, pueden ser cesados por el mismo Consejo de Administración que los nombró a propuesta del Director general.

Por otra parte, el Consejo debe estar entera­do de los pormenores que acontezcan en el caso de que el Director general, o en su defec­to una persona delegada, deba representar en juicio los intereses del Ente. La Ley no entra en consideraciones acerca del funcionamiento in­terno de dicho Consejo que el mismo estable­cerá. En cambio sí señala los procedimientos para convocar sesiones extraordinarias con ca­rácter de urgencia. Esta reunión se celebrará a criterio de la presidencia, cuando la soliciten un tercio de los Vocales, la totalidad de los pro­puestos por un Grupo Parlamentario o el Director general. Este abanico de posibilidades no se presentaba en la CRTV ni en las posteriores, donde sólo una solicitud de la mitad de los miembros era válida para organizar tal sesión.

Entre las competencias de este órgano desta­camos una de las que no ha aparecido en las Leyes aprobadas hasta entonces y que concede una singular atención a la información. Los nue­ve miembros del Consejo de Administración han de aprobar y promulgar “el estatuto de re­dacción de los programas informativos”, que nada tiene que ver con los principios básicos de programación donde se explicita la separa­ción entre información y opinión, acompañada esta última de la obligación de identificar a las personas que la sustentan.

Otra competencia novedosa es la constitución de la junta general de las Sociedades que, en principio, son dos: la de radio y la de televisión. Hasta ahora no había aparecido esta figura de la que desconocemos sus características y sus funciones dentro del organigrama del Ente. Una omisión entre las competencias es la del papel del Consejo en el caso del derecho de rectifi­cación, ya que la Ley remite a las normas gene­rales que rigen la materia y no se lo plantea en­tre sus artículos.

El Director del Ente está sometido a una se­rie de incompatibilidades que afectan al Conse­jo de Administración y los Directores de las So­ciedades. Una revisión detallada de todas ellas nos lleva a la conclusión de que el desempeño de cualquier función en la Administración cen­tral, autonómica o municipal, en principio es compatible con el cargo. Es un tanto extraño que la Ley prevea toda una larga lista de em­presas que pueden convertir en incompatible a un Director General vinculado directa o indi­rectamente a ellas y que, en cambio, no con­temple el ejercicio de algún cargo público como impedimento para desempeñar sus fun­ciones.

La restricción de las facultades del Director general, como hemos visto, comporta una ma­yor actuación del Consejo de Administración y, al tiempo, una potenciación del Consejo Asesor que cuenta con una gran representatividad de entidades sociales, políticas y juveniles de la Comunidad y que alcanza el número más alto de miembros de los hasta ahora vistos. El núme­ro de componentes de este Consejo frente a los de los otros Organismos autónomos es una ra­zón para entender su incidencia en el quehacer diario de la organización. del Ente Radio‑Televi­sión Madrid.

El control parlamentario se diseña de dife­rente manera desde el momento en que la Co­misión que debe ejercerlo, en principio no es de la Asamblea sino de Presidencia y Goberna­ción. Se prevé la posible creación de una “Co­misión de Medios de Comunicación Social” que acabaría ejerciendo estas funciones.

 

LA COMUNIDAD VALENCIANA, CAMINO DE LA FEDERACION

 

El 4 de julio de 1984 las Cortes Valencianas aprobaron la Ley de creación de la entidad pú­blica “RTVV” y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad Va­lenciana. La elaboración de este texto tuvo al­gún que otro inconveniente y aún cercana la realidad de “Tele‑Valencia” algunos medios de comunicación han seguido hablando de la para­lización de este tercer canal y su reconversión en una potenciación del centro regional de TVE, Aitana.

Desde la Dirección General de Medios de Comunicación dependiente del Gobierno Autó­nomo se considera perfectamente compatible la convivencia de la televisión regional y el tercer canal. Así, el plan continúa desarrollándose dentro del marco legislativo apoyado además por el presupuesto aprobado por las Cortes Va­lencianas a finales del pasado año. La cantidad destinada a cubrir los gastos de “Tele‑Valencia” durante tres años asciende a 2.500 millones de pesetas que se repartirán de forma proporcio­nal hasta 1987.

