El Mercado Común y los medios de comunicación social

 

Enrique Gómez‑Reino y Carlota

 

El ingreso de España en la CEE sitúa en primer plano la incidencia en nuestro país del derecho comunitario en materia de medios de comunicación. Además, el estudio de la legislación de la comunidad es fundamental para calibrar las posibilidades de actuación en una política global que se está definiendo ahora.

 

Antes de abordar cuál es el ré­gimen jurídico de los medios de comunicación en el dere­cho comunitario es imprescin­dible al menos dar cuenta de la incidencia de dicho Dere­cho en nuestro ordenamiento jurídico, así como explicar cuales son los rasgos definitorios del propio ordenamiento comunita­rio.

Nuestro país accede al Mercado Común, en el momento preciso en que las instituciones co­munitarias debaten la problemática jurídica de los media en una etapa histórica calificada como "era tecnotrónica", en la cual las teleco­municaciones constituyen, según Voge, el "ver­dadero sistema nervioso de la Humanidad". Era en la cual las fronteras nacionales ocupan un lugar cada vez más marginal. España, por lo tanto, va a poder, en una situación de igual con el resto de los países comunitarios, tomar parte en ese diálogo y en las eventuales decisiones posteriores que tome la Comunidad en esta ma­teria.

 

LA INCIDENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL

 

Es sabido que desde el punto de vista del Derecho interno la Constitución española de 1978 ha venido a trastocar sustancialmente nuestro sistema tradicional de fuentes del Dere­cho al menos en tres aspectos dignos de recor­dar En primer término se rompe el monopolio del Estado de la producción de normas con va­lor y fuerza de ley, en segundo lugar se incre­menta el número y la tipología de normas con valor de ley que el Estado puede utilizar y, en tercer término, se alteran los principios tradi­cionales de explicación de las relaciones inter­normativas, basadas hasta ese momento de ma­nera casi absoluta en el principio de jerarquía que en el futuro tendrá que compartir su fun­ción con el principio de competencia.

Este nuevo modelo o sistema interno de fuentes puede ser alterado a su vez en virtud de la previsión constitucional del art. 93 que dice que "mediante ley orgánica se podrá auto­rizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución inter­nacional el ejercicio de competencias deriva­das de la Constitución". Conforme a este pre­cepto se puede atribuir a organizaciones inter­nacionales competencias que antes eran de la exclusiva competencia de los órganos estatales.

Nuestra adhesión al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea va a supo­ner, por lo tanto, la atribución de competen­cias de naturaleza legislativa, ejecutiva y judi­cial a las instituciones comunitarias, lo cual significa, una transferencia de soberanía. La Comunidad ha nacido, pues, como un ente su­pranacional con competencias y poderes pro­pios cuyo objetivo es la integración económi­ca y social. No obstante, aunque el sistema de asunción de competencias por la Comunidad es de atribución, ello no ha sido obstáculo para que aquellas hayan sido ampliadas sobre la base de la teoría de los llamados poderes implícitos.

Esta transferencia de competencias a la Co­munidad va a tener, a su vez, una incidencia obvia en el sistema de fuentes y en los princi­pios ordenadores de las relaciones internorma­tivas. En efecto el impacto del ordenamiento comunitario europeo sobre el sistema interno de fuentes va a ser, sin duda alguna, muy im­portante y va adquirir también una problemáti­ca específica muy rica en matices que ya desde hace algún tiempo viene siendo desvelada, apurada y contrastada por la doctrina y juris­prudencia europeas.

Este fenómeno de integración económica co­munitaria europea tiene unas características es­pecíficas con respecto a otras organizaciones internacionales que REUTER ha resumido en tres: independencia de las instituciones comuni­tarias frente a los gobiernos nacionales, transfe­rencia de competencias de los Estados a la C.E.E. y relaciones directas entre los órganos de la comunidad y los particulares.

El Tratado una vez que haya sido autorizado por las Cortes conforme al art. 93 de la C. E. E. se integra en el ordenamiento jurídico interno (art. 96‑1 C.E.) y adquiere, además, el mismo valor y fuerza que la ley. La relación, por otra parte entre el Tratado y la ley interna se expli­ca también, a través del principio de compe­tencia; así, las normas internas que afecten al contenido del Tratado incurrirán en invalidez por vicio de incompetencia.

