Democracia, leyes electorales y nuevas tecnologías

 

Joan Botella

 

A partir de una critica de las utopías de democracia telemática, se analiza la evolución de los sistemas políticos y los partidos occidentales. Y se plantean los grandes problemas inducidos por las transformaciones de los sistemas de comunicación. El proyecto de ley electoral españo­la muestra también la escasa reflexión ante esa problemática.

 

En qué medida la introducción de nuevas tecnologías comu­nicativas ha modificado las re­glas del funcionamiento políti­co de los sistemas democráti­cos? ¿Cómo se preparan éstos para acoger los cambios en curso en el ecosistema comunicativo? En última instancia, ¿qué perspectivas abre una renova­ción a fondo de nuestras sociedades desde el punto de vista comunicacional para los sistemas democráticos tal y como hoy los entendemos, y para el ideario democrático, “tout court”?

Naturalmente, se trata de una temática de fronteras prácticamente ilimitadas. Será bueno, por ello, ceñirnos a algunos aspectos relevan­tes.

 

I. ¿”OTRA” DEMOCRACIA”?

 

La primera cuestión a examinar, en este con­texto, es la más de fondo: ¿no constituyen las nuevas tecnologías una ocasión para transfor­mar de arriba abajo la propia noción actual de democracia?

Si retomamos la noción de democracia en su sentido más amplio, deberíamos entender por tal aquella forma de gobierno en la que las reglas vigentes y las decisiones adoptadas sean las que desean la totalidad de la población (el de­mos, justamente) o, en su defecto, la mayoría de sus ciudadanos. De ahí la idea de una democra­cia directa (atribuida, erróneamente, a Rosseau y, menos erróneamente de lo que se cree, a los atenienses clásicos); la reunión de todos los ciudadanos para deliberar y decidir debe cons­tituir la institución gubernamental suprema. Contra este modelo ya el propio Rousseau plan­teaba objeciones que hoy constituyen lugares comunes: la imposibilidad física de reunir al de­mos en sociedades de las dimensiones de un Estado; la ineficacia de la asamblea como órga­no de ejecución; la existencia de desigualdades materiales entre los hombres, que determinan una desigual posibilidad de participación políti­ca.

Se reconoce en esta argumentación la idea esencial de los defensores de la democracia re­presentativa: puesto que no es posible que los ciudadanos decidan en asamblea sobre las co­sas públicas, elíjanse unos delegados, en elec­ciones periódicas y libres. La crítica al esque­ma de la democracia representativa es también bastante conocida, pero lo que ahora nos im­porta es el surgimiento, desde hace ya unos cuantos años, de un planteamiento que nos per­mitimos calificar de “democracia utópico‑elec­trónica”.

En esta vía, se observa que las objeciones clásicas a la democracia directa coo forma de gobierno de las naciones (esencialmente: la im­posibilidad de reunir efectivamente al demos, y las desigualdades culturales entre los ciudada­nos) pueden ser superadas, o podrán serlo pronto, gracias a la popularización de la infor­mática y a las transformaciones de los sistemas comunicativos. Cada ciudadano podría disponer en su domicilio de un terminal de un magno ordenador central; ello permitiría consultar a los ciudadanos en cada momento sobre qué curso de acción adoptar, y la respuesta podría ser in­mediatamente conocida; por así decir, sería po­sible realizar la asamblea general... sin que los ciudadanos salieran de casa. En otras palabras: existen ya, o existirán dentro de muy poco, las condiciones técnicas y materiales necesarias para el referéndum cotidiano. C. B. Macpherson (que no es partidario de este planteamiento) lo expresa de modo elegantemente conciso:

 

“La idea de que los progresos, recientes o previs­tos, de la tecnología de los ordenadores y de las te­lecomunicaciones permitirán lograr la democracia directa al nivel masivo necesario, resulta atractiva para los tecnólogos y también para los teóricos so­ciales y los filósofos políticos”.

 

¿Por qué se debe caracterizar este proyecto como inviable? Una primera objeción (y, de por sí, demoledora) es la de que, inevitablemente, un sistema como el descrito requiere un centro, desde el cual alguien (¿quién?) formulase las preguntas, recogiese y agregase las respuestas y tomase las medidas necesarias para la aplica­ción de las decisiones mayoritarias.