La red de emisores, enlaces y reemisores que garanticen la cobertura del territorio es el principal problema con que se encuentra esta Comunidad, ya que todavía no se ha aprobado el Plan Nacional de cobertura del tercer canal. Esto se traduce bien en una mayor dotación económica desde la Generalidad para crear su propia infraestructura, o bien en una espera es­tipulada por la legalidad. Parece ser que se ha optado por la primera de estas dos alternativas.

Según la Ley reguladora del tercer canal la utilización del cable para emitir y recibir seña­les era exclusiva para RTVE. Sin embargo, la Ley de Radio Televisión Valenciana prevé en uno de sus artículos la creación de empresas fi­liales dedicadas al cable aunque, en ningún momento, se plantea la utilización de este siste­ma en sus transmisiones. Dado que tampoco la niega, puede intuirse que en base a esta omisión la Entidad podría hacer uso de esta vía al­gún día. Quizás esta suposición motivó al Presi­dente del Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal competen­te falló a su favor.

Este no es el caso de la Corporación Catala­na de Radio y Televisión que al definir “radiodi­fusión” y “televisión” lo hace en los mismos tér­minos que el Estatuto de RTV, es decir, hace mención al cable aunque no señala posterior­mente la posible creación de una empresa del ramo. Recordemos que esta Ley es anterior a la Ley reguladora del tercer canal y que hace unos meses se ha legalizado TV‑3, por tanto, es factible que una revisión más profunda y una adaptación a los límites de la norma de terceros canales provoque otro recurso de inconstitucio­nalidad.

En términos generales, dicha Ley no se aleja de lo recomendado en la Ley reguladora del tercer canal, y así la organización, la gestión y el control parlamentario siguen las directrices básicas aunque algo remodeladas. En este pun­to, cabe destacar la composición de los órganos de la entidad que cuenta con un Consejo de Administración reducido a nueve personas y un solo Consejo Asesor con 18 componentes, de los cuales tres son representantes de cada una de las Diputaciones. Si tenemos en cuenta el carácter de este órgano oficial podemos afirmar que su inclusión no actúa como factor de des­centralización sino de dependencia directa del Gobierno central. También se contempla la presencia en el Consejo Asesor de tres repre­sentantes de las asociaciones de usuarios que puedan constituirse.

Si en la Comunidad de Madrid, el considera­ble aumento de representantes en este órgano se traducía como la búsqueda de una mayor participación de la Comunidad a partir de sus propias asociaciones, en el caso de la Comuni­dad que nos ocupa la disminución de los miem­bros se entiende como un deseo de llevar a cabo una gestión eficaz y transparente.

En cuanto a las normas de funcionamiento in­terno del Consejo de Administración cabe rese­ñar su organización ‑por primera vez no funcio­nal‑ a través de un Presidente, un Vicepresi­dente y un Secretario elegidos por y entre to­dos los miembros del Consejo. Esta distribución de componentes es importante si pensamos que en caso de empate en una votación, el Presi­dente tiene el voto de calidad (recuérdese que el Director general tiene también voz y voto).

Entrando en el capítulo de novedades, la Federación con “Otras entidades de gestión de ra­dio y televisión mediante convenios en colabo­ración en orden a la coordinación, cooperación y ayuda en el cumplimiento y desarrollo de sus competencias” es una de ellas. El artículo doce de la Ley reguladora deja vía libre a tal efecto aunque el marco de acción es más reducido, li­mitándose a “conexiones de las emisiones entre las diferentes cadenas y sobre la recepción de los servicios internacionales de noticias y trans­misiones, así como para el intercambio de pro­gramas y servicios”.

