Las nuevas tecnologías en las relaciones laborales

Del empleo a la participación en la innovación

 

J. Enrique Medina Castillo

 

El impacto tecnológico ha causado una auténtica revolución en el ámbito de las relaciones de producción. El empleo, la salud laboral y las condiciones de trabajo y participación son los principales terrenos afectados.

 

I. NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS IMPACTOS

 

Hablar de tecnología supone referirse al progreso técni­co, ya que la tecnología está vinculada a la activi­dad de investigación y de­sarrollo dirigida a innovar las técnicas de producción, formando parte integrante del conjunto de las fuerzas productivas y constituyendo un as­pecto esencial de los elementos materiales del proceso de producción.

Si el impacto tecnológico ha sido grande en los sistemas ecológico y social, en el ámbito de las relaciones productivas ha causado una auténtica revolución, y es donde se expresa con toda su amplitud el triunfo del principio automático que se basa en el proceso meca­nizado e ininterrumpido de producción (1).

La tecnología constituye un elemento im­portante en la configuración de las condicio­nes de vida y de trabajo. Las transformacio­nes tecnológicas afectan de distintas formas a la actividad laboral. Determinan los conteni­dos materiales de la misma, influyen sobre el ambiente en que se desarrolla, posibilitan un mayor control de la actividad de los trabaja­dores, y, al crear nuevos productos, inciden directamente sobre la estructura de industria y ocupaciones (2).

Cada formación social, cada modo de pro­ducción, se ha caracterizado por un determi­nado grado de desarrollo de las fuerzas pro­ductivas y sociales precedentes, que constitu­yen, al propio tiempo, la base material y técni­ca para su desarrollo y reproducción. Las re­laciones que se establecen entre trabajado­res y medios de producción constituyen el elemento que permite distinguir las diferen­tes épocas económicas por las que ha atrave­sado la humanidad, hasta el punto de que lo que distingue a una época económica de otra es menos lo que se produce, que los medios de trabajo con los cuales se produce.

Por ello, a pesar de que toda innovación tecnológica produce cambios que afectan al diseño de las relaciones laborales, no todo cambio tecnológico produce los mismos efec­tos. Así, se puede diferenciar el impacto que produjo la tecnología industrial, respecto a la que producen las nuevas tecnologías postin­dustriales.

Mientras aquellas se limitaban a la sustitución de la fuerza de trabajo manual, las nuevas tecnologías no sólo sustituyen los brazos y piernas de los trabajadores, sino que también captan parte de las atribuciones del cerebro humano y, en muchos casos, lo superan (3).

Por otro lado, cabe resaltar dos notas res­pecto a las nuevas tecnologías. La primera de ellas, el fenómeno de centralización de la pro­ducción tecnológica en manos de los grupos de empresas y especialmente en las compa­ñías transnacionales, lo que conlleva una cen­tralización de las decisiones en la materia de una parte del capital. La segunda se refiere a la creciente intervención del Estado en la defi­nición del modelo tecnológico por la centra­lidad que para una política de crecimiento económico representa la renovación tecnoló­gica (4) .

La característica más sobresaliente de las nuevas tecnologías es su interdependencia, el hecho de que constituyan un sistema en el que los avances de cada campo facilitan el progreso en otras áreas de innovación tecno­lógica a causa, sobre todo, de la comunicabi­lidad de la información obtenida y a su traduc­ción en el código específico de cada campo por medio de ordenadores telecomunicados entre sí.

Como es sabido, los sectores tecnológicos que forman el núcleo básico de las denomina­das nuevas tecnologías son: la microelectró­nica, la informática, las telecomunicaciones, la automatización, la inteligencia artificial y el láser. Las opiniones sobre sus efectos socia­les se distribuyen proporcionalmente entre el optimismo y el pesimismo.

Haciendo abstracción de esa polémica, sin duda estamos en los albores de una auténtica revolución en la concepción de las relaciones laborales, ya que no existe prácticamente nin­gún tipo de trabajo que no pueda encomen­darse en la actualidad a máquinas automáti­cas. Cualquier proceso de producción puede ser total o parcialmente automatizado, no sólo en las grandes empresas sino también en las pequeñas o muy pequeñas, gracias al pro­gresivo bajo coste que supone para las em­presas incorporar microprocesadores y apli­caciones informáticas.

En todos los estudios (5) hay una coinciden­cia unánime respecto a que las características sociales básicas de nuestro sistema industrial y laboral, tales como la tendencia al pleno empleo, la defensa de las profesiones tradi­cionales y de los oficios industriales, la dife­renciación entre obreros y empleados, la base sobre la que descansan los grados de cualifi­cación, el aprendizaje basado en la práctica, la carrera como paso de un puesto de trabajo a otro, la jornada de trabajo etc., pueden po­nerse en la actualidad en tela de juicio.

Las aplicaciones de las nuevas tecnologías, a la par que han posibilitado un considerable incremento del progreso material, han produ­cido grandes impactos en las relaciones labo­rales que se manifiestan en aspectos tan dis­pares como: el volumen y la sectorialización del empleo, las formas de contratación, los sistemas de control del trabajo, la flexibilidad de la prestación laboral, las cualificaciones profesionales y la salud.

 

II. EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Para que una tecnología tenga efectos eco­nómicos generalizados e implicaciones impor­tantes sobre el empleo, es necesario que ge­nere una gran variedad de nuevos productos y/o servicios, que su aplicación sea posible en muchos sectores de la economía, que re­duzca los costes productivos y mejore el fun­cionamiento de los sistemas de producción existentes, y que genere fuertes intereses in­dustriales basados en la rentabilidad y venta­ja competitiva percibida con sus aplicaciones.

El empleo ha sido el aspecto que siempre ha suscitado mayores discusiones y polémicas más agrias sobre la aplicación de nuevas tecnologías. Baste recordar la historia del mo­vimiento obrero para comprobar la multitud de acontecimientos, a veces violentos, que han motivado las innovaciones productivas.

No obstante, sostener, hoy en día como en­tonces, que las nuevas tecnologías per se su­ponen un retroceso o paso atrás para los tra­bajadores no hace sino estimular el temor y el rechazo ante cualquier tipo de progreso técni­co, desconociendo las posibilidades de mejo­ra de las condiciones de vida y de progreso que pueden permitir las nuevas invenciones técnicas.

Ello no quiere decir que la tecnología, las nuevas tecnologías, no convulsionen el mer­cado de trabajo y sean causa, entre otras, de la pérdida de empleos y el trasvase de traba­jadores de unos sectores productivos a otros, extremo sobre el que voy a detenerme a con­tinuación.

Por tanto, partimos de una premisa: con re­lación al empleo, la incidencia de las aplica­ciones de nuevas tecnologías en la actividad productiva se manifiesta en varios aspectos, primordialmente: sobre el volumen y sectoria­lidad del empleo, y en las formas de contra­tación.

 

A) Incidencia de las nuevas tecnologías en el volumen y sectorialidad del empleo

 

La primera interrogante que se plantea so­bre el tema es si, realmente, el progreso téc­nico disminuye el empleo, o lo que es igual, aumenta el desempleo. Polémica ya antigua, pero no por ello resuelta.

La hipótesis optimista, tecnófila, asumida por organismos internacionales como la OCDE, plantea que el progreso técnico es una de las principales fuerzas que impulsan el crecimien­to de la productividad, del empleo y de los niveles de vida y de bienestar social, y que las pérdidas de empleos en unos sectores pueden resultar compensadas por la creación de nuevos empleos en otros sectores del sis­tema, aun cuando ese proceso de compensa­ción no sea automático y, además, pueda re­sultar doloroso para la sociedad (6).

A pesar de ese optimismo, una primera aproximación al tema nos permite sostener, como veremos, que las nuevas tecnologías producen, por un lado, una disminución del número de trabajadores empleados como con­secuencia de la progresiva sustitución de ma­no de obra humana por máquinas sofisticadas que tienen como soporte fundamental la microelectrónica. Por otro, la tecnología des­plaza la ocupación desde los sectores tradi­cionales que ocupaban mayor número de tra­bajadores (sector agrario e industrial) hacia el sector servicios; y dentro de este, que en un principio generó nuevos empleos, los pro­cesos telemáticos sustituyen gradualmente puestos de trabajo por máquinas inteligentes que realizan operaciones directas con los usuarios.