Dejemos a un lado el hecho de que se trata­ría del sistema político más centralizado que se conoce; admitamos, incluso, en aras de una ma­yor democraticidad, que un cierto porcentaje de la población pudiese someter determinada propuesta a referéndum; hagamos, por fin, abs­tracción de cómo pudieran aplicarse las deci­siones. Lo que resulta crucial en este punto es la decisión sobre qué preguntas, y en qué tér­minos, se formulan.

Sería, en efecto, erróneo creer que las opcio­nes a que debe hacerse frente en la administra­ción de una sociedad moderna, fuertemente tecnificada, son opciones individualizadas, a las que es posible responder en términos de “Sí/ No”, y recíprocamente independientes, de tal manera que la solución a que se llegase en una de ellas no condicionase a otras. Por el contra­rio, hay que pensar que se trataría de cuestio­nes como “¿qué tasa de inflación considera Vd. aceptable durante el próximo año?”, o ¿cuál es la contribución que nuestro país debe aportar al próximo presupuesto de la CEE?”, o incluso “qué medidas de política demográfica deberían adoptarse (señale la casilla correspondiente) para impedir la quiebra de la Seguridad So­cial?”. Naturalmente, en una perspectiva de de­mocracia directa, no se puede decir que se tra­ta de cuestiones excesivamente técnicas y que debieran ser resueltas por la administración, ya que esto es presuponer la existencia de una maquinaria político‑administrativa, que no pue­de responder a otra lógica que a la democráti­co‑representativa (con lo que nos alejamos del puro modelo “directo” propuesto).

 

Ello conduce a una segunda objeción, impro­bable en la vida cotidiana , pero más que pro­bable cuando las decisiones políticas se adop­tasen mediante una amplia serie de referendos: en tales condiciones, la agregación de prefe­rencias individuales en una decisión colectiva (o, más exactamente, en una amplia serie de decisiones colectivas) puede conducir a resul­tados irracionales, tal como la imposibilidad de llegar a un resultado o la aprobación de pro­puestas minoritarias. En un sistema de abundan­tes referendos, la probabilidad de que prefe­rencias individuales racionales den lugar a de­cisiones colectivas que no lo son, y, especialmen­te, la probabilidad de aparición de “paradojas de Condorcet” (opciones indecibles ‑Véase el Apéndice‑) es muy alta.

 

Y ello se debe ‑y entramos aquí en la tercera objeción‑ a que no es imaginable el gobierno de sociedades complejas por procedimientos democráticos si estos no incluyen estructuras de mediación y de agregación de intereses y plataformas de elaboración de programas ge­nerales que den coherencia (no ideológica, sino técnica y técnico‑política) a las posiciones sos­tenidas en cada una de las múltiples opciones que se plantean. Y decir esto significa decir instituciones representativas de las opiniones y de los intereses sociales, y partidos políticos que puedan responder ante los grupos a los que representan, o pretenden representar. La idea de la instauración de una democracia tele­mática, que exige, en buena lógica, una vida política definida exclusivamente en torno de “is­sues” y no de programas coherentes, represen­ta, en parte, una nueva versión del mito tecno­crático del gobierno sin ideología y, en parte, una actualización de la visión bolchevique de la sociedad socialista como “los soviets más la electrificación”.

Pero sostener que no cabe imaginar un siste­ma democrático moderno a escala nacional sin partidos, elecciones e instituciones representa­tivas no significa decir que la introducción de nuevas tecnologías comunicacionales sea indife­rente para el funcionamiento de tales institucio­nes. Por el contrario, los efectos están siendo de gran trascendencia; pero hay bastante que decir al respecto.

 

II.  LA TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS

 

Un buen punto de partida puede ser el que representó la aparición de la televisión y, más concretamente, la generalización del televisor doméstico y el uso de la televisión en la vida política y, en particular, en las campañas elec­torales. Un somero examen de la bibliografía muestra la sorpresa de los estudiosos (tanto desde la perspectiva comunicacional como des­de la perspectiva propiamente política) cuando, a principios de los años sesenta, constataban que la televisión no parecía ejercer ninguna in­fluencia visible sobre los comportamientos elec­torales de los ciudadanos. Así, mientras la ge­neralización de la radiodifusión treinta años atrás había tenido un espectacular impacto, au­mentando la participación electoral y benefi­ciando particularmente a los partidos de signo progresista (demócratas en Estados Unidos, so­cialdemócratas en Suecia, etc.), la introducción de la televisión no parecía, i) aumentar la parti­cipación electoral (bien a través de aumentar la información de los ciudadanos, bien mediante su movilización) ni, ii) modificar visiblemente el panorama electoral (recuérdese el carácter marcadamente gubernamental con que nacen las televisiones europeas).