La novedad no está tanto en que RTVV se plantee esta cuestión sino en la forma en que lo hace (recordemos la cláusula del Estatuto de Autonomía sobre convenios con otras Comuni­dades). Estos acuerdos pueden acabar por sal­tarse uno de los principios básicos ya ordena­dos en el artículo segundo del Estatuto de la RTV. El ámbito de cobertura del tercer canal quedaba circunscrito al área geográfica de la Comunidad Autónoma, pero las condiciones en que se elaboren dichos contratos pueden con­vertir, sin ninguna dificultad técnica, a una Co­munidad en receptora del canal de televisión vecino mientras espera organizar su propio ser­vicio público. Hay que señalar que según esta­blece la Ley reguladora los pactos se conven­drán entre Organismos autónomos gestores de los servicios públicos.

Las incompatibilidades del Director general son, como ya ocurría en la entidad madrileña, las mismas que las que afectan al Consejo de Administración. La imposibilidad de compartir este cargo público autonómico con algún otro, “la vinculación directa o indirecta de carácter profesional o autonómico, a empresas publicita­rias, de producción de programas filmados, grabados en magnetófono o radiofónico, casas discográficas o cualquier tipo de entidades re­lacionadas con el suministro o dotación de ma­terial y programas de RTVE, RTVV y sus Socie­dades” y con “todo tipo de prestación de servi­cio o relación laboral en activo con RTVE, RTVV y sus Sociedades” son aspectos más o menos comunes a los otros entes autonómicos o incluso a RTVE. A estos condicionantes, el texto valenciano añade la definición de “vinculación indirecta” desmarcando este ambiguo término que no se había aclarado hasta ahora y que la Ley que nos ocupa entiende “por relación de parentesco, de afinidad o consanguinidad en primer grado con personas con intereses eco­nómicos en las Empresas mencionadas”.

Mientras en la CCRTV y RTVM, el Director general tiene atribuciones para representar a su respectiva entidad, ya sea en un acto social o político o en un juicio para defender los intere­ses de la misma, el Director general del Ente valenciano no tiene esta última facultad ya que los poderes de representación en caso de juicio los ostentará un órgano “que los tenga asigna­dos en la Generalidad Valenciana”.

La falta de un Instituto de Formación Profesio­nal para radio y televisión es contemplada des­de la Ley como una necesidad que se solventa disponiendo que Radio Televisión Valenciana cree un centro preparatorio para sus futuros profesionales.

La problemática lingüística es un constante conflicto en esta Comunidad donde algunos sectores atacan al catalán, otros aplauden al va­lenciano y otros mantienen una férrea postura hacia el castellano. El largo preámbulo de la Ley que nos ocupa justifica constantemente la obligación del gobierno Autónomo de promo­cionar y potenciar la lengua propia de la Comu­nidad, y para ello no sólo se remite al Estatuto de Autonomía sino también a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Ningún artículo avisa al lector interesado de que la fórmula adoptada es el bilingüismo, op­ción difícil de llevar a la práctica si nos atene­mos a las directrices que se marcan desde el Estatuto de Autonomía, donde se dará prioridad a una u otra de las lenguas oficiales en función de la realidad social de cada zona, y de donde deducimos la dificultad de establecer unos cla­ros criterios de proporcionalidad que al tiempo que potencian el valenciano no discriminen el castellano.

 

GALICIA, UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA GESTIÓN

 

El 11 de julio del pasado año, el Parlamento gallego aprobó la Ley de creación de la Com­pañía Radio‑Televisión de Galicia.

Sin lugar a dudas la novedad más destacable de la Ley es la capacidad de la Xunta para crear, a propuesta del Director general y de acuerdo con el Consejo de Administración de la Compañía, sociedades filiales en las áreas de comercialización, producción, comunicación y otras análogas, cuyo capital podrá ser íntegra­mente suscrito y desembolsado por la Comuni­dad Autónoma. Nótese el uso del término “po­drá” que deja abierta la posibilidad de crear empresas de capital no suscrito ni desembolsa­do íntegramente por la Comunidad, Es éste, pues, el primer caso en donde se plantea la existencia de empresas mixtas, lo que entra en abierta contradicción con lo estipulado en la Ley de regulación del tercer canal. De todas formas, hasta la fecha no se ha presentado re­curso de inconstitucionalidad, con lo que el artí­culo sigue en vigor.