Proceso de informatización de puestos de trabajo que ya es ostensible en sectores como los servicios financieros, gasolineras, o gran­des superficies comerciales, y ha supuesto una importante reducción del número de tra­bajadores en esos sectores.

Otra de las características de estos impac­tos es que la pérdida de empleo tiende a concentrarse en los puestos de trabajo de baja y media cualificación, disminuyendo la tasa de ocupación de estos respecto a la de los trabajadores muy cualificados, producien­do una tendencia hacia la creciente polariza­ción‑segmentación de la fuerza de trabajo. Esta situación se produce tanto en los proce­sos de robotización industrial, como entre los empleos administrativos.

Las últimas tecnologías de la informática eli­minan incluso puestos de trabajo en el mismo sector adelantado de la información, ya que las nuevas técnicas posibilitan realizar cosas que antes no podían ejecutar.

Los sistemas expertos informáticos diagnos­tican enfermedades, proporcionan asesora­miento jurídico y financiero, facilitan el pago de impuestos, de transacciones comerciales, y hacen en definitiva cada vez más trabajos que antes eran confiados exclusivamente a las personas, de tal modo que se reduce el número de delineantes, arquitectos e ingenie­ros para realizar los proyectos y los adminis­trativos que han de ejecutarlos, desplazando a gran cantidad de profesionales como abo­gados y médicos, cuyas actividades, como dijimos, parecían ser exclusivas de las perso­nas e insustituibles por las máquinas. Fenómeno que ha sido calificado como paro tecno­lógico.

 

B) Las nuevas tecnologías hacen posible el crecimiento económico sin crear empleo

 

El progreso tecnológico de la segunda mi­tad del siglo XX hace innecesario el número global de horas de trabajo humano que eran precisas con anterioridad para cubrir las ne­cesidades vitales, aun manteniendo un nivel de consumo como el actual, pues la actividad productiva se ha incrementado por la aplica­ción masiva de tecnología en las empresas.

Datos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo avalan esta afirma­ción, al constatar que en el año 1950 se fabri­caba sólo una séptima parte de los bienes que se producen en la actualidad (7), mien­tras el paro en los países del área de la OCDE durante el periodo comprendido entre el año 1950 al 1995 ha pasado del poco más de 10 millones en los años 50 y 60 para triplicarse en la década de los 70 a los 80, y a situarse en torno a los 35 millones en el año 1995, a pesar de la prolongada expansión económica de todo el periodo (8).

El paro ha mantenido una curva ascendente, que tan sólo se vio alterada durante la intensi­va expansión económica de los 80, en que, no obstante, el número de parados nunca des­cendió por debajo de los 25 millones. La con­clusión a extraer es que, a pesar de producir­se un evidente crecimiento de la economía mundial, es decir, de las rentas que se gene­ran en la economía, sin duda producidas por la incorporación de nuevas tecnologías pro­ductivas, el paro crece.

Si comparamos los datos relativos a la pro­ductividad con los del empleo, llegamos a esa misma conclusión. Valga como ejemplo que, mientras la media ponderada de la tasa de crecimiento anual de la productividad de todos los países de la OCDE durante el periodo comprendido entre 1960 a 1980 osciló entre el 4 por ciento al 0,8 por ciento, la media de crecimiento del empleo fue del 1 por ciento al 0,4 por ciento, es decir, el empleo creció entre un 75 por ciento a un 50 por ciento por debajo del crecimiento de la tasa de productividad (9).

Si atendemos a los datos sobre el creci­miento del PIB real en el área de la OCDE y los contrastamos, igualmente, con los datos sobre el crecimiento del empleo, tomando para ello el período comprendido entre 1983 a 1995, observaremos, una vez más, ese des­equilibrio entre crecimiento económico y em­pleo. El PIB creció en una media de entre el 3,1 por ciento en 1983, al 2,6 por ciento en 1994, estimándose un crecimiento del 2,9 por ciento para el año 1995. Datos que, además, presentan una particularidad, en ninguno de los años transcurridos entre 1983 a 1995 el crecimiento del PIB ha sido negativo.

Por el contrario, en igual periodo, el creci­miento de empleo osciló entre el 1, 6 por cien­to del año 1983 al 0,8 de 1994, previéndose un crecimiento del 1,1 por ciento para el año 1995, dejando un saldo negativo de crecimien­to durante los años 92 y 93 en que las medias oscilaron del ‑0,2 al ‑0,3 por ciento.

En cuanto al paro, se ha pasado de un 7,4 por ciento de media en el año 1983 al 8,5 por ciento en 1994, y estando previsto que pase a ser de un 8,3 por ciento en el año 1995; sin que durante toda la década se haya bajado del 7,8 por ciento de desempleo (10).

Y no sólo eso, sino que además, la participa­ción de la remuneración del trabajo en la ren­ta nacional ha ido cayendo progresivamente, estando en la actualidad a niveles inferiores a los de principio de los años 70 (11).

Esta progresiva disminución de la participa­ción de los salarios en la renta nacional fue señalada por Torres bajo la frase bienestar para todos, pero no a todos por igual (12) , al constatar, utilizando datos del Centro de In­vestigación para el desarrollo del Banco Mun­dial, que en 1971 el 40 por ciento de la pobla­ción con menores ingresos disponía tan sólo del 16 por ciento del ingreso total en los paí­ses desarrollados y del 12,5 por ciento en los subdesarrollados.

La situación española no difiere sustancial­mente de la descrita, excepción hecha de que la pérdida de empleo desde el año 1976 al 1985 fue mayor, y de que, en el año 1993 llegó a situarse 12 puntos por encima del promedio comunitario.

Según las conclusiones elaboradas por el CES en su memoria sobre la situación socio­económica y laboral española de 1993, si ade­más atendemos a la menor proporción de ac­tivos sobre población en edad de trabajar, o tasa de actividad española, el paro que habría que contabilizar sería aún mayor. Valga el dato de que en España trabajan 54 de cada 100 personas entre los 20 y los 64 años y, en la media de los doce países de la Unión Euro­pea, 65 de cada cien.

Amén de ello, si la tasa de actividad de las mujeres en España se situara en el promedio europeo, la cifra de parados sería superior a la actual en más de dos millones de personas (13).

Respecto a la situación española, se da una circunstancia que explica, al menos en parte, el incremento del paro, esto es, que nuestro país es uno de los que menos recursos presu­puestarios dedica para I+D dentro de la Unión Europea, sin que haya terminado de funcionar el esquema ciencia‑tecnología‑industria‑mer­cado, por lo que los efectos traumáticos de la pérdida de empleo en los sectores industrial y agrícola no se ven compensados, del modo que debieran, por la creación de empleos en sectores tecnológicamente avanzados (14).

A pesar de ello, algunos autores como Hirs­chorn, Garmendía o Gizycki (15) sostienen que la tecnología puede considerarse como un factor generador de empleo, y, sin duda, así lo es. Pero al observar cómo en cada in­corporación de nuevas tecnologías a la pro­ducción se ha apreciado una pérdida global de puestos de trabajo humano, parece nece­sario concluir, siguiendo la opinión de Kern, Schumann, Schotsman o Rada (16), que no es posible apostar por el viejo teorema optimista de la compensación que sostiene que la pér­dida de empleo que ocasiona la incorpora­ción de las nuevas tecnologías se compensa con los efectos contrarios que genera el pro­greso técnico.

Valga como ejemplo que, sólo en Estados Unidos, las previsiones efectuadas acerca de los efectos que produciría la robotización de la industria en el empleo llevaban a la conclu­sión de que produciría un recorte de entre 20 y 30 millones de puestos de trabajo (17).

Además, como manifiesta GORZ (18), decir que las innovaciones tecnológicas van a crear empleo es una forma paradójica de negar la racionalidad económica, que por otra parte les sirve de justificación.