Ni siquiera el mítico debate Nixon‑Kennedy en la campaña presidencial americana de 1960 arroja una imagen clara: mientras White, y toda una tradición periodística, atribuyen a la ima­gen de ambos candidatos en el debate (¡la fa­mosa camisa azul de Kennedy!) una influencia decisiva, K. G. Lang demostraba que ni un solo espectador había modificado su preferencia de partido tras la emisión del debate. La misma perplejidad es expresada por Campbell en Es­tados Unidos, Michelat o Rémond y Neusch­wander en Francia o el muy “high broca” infor­me de la BBC sobre la campaña electoral britá­nica de 1966.

Aparentemente, pues, la televisión no parecía ser el “arma electoral suprema” que algunos ha­bían esperado/temido. Pero una aproximación exacta al análisis del sentido de su influencia llegaría poco después, de la mano de un politó­logo alemán, Kirchheimer.

En síntesis, Kirchheimer sostiene que, en los años sesenta en Europa, y al socaire de fenó­menos como el auge económico, la temática del fin de las ideologías, el creciente consenso so­cial, etc., los partidos políticos están transfor­mándose. Los partidos tradicionales, con una organización fuerte, un programa estable, una orientación hacia un determinado grupo social (sea de clase, religioso, etc.), una simbología y un lenguaje específicos, etc., estaban quedando obsoletos, a favor de organizaciones menos es­tructuradas, más flexibles (tanto en el plano or­ganizativo como en el estrictamente programáti­co), más electoralistas. Kirchheimer designa a estos partidos (tanto si son nuevos como si se trata del resultado de la evolución de algún par­tido tradicional: piénsese, por ejemplo, en el partido social‑demócrata alemán después de Bad Godesberg) como catchall parties, esto es, “partidos atrápalo todo”, puesto que el aspecto que considera más llamativo es su renuncia al carácter “de clase” y su aspiración a recoger el máximo posible de votos, con independencia de su origen social.

Sin embargo, a estos partidos les falta lo que Duverger había definido quince años atrás como la característica definitiva de los partidos modernos: una organización fuerte y centraliza­da, con una filiación numerosa y políticamente activa. La importancia de la formulación de Kir­chheimer consistía en‑ encontrar que los catch-­all parties habían descubierto un equivalente funcional al duvergeriano “aparato de partido” que caracterizaba a los partidos de masas tradi­cionales. ¿Para qué servía, en efecto, el aparato organizado de los partidos? Fundamentalmente para poner en contacto las élites (centrales o lo­cales) de los partidos con el electorado. Ahora bien, estas élites podían prescindir de este ins­trumento, a partir de la introducción de la finan­ciación pública a los partidos políticos (introdu­cida en la RFA y en Italia después de la 2.a Guerra Mundial, y extendida luego a otros paí­ses) y del uso masivo de los medios de comuni­cación como canal privilegiado ‑por no decir único‑ de relación con la sociedad.

 

En otras palabras: la introducción de los me­dios de comunicación de masas en la vida polí­tica no ejerce una influencia puntual, coyuntural, contribuyendo a determinar el resultado de una consulta electoral concreta, sino una influencia a plazo medio y largo, modificando el conjunto del sistema de comunicaciones políticas y de­jando obsoleto el conjunto de medios de co­municación/actuación del período anterior: afi­liación, aparato organizado, prensa de partidos, manifestaciones, etc. ¿No afirmaba en 1979 Al­fonso Guerra (supuesto hombre fuerte del “apa­rato” del partido hoy en el gobierno) preferir cinco minutos en televisión a diez mil militan­tes? En este proceso, naturalmente, juega un papel crucial la extensión del modelo “catchall” a la familia socialista, que hasta entonces se ha­bía caracterizado siempre, especialmente en el centro y norte de Europa, por un fuerte énfasis en la concepción de un partido “contra‑socie­dad”.

Es significativo, en este sentido, que la crea­ción/reconstrucción de los partidos socialistas en el sur de Europa, entre 1970 y 1975, se haga directamente aspirando al modelo “catchall”, prescindiendo de la anterior tradición; y segu­ramente ello tiene mucho que ver con el hecho de que, a pesar de contundentes afirmaciones verbalmente radicales, los partidos socialistas del sur estén resultando mucho más conserva­dores que la denostada social‑democracia del norte.