 

En lo que atañe a la organización de la Com­pañía habrá que reseñar la existencia de algu­nas diferencias respecto a las Leyes regulado­ras de los terceros canales aprobadas con ante­rioridad. Así, recogiendo una figura establecida ya en la Ley de creación del ente público Ra­dio Televisión Vasca, en el seno del Consejo de Administración se incluye al Secretario de Ac­tas, persona ajena al Consejo sin voz ni voto cu­yas funciones, no obstante, no quedan especifi­cadas en la Ley. También se requiere la pre­sencia de la mayoría absoluta de los miembros para entender que el Consejo está válidamente constituido.

Hay que señalar aquí que el Consejo de Ad­ministración ha perdido algunas de las impor­tantes atribuciones que se le asignaban en la Ley de creación de RTVM y RTVV. Entre ellas, es importante recordar que su función a la hora de designar al Director general queda limitada a “emitir su opinión” a la Xunta sobre dicho nombramiento, sin que le sea posible “propo­ner”.

El Consejo Asesor es común a todas las so­ciedades de la Compañía y ve limitadas sus fun­ciones a lo establecido por el Estatuto de RTVE. Está integrado por representantes de los trabajadores, de la Administración, del Consejo de la Cultura Gallega, de la Universidad, de los medios de comunicación ‑éste último vocal, sorprendentemente, es designado por el Parla­mento‑, y de las Diputaciones Provinciales. La Ley, pues, excluye de entre los miembros del Consejo Asesor a una representación de los usuarios. Hasta la fecha todas las Comunidades ‑excepto Cataluña‑ y la propia RTVE se habían planteado su inclusión, aunque en términos y grados diferentes. Galicia, sin embargo, vuelve a impedir a este colectivo que manifieste sus opiniones respecto a la programación y demás temas que el Consejo de Administración tenga a bien plantearle.

A pesar del precedente en la redacción tan concreta de la Ley de creación del ente públi­co RTVV respecto al tema de las incompatibili­dades, en Galicia el Consejo de Administración, el Director general y los Directores de las So­ciedades están en las mismas condiciones que sus homólogos en Madrid, es decir, que los im­pedimentos para ejercer en sus respectivos cargos son de tipo profesional.

Respecto a la programación, la Ley de la CRTVG se comporta coherentementge con su condición de Ley nacida en el seno de una Co­munidad Autónoma. Así, en los principios que han de inspirar la programación se incluye el “respeto a la Constitución y al Estatuto de Auto­nomía de Galicia y a la promoción y difusión de la Cultura y Lengua Gallega, así como a la de­fensa de la identidad de la nacionalidad galle­ga”.

 

EUSKADI: EL CUARTO CANAL

 

Euskadi fue la primera Comunidad en organi­zar y crear sus servicios públicos de radio y te­levisión guiándose por las líneas de actuación que había marcado el Estatuto de la Radio y la Televisión. En la Ley de creación del Ente pú­blico Radio Televisión Vasca, aprobada por el Parlamento autonómico el 20 de mayo de 1982, se convenía en recoger el espíritu de la norma básica para adaptarse a la nueva forma de en­tender, en general, la radio y la televisión pú­blicas. Esta actitud no contraviene el carácter de auténtica autonomía de EuskalTelebista, ya que como se preveía en el Estatuto de la Comu­nidad, Euskadi tiene la capacidad de crear sus propios servicios, al margen de que el Gobier­no central concediese la gestión de un tercer canal.