Ahora bien, la publicación del Tratado es un requisito de eficacia interna pero no resuelve todos los problemas relativos a su incidencia en el Derecho interno y en particular el tema rela­tivo a su aplicación. La jurisprudencia del Tri­bunal de justicia de las Comunidades desde 1963 (Caso Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen) ha venido poco a poco determinando qué preceptos del Trata­do gozan del efecto directo, es decir, son autoe­jecutorios (self‑executing). Como tales no preci­san un desarrollo ulterior ni por las propias ins­tancias comunitarias ni por los Estados miem­bros para ser aplicados por los jueces naciona­les. Los ciudadanos pueden, pues, invocar sus preceptos directamente frente a sus Estados o, en su caso, en las relaciones entre particulares.

Como acabamos de señalar el Tratado como norma jurídica goza de una estructura específi­ca por lo que muchas de sus partes deban ser integradas y complementadas por normas de desarrollo dictadas por las propias instituciones de las Comunidades (El Tratado de Fusión de 1965 de la CZE., C.E.C.A. y C.E.E.A. constituyó un Consejo y una Comisión comunes para las tres Comunidades) conforme a las habilitacio­nes contenidas en el propio texto del Tratado. Esta normas de desarrollo del Tratado constitu­yen el llamado Derecho derivado. El ordena­miento comunitario está, pues, básicamente in­tegrado por el Tratado y las normas de desa­rrollo.

Ni el Tratado de la CEE, ni los fundacionales de la CECA y de la CEEA, han utilizado una terminología uniforme para calificar a cada una de estas disposiciones. Por lo que aquí nos inte­resa el Tratado de la CEE en su artículo 189 distingue el reglamento que "tendrá alcance general, será obligatorio en todos sus elemen­tos y directamente aplicable en todo Estado miembro", la directiva o directriz que "obligará a todo Estado miembro destinatario en cuanto al resultado a alcanzar, dejando a las instituciones nacionales la competencia en cuanto a la forma y medios", la decisión que "será obligatoria en ­todos sus elementos para los destinatarios que designe" y las recomendaciones y dictámenes que "no serán vinculantes".

De todas estas disposiciones las más impor­tantes son el reglamento y la directiva, normas dictadas por el Consejo y la Comisión que son los órganos ejecutivos de las Comunidades. La característica singular de la directiva frente al reglamento es que aquella necesita de una pre­cisión por parte de los Estados miembros que han de utilizar los medios que sean más idóneos en cada caso.

 

CARACTERISTICAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO

 

Los llamados Tratados Básicos o fundaciona­les ‑de las Comunidades junto .con otros Trata­dos y Convenios‑ integran lo que se han con­venido en llamar la Constitución Comunitaria (BERNHARDT), norma primaria del ordena­miento jurídico comunitario, así como funda­mento del Derecho derivado, integrado como ya sabemos, por dos instrumentos normativos genuinos que son los reglamentos y las directri­ces.

Este ordenamiento jurídico goza de autono­mía que el Tribunal de justicia ha recordado en reiteradas ocasiones, así en el caso Humblet v. Estado belga (1960) ha dicho el Tribunal que los tratados constitutivos se inspirarán "en el principio de separación rigurosa de las compe­tencias de las instituciones europeas y de los órganos de los Estados miembros", y, en 1964, señala en el caso Costa v. E. N. E. L. que a dife­rencia de los tratados internacionales ordina­rios, el "Tratado de la CEE ha creado un orde­namiento jurídico propio".

La articulación de este ordenamiento comuni­tario con los ordenamientos internos se realiza sobre la base de la primacía o prevalencia de: primero sobre las normas de los Estados miem­bros, y además, el Derecho comunitario tiene un efecto inmediato o directo en el interior de los Estados miembros.