Que este esquema resulta sólido parece de­mostrarse en los hechos, es decir, en los resul­tados de las elecciones en los diversos países europeos y americanos (tanto al norte como al sur de Río Grande) en los últimos años; pero ello no significa que vaya a ser inconmovible. Dejando a un lado todo el posible capítulo de críticas que pueden formularse desde el punto de vista de la deseabilidad democrática de sis­temas políticos protagonizados exclusivamente por partidos “catchall”, hay todo un capítulo de cuestiones relativas a la transformación de los sistemas comunicativos que puede poner en crisis este edificio.

Todo ello, en efecto, se sostiene sobre la existencia de sistemas de comunicación carac­terizados por tratarse de sistemas públicos y que operan en un marco nacional. Ahora bien, las transformaciones hoy en curso discurren fundamentalmente por dos líneas: por una par­te, una cierta “desregulación”, en el sentido rea­ganiano de la palabra, de los sistemas de comu­nicación; por otra, la introducción de nuevas tecnologías, de entre las cuales nos interesan particularmente dos: la televisión por cable y los satélites de telecomunicación. Estas transfor­maciones, tanto jurídicas como técnicas, pue­den plantear, y de hecho plantean, enormes problemas, puesto que ponen en cuestión el sistema actual, por así decir, por arriba y por abajo. Por arriba, puesto que las ondas carecen de fronteras: ¿para qué puede servir la flora­ción de comisiones de control con representa­ción de las diversas fuerzas políticas si el espectador puede, o va a poder pronto, seguir programaciones televisivas emitidas desde otros países? Y por abajo: la televisión por ca­ble permite un extraordinario desarrollo de televisiones de ámbito sub‑estatal, mientras que la privatización (de la que, por limitarnos al ám­bito de la CEE, hay ahora avanzados proyectos en Francia, Dinamarca, Bélgica y, por desconta­do, Italia y Gran Bretaña) plantea una masa de problemas nuevos, empezando por el del acce­so de las candidaturas a sus emisiones publici­tarias que, obviamente, no se les puede impo­ner.

El problema es de tal magnitud y de tales im­plicaciones que gobiernos y parlamentos están reaccionando con extrema lentitud y prudencia. Un par de ejemplos: el “Libro blanco” del muy conservador gobierno británico de la señora Thatcher sobre la televisión por cable concluye recomendando el establecimiento de un dere­cho de acceso a esos sistemas por parte de los diversos grupos, y recomendando que se evite la propiedad, o el control, de los partidos políti­cos sobre los sistemas de cable.

El segundo ejemplo puede resultar, si cabe, más provocativo, porque ahí ya no se trata de modificar un sistema preexistente sino del naci­miento de un nuevo sistema político. Nos referi­mos, por supuesto, a la elección por sufragio universal directo, del Parlamento de la Comuni­dad Europea. Se trata de un sistema nuevo, en el sentido de que la primera elección directa del Parlamento europeo tuvo lugar en 1979 y todo se encuentra, pues, en fase de creación. Recuérdese que el Parlamente europeo no fun­ciona por grupos nacionales, sino por familias políticas transnacionales, todas las cuales (ex­ceptuados los partidos comunistas) forman parte de organizaciones internacionales y también de ámbito específicamente europeo.

¿No se trata del tipo de elección que, casi por definición, exige un planteamiento transna­cional? ¿Qué más lógico, entonces, que permitir la realización de campañas electorales interna­cionales, máxime cuando los medios técnicos para ello ‑satélite ECS y, próximamente, el pro­yecto “Olympus”‑ ya existen, o existirán dentro de poco? O bien piénsese en la existencia, fre­cuente en el marco de la CEE, de grupos lin­güísticos que se encuentran divididos por fron­teras estatales. Sin embargo, frente a todo ello, y las implicaciones que podría tener respecto a transformaciones en la situación actual, el refle­jo ha sido el conservadurismo: no se tomó nin­guna medida especial en este sentido para las elecciones europeas de 1984, y poco hay pre­parado para las próximas en 1989.

Y esto, que es válido en el plano europeo, también lo es en el plano nacional: poco da de sí, en este terreno, la nueva ley electoral espa­ñola.

