En la medida en que una sociedad se desenvuelve en un
escenario que le reclama más condiciones de pluralidad, democratización y
complejidad, se hacen más evidentes la necesidad y la importancia de establecer
mecanismos de evaluación en los diversos planos y dimensiones del entramado
social. El ámbito educativo no escapa a esta tendencia general.
En efecto, si se observa con
detenimiento, resulta lógico que los resultados de los programas y acciones que
se ponen en marcha con un propósito educativo estén sujetos al escrutinio
riguroso, no sólo en términos de los objetivos que se plantea la propia
institución escolar, sino también en aspectos más amplios de la acción
evaluadora por parte de los distintos actores públicos.
Esta intención evaluadora de
la sociedad es parte constitutiva de una acción racional, no un complemento o
accesorio añadido: si se ha tenido alguna pretensión formulada en términos
programáticos, resulta coherente no sólo preguntarse por los resultados de la
misma, sino por las estrategias necesarios para proponer su mejoramiento
futuro.
La articulación entre
objetivos y resultados, presupuesto básico de la evaluación, está sujeto no
sólo a las vicisitudes generales que conlleva la puesta en práctica de una
acción planificada, sino también a determinaciones sociales que es necesario
revisar y comprender en un contexto participativo y democrático.
Poner en marcha procesos de
evaluación resulta, por tanto, necesario para saber cómo se está trabajando en
el campo de las instituciones y de las acciones sociales: si se cumplen las
previsiones, con qué ritmo, a qué precio, con qué efectos secundarios. La
evaluación es un quehacer imprescindible para conocer y mejorar lo que se hace.
No basta poner en funcionamiento programas y acciones excelentemente
concebidos: se requiere, también, establecer de manera objetiva su inserción
efectiva en el terreno de la práctica. Este presupuesto es necesario para
avanzar en la consolidación de una verdadera cultura de la evaluación que
permita, tanto a los individuos como a las instituciones, participar de una
manera más clara y comprometida en el mejoramiento constante de nuestras
intenciones y proyectos educativos comunes.