Por tanto, la tecnología ha hecho que el tra­bajo hoy sea un recurso limitado, una mer­cancía en vías, si no de agotamiento, sí de una inexorable reducción.

Las alternativas que se proponen ante el desempleo se mueven en dos direcciones fun­damentales: la del incremento de la produc­ción como medio de incrementar el volumen de empleo, o la del reparto del empleo, idea esta última, sustentada en la búsqueda de un equilibrio entre ecología, crecimiento econó­mico y empleo.

La solución que se apoya en la idea de au­mentar la producción como medio de crear empleo ignora dos cuestiones fundamentales. La primera, que el desarrollo tecnológico ac­tual permite incrementar, como señalan los indicadores económicos internacionales, la producción de bienes de forma casi ilimitada sin que para ello sea preciso aumentar consi­derablemente el número de trabajadores ocu­pados.

Baste para ello decir que, mientras las pre­visiones de crecimiento económico mundial hasta el año 2000 son evaluadas por los orga­nismos internacionales entorno al 3,1 por cien­to del PIB, del 2,7 por ciento en Europa o el 2,6 por ciento en los países de la OCDE, el em­pleo no tiene ninguna proyección positiva. La propia OCDE en su último informe sobre el empleo señala, por el contrario, que el des­empleo en los países de la OCDE es muy superior a los 35 millones que se contabilizan oficialmente. Afirmando que la cifra real de desempleo oscila entre el 40‑50 por ciento, si se toma en consideración que muchas perso­nas en ciertos países de Europa ostentan pues­tos de trabajo a tiempo parcial, con horario reducido, lo que se ha denominado por la OCDE como paro parcial (19).

La segunda, que la naturaleza no puede se­guir soportando un ritmo de degradación como el que ha existido en los últimos cin­cuenta años acompañando al desmesurado crecimiento económico (20).

En definitiva, aun partiendo de la hipótesis de la pérdida de empleo neto derivada de la incorporación de nuevas tecnologías produc­tivas, ello no ha de verse necesariamente como un drama social, ya que, como manifiesta Glotz (21), aun cuando la civilización electrónica eli­minará millones de puestos de trabajo, al mis­mo tiempo podría suponer un ahorro no sólo de trabajo sino también de materias primas, de energía y de capital, brindándonos la opor­tunidad de superar un sistema en el que se persigue la producción por la producción, de traspasar a las máquinas trabajos duros e in­dignos y de proporcionar a los hombres cada vez más tiempo disponible.

 

C) Nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo y de empleo

 

Las nuevas tecnologías han incidido igual­mente sobre las formas de empleo, y sus efec­tos se manifiestan en la irrupción de nuevas formas y situaciones de trabajo, apoyados en las posibilidades que ofrece la telemática, de deslocalización de los puestos de trabajo, per­mitiendo la prestación de servicios sin necesi­dad de salir de la casa.

 

Lo que se ha venido a denominar teletrabajo (22), y que viene a sustituir la interacción físi­ca en la relación laboral en todos aquellos casos en que no es necesaria, afectando so­bre todo a aquellas actividades laborales que no precisan de una continua supervisión, tanto porque la actividad sea de alta creatividad como en los de baja cualificación.

La característica primordial de este proceso de transformación laboral que supone el teletrabajo es el traslado de las tareas de la oficina central, de la fábrica o de la clínica, a empleados que permanecen en sus hogares y en telecentros muchas veces a cientos de kilómetros de distancia, unidos con su empre­sa a través de un puente electrónico las deno­minadas autopistas de la información, que en realidad no es más que un ordenador conec­tado a la red de telefonía, lo que se conoce como RDSI.

La RDSI, de técnica digital, utiliza para el transporte de las señales la fibra óptica y los satélites de comunicación, lo que permite una comunicación interactiva en la que se pueden recibir y trasladar por una sola línea, voz imá­genes y datos.

Este traspaso de información de unos pun­tos a otros, dentro de una red de teletrabaja­dores, configuran, igualmente, un nuevo mo­delo de empresa virtual, pues los teletrabaja­dores no pueden, ni tan siquiera, identificar su trabajo con el resto de la organización pro­ductiva. No conoce a sus jefes, ni compañe­ros, más que a través de órdenes y, a lo sumo, imágenes interactivas recibidas por el termi­nal de su ordenador, normalmente codifica­das, que le hacen perder la concepción, tanto humana como colectiva, que tradicionalmen­te comporta la actividad laboral.

No hay contacto físico entre los teletrabaja­dores, ni, en consecuencia, posibilidad de rei­vindicar mejoras de trabajo, ni posibilidades de participar en la toma de decisiones de la empresa, situada, como decimos, en muchos casos, a miles de kilómetros de su hogar.

La utilización masiva de este tipo de tecno­logía, además de que nos conduce por un camino desconocido de las relaciones labora­les con evidentes repercusiones, entre otras, de tipo sindical, puede acelerar aún más el proceso de destrucción de empleo, ya que va a permitir a los consumidores la utilización de cualquier tipo de servicios, sin tener que des­plazarse de su domicilio, lo que producirá, previsiblemente, una disminución del número de empleados en empresas del sector servi­cios, que hasta ahora venía atrayendo el em­pleo excedente de otros sectores productivos, en declive, como la agricultura y la industria.

Es de reseñar el interés de esta nueva tipo­logía de relaciones laborales para colectivos generalmente excluidos del mercado de tra­bajo como las mujeres con responsabilidades familiares y los impedidos físicos al permitir­les compatibilizar una actividad laboral con las dificultades e impedimentos que les com­porta su situación, siempre y cuando no se convierta, como acaeció y viene ocurriendo con el tradicional trabajo a domicilio, en una bolsa de subempleo, marginalidad y de eco­nomía sumergida, aun a pesar de que los procesos laborales se desarrollen con las ma­yores posibilidades y pulcritudes técnicas.

Para concluir, sí considero de interés reseñar que este tipo de trabajo contribuye a amplificar un fenómeno del que más tarde hablaré, la desarticulación y pérdida de centralidad de la clase obrera, y la configuración de un nuevo modelo social, la metrópoli; que, en oposición a la sociedad‑fábrica tradicional, se caracteriza por la difusión de la producción y la construc­ción de una red de dominio, construida sobre el desarrollo informático y telemático, que posibilita un control masivo de la población.

 

III. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FLEXIBILIDAD DE LAS RELACIONES LABORALES

 

La flexibilidad, que constituye la tónica ge­neral de las nuevas tecnologías, se ha exten­dido a la organización social del trabajo a partir de la década de los ochenta.

El razonamiento que ha justificado el conta­gio de flexibilidad a las relaciones laborales se apoya, entre otros argumentos, en que si las modernas máquinas son flexibles por su rápida capacidad de adaptación a situaciones nuevas y fluctuantes, también los trabajado­res deben adaptarse a las nuevas condiciones de eficacia o racionalidad que supone la rota­ción regular de un puesto a otro, sin alterar fundamentalmente el sistema productivo.

Los principales aspectos en que se mani­fiesta en la práctica la flexibilidad de las rela­ciones de trabajo son el coste del trabajo, un empleo más precario, el tiempo de trabajo, su organización, la formación, y la cualificación profesional (23).

Existe una coincidencia en todos los estu­dios acerca de encuadrar todos los aspectos de la flexibilidad laboral bajo dos conceptos: flexibilidad numérica y flexibilidad funcional.

La primera hace referencia a aquellos as­pectos relacionados con la contratación y la extinción de las relaciones laborales. La se­gunda, con las posibilidades de distribución de los efectivos laborales dentro de la empre­sa. Una y otra han producido importantes efec­tos en el mercado de trabajo, como veremos a continuación.

El punto de partida para el estudio de la flexibilidad numérica es que ha permitido, con apoyo precisamente en las innovaciones tecnológicas, el aumento del trabajo coyuntu­ral y a tiempo parcial en detrimento del em­pleo estable y a tiempo completo que era la tónica general con anterioridad a la década de los ochenta.