Según el artículo 19 del Estatuto de Autono­mía, “el desarrollo legislativo de las normas bá­sicas del Estado en materia de medios de co­municación social” le corresponde al País Vas­co. En el segundo apartado de este mismo artí­culo se dispone que la obligación legislativa descrita anteriormente se coordinará con la del Estado, “con respeto a la reglamentación espe­cífica aplicable a los medios de titularidad esta­tal”. En ese punto entraría el tema del tercer ca­nal de televisión que se refuerza desde la dis­posición transitoria sexta donde se indica tex­tualmente: “La coordinación en la ejecución prevista en el artículo 19.2 será de aplicación en el supuesto de que el Estado atribuya, en ré­gimen de concesión, a la Comunidad Autónoma Vasca la utilización de algún nuevo canal de te­levisión de titularidad estatal, que se cree específicamente para su emisión en el ámbito terri­torial del País Vasco, en los términos que pre­veía la citada concesión”.

Nótese como el concepto de “titularidad esta­tal” se relaciona con “algún nuevo canal de tele­visión”, dando a entender que éste es distinto al servicio público de televisión que “el País Vas­co podrá regular, crear y mantener”, tal como se dispone en el apartado tercero del susodi­cho artículo 19, que no es más que una aplica­ción de las competencias establecidas en el primer apartado.

La organización, gestión, control parlamenta­rio se sitúa en los parámetros del Estatuto de RTV, que como ya hemos visto contemplan las otras Leyes. Un análisis minucioso del artículo nos lleva a constatar sutilezas tales como la au­sencia de referencias al ámbito geográfico de recepción y una formulación de las relaciones entre los servicios públicos de la Comunidad y sus propios Gobiernos Autónomos.

En el caso del País Vasco se concretan di­chas relaciones en “funciones que correspon­den a la Comunidad Autónoma como titular de los servicios de radiodifusión y televisión”, en el casó de Cataluña en “las funciones atribuidas a la Generalidad de Cataluña en el ámbito de la gestión de los servicios públicos de radiodifu­sión y televisión”, en el caso madrileño “para la gestión del servicio público de radiodifusión y televisión en la Comunidad de Madrid”, en el de la Comunidad Valenciana en “la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y te­levisión atribuida a la Generalidad Valenciana” y por último en Galicia “a la que corresponde la regulación y gestión de los servicios de Radio­difusión y Televisión, competencia de la Comu­nidad Autónoma”. Nótese la diferencia entre co­rresponder y atribuir y entre titular y gestiona­dos, y recuérdese que el Estatuto de RTV habla de “la gestión directa de un canal de televisión de titularidad estatal”; no podemos dejar de in­cidir en el diferente concepto de autonomía que tiene Euskadi, y también Cataluña, del res­to de las Comunidades y que se trasluce en la lectura de sus Leyes.

La Comunidad Autónoma de Euskadi tenía la obligación de crear su propia infraestructura técnica que según se desprende de la Ley re­guladora del tercer canal, correspondería al Es­tado, quedando el Gobierno central obligado a elaborar y aprobar un Plan Nacional de cober­tura. Esta singularidad nos podría dar argumen­tos para el concepto de cuarto canal, por el contrario, significa poca cosa ya que en las mismas circunstancias Cataluña empezó a emitir bajo el logotipo de TV‑3, que implicaba la aceptación del tercer canal.

Como hemos señalado en el párrafo anterior no hay diferencias sustanciales con el resto de las Leyes ya cotejadas, desde el momento que es voluntad de Radio Televisión Vasca organi­zarse como un moderno servicio público de co­municación, si bien hay algunos aspectos que merecen nuestro comentario. En el capítulo de la organización aparece la figura del Secretario de Actas como un personaje funcional del Con­sejo de Administración que participa en las se­siones como corresponde a su cargo, sin voz ni voto. En el resto de Organismos autónomos ex­cepto Galicia son los miembros del propio Con­sejo, quienes de forma rotativa ejecutan dichas obligaciones.

De nuevo, nos encontramos con la figura de un representante de cada una de las Diputacio­nes, en este caso, Forales en la composición del Consejo Asesor, órgano que dos años des­pués del inicio de las emisiones regulares de EuskalTelebista no se halla todavía constituido.