 

EL MERCADO COMUN DE LA COMUNICACION

 

El profano, ha dicho SCHWART, se puede asombrar al ver a las Comunidades Europeas preocuparse de problemas relativos a los me­dios de comunicación y, en particular de la ra­dio y televisión, los cuales desbordan, en prin­cipio, su objetivo primario de carácter económi­co y social. Emerge, pues, una nueva dimensión u objetivo político de carácter cultural e informativo cuyas consecuencias nos son difíciles de desentrañar.

Lo que no se puede o quiere confesar expresamente, cual es la unificación política europea se pretende acelerar a través de vías colaterales que impulsen poco a poco dicho proceso Todo ello es fruto del fracaso en 1954 de la idee de una comunidad política europea que ahora se pretende recuperar a través de proceso parciales de integración como ya había apunta­do Roben Schuman en su declaración de 9 de mayo de 1950, con estas palabras:

 

• "Europa no se hará de golpe ni en una cons­trucción de conjunto: se hará mediante realiza­ciones concretas, creando primero una solida­ridad de hecho... esta propuesta realizará las primeras bases de una federación europea in­dispensable para el mantenimiento de la paz".

 

En este contexto la C. E. E. responde a la idea funcional de progresiva integración económica que en estos momentos como ya he apuntado, se quiere hacer extensible a los medios de co­municación.

La construcción de este Mercado Común de la Comunicación se pretende legitimar en una nueva lectura del propio Tratado, en cuanto que éste persigue, en su art. 2, junto con cuatro objetivos de progreso económico y social, un quinto de promoción de "relaciones más armo­niosas entre los Estados que integran la Comu­nidad". El Preámbulo, a su vez, indica también a este respecto, que el Tratado pretende "sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos" y "fortalecer... la paz y la libertad". Por lo tanto además de los objetivos económicos, y sociales, estamos en presencia de otro de carácter político con re­percusiones indudables en los campos de la cultura y de la información.

Ahora bien, esta nueva tentativa es un tema sin duda alguna delicado, en mi opinión, por la entrada en juego de diversos intereses y facto­res que se pueden resumir en tres:

 

1)   Intereses nacionales de carácter ideológico, político y cultural que los Estados miembros intentan preservar.

2) Ausencia en el Tratado de la CEE de una lis­ta completa de derechos fundamentales al uso en el derecho interno de los Estados.

3) La transferencia de soberanía de los Estados en favor de la Comunidad no debe llevar aparejada una dimensión o descapitalización de los derechos fundamentales garantizados en los ordenamientos jurídicos internos.

 

LA ESTRATEGIA POLITICA DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION

 

En estos momentos la estrategia comunitaria pasa por la consecución de tres objetivos prin­cipales:

 

A) La aplicación de las libertades básicas del Tratado a los medios de comunicación y la integración de sus lagunas en materia de derechos fundamentales.

 

La creación de un espacio económico comu­nitario se articula por lo que aquí nos interesa a través de cuatro libertades básicas de carácter económico que son: la libertad de circulación de mercancías, la libertad de capitales, la liber­tad de circulación de personas y la libertad de prestación de servicios. Todas ellas son sucepti­bles de aplicación a cada uno de los medios de comunicación de masas, conjuntamente con otras previsiones del Tratado que legitiman de­rogaciones o matizaciones a algunas de ellas, como vemos más adelante.

La práctica, por otra parte, viene demostran­do que los problemas que plantea la prensa e incluso la cinematografía en el Derecho comu­nitario son menos arduos que aquellos relativos a la radiodifusión por tres tipos de considera­ciones. En primer lugar, por la internacionaliza­ción del proceso económico de la radio y la te­levisión, en segundo término, debido a la evolu­ción incesante de la tecnología y, en tercer lu­gar, por la heterogeneidad de los sistemas nor­mativos nacionales que regulan estos medios.

Bien es cierto también que como el Tratado no contiene una tabla de derechos fundamenta­les similar a la reconocida a los ciudadanos en el ámbito interno de los Estados la compatibili­dad de aquél con las Constituciones estatales puede llegar a ser grave sobre todo cuando como consecuencia de la aplicación del Trata­do o del derecho derivado, se produzcan reba­jas o incluso desconocimiento de los derechos consagrados en las Constituciones. Las instan­cias europeas y, en particular, el Tribunal de Justicia ha puesto remedio integrando esta lagu­nas a través de tres vías.