Es precisamente en el sector terciario, el que recoge los excedentes de mano de obra del agrícola e industrial, donde las nuevas tecnologías permiten fraccionar más fácilmen­te los puestos de trabajo, propiciando el sur­gimiento de variadas formas de contratación temporal que, bajo la calificación de atípicas, se caracterizan por estar basadas en la tem­poralidad y flexibilidad del tiempo de trabajo, siendo la causa de la inestabilidad del em­pleo, la disminución de los salarios y del con­sumo, y el aumento de los accidentes de tra­bajo.

El empleo temporal que con anterioridad actuaba como un simple lubricante del mer­cado de trabajo en periodos de exceso de actividad, o como medio de sustituir a trabaja­dores fijos en sus periodos de inactividad re­glamentadas, tiende a convertirse en una for­ma de empleo permanente para muchos tra­bajadores y una forma de empleo habitual en muchas empresas.

Baste reseñar que en los países europeos, utilizando datos de la Comisión de las Comu­nidades Europeas de 1991 (24), el trabajo a tiempo parcial superaba el 15 por ciento de todos los empleos existentes en los países europeos, y en alguno de ellos se acercaba al 30 por ciento. Sin duda, en la actualidad esa cifra es superior e irá progresivamente en aumento, como señala la tendencia que ha seguido este tipo de contratación en otros paí­ses de nuestra área económica, tan distantes entre sí, como Australia, Noruega, Japón, Sue­cia o EEUU, donde el empleo a tiempo parcial supone, el 42,3 por ciento, el 47,6 por ciento, el 35,2 por ciento, el 41,4 por ciento y el 25,3 por ciento respectivamente, del total de em­pleos (25).

En nuestro país, a partir de 1984, fecha en que se produce la primera contrarreforma del Estatuto de los Trabajadores, la modalidad de contratación a tiempo parcial pasó de tener la consideración de medida para el fomento del empleo, a modalidad ordinaria de contrato de trabajo para realizar jornadas reducidas infe­riores a la habitual (26).

Otra de las características de esta nueva modalidad de contratación es que se concen­tra fundamentalmente en la ocupación feme­nina, hasta el punto de que, poniendo el ejem­plo de nuestro país, las tres cuartas partes del total de asalariados a tiempo parcial son mu­jeres, llegando en algunos países, caso de Alemania y el Reino Unido, a constituir el 91 por ciento o el 85,2 por ciento, respectiva­mente, del total de este tipo de contratos (27).

La flexibilidad numérica se aprecia igual­mente en las prácticas empresariales, cada vez más extendidas en el sector servicios, de subcontratar determinados trabajos, necesa­rios y habituales en la empresa, a empresas ad hoc, que de ese modo les permite abaratar costos, al facilitarles los mismos trabajadores que venían con anterioridad prestando sus servicios habituales en ella, a un precio infe­rior; como resultado, obviamente, de que esos trabajadores perciben un salario sustancialmente más bajo que cuando eran trabajado­res directamente contratados por la empresa principal, introduciendo un importante elemen­to de agravio comparativo, cuando no direc­tamente de discriminación, entre los propios trabajadores.

Esta perversa modalidad contractual fue denunciada por la CIT, ya en el año 1987, como "una gran generadora de empleo pre­cario y eventual" (28), lo que no evitó que fuese decididamente impulsada en nuestro país mediante la irrupción de las denomina­das empresas de trabajo temporal, reguladas en la ley 14/1994 de 1 de junio. Lo que ha permitido que tan sólo en seis meses de exis­tencia legal, a finales de ese mismo año, ya hubieran contabilizadas más de veinte, ha­biendo intermediado en la subcontratación de más de 100.000 trabajadores.

Aun a pesar de la importancia concedida por las empresas a la flexibilidad numérica, es en la flexibilidad funcional donde mejor se expresa el principio de flexibilidad de las re­laciones laborales que permiten las nuevas tecnologías.

La flexibilidad funcional permite una utiliza­ción variada y permanente de los trabajado­res en el seno de la empresa, aumentando los ritmos de trabajó, al eliminar los tiempos muer­tos, alterando las cualificaciones profesionales y haciendo más dificil la promoción y el ascen­so.

La lucha por los mercados, en el marco de una economía global sin aparentes fronteras al comercio, provoca actuaciones empresa­riales dirigidas a reducir los costes unitarios de producción y, entre ellos, principalmente, el coste del factor trabajo. Reducción de cos­tes que se logra fundamentalmente, como manifiestan Monereo y Moreno Vida, median­te dos vías; el incremento de la productividad y la descualificación general de la mano de obra (29).

En ambas posibilidades está presente la in­novación tecnológica, bien por la introduc­ción de cambios técnico‑organizativos en la producción (talleres flexibles, robótica, des­centralización productiva y el nuevo trabajo a domicilio) como por los sistemas de cualifica­ciones profesionales (grupos semiautónomos de trabajo) y la utilización de trabajadores poco cualificados (emigrantes, mujeres, eco­nomía sumergida...).

La nueva organización productiva se articu­la en torno a la flexibilidad de los nuevos puestos de trabajo, que agrupan entre los co­metidos de un mismo operario la realización de actividades de diversas profesiones (polivalencia), configurando dentro de una misma categoría profesional un cúmulo de actividades tan diversas, que en el sistema fordista tradicional hubieran requerido la di­visión en distintas categorías profesionales.

Además, esta flexibilidad profesional se enmarca dentro de un sistema de organiza­ción del trabajo que fragmenta la actividad dentro de la fábrica, integrando a los trabaja­dores polivalentes en un pequeño grupo pro­ductivo autónomo, en el que se realza el valor del trabajo y la competencia interna, al modo de comandos en pugna por incrementar los rendimientos y la productividad del grupo frente a los demás (caso del denominado sis­tema toyotista) (30).

El trabajo mediante ese sistema de coman­dos productivos, por su fragmentación, difi­culta la posibilidad de formular reivindicacio­nes de cualificación individualizadas, tanto por la asunción de las tareas y objetivos por el grupo, como por la competitividad que se genera entre los trabajadores por lograr que su grupo obtenga mejores resultados, ya que los sistemas de retribución no van a depen­der tanto de la cualificación personal, indivi­dualizada, de sus componentes como del re­sultado final de la actividad conjunta.

Por otro lado, la expansión generalizada de las nuevas tecnologías está produciendo un cierto cambio de las actitudes y los requeri­mientos de los nuevos puestos de trabajo, de las habilidades, de las cualificaciones, de los oficios y en definitiva de las profesiones, es decir, está reajustándose todo el bagaje cuali­tativo‑instrumental que era clásico en el mer­cado de trabajo.

Hay que tener en cuenta que la sociedad neotecnológica obtiene su definición laboral a partir de una cierta crisis del sistema anterior, ya que gran parte de la pericia colectiva que éste ofrecía no sirve para las máquinas, que ahora necesitan mano de obra especializada que suele encontrarse en aquellos países exportadores de tecnología.

La multitud de nuevas ocupaciones que se originan como resultado de esta frenética ac­tividad renovadora posibilita la competitividad en los mercados, tanto externos como inter­nos, de tal modo que la lucha de las empresas pivota sobre la incorporación de tecnologías avanzadas que les permitan mantener su ni­vel de competitividad. En esa competencia, como hemos visto, las profesiones son uno de los saldos más costosos de la transición de modelo productivo.

Pérdida de las cualificaciones profesionales que obedece tanto a la necesidad de adaptar­se a las nuevas habilidades y conocimientos que precisan el manejo de las tecnologías avanzadas, como, sobre todo, por los reque­rimientos de los empresarios que, de ese modo, obtienen una mano de obra más flexi­ble que les permite una amplia posibilidad de movilidad funcional, y que ha sido acogida favorablemente en las políticas gubernamen­tales, manifestándose en una progresiva desregulación legal de esas materias, exclu­yéndolas del contenido necesario del dere­cho del trabajo, para remitirlas a la negocia­ción colectiva.

Por último, la existencia de un gran número de personas, con poca o ninguna cualificación profesional, en busca de un empleo, aun cuan­do sea en el marco de la economía sumergida (emigrantes, mujeres, desempleados sin de­recho a prestaciones, jóvenes en busca de primer empleo o incluso menores), amplía el problema. Los efectos perversos de esas prác­ticas se van a extender más allá de la descua­lificación, ahondando aún más la fragmenta­ción del mercado y la dualidad social, propi­ciando la existencia de mercados internos de trabajo sustentados en la precariedad, y en los que se evidencian todo tipo de prácticas discriminatorias.