Uno de los elementos más significativos de la Ley vasca es la regulación del derecho de rec­tificación, ya incluido en el Estatuto de la Radio y la Televisión, pero sobre todo, la normaliza­ción del derecho de réplica. En el resto de le­gislaciones sólo se contemplaba la primera op­ción que, atendiendo a su significado semánti­co, se leería como el deber que tienen los me­dios de comunicación de corregir una informa­ción inexacta que perjudica a una persona u Organismo. La introducción de la réplica como derecho del oyente o telespectador, permite si­tuar en sus justos términos quién, cuándo y cómo debe ejercerse esta voluntad de la Ley. Lo más importante es la vinculación de la recti­ficación a los servicios públicos y la réplica a los usuarios, que se contemplan como personas o entidades jurídicas. En uno y otro caso, siem­pre que se hayan respetado los principios y de­rechos de la Ley y no se ataque a la vida priva­da de una persona pública, el demandante pue­de ejercer su derecho.

La solicitud de réplica con la documentación pertinente se dirigirá al Director del medio. Si es tomada en consideración y el espacio es dia­rio se emitirá al día siguiente y si es un progra­ma semanal, dentro de siete días. La denega­ción de la réplica por el Director del medio se recurrirá ante el Consejo de Administración, cabiendo el recurso contencioso‑administrativo si aquél, a su vez, la desestima.

En términos generales, el procedimiento es similar al de las otras Leyes cotejadas, excepto en las Comunidades de Madrid y Galicia, don­de no se explicita, pero siempre teniendo pre­sente que en todas ellas el título del artículo es “derecho de rectificación”. Este, en la Ley vas­ca, se concreta en la obligación de emitir notas y comunicados remitidos por la Administración “rectificando o aclarando informaciones emiti­das sobre actos propios de su competencia y función”.

Quizás el interés en especificar los detalles del derecho de réplica para los que emplea nueve artículos, del 26 al 34, esté ligado a la conflictiva situación social de Euskadi. El dere­cho de antena, integrado en el mismo capítulo que la rectificación que comprende del artículo 21 al 25, se ejercerá mediante unos criterios ob­jetivos determinados por la representación de los grupos que lo soliciten “en las Instituciones comunes, en los Territorios Históricos y en los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma”. Di­cha participación, si tenemos presente la polari­zación política del pueblo vasco, podría com­portar algunos problemas.

Con el fin de circunscribirse a los principios y “valores cívicos de la convivencia reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autono­mía”, la Ley dedica todo un artículo ‑concreta­mente el cuarto‑ a indicar todo aquello que “se tenderá a evitar” en todo programa. La apología a la violencia y la prohibición explícita de violar “la intimidad en un lugar privado” y sin consen­timiento define hasta cierto punto cuál es la ac­titud del Gobierno y el Parlamento autónomo respecto al tema. Como último y dentro de este mismo artículo se remite al “Estatuto del Consu­midor” para la publicidad y la programación in­fantil.

En resumen, el cuarto canal es una autocalifi­cación a partir del Estatuto de Autonomía, aun­que los términos estipulados en el Estatuto de RTV son los pilares básicos de esta Ley.

 

CONCLUSIONES

 

Las Leyes de creación de los Entes que ges­tionan y organizan los terceros canales se ajus­tan a las coordenadas estipuladas en el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión de tal forma las diferencias e incluso las divergencias entre unas y otras no afectan a la nueva forma de en­tender dichos servicios públicos.

La Ley reguladora del tercer canal, en cuyo título no especifica si regional o autonómico, pa­rece no inscribirse en el nuevo Estado de las Autonomías ya que siendo una Ley base de aplicación en diferentes Comunidades no men­ciona ni el respeto a los Estatutos ni la potencia­ción de las lenguas autóctonas. Tampoco confie­re a los Gobiernos autónomos todas las capaci­dades que otorga al Gobierno central.