 

III. LA NUEVA LEY ELECTORAL ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

 

Como se sabe, la legislación electoral hoy vi­gente en España es anterior a la Constitución. Por limitarnos a las elecciones generales, la úni­ca norma existente es el Decreto‑Ley de 1977, que estaba destinado, explícitamente, a regular tan sólo las primeras elecciones, en junio de 1977. La Constitución amplió su vigencia, para regular las elecciones de 1979, y la legislatura entonces elegida no pudo o no supo proceder al cumplimiento del correspondiente mandato constitucional, de tal manera que las elecciones de 1982 aún se basaron en el viejo Decreto‑Ley.

Obviamente, esta situación no podía prolon­garse más, de tal manera que el gobierno pre­sentó a las Cortes, en octubre de 1984, el pro­yecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En el momento de redactar estas lí­neas, el trámite legislativo no ha llegado todavía a su fin, de manera que cuanto aquí se diga debe entenderse referido sólamente al proyec­to presentado por el gobierno, mientras que el texto que sea finalmente aprobado requerirá un nuevo análisis.

Significativamente, el proyecto sólo se ocupa, por lo que a nosotros concierne ahora, de fijar los tiempos de intervención de las distintas can­didaturas en los medios de titularidad pública y de controlar más severamente las informacio­nes políticas en los períodos pre‑electorales. Aunque estos artículos del proyecto son, proba­blemente, los más susceptibles de verse modifi­cados durante su debate parlamentario, convie­ne destacar aquí algunos aspectos:

 

‑ se garantiza el derecho a insertar publici­dad electoral en los medios de comunica­ción de titularidad privada: prensa, radio, o “cualquier otro medio de difusión privada”.

 

‑ no se puede, en cambio, contratar publici­dad electoral en los medios públicos; en ellos, las candidaturas podrán disponer de espacios gratuitos de duración variable.

 

‑ a diferencia del sistema actual, la ley fija ahora con detalle los criterios de distribu­ción de esos espacios. A ellos sólo tendrán acceso las candidaturas que concurran,como mínimo, en el 75% de las circunscrip­ciones, a las que les corresponderá:

+ candidaturas que, a) no hubieren concu­rrido a las anteriores elecciones, o, b) no tuviesen representación parlamentaria, o, c) no hubiesen superado el 5% de los votos: 10 minutos.

+ candidaturas que en las anteriores elec­ciones hubiesen obtenido entre el 5 y el 20°/a de los votos: 20 minutos.

+ cantidaturas que hubiesen superado el 20%: 30 minutos.

 

‑ se crea, finalmente, una Comisión de Con­trol para Radio y Televisión, con la función de aprobar y supervisar los espacios infor­mativos y los demás espacios de contenido político. Dicha comisión está formada por 9 miembros, cuatro de los cuales son desig­nados por el Gobierno, y los otros cinco por la junta Electoral Central, a propuesta con­junta de las candidaturas (o, de no haber acuerdo, nombrados directamente por la junta).

 

Se pueden formular diversas críticas a esta regulación. Así, la introducción de una auténtica censura política en los medios de información públicos; o bien la fijación de unos criterios para la distribución de los espacios gratuitos que están ostentosamente basados en los resul­tados electorales del 28 de octubre de 1982; o el reconocimiento, poco más que platónico, del derecho de acceso a los medios privados (puesto que un contrato no podrá ser nunca im­puesto a un medio privado); o, incluso, el crite­rio, general en todo el proyecto, de fundamen­tar importantes aspectos en los resultados de las anteriores elecciones, como si los mayores grupos parlamentarios tuviesen una especie de “derecho adquirido” a mantener ese status.

Pero, en el marco de este artículo, tal vez lo más grave haya sido la falta de imaginación y de creatividad para enfrentarse a la vasta pro­blemática suscitada por la introducción de las nuevas tecnologías, en la línea que antes hemos someramente enunciado. Se confirma así la hi­pótesis formulada: frente a la posibilidad de que las innovaciones introduzcan cambios, el reflejo de los gobernantes es el de limitarse a lo ya conocido y, en todo caso, a sujetarlo más estrechamente.

Es cierto que todo ello no puede verse refle­jado en la ley electoral, y que habrá que espe­rar al proyecto, al parecer inminente, de Ley Orgánica de Comunicaciones. Pero también es cierto que la ley electoral no permite abrigar grandes esperanzas respecto a ese, hoy por hoy, desconocido proyecto.