 

IV. CONTROL DEL TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES. EL PANÓPTICO LABORAL

 

El mayor éxito de la civilización industrial, apoyándose en la posibilidad de dar satisfacción a las necesidades vitales de una gran parte de la humanidad gracias al espectacu­lar incremento productivo, fue el desarrollo de un nuevo mito, el de la racionalidad tecno­lógica y científica, que le ha permitido una expansión desconocida en la historia de la humanidad a cualquier otra formación social o modelo de producción.

El tópico de la neutralidad científica ha per­mitido el desarrollo, la mayor parte de las veces incontrolado, de innovaciones técnicas de una gran capacidad destructiva, a la par que ha legitimado un sistema económico sus­tentado en la producción ingente de bienes de consumo y al que, sin embargo, no le ha preocupado la desigualdad de su reparto y el grave deterioro causado a la biosfera.

La presunta racionalidad productiva del sis­tema se ha erigido en modelo de comporta­miento social, que se manifiesta a través de una desaforada pasión consumista, y que ha logrado, como decía Marcusse (31), que una ausencia de libertad cómoda, suave, razona­ble y democrática, señal del progreso técni­co, prevalezca en la sociedad industrial avan­zada.

Realidad que confirma lo manifestado por Torres (32), que la mejor estrategia para im­pedir que los hombres gocen de la libertad es impedir que la sientan como necesaria.

Hoy más que nunca se hace realidad aquel famoso modelo de sociedad ortopédica que formulaba el Panóptico benthiano, represen­tado como un edificio de forma circular en medio del cual había un patio con una torre en el centro, estando dividido el anillo en peque­ñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una de ellas había, por ejemplo, un obrero trabajando. En la torre central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda sin que quedara ningún lugar oculto y, por consiguien­te, todo lo que el individuo hacía estaba ex­puesto a la mirada del vigilante, que, a su vez, veía sin ser observado.

Las posibilidades técnicas actuales permi­ten esa función panóptica de un modo amplia­do, al generar en la conciencia de los indivi­duos la necesidad de autocontención, convencidos de la imposibilidad de escapar al omnipresente ojo del vigilante tecnológico que ni parpadea, ni se fatiga, ni descansa.

En la esfera productiva el control se mani­fiesta en un doble aspecto, por un lado, en la producción y por otro en los productores.

Las características de las nuevas tecnolo­gías aplicadas a la industria permiten, en pri­mer lugar, la sustitución del control periférico, discontinuo y parcial que anteriormente se confiaba a la actividad humana, caso de los controladores fabriles (agentes de métodos, encargados, capataces) que, cronómetro en mano, recorrían la planta tomando tiempos; para pasar a un sistema de control centraliza­do y objetivo realizado por las máquinas.

Mientras el sistema de control tayloriano uti­lizaba al capataz como un agente represivo que apremiaba a los obreros, les presionaba para que aumentaran sus rendimientos, los nuevos sistemas de control tecnológico están incorporados a la misma maquinaria produc­tiva. La utilización, por ejemplo, de lo que se ha denominado software in accounting (33) permite, previa identificación personal del operador, memorizar el número de operacio­nes efectuadas por el mismo, el número de errores cometidos, el tiempo empleado para cada operación, el tiempo total de trabajo y el número, la frecuencia y la duración de las interrupciones en la actividad.

Además de ello, los sistemas de organiza­ción del trabajo que propician las nuevas tec­nologías, permitiendo el trabajo en grupos autoorganizados, islas productivas, constitu­yen una expresión nueva del control, en este caso, autocontrol.

Modalidad perfeccionada del panóptico la­boral donde ya no es precisa la existencia de controles externos, humanos o tecnológicos; es el mismo grupo el que controla la actividad de cada uno de sus componentes. Autocontrol que es posible, entre otros medios, mediante la fijación de sistemas retributivos al grupo, en lugar de a cada trabajador, y haciendo de­pender la cuantía de sus salarios de los rendi­mientos productivos alcanzados, al modo del conocido sistema de salario a destajo, tan usual, por ejemplo, en la construcción.

Obviamente, este sistema presenta enormes ventajas para la empresa frente al tradicional sistema taylorista de producción en cadena, tanto porque supone un considerable aumen­to de la productividad del trabajo, evitando muchos periodos de tiempo muerto y una mejora de la calidad de los productos; como, lo que es más importante, porque esta forma de organización del trabajo permite que los trabajadores, señores trabajadores, hagan su­yos, como manifiesta Gorz (34), los valores de la utopía del trabajo, a saber: dominio sobre los medios de producción, pleno desarrollo en el trabajo de las capacidades individuales, valoración del oficio y de la ética tradicional; convirtiéndose en productores disciplinados que vinculan su destino personal al de la em­presa, a la par que se distancian, tanto de los problemas de su clase de origen, como de sus organizaciones sindicales.

Como manifiesta Cillario (35), la sociedad de la información no es sólo la sociedad de la tercera revolución industrial, de la produc­ción flexible y automatizada de mercancías, sino, la que, por medio de la producción y puesta en circulación de mensajes y comuni­caciones y de la elaboración de reglas que rigen la producción, hace irrumpir los princi­pios del modo de producción capitalista en la esfera psíquica del hombre.

Sutil forma de alienación que puede califi­carse como "proceso de interiorización psí­quica y cognoscitiva del modo de producción capitalista'', forma perfeccionada del panop­tlsmo, en el que ya no es precisa la vigilancia permanente sobre los individuos, y que se apoya en la expansión e interiorización del mito de la racionalidad tecnológico‑producti­va, representada como beneficio para todos los grupos e intereses sociales.

Otra de las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías es la de incrementar el control, no ya sobre la producción, sino direc­tamente sobre el trabajador.

Por un lado, los desarrollos en la tecnología genética, especialmente en el diagnóstico ge­nético, que permiten determinar la propen­sión de los sujetos a contraer determinado tipo de enfermedades, pueden ser utilizadas en el mundo laboral para tomar decisiones acerca de la conveniencia, o no, de contratar a determinados trabajadores, para despedir a  los ya contratados o para acordar su traslado, en atención al mapa genétlco que presenten.

Igual cabe decir respecto a posibilidades tecnológicas hoy día muy corrientes y al al­cance de cualquiera, por su bajo coste y sim­plicidad de utilización, que permiten detectar en los trabajadores determinados hábitos, aun privados, como por ejemplo, el consumo de drogas, y que puede ser utilizado de manera coactiva por el empresario como causa para no contratar o despedir a sus consumidores.

Además, la memorización y posterior trata­miento informático de datos, obtenidos duran­te el periodo de la prestación del trabajo, re­lativos a la vida y costumbres de los propios trabajadores, representa un riesgo para su privacidad.

Tema preocupante en todos los órdenes de la vida social y especialmente relevante en el ámbito de las relaciones laborales, por la es­pecial sujeción a la que se ve sometido el trabajador en la relación laboral, a quien se le exige pasividad frente a actuaciones del em­presario que nunca serían admisibles en el ámbito de cualquier otra relación jurídico‑pri­vada.

Así, el trabajador podrá ser vigilado y con­trolado por el empresario, respecto al cum­plimiento de sus obligaciones y deberes la­borales, mediante las medidas que este crea oportunas, sin que exista la posibilidad recí­proca, predicable de cualquier otra relación contractual, de que los trabajadores puedan adoptar similares medidas para efectuar el control del cumplimiento por parte del em­presario de sus correspondientes deberes y obligaciones laborales.

El límite de actuación empresarial se sitúa en el respeto a la dignidad humana, derecho fundamental que consagra el artículo 10.1 de la Constitución como fundamento primero y básico del orden político y la paz social; pos­teriormente regulado por la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad per­sonal y familiar y a la propia imagen, norma igualmente de eficacia general y que ha de ser respetada por los empresarios en el ám­bito de las relaciones laborales.