En cambio, cuando esta Ley se lleva a la práctica en el ámbito autonómico, estos tres as­pectos se incluyen indefectiblemente en el arti­culado y, en el caso de las lenguas autóctonas, junto a su potenciación, en Comunidades como Cataluña y Galicia se omite la lengua de emi­sión dándose por supuesto que será la propia de la Comunidad. El caso de la Comunidad Va­lenciana es el único que diseña una programa­ción bilingüe aunque no establece los porcenta­jes de valenciano y castellano.

De todas formas los Parlamentos locales no sólo han conferido un lenguaje autonómico ‑en contraposición a regional‑ a sus Leyes, dotán­dolas de particularidades que respondieran a la realidad social y política de la Comunidad, sino que además han modificado aquellas cuestiones establecidas por el Estatuto que podían entor­pecer la agilidad en la gestión y organización.

Este intento de acomodar la Ley a las necesi­dades de ámbito territorial de aplicación ha lle­vado a algunas Comunidades a plantear cues­tiones de forma más abierta que lo estipulado en la Ley de terceros canales, como por ejem­plo, la globalidad con que se contempla la Fe­deración entre organismos en la Ley de la Ra­dio Televisión Valenciana.

La posibilidad de federación entre Organis­mos autónomos que se establecía en la Ley de terceros canales es el argumento utilizado por alguna Comunidad para justificar la instalación de repetidores que permitan captar las emisio­nes de las autonomías vecinas. La norma regu­ladora preveía la existencia de convenios para cuestiones muy puntuales que no es el que nos ocupa. De entrada, la relación debe establecer­se entre Organismos autónomos lo que le situa­rá en igualdad de condiciones para emitir y re­cibir en un momento dado. Además es evidente. que entre las previsiones de convenio no pue­den figurar aquellas que contravengan la Ley, como sería el caso de las emisiones que se sal­ten el principio del ámbito territorial en el que la Comunidad está autorizada a emitir.

La técnica demuestra constantemente las difi­cultades de delimitar un territorio cuando operan sistemas como el satélite o incluso la propia transmisión por ondas hertzianas. Frente a esta realidad, es curioso el límite que se impone a los terceros canales en cuanto a la emisión y re­cepción.

La vía hertziana es la única forma posible para enviar y recibir señales en el caso de los terceros canales, ya que incluso el cable ‑no hablemos del satélite‑ es exclusivo de RTVE. Recordemos el recurso de inconstitucionalidad presentando a la Ley de Radio Televisión Va­lenciana por incluir entre su articulado la crea­ción de empresas dedicadas al cable, y nuestra incógnita sobre el futuro de la definición de ra­diodifusión y televisión establecida para la Cor­poración Catalana.

Otra de las cuestiones que quedan por resol­ver es la contradicción entre las sociedades fi­liales mixtas que se esbozan en la Ley elabora­da por el Parlamento gallego y la obligatorie­dad ‑impuesta por la Ley reguladora‑ de que sean públicas.

En los diferentes capítulos de organización, hemos explicado cada una de las singularida­des de las diferentes leyes de creación de enti­dades públicas autonómicas, de entre las cuales cabe destacar el caso de la Comunidad Valen­ciana y la de Madrid. En la primera se traslucía un intento de recortar alguna competencia del Director General y se disminuía el número de miembros del Consejo de Administración en aras a una transparente gestión. En la segunda, el Consejo de Administración contrarresta aún más el posible poder del máximo representante del Ente, al tiempo que se potencia la figura del Consejo Asesor, entendido como órgano de ex­presión del sentir de la mayoría de madrileños en cuanto que un gran número de sus asocia­ciones están representadas.

Otro organismo que pierde protagonismo en ambas Comunidades es el Gobierno Autónomo, que en Madrid se denomina Consejo de Go­bierno y en el País Valenciano, Consejo Ejecuti­vo, en lo referente a la designación del Director General.

En el resto de las Comunidades, el papel del Consejo de Administración, sobre todo en lo que hace al nombramiento y cese del Director General, queda reducido a fórmulas como “oído”, “previa consulta” y “emitir su parecer” que semánticamente implican una escasa parti­cipación decisoria. Es sorprendente cómo la Ley de la Compañía de Radio Televisión Galle­ga, última de las Leyes aprobadas, no prosigue en este campo con la apertura iniciada desde la Comunidad de Madrid, y que la Comunidad Valenciana ajusta a sus propias particularida­des.