En primer lugar, ha considerado que la pro­tección de los derechos fundamentales se pre­sentan como principios generales del derecho cumunitario (caso Stauder, S. de 13 de noviem­bre de 1969), en segundo término la jurispru­dencia comunitaria ha inducido de los derechos de los Estados miembros principios comunes a todos ellos, a los efectos de aplicar "la regla de derecho generalmente admitida" y por último, ha considerado, el Tribunal, que las libertades contenidas en los instrumentos internacionales que reconocen derechos tienen un valor inter­pretativo del derecho comunitario. Así en el caso Nold (S. de 14 de mayo de 1975) y Hauer (S. de 13 de diciembre de 1979) el Tribunal entendió que "los instrumentos internacionales concernientes a la protección de los derechos a los cuales los Estados miembros se han adheri­do pueden igualmente administrar indicaciones que deben tenerse en cuenta en el marco del derecho comunitario".

Por ello tiene una importancia evidente en relación con los medios de comunicación social, los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y 10 del Conve­nio de Roma para la Protección de los Dere­chos Humanos y de las Libertades Fundamenta­les de 1950 que reconocen la libertad de ex­presión y los derechos que la integran. Pero, además, la Declaración común de los órganos legislativos de la Comunidad de 5 de abril de 1977 ha considerado primordial el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio de Roma de 1950 y el Parlamento ha recomendado por Resolución de 29 de octubre de 1982, la adhesión de las Comunidades a di­cho Convenio.

 

a) PRENSA. El tema más vidrioso en relación con las actividades de prensa a nivel comunitario, ha sido la inversión de capitales extranjeros en empresas pe­riodísticas y en menor medida el del ejercicio profe­sional.

 

El Tratado de la CEE prevee la aplicación general, desde el final del período transitorio, de la libertad de circulación de capitales (art. 67) y, conforme al art. 221 se prevee también que "en un plazo de tres años a partir de la en­trada en vigor del Tratado, esto es en 1961, los Estados miembros aplicarán a los ciudadanos de los demás Estados miembros el trato de na­cional en lo que respecta a su participación fi­nanciera en el capital de las sociedades defini­das en el art. 58" (sociedades de Derecho civil, mercantil, cooperativas y demás personas jurí­dicas de Derecho público o privado con excep­ción de las sociedades que no persigan un fin lucrativo). No obstante, la liberalización del sec­tor de la prensa, en relación a la libertad de es­tablecimiento y de participación de capital en empresas periodísticas han encontrado grandes reticencias en países circunscritos como Fran­cia, entre otros, a pesar de que la libre circula­ción de capitales en los sectores de "imprenta, edición e industrias anexas", figuraba en el Pro­grama general de la Comisión de 1962. La Co­misión, además, por medio de dos cartas de 5 de julio y de 10 de octubre de 1963, hizo saber al Gobierno francés que la Ordenanza de 22 de agosto de 1944 que prohibía la participación de capitales extranjeros en empresas periodís­ticas francesas era incompatible con el art. 221 del Tratado.

Otra cuestión que también ha preocupado a las instituciones comunitarias es la relativa a los profesionales del periodismo. Su actividad en el seno de la Comunidad viene garantizada o bien por la libertad de establecimiento, o bien por la de circulación de trabajadores, según se esta­blezcan por cuenta propia o como asalariados. Pero además, en el supuesto de que presten sus servicios desde su país de origen, la regla aplicable sería la de la libré prestación de ser­vicios.

En cuanto a la regulación de su actividad profesional la Comisión preparó dos proposicio­nes de Directrices que más tarde fueron aban­donadas. La primera relativa a la "realización del derecho de establecimiento y la libre pres­tación de servicios para ciertas actividades de prensa", fue retirada después del caso Reyners v. Estado belga (1974). Esta sentencia estable­cía entre otras cosas, que todas las restricciones o discriminaciones que afectaran a los naciona­les de un país establecidos en otro Estado de la Comunidad eran contrarias al Tratado, puesto que los extranjeros son beneficiarios del princi­pio del tratamiento nacional después del 1 de enero de 1970. Es decir, que el art. 52 que ga­rantiza el trato nacional de los extranjeros es una norma directamente aplicable después de la finalización del periodo transitorio.