En razón de ello, el empresario no podrá utilizar ningún medio de control, tecnológico o no, que suponga un atentado a tan importan­te derecho fundamental, por razón de que, como ha expresado el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias, los derechos fundamentales son plenamente eficaces en las relaciones privadas (36).

No obstante, ello no significa que los traba­jadores no estén expuestos a severos riesgos de intromisión en su privacidad, que se pon­gan en peligro sus derechos fundamentales.

Riesgo que será mayor en un sistema auto­ritario de relaciones laborales, pero que no desaparece en un modelo democrático, pues, como manifiesta Valdés dal Re (37), siendo la empresa una amenaza real para los derechos del trabajador, el efectivo respeto a sus dere­chos fundamentales dependerá, tanto de fac­tores jurídicos (normas, doctrina y jurispru­dencia), como de factores extrajurídicos, léa­se, entre otros, la situación del mercado de trabajo y la fuerza del movimiento sindical.

 

V. SALUD LABORAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

La actividad laboral supone un riesgo aña­dido para la salud, que obliga al estableci­miento de un marco de protección específica, que trate de paliar los efectos nocivos que el trabajo produce. Las actuaciones públicas van encaminadas en una doble perspectiva. En el aspecto preventivo, para evitar que se produz­can, o al menos minimizar el riesgo (Salud La­boral). En el aspecto prestacional, tratando de restituir la capacidad de ganancia que la pér­dida de la salud, y la correspondiente incapa­cidad laboral, produzca en los trabajadores.

El proceso de expansión tecnológico está produciendo una serie de consecuencias ne­gativas para la salud humana, tanto en su as­pecto físico (lesiones ocasionadas por los nue­vos productos químicos y energías) como en el aspecto psíquico, que van desde la poten­ciación de la soledad y el aislamiento, a la monotonía en el trabajo, falta de tiempo y ame­naza de desempleo, hasta la propia depen­dencia de los objetos tecnológicos; con lo cual, la supuesta contribución al estado del bienes­tar y libertad humana de la tecnología, se con­vierte paradójicamente en motivo de angustia y desconcierto.

Estas graves repercusiones psíquicas pue­den detectarse por el aumento alarmante de depresiones, neurosis, psicosis esquizomór­ficas, y cuadros de drogadicción.

El mantenimiento del ritmo de trabajo que fija la máquina genera dos tipologías básicas de personalidad laboral; la del trabajador ac­tivo, que se convierte en un adicto al trabajo, transformando su vida en un objetivo constan­te de eficacia productiva; y la del pasivo que, tratando de huir de la alienación productiva, busca su evasión a través de la televisión y el ocio de consumo. En ambas está presente la tecnología como referencia de su aislamiento o de su adicción, y en cualquiera de ellas, la dependencia tecnológica es patente (38).

El esfuerzo mantenido por adaptarse al cam­biante y rápido desarrollo tecnológico produ­ce en el psiquismo y en la biología de los trabajadores, lo que ha sido denominado estrés continuado. Esta enfermedad, característica de los países de economía más desarrollada, es causa de una variada patología que abarca desde las lesiones coronarias, a distintos tipos de dolencia psíquica, en razón a la predispo­sición biológica de los sujetos afectados.

La OIT ha reseñado que el estrés se ha convertido en un riesgo ocupacional significa­tivo de determinadas profesiones, ilustrando tal afirmación con datos relativos a la Ense­ñanza: en Suecia, el 25 por ciento de los edu­cadores están sujetos a tensión psicológica grave. En el Reino Unido el 20 por ciento del personal docente padece problemas de an­siedad y depresión. En EEÜU el 27 por ciento han padecido problemas crónicos de salud como consecuencia de su trabajo y el 40 por ciento reconoce tomar medicinas regularmen­te para paliarlo. En Alemania, uno de cada dos educadores está en grave riesgo de pa­decer un ataque cardíaco (39).

Es, por tanto, en la salud donde se manifies­tan de una forma evidente, por sus efectos, las interrelaciones entre tecnología, medio am­biente y trabajo. La velocidad de expansión y penetración de las tecnologías está provocan­do, además de alteraciones medioambienta­les, cambios en el psiquismo y biología del trabajador que trascienden del estricto ámbi­to laboral para incidir en la salud colectiva.

Si el trabajo y las tecnologías son potencia­les causantes, per se, de lesiones y enfermedades, un ambiente de trabajo expuesto ade­más a la contaminación de productos tóxicos será generador de mayores riesgos en la po­sibilidad de contraer enfermedades.

Como manifiesta Ann Misch (40) las nuevas sustancias químicas son las causantes del in­cremento de los cánceres de testículos, leu­cemia y cerebro (que han tenido un incre­mento espectacular tanto en Europa como EEUU en los últimos 50 años). Tan sólo en España hay unas 240.000 personas que traba­jan en 5.000 empresas químicas expuestas a estos riesgos.

Siguiendo los datos aportados por esta mis­ma autora, se han identificado hasta un total de 60 agentes ambientales que pueden cau­sar cáncer en los seres humanos. Entre ellas figuran sustancias químicas, grupos de sus­tancias químicas afines, mezclas de diferen­tes productos químicos, la radiación, medica­mentos y procesos industriales. Además, esas sustancias no sólo constituyen génesis de las diversas modalidades cancerígenas, sino que lesionan el sistema nervioso, endocrino, reproductivo e inmunológico.

Enfermedades que, por otro lado, no sólo afectarán a los trabajadores que participan directamente en el proceso productivo, sino a la comunidad, ya que el ambiente afectado, polucionado, no va a ser estrictamente el de la fábrica, sino también el medio físico que la rodea (41).

 

VI. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA

 

La participación de los trabajadores en la empresa obtiene reconocimiento constitucio­nal mediante dos preceptos. Expresada como derecho a la negociación colectiva en el art. 37.1, y como derecho genérico a la participa­ción en el art. 129.2 (42).

Ambos han tenido respaldo expreso por el Tribunal Constitucional, mediante sentencias (43) en las que se afirma que; "las manifesta­ciones de feudalismo industrial repugnan al Estado Social y Democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza" (44).

La participación obtiene cauce a través de dos vías, la denominada participación unitaria (delegados de personal y comités de empre­sa) y la sindical (delegados sindicales y sec­ciones sindicales).

Es precisamente la participación colectiva la que va a permitir imponer límites a los poderes del empresario, a la vez que lo reco­noce y legitima, por cuanto la autonomía co­lectiva no va a transformar los caracteres de ajeneidad y dependencia característicos del contrato de trabajo. Pero sin duda, la situación de desigualdad que implica la relación con­tractual laboral es reducida a través de la entrada en el ámbito legal y negocial colecti­vo de ciertas materias tradicionalmente in­cluidas en el ámbito de decisión unilateral del empresario.

El reconocimiento constitucional de ese po­der de participación generó cierto optimismo respecto a la penetración de los valores de­mocráticos en la empresa, de que la demo­cracia traspasase el umbral de la fábrica. Ex­pectativa que el desarrollo legislativo poste­rior defraudó, ya que las relaciones laborales continúan asentadas de manera casi exclusiva en el poder de dirección empresarial, desco­nociendo el papel de principio‑guía que Se otorga a la participación para hacer valer los derechos de ciudadanía en la empresa.

Si los derechos de participación de los tra­bajadores están formalmente reconocidos, (art. 61 del E.T.), su alcance resulta sumamen­te limitado. Es en el art. 64 del Texto Refundi­do del Estatuto de los Trabajadores donde se concretan las competencias de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa. Competencias que se limitan, en términos generales, a los llamados derechos de información. Derechos que, utilizando la expresión de Monereo (45), constituyen for­mas imperfectas de democracia industrial que no satisfacen el mandato dirigido a los pode­res públicos por el art. 129. 2 de la CE de promover eficazmente la participación de los trabajadores en la empresa.