 

APENDICE

 

Por “paradoja de Condorcet”, o “efecto Con­dorcet”, se conoce el fenómeno de la no‑transi­tividad de las preferencias colectivas. Si una persona prefiere A a B y B a C, hay que supo­ner que en condiciones normales preferirá A a C (de ahí que se pueda hablar de un “orden de preferencias”). Condornet fue el primero que enunció que, en determinadas condiciones, las preferencias de un colectivo no se organizaban según un orden ‑es decir, no son transitivas - .­La demostración matemática del asunto es com­pleja, pero una ilustración puede ser útil. Su­pongamos (con datos no demasiado distintos del debate en bastantes democracias actuales) que en una sociedad dada existen tres grandes núcleos de opinión: un grupo liberal‑conserva­dor, un grupo de base sindical y un grupo pro­gresista. Supongamos que se está preparando el presupuesto anual, en el cual deben asignar­se recursos que cada grupo destinaría a cada programa varía en función de su grado de acuerdo con dichos programas. Supongamos, por mor de brevedad, que el debate se limita a tres programas:

 

‑ Desarrollo de un sistema escolar público (progra­ma E)

‑ Desarrollo de la producción de armamento (A)

‑ Creación de centros sanitarios para el aborto (C)

 

Parece verosímil suponer que el orden de preferencias de los tres grupos mencionados sería como sigue:

 

‑ Liberal‑conservador:                 A ‑ C ‑ E

‑ Sindicalistas:                               E ‑ A ‑ C

‑ Progresistas:                               C ‑ E ‑ A

 

Si ninguno de los tres grupos detenta la ma­yoría absoluta y sus dimensiones no son dema­siado distintas, tenemos el siguiente panorama:

 

‑ La opción A es preferida a la C (votos favorables de liberales y sindicalistas).

‑ La opción C es preferida a la E (en ello coinciden liberales y progresistas). Sin embargo,

‑ La opción E es preferida a la A (sindicalistas y progresistas, en efecto, prefieren E a A).

 

En otras palabras: en ausencia de un grupo mayoritario, existe la posibilidad de que no se puedan ordenar las preferencias colectivas. Ello, por fortuna, no sucede siempre, pero no hay que creer que se trate de una rareza mate­mática: para tres opciones, como en nuestro ejemplo, la probabilidad de que se produzca un “efecto Condorcet” es del orden del 9%. Esta probabilidad crece más que proporcionalmente cuando aumenta el número de opciones y cuan­do aumenta el número de consultas.

 

REFERENCIAS

 

SECCION I:

Para la crítica de Rousseau a la democracia directa, véase su Contrato social, Libro III, Iv. En cuanto a la democracia ateniense, entre muchos, la introducción de M. FINLEY, Vieja y nueva demo­cracia, Barcelona (Ariel), 1980. De C.B. MACPHERSON, The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford (Oxford Univ. Press), 1976 (versión esp. en Alianza). Una breve presentación de la “paradoja de Condornet” en J. ATTALI, Los modelos políticos, Barcelona (La­bor), 1974.

 

SECCION II:

De White, naturalmente, el clásico The Making of a President. Otros estudios mencionados: LANG, K.G., “Ordeal by debate”, Pu­blic Opinion Quarterly, Summer 1961: 277 y ss.; REMOND, R. y NEUSCHWANDER, C,,Télévision et comportement politiqué”, Re­vue Française de Science Politique, 13 (1963): 325‑347, Rev Franç. Sci Pol, 14 (1964): 877‑905; BLUMLER, J.G. y McQUAIL, D., Televi­sion in Politics. Its Uses and Influence, Londres (Faber & Faber), 1968; CAMPBELL, A., “Has Television reshaped Politics?, en DRE­YER, E.C. y ROSENBAUM, W.A. (eds.), Polítical Opinion and Electo­ral Behaviór, Belmont (Wordsworth), 1966, B.RC„ The 1966 General Election. .4n audience research report, Londres, 1966. Sobre los par­tidos “catch‑all”, debe verse O. KIRCHHMMER, “The Transformahon of Western European Party Systems”, en LA PALOMBARA, J. y WEI­NER, M. (eds.), Política] Parties and Política  Development (Prince­ton Umv. Press), 1966; en España, véase LOPEZ GUERRA, L., “Sobre la evolución de las campañas electorales y la decadencia de los partidos de masas”, Revista Española de la Opinión Pública. 45 (1976): 91‑110.

 

Por último, el “libro blanco” del gobierno británico: The Develop­ment of Cable Systems and Services, London‑ HMSO, 1983. En ge­neral para la CEE, ROBERTS, GX, Access to Polítical Broadcasting in the MEC, Manchester (Manchester Univ. Press), 1984.