El Anteproyecto de proposición de directiva relativa a la "coordinación de las condiciones de ejercicio de las actividades de periodistas" (1972), también fue retirado porque la Comisión entendía que dicha coordinación no era ya in­dispensable para facilitar la movilidad de los periodistas en el interior de la Comunidad, por la razón de que la actividad periodística en ge­neral no estaba reglamentada por los Estados (salvo en Italia) en relación a las condiciones de cualificación,

 

b) RADIO Y TELEVISION. He señalado anteriormen­te que las instituciones comunitarias muestran desde hace poco tiempo un vivo interés por estos dos me­dios de comunicación y en especial por la televisión cuya novedad radica en el perfeccionamiento conti­nuo de las técnicas de transmisión (cable y satélite).

 

La radio y la televisión como instrumentos que son de las libertades de expresión y de co­municación y circulación de información se in­tegran, como ya sabemos, en el sistema comu­nitario como principios generales del derecho; pero por otra parte, también, se trata de liber­tades relativas a actividades transnacionales y como tales se articulan con los preceptos comu­nitarios concernientes a la libertad de mercan­cías, libre circulación de personas y libre pres­tación de servicios.

La tendencia al monopolio público de la ra­dio y, en particular, de la televisión, que es el régimen más generalizado en los Estados miembros de la Comunidad, es legítimo confor­me al Derecho comunitario por cuanto éste re­conoce, a los Estados, por una parte, el derecho a organizar su propio sistema económico (art. 2.22) y, por otra parte, la facultad de reservarse el ejercicio de ciertas actividades económicas (art. 37 y 90), pero ello no excluye que los mo­nopolios sean considerados como "empresas" a los efectos del art. 90 del Tratado (caso Sacchi, Sentencia de 30 de abril de 1974).

El monopolio de la televisión afecta obvia­mente a derechos y principios comunitarios ta­les como la libertad de establecimiento y la li­bertad de circulación de trabajadores. No obs­tante, su legitimidad en relación con estos dere­chos está sometida a determinados condiciona­mientos. El monopolio, es cierto, impide el ejer­cicio de la libertad de establecimiento, pero tal impedimento sólo es legítimo si la prohibición afecta por igual a nacionales y extranjeros de países comunitarios. Por otra parte, el sector público de la radio y la televisión no puede ser­vir de escudo para excluir de los puestos de trabajo en aquel sector a los trabajadores ex­tranjeros, después de la S. Comisión v. Reino de Bélgica, de 17 de diciembre de 1980.

Desde el punto de vista del derecho comuni­tario, además, las retransmisiones de radio y te­levisión caen bajo la protección de la libre prestación de servicios. En relación en concre­to con las emisiones de televisión el Tribunal de justicia de las Comunidades ha mantenido que la difusión de programas es una actividad protegida por el derecho a la libre prestación de servicios reconocido en el Tratado, el cual protege también las emisiones de carácter pu­blicitario (casos Sacchi, Coditel I y Debauve) así como la transmisión de mensajes a través de la televisión por cable (Debauve). Un criterio si­milar ha sido mantenido por la Comisión, en 1982, la cual ha indicado por primera vez que "los derechos fundamentales europeos que son la libertad de establecimiento y la libre circula­ción de servicios en el interior de la Comuni­dad deben ser igualmente garantizados en lo que concierne a las actividades derivadas de la televisión”.

 

       Este derecho a la libre prestación intracomu­nitaria de servicios puede ser, según el tratado, objeto de restricciones. En efecto, el art. 66 que reenvía, particularmente, al 56 dispone en su parágrafo 1.° que esta libertad puede ser objeto de derogaciones siempre que se justifiquen en razones de orden público, seguridad pública y salud pública, conceptos jurídicos indeterminados que el Tribunal  Comunitario ha venido con­trolando e interpretando de forma restrictiva. La doctrina científica ha  entendio, también, que esa libertad de prestación de servicios puede ser además limitada por los Estados, en virtud de la protección de los derechos de autor o d la orientación no pluralista de los programas extranjeros.