No es posible encontrar ninguna referencia normativa que posibilite la participación de los trabajadores en la toma de decisiones em­presariales respecto a la implantación de nue­vas tecnologías en la empresa, haciendo rea­lidad lo manifestado por Commoner (46), de que, el cambio en la tecnología de produc­ción, a pesar de que interacciona con el mer­cado y otros factores sociales relevantes, es iniciado por el productor y es gobernado por los intereses del productor.

Tan sólo se reconoce a los representantes legales de los trabajadores una capacidad de intervención residual, que se concreta en el derecho a emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste respecto a re­estructuraciones de plantilla, ceses totales o parciales de la actividad, planes de formación profesional, implantación o revisión de siste­mas de organización y control del trabajo, el estudio de tiempos y la valoración de puestos de trabajo.

Estas exiguas competencias carecen de los requisitos propios de una participación real, ya que sólo les permite dar a conocer su opinión, sin que se les reconozca la más míni­ma capacidad vinculante. Reducir la partici­pación de los representantes de los trabaja­dores a la mera emisión de un informe no vinculante, se convierte así en un mero formalismo que, como manifiestan Monereo y Mo­reno (47), no se adecúa a la línea de política del derecho recomendada por el Informe de la Sección de Asuntos Sociales del Comité Económico y Social de la CE que aconseja la participación de los trabajadores en los pro­cesos de innovación tecnológica.

Las primeras referencias a las nuevas tec­nologías y el derecho de participación de los trabajadores en los procesos de renovación tecnológica figuran en la Directiva Europea 89/391 de 12 de junio de 1989 (48), y se ex­presa de dos modos distintos e igualmente imperfectos. El primero de ellos se concreta en el derecho de formación de los trabajado­res respecto a las innovaciones tecnológicas que se produzcan en la empresa (art. 1.2. y 6.1.). El segundo, mediante el denominado derecho de consulta con los trabajadores, res­pecto de nuevas tecnologías que pretenda introducir el empresario en el proceso pro­ductivo (art. 6.3.c) en lo que se refiere, entre otras consecuencias, a aquellas que produje­ran un impacto en el medio ambiente laboral.

Ninguno de ambos preceptos constituyen auténticas expresiones del derecho de parti­cipación. Incluso la consulta no se configura en la Directiva Marco como un derecho de los trabajadores, sino como una recomendación a los empresarios, al utilizar la expresión pro­curar.

En nuestro derecho interno, ni tan siquiera esas recomendaciones estaban previstas. Es en el Proyecto de ley de Prevención de Ries­gos laborales en la que se introducen ambas. La primera, la formación de los trabajadores respecto a las nuevas tecnologías que se in­troduzcan en la empresa, está contenida en el art. 18.1. La segunda, la consulta con los tra­bajadores sobre la introducción de nuevas tecnologías, se configura como un auténtico deber empresarial, ampliando el contenido de la Directiva Europea, al sustituir la expre­sión procurar (que carecía de carácter obli­gacional), por deberá consultar a los trabaja­dores, con la debida antelación, la adopción de decisiones relativas a la introducción de nuevas tecnologías (art. 32.1.a).

La doctrina venía reclamando desde hace años la necesidad de articular normativamente los derechos de información, consulta y con­trol previo. Derechos que, además, debían hacerse extensivos al ámbito de los grupos de empresas transnacionales, en los que se centralizan las decisiones acerca de las nue­vas y altas tecnologías actuales, ya que de lo contrario, el control devendría ineficaz, pues la participación‑control ejercitada en el ámbi­to exclusivo de la empresa nacional, y no en la matriz del grupo, rompería la corresponden­cia deseable entre el marco de la participa­ción y los verdaderos centros de decisión, radicados en la unidad de dirección del gru­po (49).

El consenso de los trabajadores y sus re­presentantes constituye un factor indispensa­ble en la estrategia de introducir las mejoras tecnológicas en la producción y hacerlas via­bles en los efectos que persigue; mejora de la productividad y competitividad. No se puede afirmar que exista en la actualidad un marco legal que responda a esa necesidad partici­pativa, pero no cabe duda, siguiendo la experiencia que aporta el estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, que resulta imprescin­dible asentar las bases del modelo de intro­ducción de nuevas tecnologías en la empresa sobre la participación integral de todas las partes afectadas. De tal manera, que se hicie­ra eficaz el mandato de participación demo­crática de los trabajadores en la empresa a través de la valoración colectiva de las venta­jas prácticas de introducir nuevas tecnologías, seleccionando las más eficaces y menos traumáticas para el empleo, las condiciones de trabajo y de vida.

Ya no es suficiente el contrato social demo­crático‑autoritario que permite disfrutar de una parte de las ventajas materiales que ofrece la técnica a condición de aceptar incondicional­mente el sistema, renunciando a nuestra per­sonalidad y al control democrático de las de­cisiones a adoptar sobre las aplicaciones científico‑técnicas, al modo de un nuevo Faus­to que vende su alma al progreso, sin reparar en que los bienes materiales que le propor­ciona van en detrimento de su espíritu y de la pérdida de su capacidad humana para deci­dir sobre los usos y aplicaciones de las nue­vas tecnologías.

 

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NOTAS

 

(1) Vid. J.L. Monereo y Mª Nieves Moreno.: Transformaciones tecnológicas y modificación de los sistemas de cualificación pro­fesionaL Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Separata n° 10, 2° cuatrimestre 1986. p. 21 1.

(2) Vid. Albert Recio Andreu. Capitalismo yFormas de contra­tación laboral Edit. M° de Trabajo y S.S. Madrid. 1988. p. 376.

(3) Sobre el alcance que ha llegado a tener la inteligencia artificial, la robótica, y las posibilidades de sustitución de la mente humana, asociadad a la ingeniería genética, resulta muy recomendable la lectura de: Roger Penrose, The Emperor’s NewMind. Oxford University Press, 1989. Traducción al caste­llano en Edit. Mondadori, La nueva mente del emperador. Ma­drid. l991.

(4) Vid. Monereo Pérez y M' Nieves Moreno. op, cit. p. 213.

(5) Como programas de investigación más importantes reali­zados sobre la repercusión de las nuevas tecnologías podemos señalar: El programa FAST ( Pronóstico y evaluación en ciencia y tecnología) adoptado a raíz de una Decisión del Consejo de Ministros de la CEE en julio de 1978, Y los estudios interdiscipli­nares sobre ciencia, tecnología y sociedad, conocidos como STS ( Sciénce, Technology and Society) que surgieron a raíz de los grandes movimientos sociales de la década de los sesenta y principios de los setenta en EEUU,

Una referencia detallada de estos últimos en: Manuel Medina, José Sanmartín y otros: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Edit Anthropos. Barcelona 1990.

(6) Vid, Informes OCDE: Las nueuvs tecnologías en la década de los noventa. Edit. M° de Trabajo y S.S. Madrid 1990. p. 69.

(7) Vid. Comisión mundial del medio ambiente y del desarro­llo. Nuestro Futuro Común. Edit. Alianza. Madrid 1988. p 250.

(8) Vid. Estudio de la OCDE sobre el Empleo. Hechos. Análisis. Estrategias. OCDE 1994. p. 9. A estos 35 millones de parados según la OCDE habría que añadirle otros 15 millones, aproxi­madamente que han renunciado a buscar trabajo o bien han aceptado, contra su voluntad, un trabajo a tiempo parcial, p. 7.

(9) Cfr. Informes OCDE: El desalo del paro . Edit. M° de Trabajo y S.S. Madrid 1983. ps. 213 y 221.

(10) Cfr. Informes OCDE: Perspectivas del empleo 1994Edit. M° de Trabajo y S.S. Madrid 1994. ps. 36 a 42.

(11) Vid. Estudio de la OCDE sobre el Empleo. p. 22.

(12) Vid. Juan Torres López. Desigualdades y Crisis económi­cas. El reparto de la tarta. p.23.

(13) Vid. Consejo Económico y Social. (C.E.S.). Economía Tra­bajo y Sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 1993. Edit. C. E. S. Madrid 1994, p. 61.

(14) Vid. C. E. S. Informe 1 del año 1.994. Situación yperspec­tiuas de la industria española. 27 de julio de 1994. p. 35.