La democratización de estos servicios públi­cos queda reflejada en la composición de la mayoría de Consejos Asesores que introducen como miembros a representantes de las asocia­ciones de usuarios que se creen. De momento, tal figura no ha aparecido, al menos, con la sufi­ciente fuerza como para formar parte efectiva de los diferentes Consejos Asesores, aunque también es cierto que ni Cataluña ni Galicia se plantean tal representación.

Uno de los temas que destacó, en su momen­to, el Estatuto jurídico de la Radio y la Televi­sión es la inclusión del derecho de rectifica­ción, al que, curiosamente, las posteriores Le­yes Autonómicas no parecen darle toda la con­sideración que recibía desde la Ley‑macro. Más curioso todavía es que la auténtica regula­ción o normalización de este derecho, que se amplía al de réplica, se haga en una Comuni­dad que define su servicio de televisión como cuarto canal y en un momento en que no se ha­bía redactado la Ley Orgánica que regularía este derecho. La existencia de esta normativa estatal ha permitido a las Comunidades de Ma­drid y Galicia desinhibirse del tema, sin atribuir siquiera al Consejo de Administración las com­petencias que le asignaban en este sentido las Leyes de RTVV, RTVE y CCRTV (estas dos úl­timas fijan un sistema de plazos y recursos).

Llegados a este punto, observamos que la inexistencia de una Ley base para la regulación del tercer canal conllevó a que la Corporación Catalana de Radio y Televisión resultara de una adaptación del Estatuto de RTV acorde con sus planteamientos autonómicos.

Tras la aprobación de la Ley reguladora del tercer canal, las dos primeras Leyes autonómi­cas que entran en vigor divergen de alguna manera de la macro‑Ley, adaptando a sus cir­cunstancias la constitución de su propio Ente. En cambio, la última Ley de creación de Enti­dad pública de las hasta ahora promulgadas re­toma los planteamientos iniciales del Estatuto. Es difícil valorar esta circunstancia cuando es evidente que la discusión de estas tres Leyes en los respectivos Parlamentos se efectuaba si­multáneamente. Todo nos lleva a pensar que la realidad de cada Comunidad ha configurado le­gislaciones acordes con su particular idiosincra­sia.

 

CRONOLOGIA

 

‑ Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televi­sión (BOE 12 de enero 1980).

‑ Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del ente público “Radio Televisión Vasca”. Aprobada por el Parlamento de Euskadi (BOPV. 2 de junio 1982).

‑ Ley 10/1983, de 30 de mayo de 1983, de creación del ente pú­blico “Corporación Catalana de Radio y Televisión” y de regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad de Cataluña. Aprobada por el Parlamento de Cataluña (DOG. 14 de ju­nio 1983; BOE 6 de julio 1983).

‑ Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión (BOE 12 de enero 1984).

‑ Ley de 30 de junio de 1984 de creación, organización y control parlamentario del Ente público de Radio‑Televisión Madrid. Apro­bada por la Asamblea de Madrid. (BOCM 4 de julio 1984; BOE 30 de julio 1984).

‑ Ley de 4 de julio de 1984 de creación de la entidad pública “RTVV” y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad Valenciana. Aprobada por las Cortes Valencianas. (DOGV 9 de julio 1984; BOE 5 septiembre 1984).

‑ Ley 9/1984, de 11 de julio, de creación de la Compañía de Ra­dio Televisión de Galicia. Aprobada por el Parlamento de Galicia. (BOE 3 agosto 1984).

‑ Real Decreto 2.296/1984, de 26 de diciembre por el que se de­sarrolla la disposición transitoria de la Ley 46/1983, de 26 de diciem­bre, reguladora del tercer canal de televisión y se concede su ges­tión directa a la Generalidad de Cataluña para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (BOE 26 diciembre 1984).