Por último, es conveniente recordar que la televisión vía satélite que cubra el territorio de varios países miembros de la Comunidad no modifica en nada, conforme al Tratado, la natu­raleza de libre prestación de servicios de las emisiones difundidas, pero también es cierto que temas como las patentes de marcas, el co­pyright, las prohibiciones en materia de publi­cidad y la propiedad artistíca, van a constituir un obstáculo, al principio, a la difusión interna­cional de programas a través de satélites o ca­bles (Rapport Hutton. Document 1‑1523/83), puesto que es muy probable que los satélites comiencen a emitir programas antes que se en­cuentren soluciones jurídicas a estos proble­mas.

 

B) El programa europeo de televisión

 

Primero el Parlamento y luego el Consejo y la Comisión de la Comunidad han sido conscientes de que la información es un elemento capital para la unificación europea. Por otro lado, la ex­trecha interacción entre información y econo­mía ha permitido constatar que la inclusión de los medios en el proceso de unificación euro­pea ha dado una nueva dimensión a los Trata­dos de Roma (Rapport Hatin, Doc. 1‑1013/81). En todo caso se ha recordado a nivel comunita­rio que hay que descartar la idea de creación de una televisión oficial ya sea dependiente de la Comisión, ya del Parlamento europeo.

Para ello se han manejado dos posibilidades. 0 bien la creación de un organismo autónomo europeo de radiodifusión o bien el estableci­miento de un programa europeo común. La pri­mera idea, que ha sido ya descartada, fue de­fendida por aquellos que ponen en tela de jui­cio que las televisiones de los países miembros puedan crear un programa común con una orientación sinceramente europea. Sólo un or­ganismo autónomo comunitario, según los sus­tentadores de esta tesis, podrá liberar el pro­grama europeo de los condicionamientos nacio­nales. Pero una serie de dificultades de diferen­te índole hacen poco viable y realista este pro­yecto. Entre aquellos se han apuntado la crea­ción del propio organismo, la financiación de dicho organismo, los obstáculos derivados de la Conferencia Administrativa mundial de radioco­municaciones de Ginebra de 1977 que fijaron para un período de siete las competencias ac­tuales de las televisiones estatales, y, también la dificultad de llegar a un acuerdo por unanimi­dad en relación a la elección de la forma jurídi­ca que debería adoptar el ente público euro­peo de radio y televisión.

Por todas estas y otras razones la posición más realista en estos momentos es la de crear un programa común europeo vía satélite Ye­transmitido o bien, por el quinto canal reserva­do a los Estados miembros o bien, por el canal del satélite que será lanzado en 1986 por la Agencia europea espacial. Desde el punto de vista técnico se estima indispensable una estre­cha colaboración con la E. U. R. (Resolución del Parlamento europeo de 12 de marzo de 1982, J.O.C.E.n N.° C 87/110).

El parlamenteo ha adelantado también el marco o los principios que debe respetar dicho programa. El programa ha de ser completo, en el sentido de que debe reflejar el pluralismo político y cultural de la realidad europea a fin de mejorar el conocimiento recíproco entre los europeos. Por ello todos los Estados miembros y las regiones de Europa deben participar en la elaboración de este programa. Aunque la ima­gen del programa debe ser la misma en toda Europa, los telespectadores deberán poder es­coger entre seguir dicho programa en su len­gua materna, o en la versión original. El progra­ma debe completarse, además con temas re­creativos, informativos y culturales.

 

C) El fundamento jurídico de la acción comunitaria en materia de medios de comunicación social

 

Es un hecho que las disposiciones internas de los Estados relativo a la radio y la televisión vienen jugando, por su heterogeneidad, como un factor de distorsión de la competencia en el seno del Mercado Común. Para rectificar esta situación parece que no son suficientes las medidas previstas en el art. 100 del Tratado (direc­trices de aproximación de las disposiciones na­cionales) sino los eventuales "programas de ac­ción" que puede crear la Comunidad, conforme al art. 235, los cuales tienen por finalidad la rea­lización de los objetivos del Tratado, entre los que se encuentra, como ya sabemos el merca­do común de la comunicación. Este último pre­cepto deja a la Comunidad un margen más am­plio de maniobra que el art. 100. Por esta razón el precepto citado ha sido a menudo invocado por la doctrina y las instancias comunitarias como el fundamento jurídico para la articulación de medidas en el marco de las llamadas "políti­cas anexas" entre las cuales cabría incluir a los media.