(15) Larry Hirschorn. La superación de la mecanización Edit. M° de Trabajo y S, S. Madrid 1987 J, Garmendía: "¿ Hacia donde va el empleo?". Sisteman° 74. 1986 y R, Von Gizycki, The effects of microelectronics on ernployment and professional training Con­ferencia pronunciada en la reunión trimestral de Electronic Observatory Milán, 12 de diciembre de 1,980. Reseau, Dossier Observatorio, n° 3 / 1980.

(16) H. Kern y M. Schumann "Hacia una reprofesionalización del trabajo industrial". RST, n° 2. 1987, G.j. Schotsman: Employ­ment and microelectronics. En Microprocessing and Microprograming ( The Euromicro journal), vol 7 n° 5. Mayo de 1981. p, 291. y J. Rada: The lmpact of micro‑electronics. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 1980. p 109.

(17) Vid. Angelo Dina: Tecnología y Trabajo. Precedentes his­tórrcos y problemas actuales. dentro del texto: La automatización y el futuro del trabajo, Edit. M° de Trabajo y S.S. Madrid 1991. p.

(18) Vid. André Gorz: Metamorfosis del trabajo. Edit. Sistema. Madrid 1995. p. 14.

(19) Fuente OCDE. Estudios sobre el Empleo. 1994 y CEPll-­OFCE.

(20) Sobre la relación crecimiento económico‑ecología. Vid: Herman E. Daly (compilador) Economía, ecología, ética. Ensa­yos sobre una economía en estado estacionario. Edit. F.C E. México 1989. Barry Commoner. En paz con el Planeta. Edit. Crítica. Barcelona 1992, y Ervin Laszlo: La gran bifurcación. Edit. Gedisa. Barcelona 1990. entre otros.

(21) Cfr. Peter Glotz: Manifest für eine neue europaïsche Linke Manifiesto para una nueva izquierda europea. Citado por André Gorz en: Metamorfosis del Trabajó. op. cit. p. 130.

(22) Respecto a las ventajas y desventajas del teletrabajo. Vid. Eduardo Crespo. Teodoro Hernández y José Luis Alvaro: El trabajo en la sociedad de la información, dentro del texto: Ocio, trabajo y nuevas tecnologías. Edit. Fundesco. Madrid. 1988. p. 125 y 126.

(23) Un detallado estudio de todos estos aspectos, entre otros, en: Informes de la O.I.T.; La flexibilidad del mercado de trabajo. Una selección de criterios y experiencias. Edit. M° de Trabajo y S. S. Madrid 1987. La flexibilidad del mercado de trabajo. Antología comparada. Edit. M° de Trabajo y S S, Madrid 1992 y el informe de la OCDE: F7exib2idad ymercado de trabajo. El deba­te actual. Edit. M° de Trabajo y S.S. Madrid 1987.

(24) Vid. Commission des Communautés européennnes: Économie européenne n°47 Mars 1991. annexe 2, tableau 23.

(25) Vid. Informes OCDE: "Perspectivas del Empleo" op. cit. p. 456.

(26) Vid. Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, por el que se regulan el contrato a tiempo a parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial.

(27) Los datos referidos a nuestro país en: "Memoria CES año 1993". Op, cit. p 85. Respecto a los datos de otros países europeos o de la OCDE vera Infomes OCDE: "Perspectivas del empleo 1994". Op. cit. p, 457.

(28) Vid. Informes OIT: La flexibilidad del mercado de trabajó. Una selección de criterios y experiencias. Op cit. p.31.

(29) Vid. Monereo Pérez y Mª Nives Moreno. Op, cit. p. 229.

(30) Un análisis detallado del sistema, así como una abundan­te bibliografía se encuentra en J.Torres y A. Montero: "¿Del fordismo al toyotismo?". Cuadernos de CC Económicas y Em­presariáles n° 43.

Del mismo modo, en el Informe de la OCDE: Recurso sHuma­nos y7 flexibilidad . Edit, M° de Trabajo y S.S. Madrid 1990, se realiza un análisis muy completo de las características que presenta la flexibilidad funcional en las empresas japonesas, p. 243 a 289.

(31) Hebert Marcusse: El hombre unidimensiónal. Edit. Seix Banal. Barcelona 1969. p. 31.

(32) Vid. J. Torres López: Tecnologías de la Información, op. cit. p. 80.

(33) Vid. F. Pérez de los Cobos Orihuel: Nuevas tecnologías y relación de trabajo. Edit Tirant lo Blanch. Valencia 1990. p. 72.

(34) Vid. André Gorz: Metamorfosis del trabajó Editorial Sistema. Madrid 1995, p. 95.

(35) Cfr. Lorenzo Cillario: El engaño deja flexibilidad. Dentro del texto: La automatización y el futuro del trabajo. op, cit. p. 196.

(36) Valgan como reseña las siguientes: STC 33/1981 de 23 de noviembre. STC 88/1985, de 19 de julio y la STC 126/1990, de 5 de julio.

(37) Cfr. F. Valdés Dal‑Ré: Poderes del empresario y derechos de la persona del trabajador R.L. n° 8/1990. p. 8‑10.

(38) Vid. MI.García Merita. Tecnología y naturaleza humana. Anthropos. n° 95/95. 1989. p, 1 10.

(39) Fuente. OJT. El Trabajo en el Mundo 1993. Ginebra 1993.

(40) Ann Misch. ‑Riesgos ambléntalespara la Salud, dentro del Informe del Worldwatch Institute, de Washinq‑ton, la Situación en el Mundo 1994, La Situación en el Mundo I994. Edit. Emecé. Madrid. 1994.

(41) Marc Schenker, Médico de la Universidad de California, en su artículo "Air Pollution and Mortality' , publicado en The New England journal of Medicine. n° 9 de diciembre de 1 993. p. 1807‑1808, recuerda cómo en el año 1952 en la ciudad de Londres se apreció un fuerte aumento de la temperatura, pro­duciendo una gran acumulación de gases emitidos por la com­bustión de carburantes de origen sólido que ocasionó un consi­derable aumento de la tasa de mortalidad, resultando alrededor de unas 4.000 muertes más que en otros años, muertes que eran debidas a enfermedades respiratorias, siendo la contaminación atmosférica antes reseñada la causante de tal incremento. Par­tiendo de aquel hecho, llama la atención sobre igual resultado en los estudios realizados en diversas ciudades de EEUU, en los que se aprecia la relación existente entre el aire contaminado y las muertes producidas por enfermedades cardiopulmonares y cáncer de pulmón.

Esos estudios y conclusiones están corroborados por el estu­dio de Douglas W. Dockery y otros. "An association between air pollution and mortality in six U.S. cides". Publicado en Me New England Journal of Medicine, Vol. 329. n° 24. Diciembre de 1.993. En este estudio se destaca la mayor nocividad y toxicidad de las partículas contaminantes finas, ya que pueden ser respiradas más profundamente en los pulmones

(42) Art. 37.1 C.E.. La ley garantizará el derecho a la negocia­ción colectiva laboral entre los representantes de los trabajado­res y empresarios, así como la fuerza vinculante de los conve­nios.

Art. 129.2. C.E. Los poderes públicos promoverán eficaz­mente las diversas formas de participación en la empresa ....

(43) S.T.C. 22/1981 de 27 de julio. 31/1984 de 7 de marzo y 88/ 1985 de 19 de julio, entre otras.

(44) F.Jurídico segundo de la STC 88/1985 de 19 de julio.

(45) Vid. José Luís Monereo Pérez. Los derechos de informa­ción de los representantes de los trabajadores. Edit. Civitas., S.A. Madrid 1992. p. 77.

(46) Vid. Barry Commoner. En paz con el planeta. Edit. Crítica s ,a. Barcelona 1.992. p. 81.

(47) Monereo Pérez. J.L. y Moreno Vida. Mª Nieves: Transfor­maciones tecnológicas y modificación de los sistemas de cualifi­cación profesional p. 241.

(48) Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguri­dad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. ( 89 / 391/ CEE) (DOL 183).

(49) Cfr. Monereo Pérez. J.L. y Moreno Vida. M' N. Transfor­maciones tecnológicas y modificación.,.. p, 242.