Me queda por hacer mención en este reco­rrido a vuela pluma a las cuestiones y medidas propuestas por la Comisión en relación con al­gunos aspectos de la radiodifusión en un docu­mento importante y de gran actualidad, en dis­cusión en estos momentos.

 

"El Libro Verde sobre el establecimiento del Merca­do Común de la radiodifusión, particularmente por satélite y por cable" (Comunicación de la Comisión al Consejo, Bruselas 14 de junio de 1984).

 

El interés de la Comisión por este tema pro­viene principalmente de las sucesivas iniciati­vas tomadas por el Parlamento europeo desde comienzos de 1982.

En el libro se recogen una serie de sugeren­cias de la Comisión para llevar a cabo una ac­ción comunitaria en el campo de la radiodifu­sión transnacional y en particular de la televi­sión. La Comisión desea que el Libro Verde sir­va de base para un amplio debate entre las partes interesadas, antes de hacer propuestas formales al Consejo.

Las medidas sugeridas por la Comisión ‑a parte de la supresión de las restricciones dis­criminatorias incompatibles con los art. 59 y 62 del Tratado‑ son las siguientes:

 

1. Coordinación de ciertos aspectos específi­cos de las legislaciones de los Estados miem­bros aplicables en materia de publicidad a la radio y a la televisión.

 

2. Coordinación de las legislaciones naciona­les protectoras de los niños y adolescentes.

 

3. Coordinación limitada de las disposiciones de los Estados miembros relativas a los derechos de autor como objeto de reemplazar el de­recho de los titulares a prohibir la retransmisión simultánea de programas de radio y de televi­sión provenientes de otros Estados miembros, por el derecho a recibir una remuneración equitativa.

 

Por otra parte, la Comisión cree que la Co­munidad debe tomar parte activa en el campo de la radiodifusión dada la importancia de la contribución de la radio y de la T. V. en el proceso de integración europea. Esta contribución no se si­túa sólo en el plano económico, sino que com­porta también aspectos sociales, culturales y políticos. No obstante, la legislación actual en meteria de radiodifusión se remonta en gran parte, a tiempos anteriores a la fundación de la Comunidad, por lo cual no debe sorprender que se haya desarrollado desde el punto de vista interno de los Estados sin tener en cuenta el propio Tratado, lo cual se considera un factor de desaliento a las iniciativas europeas.

La Comunidad, por lo tanto, a juicio de la Co­misión debe intervenir rápidamente, para lo cual sugiere una aproximación gradual que per­mita eliminar los principales obstáculos jurídi­cos que impiden el desarrollo de la radiodifu­sión transnacional entre los Estados miembros, en base a dos órdenes de razones. En primer lugar, las reglas directamente aplicables del Tratado, pueden garantizar en grado suficiente de libertad, permitiendo, en un período inicial, que la radiodifusión transnacional se desarrolle de forma satisfactoria, bajo la reserva de que sus preceptos sean complementados por disposi­ciones de derecho derivado. En segundo térmi­no, dado que la radiodifusión es una actividad sensible en virtud de múltiples factores, (cultu­rales, políticos, técnicos, etc.) y que su organi­zación varía de un Estado a otro, parece razona­ble proceder de manera progresiva para llegar a un consenso necesario en el tiempo disponi­ble, más que adoptar una aproximación global demasiado ambiciosa.

Por último, para el cumplimiento de este ob­jetivo, la Comisión propone, pero sólo con ca­rácter consultivo, principalmente, a los Estados, que se tomen medidas específicas, para elimi­nar las restricciones a la radiodifusión transna­cional y facilitar ésta, en las siguientes materias publicidad, orden y seguridad públicas, protec­ción de los derechos fundamentales de la per­sona humana, y en particular, la protección de los niños y de los adolescentes, derecho de ré­plica y derechos de autor.